Gobierno colombiano incentiva la guerra en las comunas de Medellin

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo El presidente de Colombia Álvaro Uribe en una visita a la ciudad de Medellín realizada el martes 27 de enero del 2009, propuso la creación de una red de cooperantes del Ejercito Nacional conformada por 1.000 (mil), estudiantes de la ciudad, para que ayuden a la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen, los cuales recibirían un aporte de cien mil pesos mensuales (100.000$) que equivalen a 50 dólares. Días después, desde la ciudad de Davos en Suiza, confirmó su propuesta aclarando que se trataría de jóvenes mayores de 18 años.



Ante esta propuesta la RED JUVENIL DE MEDELLIN, organización de jóvenes que promueve desde hace 20 años el antimilitarismo, la noviolencia y la objeción de conciencia, como formas de construir relaciones humanas que permitan la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia y apostarle a una sociedad desmilitarizada, quiere hacer las siguientes apreciaciones.

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La historia de la ciudad de Medellín ha estado por décadas transversalizada por una profunda situación de conflicto urbano que ha implicado que por años, grupos al margen de la ley controlen los barrios de la ciudad. Esta difícil situación se ha presentado, por un lado, por la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos y como mecanismo de control de la población; pero por otro, se ha sostenido por las difíciles condiciones materiales en las que se encuentran los habitantes principalmente de los sectores populares, pues son notables las dificultades económicas, la situación de pobreza, el problema de desplazamiento que se concentra en las periferias de la ciudad, y el poco acceso a los derechos. Este complejo contexto, además mediado por la situación de orden público en el que se encuentra el país desde hace décadas, hace que hoy en Medellín, según informes de organizaciones sociales y la misma oficialidad, hagan presencia alrededor de 300 bandas organizadas que concentran cerca de 6.000 personas armadas.

Esta situación lleva años de conocimiento de sectores de organismos del estado, sectores económicos y políticos, que tal como lo han mostrado las investigaciones resientes, han legitimado, apoyado y negociado con estos grupos armados; pues hay bandas que llevan más de 15 años en la ciudad.

Una situación como está implica que el Estado mire mas allá, comprenda la verdadera dinámica del conflicto urbano de Medellín, y se atreva tomar medidas que realmente solucionen de raíz el problema y no lo agudicen, como pasaría con medidas como estas. Y tal como ha pasado con medidas cortoplacistas como las que se han tomado en ocasiones anteriores; pues mientras se desconozca, que el problema es estructural y que se hace necesario resolverlo, la situación continuara empeorando como lo muestran no solo los índices de homicidios, sino también los de pobreza, desempleo formal y exclusión social.

Como agravante de esta situación en la ciudad se encuentra la desconfianza que siente la población por las actuaciones de la fuerza pública en algunos sectores y por los cuales algunos funcionarios se encuentran procesados; así como de los demás organismos del Estado y sectores políticos, de lo cual ya se han arrojado investigaciones.

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Esta medida, lo que traerá consigo es la agudización del conflicto urbano que vive la ciudad; al generar más desconfianza entre los pobladores y por tanto un escenario de mayor confrontación armada. *

Se incurre en una Violación del derecho internacional humanitario, pues esta medida es una falta contra el principio de distinción que implica la separación de la población civil dentro de la confrontación; esta medida, es una forma de involucrar a la población, escaza de dinero, dentro de la dinámica de la guerra, la cual, la sociedad ha manifestado que rechaza y repudia. *

El mensaje implícito que hay detrás de medidas como estas es “que la guerra si paga”, pues buena parte de la ayuda internacional que recibe el Estado colombiano se va para asuntos militares, igual pasa con los impuestos de los colombianos. Mensaje que por ningún motivo aceptamos y reconocemos como nuestro; pues la guerra y los procesos de militarización de la población civil son actos que rechazamos y consideramos contrarios a cualquier construcción de sociedades libres. *

Los que se evidencia ante medidas como estas es un notorio fracaso de la política de seguridad democrática, que además de no poder resolver de raíz sus promesas con relación a los grupos insurgentes, ha sido garrafal su fracaso en las zonas urbanas en donde no ha podido siquiera lograr el control territorial; pues hay notorios sectores de la ciudad en los cuales la presencia de grupos armados al margen de la ley es evidente.

Como si fuera poco, los procesos de reinserción, de justicia y paz, de negociación con las bandas y de sometimiento a la justicia; que desde el principio organizaciones sociales y no gubernamentales llamamos la atención sobre su fracaso e inconveniencia; hoy muestran con hechos que realmente no pudieron resolver la situación de orden público.

