09 septiembre, 2008

"El Rector de la Universidad de Cordova es Paramilitar" Gustavo Petro

El Espectador
"Para ser rector tuvo que extorsionar a la mayoría del Consejo Superior de la Universidad para que votaran por el señor Claudio Sánchez, no solamente extorsionó o se los llevó al alto del Nudo de Paramillo sino que mataron ocho estudiantes, ocho profesores y un candidato a la rectoría", dio a conocer el Legislador.

Según Petro, el actual rector de la Universidad de Córdoba llegó en un vehículo armado al lado de Mancuso y ascendió a través del crimen común. Por eso, pidió a la Ministra de Educación que aclare por qué a través de su delegado votó por el candidato de las AUC.
Quien es el Rector Claudio Sánchez Parra

Pero el Senador del Polo también se preguntó si la misma situación está pasando en otras universidades como la de Atlántico, de la Guajira y de Antioquia. Igualmente, se cuestionó sobre si no han muerto estudiantes de la Universidad del Magdalena por evitar la lucha de las mafias.

"Se toman las universidades para robarse el presupuesto, rebajando la calidad educativa de los estudiantes, de tal manera que a veces sólo les enseñan basura a nuestra juventud (...) no deberíamos hacer un debate sobre porqué la mafia les está enseñando a nuestros jóvenes", manifestó Gustavo Petro.

El llamado del Polo es para que el Congreso también haga los debates de control político al tema de violencia de las Farc en las Universidades de Bogotá como la incursión de las Auc en los demás claustros universitarios de las regiones más apartadas del país.
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"IKE", arraso a Cuba y ahora se dirige al Golfo de México

Por Isabel Sánchez AFP

LA HABANA (AFP) - El terrible huracán Ike se aleja de Cuba el martes rumbo al Golfo de México, tras dejar cuatro muertos, decenas de miles de damnificados, 2,6 millones de evacuados, pueblos bajo agua, casas y edificios en escombros y extensas áreas de cultivo arrasadas.

Ike, con vientos de 120 km/h, categoría uno (de máximo cinco), entró al mar por un pueblo de la costa norte de Pinar del Río, 120 km al oeste de La Habana, y se internaba en las aguas del Golfo, donde podría convertirse "en un huracán mayor", según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Aunque dejó Cuba, el devastador ciclón sacude con fuertes vientos a La Habana, que estaba paralizada, sin actividad laboral, tránsito ni comercio, con sus 2,2 millones de habitantes encerrados, bajo resguardo, sin luz ni agua potable.

Ike, que sumó 66 víctimas a los más de 600 muertos que dejan en Haití los ciclones Fay, Hanna y Gustav, provocó cuatro muertos en Cuba y en su recorrido de este a oeste arrasó decenas de miles de casas, edificios, cultivos, árboles, redes de energía y de comunicación.

Postes de electricidad, señales del tránsito, semáforos y árboles derribados o inclinados por la fuerza de los vientos se observaban en las calles de La Habana, recorridas solo por alguna patrulla que advertía por altoparlantes de la necesidad de no salir.

"Todo está trancado. Sentimos que está volando todo allá afuera, láminas de zinc por el aire y oí árboles que cayeron", narró a la AFP un ama de casa de 49 años, resguardada en su casa en el barrio Vedado.

Olas gigantes se abatieron contra el Malecón. Unas 250.000 personas se albergaron en La Habana, miles del casco histórico -Patrimonio de la Humanidad-, donde se temía derrumbes de antiguos edificios y casas en mal estado.

"Aunque se aleja permanece el peligro de las lluvias que pueden ser fuertes y localmente intensas en unas zonas" y causar aún inundaciones, advirtió el meteorólogo José Rubiera la noche del martes.

Antes de salir al mar, Ike castigó con severas rachas e inundaciones de hasta 300 metros a pueblos de la costa norte de Pinar del Río, de donde más de 160.000 fueron evacuados y por donde hace diez días cruzó el huracán Gustav.

"Fue otro golpe. Ni siquiera nos habíamos levantado de Gustav. Dos en muy poco tiempo, esto es terrible", dijo una habitante de Pinar del Río.

En su paso por occidente, Ike también afectó a Matanzas, que evacuó a 13.000 turistas del balneario de Varadero, principal polo turístico.

El ciclón tuvo a las 14 provincias de Cuba bajo alarma máxima, con 2,6 millones de evacuados, tras entrar el domingo, una primera vez, con fuerza 3 por la oriental Holguín.

