Semana. No hay nadie más cuidadoso con las palabras que los diplomáticos. Prefieren, en lo posible, términos blandos y gaseosos; por eso son tan tímidos y aburridos los comunicados oficiales. Tienden a repetir lo obvio y lo ya sabido. Y huyen de adjetivos que puedan ser motivo de polémica o interpretaciones erróneas.
El 95 por ciento del comunicado el jueves pasado de Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, sobre los 'falsos positivos' siguió esa consigna. Desde que se conocieron en octubre del año pasado los asesinatos de los jóvenes de Soacha, los medios han reportado ampliamente el fenómeno. El Ministerio de Defensa tomó medidas. La Fiscalía ha actuado: varios oficiales y suboficiales están siendo investigados por esos hechos y crímenes en otras partes del país. Lo que hizo Alston fue recoger esas denuncias e incidentes y plasmarlas en un informe preliminar de cinco páginas. Sin duda, es significativo que el relator de la ONU se pronuncie sobre esas atrocidades, más aún en Colombia, donde se le da tanta relevancia a la opinión de extranjeros sobre el país.
Sin embargo, Alston fue más lejos. Primero, criticó el uso de la expresión 'falsos positivos', ya que "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio". Segundo, dijo que los familiares supervivientes sufrían un "hostigamiento sistemático de los militares", acoso, que según Alston, incluía amenazas de muerte. Y tercero, en una frase que es motivo de análisis tanto en el gobierno como por las ONG, refutó la tesis de que las matanzas eran obra de unas "manzanas podridas". Para el diplomático, los crímenes "fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército".
Para el relator de la ONU, tantos hechos en tantas regiones y con la participación de tantas unidades militares no es casualidad. En otras palabras, hay algo en el sistema del Ejército colombiano que hace posible que se lleven a c abo esas actividades.
Así, el uso de la palabra "sistemática" no es fortuito. Según la definición del diccionario de Oxford ya que el texto original de Alston está en inglés, para que una actividad sea sistemática, debe haber planeación y control. Y en el mundo de los derechos humanos, esa implicación es muy grave para un Estado. Aunque Alston dijo que no ha "encontrado pruebas" de que las ejecuciones sean una política oficial, al describir el comportamiento delictivo de algunos militares como "sistemático" dejó la puerta abierta a una interpretación más severa.
Desde que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 61 años, ese adjetivo se ha utilizado generalmente para describir las acciones de Estados represivos (las dictaduras del Cono Sur), regímenes genocidas (el régimen del Jmer Rojo de Camboya) o de limpieza étnica (como Ruanda o la antigua Yugoslavia). Una de las motivaciones detrás de la creación de la Corte Penal de Justicia fue precisamente castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que por su dimensión son el resultado de actividades "sistemáticas".
Consciente de la gravedad de lo dicho por Alston, el gobierno salió rápidamente a agradecerle el informe y resaltar los párrafos donde reconoce sus esfuerzos por afrontar el problema. Y es cierto: Alston subraya las 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa para ponerles coto a las ejecuciones. Y más importante aún para el gobierno, el diplomático destaca la "reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos seis a nueve meses".
En Colombia ha sido claro hasta ahora que los 'falsos positivos' no son una política de Estado, ni son producto de decisiones que toma la cúpula militar. Es una tragedia que obedece a un esquema perverso de incentivos y a un concepto equivocado de seguridad que premia a los soldados más por el número de bajas que por la tranquilidad ciudadana que proporcione la Fuerza Pública. Lo que sí es necesario aclarar es por qué se dio en varias regiones y de manera tan recurrente.
Frente a este episodio, para la justicia penal internacional no es suficiente corregir los errores sino que los agentes estatales deben pagar por sus crímenes. En últimas esa fue la advertencia del relator de la ONU la semana pasada: si no castigan ejemplarmente a los responsables, otros lo harán por ustedes.
El 95 por ciento del comunicado el jueves pasado de Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, sobre los 'falsos positivos' siguió esa consigna. Desde que se conocieron en octubre del año pasado los asesinatos de los jóvenes de Soacha, los medios han reportado ampliamente el fenómeno. El Ministerio de Defensa tomó medidas. La Fiscalía ha actuado: varios oficiales y suboficiales están siendo investigados por esos hechos y crímenes en otras partes del país. Lo que hizo Alston fue recoger esas denuncias e incidentes y plasmarlas en un informe preliminar de cinco páginas. Sin duda, es significativo que el relator de la ONU se pronuncie sobre esas atrocidades, más aún en Colombia, donde se le da tanta relevancia a la opinión de extranjeros sobre el país.
Sin embargo, Alston fue más lejos. Primero, criticó el uso de la expresión 'falsos positivos', ya que "brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio". Segundo, dijo que los familiares supervivientes sufrían un "hostigamiento sistemático de los militares", acoso, que según Alston, incluía amenazas de muerte. Y tercero, en una frase que es motivo de análisis tanto en el gobierno como por las ONG, refutó la tesis de que las matanzas eran obra de unas "manzanas podridas". Para el diplomático, los crímenes "fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército".
Para el relator de la ONU, tantos hechos en tantas regiones y con la participación de tantas unidades militares no es casualidad. En otras palabras, hay algo en el sistema del Ejército colombiano que hace posible que se lleven a c abo esas actividades.
Así, el uso de la palabra "sistemática" no es fortuito. Según la definición del diccionario de Oxford ya que el texto original de Alston está en inglés, para que una actividad sea sistemática, debe haber planeación y control. Y en el mundo de los derechos humanos, esa implicación es muy grave para un Estado. Aunque Alston dijo que no ha "encontrado pruebas" de que las ejecuciones sean una política oficial, al describir el comportamiento delictivo de algunos militares como "sistemático" dejó la puerta abierta a una interpretación más severa.
Desde que se emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 61 años, ese adjetivo se ha utilizado generalmente para describir las acciones de Estados represivos (las dictaduras del Cono Sur), regímenes genocidas (el régimen del Jmer Rojo de Camboya) o de limpieza étnica (como Ruanda o la antigua Yugoslavia). Una de las motivaciones detrás de la creación de la Corte Penal de Justicia fue precisamente castigar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, que por su dimensión son el resultado de actividades "sistemáticas".
Consciente de la gravedad de lo dicho por Alston, el gobierno salió rápidamente a agradecerle el informe y resaltar los párrafos donde reconoce sus esfuerzos por afrontar el problema. Y es cierto: Alston subraya las 15 medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa para ponerles coto a las ejecuciones. Y más importante aún para el gobierno, el diplomático destaca la "reducción significativa en la cantidad de alegatos de ejecuciones extrajudiciales registrados por la justicia militar en los últimos seis a nueve meses".
En Colombia ha sido claro hasta ahora que los 'falsos positivos' no son una política de Estado, ni son producto de decisiones que toma la cúpula militar. Es una tragedia que obedece a un esquema perverso de incentivos y a un concepto equivocado de seguridad que premia a los soldados más por el número de bajas que por la tranquilidad ciudadana que proporcione la Fuerza Pública. Lo que sí es necesario aclarar es por qué se dio en varias regiones y de manera tan recurrente.
Frente a este episodio, para la justicia penal internacional no es suficiente corregir los errores sino que los agentes estatales deben pagar por sus crímenes. En últimas esa fue la advertencia del relator de la ONU la semana pasada: si no castigan ejemplarmente a los responsables, otros lo harán por ustedes.
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