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Medidas como estas fortalecen la estigmatización de la población juvenil, que además de poner la mayoría de muertos en la ciudad, también son objeto de las medidas de control por parte del Estado y ahora el propio gobierno nos quiere incluir dentro de la confrontación.

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Si discrimináramos la propuesta del presidente Uribe; tendríamos entonces que si se quieren estudiantes mayores de edad, eso implica que los que conformarían la red de cooperantes serian estudiantes universitarios; lo que llevaría a pensar que se trataría, en ese caso, más de un intento por controlar las universidades y en particular la organización y movilización de los estudiantes; se convertiría esto, en una forma de control político, más que para resolver la situación en los barrios. Esto sería entonces una forma mas de criminalizar las luchas populares y de los movimientos estudiantiles.

Medidas como estas lo que hacen es reforzar el interés de las políticas de seguridad del actual gobierno, que es el de militarizar la población civil; la pregunta que queda es ¿Que pasa en una sociedad en ese estado de militarización?, la respuesta flagrante es que eso implica una sociedad que delega en la violencia la resolución de cualquier conflicto; una sociedad acrítica, sometida al imperio de los ejércitos y de mercenarios, legitimadora de la guerra, porque se convierte la violencia en el medio de subsistencia de la gente (piénsese también en la propuesta que en la ciudad de Cali, la red de cooperantes sea conformada por los conductores de servicio público) y construida desde los pilares axiológicos de la desconfianza, el control, la eliminación del enemigo y la obediencia; valores que contrarían la construcción de una sociedad libre y autónoma.

Ante este escenario de militarización de la sociedad, hastiada de la guerra; proponemos una reacción de la población, guiada por los principios de la noviolencia, y es el camino de resistencia civil; resistencia a la presencia de grupos armados en los barrios sean de donde sean, resistencia al escenario de violencia, resistencia y no cooperación a estas medidas guerreristas que lo que hacen en lugar de proponer ciudadanos es proponer mercenarios, resistencia a la estigmatización de la población juvenil; resistencia al desconocimiento de una situación de conflicto urbano en la ciudad, complejo y que requiere de medidas más integrales y humanas.

RED JUVENIL DE MEDELLÍN

Febrero 2/ 2010

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Los Engaños a los Desplazados Colombianos

Semana. Distintas mafias sacan su tajada aprovechando la ignorancia de los desplazados y los billones que el Estado tiene que girarles.

“Los recursos han aumentado, la Corte Constitucional ha ampliado los rangos de cobertura y el Estado los entrega bajo el principio de buena fe, pero hay un grupo de avivatos que con la mejoría de los programas tienen un incentivo perverso y están exprimiendo la pobreza” dice uno de los abogados de Acción Social.
Al caído caerle, parece ser la máxima que aplican unos cuantos personajes que han visto en la desgracia de los desplazados una forma de ganarse unos pesos. La situación es aberrante. Van desde espontáneos que les cobran 3.000 pesos por un trámite insignificante, hasta hacendados que buscan ganar dinero al vender terrenos inoficiosos para aprovechar los programas de reubicación, y funcionarios corruptos que autorizan esas ventas a cambio de una mordida.

El impacto de los casos que las autoridades han logrado documentar es mínimo frente al total de los recursos que el Estado destina para atender a los afectados, pero la preocupación es grande no sólo por lo que significa quitarle un peso a uno de los grupos más vulnerables de la población, sino por el daño que esto le hace a los programas de atención y a los mismos desplazados. Por cuenta de los abusos de unos pocos, se corre el riesgo de que se les estigmatice. Además, muchos de los engaños generan falsas expectativas entre los desplazados y traen tensión entre ellos y los programas de atención del Estado. Sólo en el último año hubo 887 casos, según un grupo especializado que se constituyó en Acción Social para la protección de estos recursos.

Hay personas que se presentan como líderes y ofrecen lo que llaman "el combo jurídico", que incluye derecho de petición, tutela e incidente de desacato. Cada etapa tiene su valor: la primera, 5.000 pesos; la siguiente, de 10.000 a 50.000, y la tercera, un porcentaje entre el 10 y el 40 por ciento de lo que logren cobrar. Los pagos en el caso de las ayudas humanitarias de emergencia están entre 300.000 y 1.700.000 pesos, a lo que se suma las prórrogas, que llegan a 900.000 pesos. "Los tinterillos que se las tiran de líderes cogen a la gente y la engañan", dice uno de los desplazados en Bogotá, mientras recoge su ayuda. "Venden la idea de que si uno no sabe hablar o no sabe pedir, no va a lograr nada", dice, aunque la atención es gratuita y no requiere de intermediarios.