Casi todo el país quedó a oscuras por los daños en la infraestructura eléctrica y la desactivación del servicio por seguridad.

Al mejorar el clima en el oriente entró en fase de recuperación de los destrozos, que alcanzaron a Moa (Holguín), donde están dos plantas de níquel, principal producto de exportación.

"Solo en Holguín hay 87.424 viviendas afectadas, de ellas más de 37.000 destruidas totalmente, más de 3.586 hectáreas de plantaciones agrícolas afectadas", dijo el primer secretario del Partido Comunista en Holguín, Miguel Diaz-Canel.

Edificios y casas quedaron en escombros por las inundaciones en Gibara, pueblo costero de Holguín. En las calles de la oriental Camagüey el agua alcanzó los cuatro metros.

Chaparra, un pueblo de 51.000 habitantes de la oriental Las Tunas, estuvo a punto de ser borrado del mapa, y en Baracoa, Guantánamo, extremo este, las olas alcanzaron edificios de cinco plantas y las inundaciones arrasaron con todo a su paso.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, ofreció al gobernante de Cuba, Raúl Castro, enviar ayuda; el de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó solidaridad, y México ofreció asistencia.

Estados Unidos propuso enviar expertos para evaluar los daños, como ya había hecho tras Gustav, aunque en ese primer momento La Habana declinó la oferta, según el departamento de Estado.

Un aviso de tormenta tropical rige para los cayos del sur de la Florida ante Ike, que amenaza los yacimientos petroleros del Golfo de México. El precio del crudo aumentó el lunes, aunque la cotización volvió a caer el martes.

El Golfo de México es amenazado por Ike tras el susto de Gustav, que en trayectoria similar a la de Ike dejó un centenar de muertos en el Caribe y Estados Unidos, la mayoría en Haití.
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Continúan las Amenazas a los Defensores de los Derechos Humanos en Colombia

Bogotá, Prensa CODHES, Cerca de 60 defensores de derechos humanos asesinados, 560 amenazados y la constante estigmatización sobre su labor, denuncian organizaciones sociales.

Las denuncias hechas en la década de los 90’s sobre la connivencia de paramilitares y Fuerza Pública en Urabá y las muertes que produjo esta perversa alianza, descalificadas en su momento por las autoridades, han demostrado ser ciertas y prueba de ello es la reapertura del proceso contra el general retirado Rito Alejo del Río. Así lo aseguraron esta mañana en rueda de prensa los líderes de las organizaciones humanitarias que conforman la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.
En la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, los representantes de varias de estas organizaciones denunciaron que las violaciones contra la población civil no se han detenido desde entonces.

El padre Alberto Franco, de la Corporación Eclesiástica Justicia y Paz, aseguró que en Urabá grupos paramilitares continúan haciendo presencia en los municipios de Curvaradó, Jiguamiandó, Daveiva y Cacarica en connivencia con autoridades y empresarios que pretenden adueñarse de las tierras de propiedad de las comunidades campesinas y afro colombianas para realizar allí megaproyectos de palma, plátano y coca.
El sacerdote denunció que esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades colombianas y frente a instituciones mundiales como la Organización de Estados Americanos y el Tribunal Permanente de los Pueblos. Aunque el Ministerio de Agricultura afirma que los territorios están en manos de las comunidades, la realidad es que se encuentran en manos de paramilitares rearmados que obedecen ordenes de alias ‘El Alemán’, y que protegen intereses de multinacionales como Multifruit y de terratenientes de la región.

La presión contra estas comunidades ha generado ya siete amenazas contra miembros de esa organización de parte del grupo ‘Águilas Negras’ y visitas constantes de hombres armados que amenazan a la población.

Por su parte el director del Centro de Cooperación al Indígena, CECOIN, Carlos Zapata, aseguró que 877 indígenas han sido asesinados por grupos ilegales en Colombia entre 2002 y 2008. También denunció la desaparición de 175 representantes de esas comunidades y 632 detenciones de las cuales 81 han sido ilegales, esto además de 176 mujeres indígenas víctimas de violencia sexual.
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"No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices". Hector Mondragón

Hector Mondragón
Enviado por comiteimpulso

"No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices".

Para quienes me conocen cercanamente, para quienes trabajan a mi lado, es indudable que practico un compromiso total con la no violencia y que arriesgándolo todo, entregando mi vida, me dedico a la resistencia civil, en un país donde los intereses de los poderosos se imponen con violencia y grupos armados creen que se puede derrotar la violencia con violencia.

