20 julio, 2008

LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 13

Los Periodistas Cuentan una Historia Peligrosa Muchos de los medios de comunicación colombianos, en especial la televisión, cubrieron poco de los problemas con la desmovilización paramilitar. Presentaban análisis poco críticos, muy pocas veces daban cabida a las víctimas de la violencia paramilitar, y en general no hablaban del resurgimiento de los grupos armados. Las organizaciones colombianas de derechos humanos siempre lamentan que los medios de comunicación no le den a la violencia paramilitar la misma atención que le dan a la violencia de la guerrilla. Pero, algunos periodistas empezaron a abrir la puerta para que pudiera hacerse la luz.

La revista Semana siguió de cerca el escándalo de la parapolítica y destapó la olla sobre cómo seguían controlando, vía teléfono celular, los jefes paramilitares encarcelados la violencia y el narcotráfico. El comentario de su directora María Teresa Ronderos dio espacio a las víctimas y brindó un análisis astuto sobre el desarrollo del proceso de Justicia y Paz. Las revistas Semana, El Tiempo y Cambio documentaron, todas ellas, el creciente dominio que ejercen los paramilitares sobre la política local, una historia peligrosa de contar.

El Tiempo publicó una extraordinaria serie sobre las fosas comunes. Como lo explicó su redactora Luz María Sierra, Cuando en El Tiempo decidimos hacer un informe especial sobre el fenómeno de las fosas comunes comenzó a repetirse una escena
en la sala de redacción: uno a uno, los reporteros que volvían de su labor, llegaban aterrados….
Los testimonios de paramilitares y los resultados de los equipos forenses permiten concluir que las Autodefensas Unidas de Colombia no solo diseñaron un método de descuartizar a seres humanos sino que llegaron al extremo de dictar cursos utilizando a personas vivas que eran llevadas hasta sus campos de entrenamiento.... ¿Y de la guerrilla? También se han encontrado fosas [con víctimas de la guerrilla] pero el 98 por ciento de las denuncias de las que se ocupa hoy la Fiscalía son de ‘paras’.
El Espectador publicó una columna periódica escrita por el líder del movimiento de víctimas, Iván Cepeda, dando así voz a un importante movimiento.

Y el periodista independiente Hollman Morris, a pesar de las amenazas, continuó con su ciclo televisivo, Contravía, que hizo más que cualquier otro programa para llevar a los hogares colombianos los rostros y las voces de las víctimas de la violencia. Su ciclo explora gráficamente la heroica lucha diaria de gente común para sobrevivir y tener justicia. En su programa sobre la comunidad de paz de San José de Apartadó, muestra a este grupo de campesinos organizando y debatiendo sobre sus problemas cotidianos. Más tarde, superpuso sus nombres y la fecha en que cada uno de ellos fue asesinado.

Este tipo de cobertura era la excepción más que la regla—pero fue heroica. Ver los ejemplos de las páginas 23, 28 y 42. Como muestra Hollman Morris (ver recuadro en página 30), los periodistas se arriesgaban en este cobertura. Según el Comité para la Protección de Periodistas, Colombia figura en el cuarto puesto en su índice de impunidad, que clasifica los asesinatos no resueltos de periodistas por cantidad de población, con periodistas “que están en la mira por su reportaje”.
Share:

LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 12

La Parapolítica Se Devela El escándalo parapolítico—la “parapolítica”—está quedando al descubierto por la dinámica iniciativa de unos pocos políticos valientes, la Corte
Suprema y algunos periodistas colombianos decididos. No surgió del proceso de Justicia y Paz, aunque una vez que comenzó a develarse el escándalo, las audiencias de Justicia y Paz aportaron valiosas pistas.

En 2005, el Senador Gustavo Petro del partido Polo Democrático Alternativo, empezó a denunciar públicamente que al menos un tercio de las bancas legislativas estaban ocupadas por políticos que habían negociado pactos secretos con los paramilitares. Al principio, Petro estaba bastante solo en sus denuncias. El Senador Rafael Pardo, un político de centro y notable crítico de la Ley de Justicia y Paz, también empezó a insistir persistentemente acerca del dominio de los paramilitares sobre la política.