Un líder de una de las varias asociaciones que ayudan a esta población explica que cobran a las familias que asesoran "un aporte de 5.000 pesos mensuales para papelería, mensajería y transporte para las reuniones". Esto puede ser cierto en algunos casos. Pero mucho va de una cuota para algunos trámites colectivos, a porcentajes por iniciar procesos donde se ofrecen millonarias sumas por cuenta de cobros retroactivos, intereses e indexaciones sobre una ayuda humanitaria que tiene una finalidad muy específica, o a organizar gente para que se hagan pasar por desplazados. Las indagaciones han encontrado individuos que entrenan personas pobres para que digan que fueron desplazados, les dan información de las regiones de donde se suponen que salen, y detalles del dramatismo que deben poner a sus relatos. "Dicen que es más fácil si dicen que los atacó la guerrilla. Nunca decir que la fuerza pública", comenta uno de los desplazados. En la costa caribe han detectado que incluso los transportan en buses entre municipios, y hay casos investigados que vinculan a funcionarios de las alcaldías y de las personerías.

Otro de los problemas frecuentes es la suplantación. Una funcionaria recuerda como capturaron en flagrancia a un señor que ya estaba incluido en el registro de desplazados, pero estaba buscando una nueva ayuda con otra cédula que tenía la misma foto pero otro nombre. La situación es crítica en departamentos como Magdalena, donde han identificado 387 casos, la mayoría de este tipo, y varios de ellos denunciados por los mismos desplazados.

Pero las mayores aberraciones se dan en los proyectos productivos y en las asignaciones de tierras. En el Incoder, entidad que lidera este proceso, por ejemplo, hay organizaciones que le cobran hasta un millón de pesos a cada familia de desplazados para armarle los proyectos productivos, con la garantía de que serán aprobados, sin que esto suceda. Así que tras de la situación crítica en la que se encuentran, los desplazados quedan empeñados con el dinero con el que buscaban hacerse a una parcela.

Allí también se están presentando personas que no figuran como desplazadas, esto se detecta al cruzar con bases de datos de otras entidades del Estado, o hay proyectos en los que se presentan predios avaluados por mayor valor del real, lo que hace que sean descalificados. En la convocatoria del año pasado, por ejemplo, fueron rechazados 173 proyectos por inconsistencias en los avalúos y por problemas en los datos de los aspirantes, mientras sólo se aprobaron 98 proyectos para continuar con el proceso de aprobación.

En su esfuerzo de depuración, el Incoder destituyó en los últimos dos años a 13 funcionarios a los que les probó que pidieron dinero para entregar predios, o que dieron informes falsos para adquirir tierras que a la postre resultaron inservibles o que aprobaron comprar a un mayor valor de su precio real. Hay tierras sin agua, de condiciones físicas no aptas para agricultura o ganadería, hasta incluso se evalúa el caso de una tierra que resultó ser un campo minado.

En la atención a los desplazados, el gobierno ha recibido muchas críticas por su incapacidad para solucionar una problemática tan compleja. De hecho, la presión que los fallos de la Corte Constitucional le ha puesto al tema ha hecho que los programas con desplazados reciban ayuda con prioridad sobre los pobres, y de esta manera, se creó un incentivo para que estos últimos muchas veces se hagan pasar por desplazados para recibir atención estatal.

Los esfuerzos que realizan las autoridades para identificar a los colados, los ajustes que han tenido los programas y los esfuerzos en cerrar los boquetes encontrados son valiosos, pero aún insuficientes para controlar a los vampiros que están haciendo su agosto con la miseria.

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Cuatro millones y medio de víctimas deja el recrudecimiento del conflicto Colombiano

Bogotá, Por: Javier Darío Restrepo*. La respuesta oficial al más grave problema social del país, no era el resultado de una política sino de una imposición judicial, y que aún así, era tan superficial como el cumplimiento de un requisito.

Juicio en la Corte.

El juicio del parque.