Quienes me conocen cercanamente saben con claridad que no soy de las Farc, porque discrepo de su estrategia, su línea política y sus métodos.

He discrepado pública y privadamente desde hace 18 años con la estrategia de las Farc que se centraba y se centra en el papel de la guerrilla convertida en ejército revolucionario, en torno al cual el pueblo puede tomar el poder y producir las transformaciones sociales y coloca en segundo plano la movilización de las masas populares. Esta concepción se ha demostrado completamente inaplicable a Colombia; incluso, anteriormente las propias Farc se hicieron más fuertes que otras organizaciones que confiaban prioritariamente en la acción militar y luego por razones que probablemente tienen que ver con la forma como fue masacrada la Unión Patriótica, las Farc pasaron a subestimar las luchas masivas del pueblo y se dedicaron al fortalecimiento militar como principal objetivo. Este error político se ha convertido en una tragedia para la lucha popular, ha permitido el fortalecimiento de la extrema derecha que se ha convertido en gobierno y no solamente ha fracasado en impedir el despojo de las tierras de cientos de miles de campesinos y afrocolombianos, sino que lo ha acentuado y ahora permite y hasta provoca el desplazamiento forzado de indígenas en varias regiones del país.

En la mayoría de Latinoamérica, son las movilizaciones multitudinarias de las masas las que han comenzado a provocar cambios y a cuestionar al neolberalismo, la dominación de las transnacionales y el latifundio. Incluso en un país donde el sector agrario tiene un peso proporcional mayor, como es Bolivia, las movilizaciones masivas tienen el papel principal. Se ha visto como allí como en Venezuela, los sectores sociales en conflicto dirimen sus contradicciones en el terreno de luchas masivas. En Ecuador las grandes masas han sido las protagonistas, tanto como en Argentina o en otros países y en cada sitio es el nivel de conciencia de las masas el que marca el resultado de sus caudalosas movilizaciones. En Colombia en cambio, el enfrentamiento militar ha sido la cortina tras la cual la extrema derecha ha podido masacrar el liderazgo sindical y campesino e imponer así la demolición del derecho laboral y la legalización del despojo de tierras.

A pesar de la tragedia que significó el exterminio físico de 3 mil de sus integrantes, la Unión Patriótica se había ganado el cariño del pueblo. La lucha por un acuerdo de paz democrática que abriera el paso a grandes expresiones populares, había ganado el corazón de la gente. Aunque era absurdo seguir exponiendo diariamente a senadores, representantes, diputados, concejales y líderes a la muerte, no debía confundirse la necesidad de esconderse de los asesinos y eludir su acción, con aceptar colocarse en el terreno en que el poder quería, en el camino de una guerra indefinida. Muchos partidos y movimientos revolucionarios o democráticos del mundo han tenido que pasar a la clandestinidad más completa o la semiclandestinidad, sin que por ello hayan pasado a la lucha armada. Han sido obligados a la clandestinidad pero han mantenido una acción no violenta centrada en organizar al pueblo y en movilizarlo por sus intereses vitales, que en ese momento eran para los colombianos detener el avance del neolberalismo, defender las conquistas laborales y sociales, las empresas del estado y conquistar una paz democrática.

Los acuerdos de paz de 1991 hubieran podido abrir el paso para que Colombia estuviera hoy en el rumbo de Latino América. Si esto no fue así se debió en parte a inconsecuencias de algunos de quienes los firmaron y al hecho de que algunos de ellos dejaron de luchar por el cambio social, pero se debió sobre todo a que el proceso no se continuó con acuerdos con las dos guerrillas más grandes, las Farc y el Eln. En negociaciones que se celebraron en Caracas parecía que había caminos de acuerdos, pero se frustraron. Aunque es obvio que la derecha, especialmente el latifundio, la narcopolítica y ciertos círculos transnacionales sabían que no les convenía para nada ese acuerdo y se dedicaron a impedirlo con el estímulo al paramilitarsmo y sus asesinatos y masacres, también es cierto que esas dos guerrillas no tenían una estrategia congruente con la búsqueda de acuerdos de paz, que les permitiera visionar la importancia decisiva de grandes movilizaciones de masas como verdadero eje de los cambios que necesitamos.