Pero como reflexionara luego la periodista María Teresa Ronderos, todo esto habría “quedado muerto” si la Corte Suprema no hubiera comenzado a investigar los vínculos entre los paramilitares y los políticos. Fueron estas investigaciones—y la imagen de poderosos políticos llevados a la justicia y hasta encarcelados—más que cualquier consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, lo que abrió los ojos a la sociedad colombiana y le hizo ver las estrechas conexiones que existían entre sus políticos y la violencia paramilitar. Las investigaciones de la Corte Suprema y las investigaciones periodísticas paralelas que hicieron algunos de los medios de comunicación más importantes de Colombia, que antes se ocupaban muy poco de este tema, comenzaron a reforzarse unas a otras.

Las investigaciones de la justicia dieron como resultado órdenes de captura para docenas de miembros del Congreso, de gobiernos locales y regionales, en su mayoría vinculados con el partido gobernante o con sus socios de la coalición. A la fecha, hay 63 políticos que están siendo investigados o están ya acusados o condenados por colaboración con paramilitares.

El hallazgo de una computadora del cabecilla paramilitar Jorge 40 intensificó el escándalo y dio un nuevo impulso a las acusaciones de Petro. La computadora tenía pruebas que vinculaban a miembros del Congreso, gobernadores y alcaldes con
redes locales de paramilitares. También tenía pruebas que comprometían al director de la agencia nacional de inteligencia, Jorge Noguera, por haber entregado a paramilitares, listados de sindicalistas y otras figuras que serían asesinadas. Cuando el escándalo envolvió a la ministro de relaciones exteriores de Colombia, Consuelo Araujo, y a su hermano, la funcionaria tuvo que renunciar.

Centros no gubernamentales de investigación, como la Corporación Nuevo Arco Iris, con sus investigadores León Valencia y Laura Bonilla, investigadores independientes como Claudia López y Mauricio Romero, y el Indepaz, con analistas como Camilo González Posso hicieron, a través de sus minuciosos trabajos de investigación, contribuyeron un importante aporte para llegar a conocer a las redes paramilitares y su control sobre los partidos políticos, corriendo un riesgo considerable.

La Administración Uribe ha intentado presentar a la parapolítica como prueba
de su propia predisposición a purgar los
elementos corruptos—una muestra de caradurismo considerando que la gran mayoría de los políticos implicados son del partido del propio Presidente o de sus socios de la coalición. El Presidente Uribe nunca frenó definitivamente las investigaciones y durante este período dotó a la Corte Suprema de todos los recursos que necesitó. Sin embargo, el Presidente usó su influencia para disuadir de que se realicen investigaciones y para intimidar a la justicia. Uribe convocó a la justicia a soltar de las cárceles a todos los que hubieran contado la verdad y no hubieran cometido violaciones graves a los derechos humanos—una propuesta dirigida principalmente a los políticos encarcelados por vínculos paramilitares o a empresarios que los habían apoyado.

Cuando los paramilitares amenazaron con volverse a armar, Uribe instó a que al paramilitarismo se lo calificara “un delito político”, algo que habría logrado frenar las acusaciones penales. Castigó públicamente al Juez de la Corte Suprema, Iván Velásquez, quien estuvo al frente del grupo a cargo de investigar el escándalo
de la parapolítica, acusándolo de presionar a un testigo paramilitar para implicar
a Uribe en la orden de asesinar a otro cabecilla paramilitar. Los jueces de la Corte Suprema consideraron renunciar, pero luego decidieron esperar, emitiendo una declaración a favor del Juez Velásquez y convocando al ejecutivo a respetar
la autonomía del poder judicial.

Este conflicto público fue muy perturbador para los jueces, debido en parte a que las condenas públicas lanzadas por funcionarios de gobierno de alto nivel en contra de periodistas, activistas de derechos humanos o miembros del poder judicial son a menudo seguidas de amenazas de muerte provenientes de grupos paramilitares.