En la audiencia celebrada en el palacio de justicia el jueves 10 de julio, a las ocho de la mañana, el reo de verdad fue el gobierno nacional. Además de los magistrados de la Corte Constitucional, allí estaban como acusadores la Defensoría del Pueblo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, las organizaciones indígenas, la Asociación de Víctimas y afuera, frente a la imponente mole de piedra del palacio, grupos de desplazados que, a lo largo del día, se relevaron para mantener vivo el grito de exigencia de sus derechos.


Juicio en la Corte.


Apremiado por los magistrados, el gobierno en la persona de Luis Alfonso Hoyos, el director de Acción Social, debió responder por las acciones con que se había dado cumplimiento durante los últimos cinco años a la sentencia de la corte sobre la debida protección y resarcimiento a los desplazados.

A lo largo del día, en una extenuante jornada, el funcionario leyó cifras, detalló acciones, recordó decisiones oficiales, reveló proyectos, enumeró dificultades sin cuento, y dejó trazado el cuadro de la respuesta dada por el gobierno a las tutelas interpuestas por 1150 familias.

En las libretas de los periodistas que cubrieron la audiencia quedaron los datos sustanciales de esa respuesta: 196 municipios reconstruidos, 8 mil viviendas, que habían sido destruidas por los grupos armados ilegales, restauradas,; por las oficinas de Acción Social se había hecho el trámite de registro de tres millones de desplazados, la ayuda humanitaria se había incrementado sustancialmente al pasar de 20 mil millones de pesos a 200 mil millones; sin embargo el creciente volumen de la población desplazada, hacía insignificante esa cifra porque, según los estimativos de Acción Social, se necesitaban 1.3 billones de pesos.

Los magistrados, hablando en nombre de los desplazados y teniendo en cuenta las exigencias hechas en la sentencia 025 de 2004 y en los 50 autos emitidos en estos últimos cinco años, se declararon insatisfechos.

Encontraron que la respuesta oficial al más grave problema social del país, no era el resultado de una política sino de una imposición judicial, y que aún así, era tan superficial y desganada como el cumplimiento de un requisito; señalaron los magistrados las graves fallas de información, la falta de coordinación entre órganos, entidades y personas que debían intervenir y la desprotección en que se había dejado a los grupos más vulnerables.

Mientras este severo juicio avanzaba, a pocas cuadras del Palacio de Justicia se llevaba a cabo de manera ininterrumpida otro juicio al mismo reo.


El juicio del parque.

En los últimos cuatro meses, un grupo de familias de desplazados, en un gesto de desesperación, se tomó el parque del Tercer Milenio, un bello espacio urbano que, según sus creadores, debía rehabilitar una zona céntrica de la capital en donde estaba situado El Cartucho, un refugio de drogadictos, traficantes de drogas y maleantes. Barrido por los vientos helados de la sabana o por los que llegan desde los cerros orientales, el parque es lugar de paseo, pero no apto para vivir. Aún así lo convirtieron en su vivienda los desplazados, que antes se habían tomado la iglesia de san Francisco y después la Plaza de Bolívar, movidos por la necesidad de hacerse oir y notar y porque, de veras, no tenían un espacio para vivir después de haberlo perdido todo.

A periodistas, investigadores, almas caritativas, entidades de beneficencia o a los simples curiosos, los desplazados los han convertido en jurados de un juicio en que las acusaciones se han repetido, monótonas como letanías.

Un editorial de El Tiempo (09-05-09) le restó importancia al debate estadístico sobre los desplazados que, sin embargo, revela que en la base de la inconciencia sobre el problema, aparece un desconocimiento elemental: ¿cuántos son los desplazados? ¿Los 3 millones de Acnur, los más de cuatro millones y medio de Codhes? ¿Los 2 millones 600 mil de Acción Social? Cuánta es la tierra que les han quitado: ¿las tres millones y media de hectáreas de Acnur? ¿O las cuatro millones y media de Codhes? ¿Cuánto han perdido? ¿Acaso los 42 billones de pesos que contabiliza Codhes?

En el mismo parque en donde se barajan estas cifras, ¿cuántos son? ¿Los 850 de que hablaba El Espectador el 26 de mayo, o los 1939 de su información del 29 de julio? Hay una estridente confusión sobre el número de víctimas y de pérdidas, como si el desplazamiento, los mismo que un huracán, hubiera barrido con todo, hasta con las cifras.

Tampoco se sabe si se cumple o no con los desplazados, si los dineros van a su destino o se quedan en las aduanas, si se favorece a unos sí y a otros no, porque la descoordinación entre organismos y personas es tal que la realidad se escapa.