Esa concepción errada de las guerrillas produjo otros errores graves. La subestimación de las masas, su conciencia y su lucha llevó a las Farc a justificar y utilizar formas de guerra que golpearon al propio pueblo, como el uso de cilindros explosivos en centros poblados, contra el cual escribí hace unos años el artículo “Toribío atacado”. El uso de rehenes civiles que años antes las propias Farc consideraran un método equivocado de lucha se convirtió en táctica central de las Farc, al extremo que un frente de las Farc llegó a desplazar a grupos indígenas Nukak para mantener unos secuestros. Desde hace varios años se registra que algunos de los asesinatos de líderes queridos por la gente o de activistas esforzados resultan siendo cometidos por las Farc y entonces en varios casos esos líderes y activistas ya no deben temer solamente a los paramilitares o a los poderes constituidos, sino a las Farc, lo cual ha afectado especialmente al movimiento indígena. ¿Cómo no va a rechazar la mayoría del pueblo estas actuaciones de las Farc? Esto que escribo aquí lo he dicho todos los días y en la medida que trabajo en las regiones con los indígenas y los campesinos he tratado de que se oiga, para ver si se produce un cambio en esas actuaciones, pero aunque a veces se atiende los reclamos de los indígenas, los problemas se repiten debido a las concepciones erradas que los causan.

Hago en primer lugar estas consideraciones estrictamente políticas, para resumir muy sintéticamente mi análisis sostenido y profundizado durante 18 años, sin que para ello tenga que acudir a mis compromisos personales de vida con la no violencia, que aunque son también esencialmente políticos, no tienen por qué se compartidos por quienes no comparten una fe y consideran que es válido hacer uso del derecho a defenderse de la violencia con violencia, ya que incluso jurídicamente actuar violentamente “en defensa propia” puede tener validez. Las guerrillas surgieron como defensa campesina frente a los asesinatos y masacres perpetrados por agentes del estado y los latifundistas, los paramilitares fueron constituidos con el pretexto de combatir la violencia de la guerrilla. El país se ha sumido en la cadena de las violencias y de ello se aprovechan los intereses creados, los gamonales políticos, las mafias y en especial el capital transnacional que va logrando imponer una legislación a su favor.

Desde 1994 opté por un compromiso personal con la no violencia como camino a seguir para contribuir al cambio radical de la sociedad y de las relaciones sociales. Renuncié bajo cualquier circunstancia a usar las armas para mi defensa y a propiciar su uso para la defensa de otros. Me deshice de dos revólveres de los que legalmente me doté cuando fui amenazado de muerte y se intentó asesinarme por pertenecer a la Unión Patriótica, renuncié a tener escoltas porque no quiero salvar mi vida a costa de la de otros. Terminé renunciando a cualquier rutina y a varias posibilidades laborales para evitar ser asesinado sin acudir a ningún arma. Creo desde entonces que la lucha radical por el cambio de social debe estar acompañada por el cambio radical de los métodos, por la renuncia completa a cualquier lucha armada, de manera que no solamente podamos decir que el fin no justifica los métodos, sino que el método radical de la no violencia sí puede conducirnos a lograr el fin de un cambio social realmente radical.

Como es público, es así como mantuve mi compromiso de lucha por un cambio social radical, que como enseña Carlos Gaviria, consiste en ir a la raíz y no creer que con maquillajes se pueden cambiar las cosas. No se trata de un cambio de gobierno para que la corrupción de la derecha sea reemplazada por otra. No se trata de un cambio de roscas, para que nuestros amigos gobiernen en vez de nuestros enemigos, demostrando “gobernabilidad”, pero sin tomar medidas esenciales a favor del 80% más pobre. Colombia necesita cambios de fondo, en primer lugar en cuanto se refiere a la tierra y a las relaciones con las transnacionales. Y único el camino para lograrlos es desplegar la más amplia resistencia civil, la construcción de alternativas desde la base y la movilización civil masiva y decidida. Absolutamente todo lo que he hecho durante estos años, todos los días, es transitar por este camino en la medida de mis fuerzas y mi experiencia.

Estoy desde luego herido por las huellas de la tortura que sufrí en 1977 y también por 20 años de estar amenazado de muerte y perseguido por los sicarios. A veces pierdo la esperanza, especialmente cuando sé que alguno de mis amigos ha sido asesinado, entonces me pregunto por qué sigo acompañando la lucha de los indígenas y campesinos, por qué no renuncio. Pero nuevamente se enciende en mí la pasión por la gente que amo y que sé que tiene derecho a una vida digna, la pasión por unas relaciones sociales basadas en la solidaridad. No han matado mi cuerpo pero ahora me amenazan con matar mi palabra, abren mis cicatrices. Pero la palabra es semilla y está sembrada y sea lo que sea lo que nos hagan en cada campesino con su tierra, en los indígenas gestionando su territorio, en los afrocolombianos retornados a sus comunidades, en los habitantes de los barrios populares de las ciudades que podrán comer mejor después de la reforma agraria que al fin conquistarán, en cada familia de los asalariados que reciban al fin justicia para su trabajo, allí vivirá esa palabra y no la podrán matar.