En enero de 2008, el Presidente Uribe presentó cargos contra el Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete. Valencia había firmado el comunicado que emitió la Corte Suprema en favor de Velásquez. Más tarde, el Presidente llamó a Valencia y Valencia comentó al diario El Espectador que Uribe le había preguntado sobre su primo, Mario Uribe, uno de los políticos que está siendo investigado por la corte. El Presidente Uribe negó haber hecho eso y le inició una demanda por difamación.
Los jueces de la Corte Suprema prometieron respetar el derecho del Presidente a presentar cargos, pero defendieron a Valencia diciendo que “…ha estado orientado a preservar el imperio de la Constitución Política y la ley, así como a garantizar la autonomía de los jueces de la República, el postulado de separación de los poderes, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Cuando las investigaciones de la Corte Suprema terminaron en el dictado de una orden de captura incluso contra el primo del Presidente, el Presidente Uribe y sus aliados en el Congreso comenzaron a alertar sobre una crisis de “institucionalidad” debido a las decisiones de la Corte Suprema, y a hacer flotar la idea de una corte especial que sustituiría a la Corte Suprema y encontraría una solución a la “crisis”. Aún así, el Presidente Uribe seguía manejándose con cuidado, consciente de la mala imagen que daría a nivel nacional e internacional si intervenía en el poder judicial o en favor de su primo.

El 22 de abril de 2008, Mario Uribe, sobre quien pesaba una orden de captura por colaboración con los paramilitares, huyó a la embajada de Costa Rica para pedir asilo. Las víctimas se reunieron enfrente de la embajada, sosteniendo por encima de las vallas, estatuas de cartón de paramilitares y fotos de muertos y desaparecidos. La embajada le negó asilo, y el Presidente Uribe optó en esta ocasión por no intervenir. Pero, la intempestiva decisión del Presidente en el mes de mayo de extraditar a 14 cabecillas paramilitares a los Estados Unidos podría obstaculizar las investigaciones de la parapolítica.
Share:

LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 11

La Procuraduría General Defiende los Derechos de las Víctimas La Procuraduría General de la Nación recurrió a los medios a su alcance para recordar a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno el mayor respeto que se le debe a los derechos de las víctimas de la violencia. En junio de 2005, presentó un informe extraordinario de dos tomos, analizando el proceso de desmovilización y reinserción. Criticó la Ley 975, advirtiendo al gobierno que “la reconciliación nacional no justifica un modelo que se sustenta en negar la necesidad de la verdad histórica”.
En este informe y en sus declaraciones posteriores, la Procuraduría General
de la Nación convocó al gobierno a ampliar la categoría de víctimas para incluir también a los millones de desplazados colombianos y también el derecho fundamental a la devolución de tierras. El Procurador General Edgardo Maya estuvo al frente de un grupo de empleados estatales que asistieron a la convocatoria del 6 de marzo en repudio a la violencia paramilitar, aunque muchas otras figuras del gobierno nacional estuvieron ausentes. Durante este período, la Procuraduría General de la Nación parecía tomarse muy en serio su deber de recordar al gobierno que debían protegerse los derechos de los ciudadanos más vulnerables de Colombia
Share:

LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 10

Las Iglesias: Los Ladrillos de la Verdad y Paz Las iglesias católicas y protestantes de Colombia y sus organizaciones de fe emprenden sus propias iniciativas para desenterrar la verdad, además de trabajar en pos de la paz y la reconciliación. Entre algunos de los muchos proyectos dignos de destacar están el TeVeré, de la Iglesia Católica, que recaba testimonios de víctimas, y su proyecto Rut, que documenta la experiencia de los desplazados de Esta base de datos, llamada Noche y Niebla, hace de una especie de base de datos colectiva para las agrupaciones colombianas de derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas se vale de esta base de datos al igual que de otras fuentes de información para sus informes anuales sobre abusos.

Las iglesias católicas y protestantes, cada una por sí sola y también en forma mancomunada, que trabajan con asociaciones de víctimas, universidades y organizaciones no gubernamentales, están armando redes de paz y reconciliación en
las zonas más conflictivas del país. Algunas iglesias protestantes se convirtieron en “iglesias santuarios de paz”, defendiendo las iniciativas de paz y los derechos de las víctimas en zonas de conflicto. Estos proyectos reconocen, según el pastor menonita Ricardo Esquivia, que “sin verdad, no habrá reconciliación...Y la gente desea fervientemente la verdad, está dispuesta a dar su vida por ella. Pero llegar
a la verdad mientras continúa el conflicto, eso es complicado. Estamos tratando
de llegar a la verdad usando métodos creativos, sin poner en peligro la vida de
la gente”. Si hubiera una comisión de la verdad oficial, estos proyectos eclesiásticos, de los que sólo se mencionan unos pocos aquí, podrían ser unos de los ladrillos de ese esfuerzo.
Share:

LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 9


Las Organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, Impertérritas Las principales organizaciones de derechos humanos de Colombia se opusieron terminantemente a la Ley de Justicia y Paz mientras se abría camino por el Congreso. Impertérritas ante el mote que recibieron de obstruccionistas de la paz, estaban decididas a llevar a la luz las miles de reparaciones, alargando los plazos con que contaba la Fiscalía para investigar estos crímenes y mejorando el acceso de las víctimas a las actuaciones.