Cuando se trata de medir el impacto de las acciones en favor de los desplazados las cifras alarman: de cada 100, 98 viven en la pobreza y de ellos el 82 por ciento en una indigencia que nunca habían conocido cuando eran cazadores, pequeños ganaderos, agricultores, pescadores o modestos trabajadores en sus pueblos, o propietarios pequeños, pero propietarios, en su región.

Ante esto, ¿quién responde? Dice una mujer que habla al pie de su carpa, entre las ráfagas heladas de julio que castigan el parque.

El drama se ha acrecentado entre ellos desde que los declararon en cuarentena por la sospecha de que hasta sus cambuches había llegado el A1 hN1. Antes habían sido sacudidos por el escándalo de la violación de una niña desplazada, víctima de unos policías. Y es que no disponen de protección especial lo niños, ni los viejos, ni las mujeres ni las personas con discapacidades. Y ni pensar en el regreso porque los que se apoderaron de sus tierras y bienes las retienen a sangre y fuego y andan sueltos..

Los del parque hacen un balance y concluyen con mayor fuerza que la Corte, que la respuesta oficial a sus requerimientos es ofensivamente insatisfactoria.

A fuerza de verlos pedir, reclamar y protestar, gobierno y ciudadanía los han llegado a considerar como unos incómodos y omnipresentes pedigüeños, y se ha olvidado que son víctimas, que no esperan dádivas sino justicia.

Lo que les quitaron los violentos en bienes y en derechos, mirado por la sociedad como irrecuperable, les está dando la categoría permanente de una clase social sin derechos, a ciencia y paciencia de todos. Y esta es la más inquietante percepción que quedó cuando, concluida la audiencia en la Corte, nadie pudo asegurar que la suerte de los desplazados cambiaría.

Hoy por hoy los recursos oficiales se destinan, generosos, para los inversionistas, para armar y alentar a las fuerzas armadas, para sacar del pozo de sus fracasos a bancos y empresas, para consolidar programas de reinsertados, o sea de victimarios, pero hay un extraño desgano oficial frente a las víctimas. Señala el presidente de Codhes, Jorge Rojas, una característica distintiva del gobierno nacional: "cuando el asunto es con los pobres o con las víctimas, no hay recursos". Así la Corte y el sentido de justicia, ordenen procurarlos con prioridad sobre otros asuntos.

* Javier Darío Restrepo: Periodista, articulo tomado de terra.com

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Se vaticinan conflictos sociales por el calentamiento global

México, 7 Ago (Notimex).- Los crecientes desastres naturales debidos al calentamiento global propiciarían en el futuro mayores conflictos sociales, advirtieron expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con información dada a conocer por la oficina de las Naciones Unidas en México, varias agencias de ese organismo internacional preparan una iniciativa para reforzar la capacidad de respuesta ante conflictos derivados del calentamiento global.

En especial, los países del Pacífico serán algunos de los más afectados por el creciente nivel del mar y los fenómenos naturales más violentos, por ello los más propensos a conflictos sociales.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que se incrementarán los movimientos de desplazamiento de población afectada por la pérdida de hogares e infraestructura.
Ello traería como consecuencia conflictos sociales que pueden ser violentos, ante la escasez de espacio y la invasión de propiedades, por lo que se deben buscar soluciones anticipadas.

Al respecto, el representante regional de la ACNUR, Richard Towle, señaló que desde ahora se deben buscar alternativas para quienes pierdan hogar, tierras y medios de subsistencia por el nivel creciente del mar y la violencia de los fenómenos climáticos.

Se trata de personas que deberán ser reubicadas, pero buscando no afectar a poblaciones previamente establecidas.

A su vez, Jean-Luc Stalon, asesor del PNUD para la Prevención y Recuperación de Crisis, consideró necesario integrar la respuesta a los riesgos provocados por el cambio climático y los esfuerzos para prevenir los conflictos "antes de que sea demasiado tarde".

El deshielo del Ártico

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Arrebatan tierras a Campesinos - Crónica de un Desalojo

El Espectador, Alfredo Molano Bravo. Lunes 3 de agosto de 2009. El Espectador fue testigo del cerco que poderosos empresarios palmicultores, respaldados por la Fuerza Pública, ejercen contra campesinos de la llamada Depresión Mompoxina. Donde termina la Cordillera Oriental y nace la Serranía del Perijá; donde se acaba la Serranía de San Lucas y se rinde el Cauca al Magdalena, comienza la Depresión Mompoxina. A la entrada de este gran país lacustre está la isla de Papayal, y en su centro, la hacienda Las Pavas, que enfrenta a campesinos y empresarios por el título de propiedad.