Héctor Mondragón, 7 de septiembre de 2008.



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"Si no hay voluntad política, no hay nada" Ingrid Betancourt

JOHN HEILPRIN AP
NACIONES UNIDAS - En el primer simposio de las Naciones Unidas sobre las víctimas del terrorismo, Ingrid Betancourt, que estuvo cautiva durante años en manos de una guerrilla izquierdista colombiana, abrió las discusiones implorando a los diplomáticos que hagan frente al terrorismo sin olvidar en sus estrategias el humanismo y el amor.

"Si no hay voluntad política, no hay nada", dijo Betancourt, que tiene ciudadanía dual colombiana-francesa y que fue candidata a la presidencia del país sudamericano cuando fue secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hace seis años. Los militares colombianos la rescataron en julio junto con otros 14 rehenes.

Ashraf Al-Jaled rememoró la angustia de perder a su padre y a su suegro en un ataque dinamitero suicida en Amán, Jordania, durante la recepción de su boda en noviembre del 2005. Al-Qaida se atribuyó tres ataques simultáneos a hoteles internacionales de lujo esa noche, con un saldo de 57 muertos y cientos de heridos.

"De pronto todo se tiñó de rojo", recordó. "Mi esposa y yo perdimos a 27 personas en nuestra boda".

Betancourt y al-Jaled estuvieron entre las 18 personas convocadas del Oriente Medio, Europa, Africa, Asia y el continente americano para narrar sus experiencias como víctimas de bombas, secuestros y otros ataques terroristas en las últimas décadas.

La mayoría instó a una mayor cooperación internacional en la lucha contra los terroristas y a prestar mayor atención a las consecuencias sociales y mentales y al dolor causado a las víctimas, sus familiares y sus comunidades.

Gran Bretaña, Colombia, Italia y España financiaron el encuentro de 300.000 dólares. Algunos notaron la ausencia de víctimas palestinas, afganas o paquistaníes.

La oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, tuvo que esforzarse para no herir susceptibilidades al escoger a quién traer al encuentro, ya que la organización internacional nunca se ha puesto de acuerdo en una definición sobre el terrorismo.

"La lista sigue creciendo, provocando más dolor y pesar que se vuelca implacablemente sobre familias, comunidades y naciones", dijo. "Y es por el bien de la humanidad que debemos crear un foro mundial para escucharles a ustedes, las víctimas. Vuestras historias sobre el modo en que el terrorismo ha afectado sus vidas es nuestro argumento más poderoso de que no puede justificarse jamás".

El director de política de Ban, Robert Orr, que también encabeza una fuerza de tareas antiterrorista, dijo que la ONU decidió lo que debía considerarse un acto terrorista y que los participantes fueron escogidos en base a las pautas de 16 documentos legales internacionales.

Las naciones árabes e islámicas han insistido en que grupos como Jezbolá y Hamas, que han tomado las armas contra Israel, deberían ser excluidos de la definición para ser considerados luchadores por la libertad.

La semana pasada, la Asamblea General resolvió hacer más para combatir el terrorismo. La asamblea de 192 naciones convino por consenso reafirmar su estrategia adoptada hace dos años de intensificar los controles fronterizos, desarrollar una base de datos sobre "incidentes biológicos", reprimir la falsificación de documentos de viaje y desarrollar medios para contener el terrorismo en la Internet.


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El Estado y paramilitares intentar sacar a defensores de Curvarado y Jiguamiando














CARTA ABIERTA
Bogotá, Septiembre 8 de 2008

Señor
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Ciudad.-

Desde hace varias semanas grupos paramilitares de las AUC, que a pesar de las ceremonias televisadas nunca se desmovilizaron, vienen sembrando de terror y desolacion las Zonas humanitarias de Curvaradó. Despues de una serie de hostilidades contra defensores de derechos humanos de la COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ "...este sábado 6 de septiembre nuevamente 4 amenazas de muerte vía telefónica celular fueron realizadas en la tarde a dos números de celular de los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz , YIMI ARMANDO JANSASOY y EDUARD MINA, que acompañan las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Curvaradó. Las amenazas han sido realizadas a nombre de paramilitares que ahora se hacen llamar “Aguilas Negras”.