Las organizaciones de derechos humanos recurrieron a los instrumentos internacionales de justicia que tenían disponibles, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su preocupación porque la ley no cumplía con los patrones internacionales de derechos humanos, además de los problemas en su puesta en práctica, fue plasmada en informes elaborados tanto por la Comisión Interamericana como por En los días que precedieron y siguieron a la marcha, sus organizadores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y víctimas sufrieron una ola de amenazas de muerte y violencia como no lo habían tenido que soportar en muchos años.

formas en que los cabecillas paramilitares podían llegar a evadir la justicia. La Comisión Colombiana de Juristas analizó cada uno de los borradores de la ley y señaló cada una de sus lagunas jurídicas y cláusulas de escape.

Una vez aprobada la ley, las organizaciones de derechos humanos de Colombia se concentraron en dos puntos: las cortes más altas del país y el sistema internacional de justicia. Estas organizaciones de derechos humanos presentaron escritos amicus curiæ exhortando a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la
Ley de Justicia y Paz. Aunque la corte se negó a este pedido, lo que sí hizo fue dictar una resolución que cambió la aplicación de la ley, haciendo más responsables a los paramilitares por la confesión de sus crímenes y el pago de el Alto Comisionado.

Las críticas planteadas por las organizaciones de derechos humanos de Colombia a la Ley de Justicia y Paz las dejó ante un dilema una vez que la ley fue sancionada y se dio a conocer la decisión de la Corte Constitucional. Más de 125.000 víctimas decidieron probar suerte con el proceso de Justicia y Paz, aportando la información que tenían a la Fiscalía o a otros organismos. El gobierno colombiano no fue capaz de brindar ni por lejos el número de defensores públicos que necesitaban las víctimas para poder acceder a la justicia.

Las organizaciones de derechos humanos no estaban preparadas para este torrente de víctimas, ya que habían dedicado la mayoría de sus esfuerzos a cuestionar la ley. Las organizaciones de derechos humanos y algunos abogados privados hicieron lo que pudieron para brindar asesoramiento a las víctimas, pero muchas de éstas avanzaron
por su propia cuenta.

Al mismo tiempo que las organizaciones de derechos humanos enfocaban en criticar la Ley de Justicia y Paz, también intentaban brindar apoyo y visibilidad a las víctimas
de la violencia paramilitar. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por ejemplo, brindó asesoramiento y respaldo al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña diversas zonas de Colombia. Las consultas realizadas por Rut siguen siendo uno de los mejores registros históricos del sufrimiento que padecieron los desplazados y constituyen una de las pocas fuentes sistemáticas de anotación de tierras robadas que podría servir de base para las reparaciones y devoluciones de tierras.

El Centro Jesuita de Investigación, CINEP, lleva una valiosa base de datos sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.

Si hubiera una comisión de la verdad oficial, estos proyectos eclesiásticos podrían ser unos de los ladrillos de ese esfuerzo. a algunas de las víctimas más excluidas
y marginadas en su lucha por develar la verdad u obtener justicia.

Las implacables críticas que plantearon las organizaciones colombianas de derechos humanos al proceso de Justicia y Paz sirvieron para convencer a los tribunales superiores sobre la necesidad de mejorar la ley, y generaron un mayor espacio para que las víctimas puedan hacer oír sus voces.
Su trabajo también sentó las bases para presentar futuras objeciones a la impunidad de los paramilitares y del gobierno en el campo internacional
Share:

COLOMBIA CONMOMERO SU INDEPENDENCIA MARCHANDO POR LA PAZ


BOGOTA (AFP) - Cientos de miles de colombianos inundaron este domingo las calles de sus ciudades, en una manifestación convocada por los 15 rehenes de la guerrilla de las FARC rescatados el 2 de julio, para reclamar la libertad de cerca de 3.000 secuestrados en coincidencia con su fiesta nacional.