Cronología violenta

Llegan los palmeros

La diligencia

Región de viejos conflictos

Las versiones de los palmeros y del Gobierno

El viejo problema del hacha versus el papel sellado, que debía haber sido resuelto con la Ley 200 de 1936, continúa enfrentando a trabajadores de la tierra y hacendados. Los primeros, 123 familias; los segundos, las firmas Aportes San Isidro y C. I. Tequendama, empresa que pertenece al Grupo Daabon, de la poderosa familia Dávila de Santa Marta. Dos de sus miembros están implicados en asuntos criminales. Eduardo Dávila Armenta pagó cárcel por exportación de coca y ahora un fiscal antiterrorismo lo investiga por el presunto delito de concierto para delinquir agravado y nexos con paramilitares de Magdalena. José Domingo debe responder por paramilitarismo como protagonista principal del Pacto de Chivolo, firmado con el cabecilla paramilitar Jorge 40 que lo llevó a la gobernación del Magdalena.


Cronología violenta


Del predio Las Pavas, municipio de El Peñón, Bolívar, fueron desalojadas el 14 de julio pasado 120 familias en un operativo conjunto del Escuadrón Antidisturbios del Ejército y la Policía. Es el último episodio de una larga disputa que comenzó el día en que Jesús Emilio Escobar Fernández apareció en escena reclamando la propiedad de las tierras que trabajaban los campesinos de tiempo atrás. Alegan que ellos son agricultores y pescadores que ocupan la zona desde que era un baldío que nadie reclamaba. Desde entonces, cultivan maíz, arroz, yuca, plátano, y pescan en las ciénagas el bocachico, el bagre, el moncholo, y capturan para consumo y venta tortugas hicotea y morrocoy. Es una comunidad simple y pacífica que ha sufrido el rigor de las armas de las guerrillas, de los paramilitares y ahora de la Fuerza Pública.

A principios de los años 90, una tarde arribó una columna guerrillera, venía a defenderlos, según dijo el comandante. Y de entrada prohibió el uso de trasmallos, la quema de rastrojeras y el uso de la dinamita para pescar; después organizó juntas de vecinos y nombró a sus dirigentes. Impuso contribuciones forzadas y voluntarias: un marrano, un par de gallinas, un ovejo. La gente se aguantó hasta cuando Nelson Bolívar, un vecino, fue acusado de ser informante del Ejército y fusilado. La gente despavorida desocupó su tierra y huyó al corregimiento de Buenos Aires, donde hoy también está. Poco a poco fueron regresando a sus tierras.

En el año 96, llegaron cinco chalupas por el brazuelo de Papayal cargadas de paramilitares pertenecientes al Bloque Central Bolívar. Venían, según anunciaron a grito herido, a limpiar la zona, y pusieron a todo el mundo a barrer y arreglar las trochas por donde los uniformados andaban en motocicletas de alto cilindraje y en rugientes 4x4. A renglón seguido, la limpieza fue contra los campesinos considerados colaboradores del terrorismo. Asesinaron a un tal William, vendedor ambulante que nadie conocía. El terror comenzó a echar raíces. Se acuartelaron en el caserío de Papayal. Por el río bajaban cadáveres descuartizados.

El señor Gustavo Sierra, mayordomo de Escobar, apoyándose en el Rápido, jefe de los paramilitares, convocó una reunión en el Aula Múltiple de la concentración escolar: “Ustedes —les advirtió el Rápido— están trabajando en tierra ajena y eso está prohibido por la ley, si no quieren ‘piso’, vivan en los playones”. (El piso es una expresión usada por los paramilitares para significar un tiro de gracia en el suelo). Pero los playones tenían dueño, y la comunidad, por segunda vez, se fue a refugiar en Buenos Aires. Pusieron la queja ante las autoridades competentes, que temblaban de miedo. Nada pasó.

