01 octubre, 2008

Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria empezó hoy una visita oficial de diez días a Colombia

Bogotá, 1 oct (EFE).- Una misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria empezó hoy una visita oficial de diez días a Colombia, dijeron en Bogotá fuentes gubernamentales y del organismo internacional.
La delegación, que arribó ayer a la capital colombiana, está encabezada por la jurista española Manuela Carmena, presidenta relatora del Grupo sobre Detención Arbitraria, establecido en 1991 y cuyo mandato ha sido extendido dos veces.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bogotá y el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmaron por separado el comienzo de las tareas de este órgano especial de la ONU.


La OACNUDH recordó a Efe que la visita responde a una invitación del Gobierno del presidente Álvaro Uribe para visitar centros de reclusión en varias regiones y mantener entrevistas con altos cargos estatales y del Ejecutivo.

El origen y el objetivo de la misión fueron también confirmados por la Cancillería colombiana, que dijo haber concertado "una agenda de trabajo (...) con reuniones que incluyen autoridades de la rama ejecutiva, judicial y del Ministerio Público".

La Cancillería precisó en un comunicado que la relatora Manuela Carmena y sus acompañantes se entrevistarán con altos cargos de los ministerios de Defensa y de Interior y Justicia y con mandos de la Fuerza Pública.

La delegación visitará centros de reclusión de Bogotá, Cali (suroeste) y Arauca (nordeste), entre ellos algunos para mujeres, adolescentes y no imputables.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria ha elaborado desde 1993 varios informes relacionados con Colombia.

Las denuncias sobre detenciones arbitrarias en este país han crecido durante el Gobierno de Uribe, que asumió en agosto de 2002 para un período de cuatro años y que fue reelegido en mayo de 2006 para otro cuatrienio.

Según algunos estudios de organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto nacionales como internacionales, al menos 6.648 colombianos fueron arrestados de manera arbitraria del 7 de agosto de 2002 al 30 de junio de 2005.

Los mismos informes advierten de que entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, los casos de detención arbitraria en el país sumaron 5.535 y se registraron en sólo "77 eventos de detención masiva".

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Amnistía Internacional le exige al ministro Santos y al gobierno Colombiano, concluir sus ataques en contra de los Defensores de los Derechos Humanos

BOGOTA - Amnistía Internacional lamentó recientes declaraciones del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, criticando la labor de grupos no gubernamentales en Colombia y llamó al gobierno del presidente Alvaro Uribe a darle un respaldo "claro e inequívoco" al trabajo de los defensores de derechos humanos.
En una carta dirigida al ministro el 22 de septiembre y divulgada en la jornada por Amnistía Internacional, la directora del programa regional para América de AI, Susan Lee, dijo que aunque el grupo ve con "satisfacción que el gobierno colombiano haya expresado públicamente su interés por mejorar la crisis de derechos humanos" en el país, también ve "con profunda preocupación la forma en la que sus palabras (las de Santos) se podrían interpretar para desacreditar y deslegitimar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales".

"En su discurso del 9 de septiembre usted reconoce la existencia del problema de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia por parte de miembros de la fuerzas de seguridad y se destaca el compromiso del gobierno colombiano en corregir esta problemática", agregó Lee en su misiva.

La activista agregó de inmediato que para AI "un paso importante de la solución de esta problemática (de las ejecuciones extrajudiciales) implica permitir que las ONG de derechos humanos puedan sacar a la luz pública las conclusiones de sus investigaciones, sin que se las descalifique o se deslegitime su trabajo".

"Amnistía Internacional quiere hacerle un llamado al gobierno colombiano para que se pronuncie de forma clara e inequívoca respaldando el trabajo legítimo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia y sus organizaciones", dijo Lee. "Este pronunciamiento sería interpretado como un signo de voluntad política real del gobierno y de su firme compromiso con los derechos humanos", añadió.

Durante un foro en ocasión del día nacional de los derechos humanos el 9 de septiembre pasado, el ministro Santos dijo en su despacho había una preocupación constante y una política para combatir casos de presuntos homicidios cometidos por miembros de las fuerzas militares y se quejó que algunas ONG, que no mencionó, denunciaran que tales asesinatos eran una política del estado colombiano.

"Hay una política deliberada de ciertas organizaciones, que lo que quieren es que se denuncie....y cuando uno va a averiguar esas denuncias, realmente qué significan, no se encuentra nada, encuentra que hay personas interesadas en simplemente inflar las cifras" de muertes, dijo Santos en su discurso a comienzos de mes.

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