También en al menos 80 ciudades del mundo se realizaron manifestaciones con el mismo propósito, entre las que se destacó la que se cumplió en la capital francesa, todas las cuales concluyeron con cociertos ofrecidos por reconocidos artistas como Shakira, Juanes y el español Miguel Bosé.

En la plaza de Trocadero en París, la ex cautiva Ingrid Betancourt entonó el himno nacional de Colombia, rodeada por Juanes y Bosé, en el inicio de un gran concierto por los rehenes aún retenidos por las FARC en la selva colombiana.

La ex candidata presidencial colombo-francesa, uno de los 15 liberados, llamó a los participantes a obrar por la paz y la libertad en Colombia y dirigió un mensaje al jefe de las FARC, Alfonso Cano, reclamando la libertad de los rehenes e instándolo a una negociación.
Manifestación por la libertad de los rehenes en las calles de Bogotá
©AFP - Rodrigo Arangua

De su lado, el alcalde de París, el socialista Bertrand Delanoe, co-patrocinador del concierto, agradeció la presencia y la movilización de los parisinos por la liberación de Betancourt y recordó: "nuestro deber es continuar luchando por la liberación de todos los rehenes en Colombia".

Otra manifestación destacada fue la que se cumplió la noche del sábado en la Plaza Mayor de Madrid. Allí se presentaron los músicos de vallenato (ritmo del folclor colombiano) Peter Manjarres y Alfredo Gutiérrez.

En Colombia, los actos promovidos bajo el lema de "Libérenlos ya", tuvieron como centro la ciudad de Leticia, en plena selva amazónica, a donde llegaron los presidentes de Colombia, Alvaro Uribe; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y de Perú, Alan García.

Los mandatarios asistieron al tradicional desfile militar con motivo del día de la Independencia, abierto por la estrella pop colombiana Shakira, que interpretó el himno nacional. Encabezaron el desfile los once uniformados rescatados el 2 de julio junto a Betancourt y tres estadounidenses.

Tanto Lula como García se unieron al clamor de los colombianos por la libertad de los secuestrados, en sendas y breves intervenciones.
La cantante colombiana Shakira (segunda por la D) canta el himno nacional de su país junto al presidente Álvaro Uribe (C), entre otras personalidades
©AFP - Mauricio Dueñas

Las principales calles de Bogotá se convirtieron desde muy temprano en una gran mancha blanca, debido a que cientos de miles de manifestantes salieron en su gran mayoría vestidos con camisetas blancas con letreros como "Libérenlos ya", "No más secuestrados" y "Paz para Colombia".

Además de Bogotá, miles de personas se volcaron a las calles de más 1.000 ciudades colombianas para reclamar la libertad de los secuestrados.

En el caribeño balneario de Cartagena (1.090 km al norte de Bogotá), participaron en la marcha el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Edward T. Schafer, y varios congresistas de ese país que visitan Colombia.

Los organizadores esperan superar en su convocatoria las 4 millones de personas que marcharon el 4 de febrero por la libertad de los secuestrados en Colombia y el exterior.

Además de las marchas en las ciudades, se realizaron dos "marchas" virtuales en internet en las páginas de las organizaciones no gubernamentales "Colombia soy yo" y "No más FARC".
©

En la madrugada del domingo, Betancourt, Juanes y Bosé enviaron mensajes a los rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una emisión radial destinada a los cautivos. Juanes invitó a la guerrilla a entender que "es hora de dialogar para ponerle fin a esta guerra injusta".

Las FARC retienen a al menos 24 rehenes, entre ellos tres políticos y 21 policías y militares, a quienes proponen canjear por sus prisioneros.

El sábado, los partidos de la primera jornada del fútbol colombiano de primera división fueron interrumpidos al minuto cinco de cada juego, como una forma de sumarse al clamor por la liberación de los secuestrados.

Olga Lucía Gómez, directora de la Fundación País Libre, que trabaja con las víctimas de secuestro y es uno de los organismos convocantes, dijo a la AFP que está muy satisfecha "por la masiva y contundente manifestación a favor de la libertad de los secuestrados".

Gómez recordó que el propósito de la marcha es visibilizar el drama no sólo de los rehenes "en poder de la guerrilla, sino de todos los secuestrados".
Share:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

face

apartado-trujillo

Etiquetas

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

refugiados sirios

Archivo del blog