En el año 2003 regresaron los campesinos a Las Pavas y sembraron matas de cacao y árboles de roble. Las compañías chocolateras prometían sostener el precio; las madereras también. Las autodefensas habían entregado armas y sus jefes estaban en las cárceles de seguridad. La persecución parecía cosa del pasado. Fue entonces cuando se rumoró que Palmas Tumaco había comprado a Escobar Fernández la hacienda Las Pavas, compuesta además por otros dos predios, Peñalosa y Si Dios Quiere. Los campesinos agrupados en la Asociación de Cacaoteros de Buenos Aires (Asocab) desde 1998, solicitaron al Incoder en 2006 declarar la extinción de dominio de la hacienda dado que su propietario, señor Escobar, no ejercía actos de dominio ni explotación económica alguna. Entonces se presentó Jesús Emilio Escobar Fernández en persona con hombres armados sin identificar, según los campesinos, que informaron de inmediato al coronel Melo de la Policía Nacional de Magangué. Pero el Grupo de Asalto enviado por el oficial llegó cuando los acompañantes de Escobar ya habían quemado los ranchos y se habían evaporado. Muchos campesinos volvieron, por cuarta vez, a encambucharse en Buenos Aires.

En 2007, un año después, Escobar vendía la hacienda a las empresas palmeras. Fue en esos días cuando llegó a Las Pavas un abogado, el doctor Danilo Palacios, a comunicar a los campesinos que pronto entrarían topógrafos, buldózeres y obreros a sembrar palma africana. Agregó el abogado que los campesinos no tenían por qué preocuparse, dado que la empresa reconocía sus mejoras y les aseguraba el desarrollo de un plan de vivienda. Mientras tanto, las máquinas preparaban el terreno, hacían drenajes, viveros y tomaban posesión de la casa de la hacienda. Sembraron 60 hectáreas con palma africana. Pero, agrega un viejo narrador conocido como el Bitácora: “Dios es grande: mandó una creciente, anegó las palmas; la empresa salió y nosotros seguimos con nuestro cacao y nuestro maíz”.


Llegan los palmeros


No alcanzaron a recoger la primera cosecha cuando regresó el doctor Palacios acompañado de seis policías a espantar a los campesinos “como se espantan gallinas con una escoba”. Ya venía a nombre de Aportes San Isidro y C. I. Tequendama, compañías palmeras del grupo Daabon, un conglomerado de empresas agroindustriales —banano, café, frutas tropicales— que cultiva, comercializa y refina productos de la palma africana. Las Pavas hace parte de un megaproyecto de alianzas estratégicas con cultivadores locales que se extendería a toda la isla de Papayal de 66.000 hectáreas. El grupo posee tierras en el Magdalena y La Guajira, y sólidos vínculos políticos: contribuyó a la elección de Juan Carlos Díaz-Granados a la alcaldía de Santa Marta y apoyó con dinero la reelección de Uribe.

Mientras tanto, el trámite de extinción de dominio se trababa en los engranajes burocráticos del Incoder, la entidad que reemplazó al Incora en el manejo de tierras.

Para rematar los enredos, el Gobierno esperaba que saliera indemne del control constitucional el arbitrario Estatuto de Desarrollo Rural que terminaría con el Incoder, razón por la que trasladó a manos de la Unidad Nacional de Tierras (Unat) todo lo relacionado con extinción de dominio. Pero la Corte Constitucional encontró vicios de trámite al no haber hecho la consulta previa con comunidades indígenas y negras. Los negocios del Incoder, o de Unat, quedaron, pues, en el limbo.


La diligencia


A pesar de ello, los campesinos insistieron. Se integraron a la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar, donde encontraron el apoyo del equipo jurídico del Programa de Desarrollo y Paz. Justo en ese momento, las empresas presentaron querella por ocupación de hecho ante la Inspección Central de Policía del Peñón. Se ordenó el desalojo de los campesinos, pero Asocab interpuso una tutela y logró anular la medida. Las empresas apelaron ante el Juez de Circuito de Mompox y sacaron en firme la orden de desalojo, sustentada más en lo procedimental que en lo sustancial. La diligencia se cumplió el pasado 14 de julio.

En la madrugada llegaron los primeros pelotones de policía; después, las unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) con sus terroríficos uniformes; luego, hombres del Ejército Nacional rodearon el área. Más tarde, en una camioneta, llegaron funcionarios oficiales con el abogado de las empresas, el célebre Danilo Palacios, y varios personajes de civil que durante el procedimiento tomaban fotos y videos.

Iniciada la diligencia, la abogada defensora de los derechos campesinos solicitó se constatara si estaban presentes todos los funcionarios exigidos por ley. El defensor de las compañías palmeras, Danilo Palacios, enfurecido, gritó que no había recurso de oposición posible y que se debía cumplir la orden de desalojo inmediatamente. El Inspector de Policía tembló ante las palabras del doctor Danilo. Intervinieron la Defensoría del Pueblo, la delegada de DD. HH. de la Presidencia, la delegada de la Procuraduría, pidieron calma.