"El pasado miércoles a eso de las 3:00 p.m. en Chigorodó YIMI, bajo una operación de tipo paramilitar el defensor de derechos humanos, fue obligado a subirse a una camioneta en donde cuatro hombres, algunos de ellos armados, luego de amenazarlo e intimidarlo, le ordenaron entregar los números de la residencia de los familiares de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz. Toda la información debería suministrarla mañana domingo a las 10:00 a.m. en Belén de Bajirá , municipio en el que en medio de las autoridades civiles, policiales y militares operan los paramilitares de las “Aguilas Negras”. Esta situacion tiene el claro proposito de expulsar a los defensores de derechos humanos de la region para facilitar los objetivos del capital transnacional, ejercito y paramilitares.

Las complicidades con el paramilitarismo se dan en todos los niveles, desde le propio Presidente de la República que ha repetido en varias ocasiones que "el paramilitarismo ya no existe", como una forma de encubrimiento; hasta las autoridades locales que ha pesar de las insistentes denuncias no han adoptado ninguna medida para enfrentar y desvertebrar el terror paramilitar de amplio dominio en la zona.

Exigimos del Estado Colombiano garantias para que la COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ pueda continuar su labor; tomar de una vez por todas la decision de disolver el paramilitarismo y superar la impunidad para que las comunidades puedan trabajar con tranquilidad en la zona.

JOSE GUTIERREZ (Director)
LUIS JAIRO RAMIREZ H (Secretario Ejecutivo)

C.C.- Luis Moreno Ocampo - Fiscal de la CPI
Comision Interamericana de Derechos Humanos - OEA
Parlamento Union Europea
Oficina Alta Comisionada de la ONU para los D.H.

NINGUNA PERO NINGUNA MEDIDA ESTRUCTURAL SE HA ADOPTADO POR EL ESTADO COLOMBIANO.

NADA ABSOLUTAMENTE NADA PASA PARA PROPICIAR LA RECONSTRUCCION DEL ESTADO DE DERECHO

NO EXISTEN GARANTIAS PARA LAS VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO NI PARA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE JUSTICIA Y PAZ.

LA IMPUNIDAD FACTOR ESTRUCTURAL DEL ENQUISAMIENTO DE LAS LOGICAS Y LAS OPERACIONES PARAMILITARES.

II. SOLICITUDES

Urgir al VicePresidente FRANCISCO SANTOS, al Fiscal General MARIO IGUARAN ARANA; al Procurador General de la Nación , EDGARDO MAYA VILLAZON; al Contralor General JULIO CESAR TURBAY, responder el siguiente Derecho de Petición, Articulo 23 de la C.N.

Existen garantías para la defensa y protección de los derechos humanos en el Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica en el bajo Atrato? Cuáles son esas garantías?

Qué actuaciones efectivas se han realizado ante las operaciones de tipo paramilitar ahora se realizan bajo el nombre de "Águilas Negras"?

Qué actuaciones Estatales integrales se han realizado tendientes a intervenir agronegocios desarrollados con crímenes, con mecanismos fraudulentos, con financiación gubernamental?

Qué investigación oportuna ha realizado la Contraloría sobre los empréstitos de FINAGRO para la palma de aceite?
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La Policia arremete en contra de un grupo de personas Desplazadas que se habian estacionado en un parque al norte de Bogota

Prensa CODHES, 08/09/08. Actualizada 4:50 p.m. El grupo de cerca de 300 desplazados que permanecía desde esta mañana en el Parque de la 93, al norte de Bogotá, fue desalojado de allí por la Policía.

A esta hora la situación en el Parque de la 93 vuelve a la normalidad. La policía tomó el control del lugar , que permanece rodeado por el grupo antidisturbios para evitar que los miembros del grupo de desplazados que aún permanecen en los alrededores ingresen nuevamente.

Ricardo Jiménez, lider del grupo y otras cuatro personas que lo acompañaban fueron detenidas por la Policía y conducidas a una UPJ, donde permanecerán mientras se resuelve su situación judicial.
Entrevista a los lideres Desplazados que se tomaron un parque al Norte de Bogota

Algunos de los manifestantes permanecen dispersos por los alrededores del parque. Varias de las mujeres a quienes funcionarios del Bienestar Familiar les quitaron a sus hijos menores de edad luego de que se negaran a retirarlos para evitar que fueran lastimados en el transcurso del desalojo, aguardan una respuesta sobre si se los devolverán en las próximas horas.


La acción de la Policía se dio luego de que el grupo de manifestantes se negara a realizar una negociación con el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, quien ofreció mediar frente a los gobiernos Nacional y Distrital para renegociar las ayudas que según el grupo de desplazados, estos les prometieron en una manifestación realizada en el mismo sitio el pasasdo 31 de julio.

El comandante de la Policía Bogotá, Rodolfo Palomino, aseguró que el señor Ricardo Jiménez y otros líderes de la organización 'Colombia Uno, Colombia Todos', ya se habían reunido ayer con funcionarios de Acción Social para revisar los compromisos sobre la atención al grupo, que la toma no tenía justificación y que sus hombres se vieron en la obligación de proceder luego de que los líderes del grupo rechazaran las propuestas de negociación planteadas por la alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo que han estado al tanto de esta situación desde la primera toma el pasado 31 de julio, aseguran que las personas que protagonizaron este episodio no son las mismas que protestaron en la ocasión anterior y que todo parece ser un montaje del cuestionado líder de la organización Colombia Uno, Colombia Todos, Ricardo Jiménez, de quien se sospecha estaría buscando recibir beneficios adicionales a los que ya le ha entregado el gobierno.

Antes de ser detenido, Jiménez le aseguró a los medios de comunicación presentes en el lugar que hasta ahora ninguno de los 1038 integrantes de su organización habia recibido las ayudas a que se comprometió el mismo alcalde de Bogotá el 31 de julio y que el gobierno nacional tampoco había cumplido. También dijo haber recibido varias amenazas de muerte esta mañana por parte de un coronel de la Policía.En el choque entre policía y manifestantes, que terminó a eso de las 4:00 pm no hubo heridos de consideración

3:43 p.m.
Los manifestantes han empezado a dispersarse. El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguro que la manifestación era a todas luces ilegal y que el señor Ricardo Jiménez, líder de los desplazados, será procesado judicialmente por realizar un intento de toma ilegal.

2: 42 p.m.
Los desplazados que permanecen en el parque de la 93 se enfrentan con la Policía que les ha pedido abandonar el sector.
El líder de la toma, Ricardo Jiménez Calderón, fue detenido por un grupo de agentes de la policía. El funcionario representante de la Defensoría del Pueblo trató de subirse a la patrulla pero la Policía se lo impidió.
Mientras tanto, el Escuadrón Móvil Antidisturbios continúa sus esfuerzos por evacuar al resto del grupo de las instalaciones del parque lanzando gases lacrimógenos para disuadirlos.
La prensa permanece registrando el hecho y hay bastantes curiosos en los alrededores del lugar.
Hace algunos minutos, agentes de la Policía de menores retiraron por la fuerza a los niños que permanecían en el sitio en compañía de sus familiares desplazados.
A esta hora los manifestantes aún no terminan de dispersarse. Hasta el momento no se han enfrentado a la policía, sino que han resistido pacíficamente el desalojo.
1:05 p.m.
Defensor dialoga con líder de los manifestantes el parque de la 93
Jiménez Calderón le dijo al Defensor del Pueblo que sólo accederían a dialogar si se hace presente en el parque de la 93 el director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, y un representante del CICR.
El líder del grupo de desplazados que se manifiesta en este momento en el parque de la 93 en Bogotá habló con el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez, quien hace presencia en el lugar a esta hora, y le dijo que solamente negociaran si la mesa de negociaciones se realiza en el sitio donde se desarrolla la manifestación y se hacen presentes el director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, y un delegado de la Cruz Roja Internacional.
Jiménez le aseguro también al Defensor que mienten los funcionarios distritales cuando aseguran que sí cumplieron con los pactos de definidos el pasado 31 de julio, pues más de una de las personas a quienes les fue entregado el carnet de Caprecom para ser atendidos en salud han sido rechazadas en las clínicas de esa entidad.
En este momento el Defensor del Pueblo verifica el nivel de cumplimiento de esos compromisos y trata de hacer contacto con los funcionarios solicitados por el grupo de manifestantes para realizar la reunión y evitar así el desalojo por la fuerza.
Pérez, además, medió para que la Policía liberara a uno de los miembros del grupo de desplazados que fue detenido esta mañana.
12:25 p.m
Defensor del Pueblo mediará para evitar desalojo por la fuerza de los desplazados en el parque de la 93
El Defensor del Pueblo Vólmar Pérez llegó en los últimos minutos al parque de la 93 para mediar con los desplazados que realizan a esta hora una toma pacífica en el lugar.
Los desplazados aseguran que no se moverán del lugar hasta tanto el Gobierno Nacional haga efectivas las ayudas prometidas el pasado 31 de julio, que según ellos consisten el 58 millones de pesos por familia para vivienda y proyecto productivo.
La misión del Defensor, quien se reúne en este momento con las autoridades presentes en el parque, será persuadir al líder del grupo, Ricardo Jiménez Calderón, para que se retire pacíficamente y evitar así un desalojo por parte de la Policía.
Jiménez Calderón por su parte le aseguró a los medios de comunicación que el grupo no se retirará hasta que reciba las ayudas económicas solicitadas y enfatizó en que no están realizando una toma por las vías de hecho sino una convocatoria a los miembros de su asociación en el lugar y que esto es completamente legal y constitucional.
Las autoridades por su parte aseguran que lo que está sucediendo es una toma ilegal a todas luces y que el desalojo está justificado. De las propuestas realizadas por el gobierno al grupo de manifestantes ninguna ha sido admitida. En este momento algunos de los desplazados empiezan a tapar sus rostros con improvisadas capuchas y los miembros del grupo antimotines de la Policía rodean el parque.
11:45 a.m.
Acción Social ha dicho que no negociará con los desplazados que se toman en este momento el parque del a 93
Hacia las 11:15 de la mañana un nuevo grupo de desplazados ingresó al parque violentamente evadiendo el control de las autoridades. En este momento cerca de 300 personas permanecen en el centro del parque de la 93 y se disponen a hablar con los medios de comunicación en una rueda de prensa improvisada.
Por su parte la Policía espera la llegada de una delegación del ICBF para hacer un rápido censo de los menores de edad y encargarse de su custodia mientras se realiza el desalojo, que se llevará a cabo en los próximos minutos.
Representantes de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital serán los encargados de garantizar el respeto a los derechos humanos en este procedimiento.

11:00 a.m.
Se complica situación con desplazados en parque de la 93
Decenas de desplazados continúan llegando a los alrededores del parque de la 93 donde un grupo de éstos realiza una toma desde las horas de la mañana. Los manifestantes protestan porque Acción Social no ha cumplido sus compromisos con la organización “Colombia uno, Colombia todos” adquiridos el pasado 31 de julio cuando los desplazados realizaron una marcha similar.
Algunas escaramuzas se han presentado con la Policía que pretende evitar que los desplazados armen sus cambuches en el centro del parque; sin embargo, dos de ellos ya han sido levantados.
La alcaldesa local de Chapinero, Blanca Inés Durán Hernández, trató de mediar con el líder de la marcha, Ricardo Jiménez Calderón, quien intentó agredirla físicamente pero fue detenido por la Policía.
Entre los manifestantes hay cuatro desplazados en sillas de ruedas que representan varias organizaciones de desplazados discapacitados, quienes aseguran que el gobierno tampoco les ha cumplido.
El Gobierno Distrital asegura haber cumplido con los compromisos de dar salud y vivienda a los desplazados que se manifestaron el pasado 31 de julio y ha ofrecido acompañarlos en una marcha hasta las oficinas de Acción Social para que abandonen el parque. Hasta el momento esta propuesta ha sido rechazada por el grupo y corre el rumor de que la Policía realizará un desalojo en los próximos minutos.

10:30 a.m.
Desplazados vuelven al parque de la 93
Un grupo de cerca de cien desplazados se tomó en horas de la mañana la parte central del parque de la 93 al norte de Bogotá.

La toma es liderada por los mismos líderes de la población desplazada que participaron en la manifestación del mes pasado en el parque de la 93.

El grupo reclama por el cumplimiento de los acuerdos que se realizaron en esa ocasión y que hasta ahora no han sido cumplidos por la Administración Distrital.

La policía ha tendido un cerco alrededor del parque para evitar que continúen llegando los desplazados. Hasta el momento no ha sido posible el ingreso de la prensa al lugar.

En este momento funcionarios de la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y CODHES realizan una mediación ante las autoridades para evitar el desalojo de los manifestantes. Las vías de acceso al exclusivo sector del parque de la 93 se encuentran cerradas.
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