El Inspector no sabía qué hacer, sudaba, mascullaba. Los niños berreaban, el ruido que hacían los Esmad con sus palos contra los escudos los aterraba. Había varios curas de la región y miembros del equipo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Trataron de intervenir.

Aparecieron en camionetas oficiales una docena de muchachos jóvenes contratados en La Gloria por el jefe de Policía, que se pavoneaba con su chaleco antibalas. Los civiles contratados por la Policía recibieron la orden de proceder. Estaban encapuchados. Tumbaron los ranchos de los campesinos y quemaron los materiales con que habían sido construidos. Asocab pidió tranquilidad. Se retiraron sin un grito. Era la quinta vez que debían encambucharse en Buenos Aires con niños, mujeres, perros, gallinas y marranos. La diligencia se dio por terminada. Se firmaron actas. La defensora de los campesinos dejó explícita una demanda: “El Gobierno debe pronunciarse sobre la extinción de dominio”. Las empresas palmeras, por debajo, soltaron su ofrecimiento estrella: Las envenenadas alianzas productivas. O Ley del Embudo: “El aceite para la empresa, el bagazo para los campesinos”.


Región de viejos conflictos


A fines del año 69 tuvo lugar en el Congreso un sonado debate entre el senador liberal José Ignacio Vives y el entonces ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa Camargo, que había sido el primer gerente del Incora. Vives acusó a Peñalosa de comprar 2.000 de las 12.000 hectáreas de la hacienda Bellacruz de Alberto Marulanda Grillo, comerciante caldense, por un valor superior al comercial. Peñalosa reviró acusando a Vives de tráfico de influencias a favor de otro latifundista, Manuel Ospina Vázquez. La hacienda Bellacruz, situada entre los municipios de La Gloria y Tamalameque —ambos vecinos de El Peñón— fue fundada por Marulanda adquiriendo a las buenas y a las malas mejoras de colonos. Nunca pudo probar la limpieza de sus títulos de propiedad, razón por la cual 170 familias campesinas ocuparon parte de la hacienda hasta el 14 de febrero de 1996, cuando 40 paramilitares quemaron sus ranchos y asesinaron a tres dirigentes. Desde esa fecha, 37 campesinos han sido asesinados. La Fiscalía dictó orden de captura contra los propietarios del latifundio, uno de los cuales había sido ministro de Desarrollo Económico. Hoy fue adquirido por una empresa brasileña para cultivar palma africana y piña.


Las versiones de los palmeros y del Gobierno


Las empresas palmeras Aportes San Isidro y C. I. Tequendama aducen que compraron de buena fe el predio porque en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados no había ninguna reserva. Y la Asocab alega que desde el año 2006, Incoder había constatado que los campesinos trabajaban esa tierra. Así, estos presentan pruebas incontrovertibles: en 2007, con préstamos del Banco Agrario cultivaron 216 hectáreas con maíz y sacaron 323 toneladas. Los palmeros argumentan que cuando llegaron a mirar la finca en 2004 para comprarla no vieron a nadie trabajándola. Ese año, los campesinos regresaban a Las Pavas después de haber sido desplazados a la fuerza por los hombres de El Rápido. Cuando los campesinos vieron que la palma sembrada crecía y crecía sin que el Gobierno interviniera, optaron por quejarse en la Gobernación de Bolívar y ante el Presidente de la República. Les respondió Alicia Arango, secretaria privada: “Tranquilos, su preocupación ha sido anexada al proceso de afectación, ya hay un abogado externo vigilando el negocio”. Pero los directivos de Asocab dudaban. Fueron a Bogotá, trataron de hablar con el Presidente. La respuesta fue la misma.

*Periodista, columnista, sociólogo y autor de varios libros sobre la violencia en Colombia.

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Mas de 2.00 Desplazados abandonan el parque Tercer Milenio

AFP. Aceptaron hacerlo luego de un entendimiento entre sus líderes, el gobierno y la Alcaldía, con la mediación de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Los desplazados se habían tomaron en abril para exigir ayuda
oficial luego de un acuerdo con las autoridades, informaron fuentes oficiales.

"Aspiramos a tener hoy completamente solucionada la situación", dijo a periodistas la secretaria de gobierno, Clara López.

El acuerdo logrado el jueves prevé que cada familia reciba durante tres meses unos 945.000 pesos (470 dólares) en promedio para sufragar gastos de alimentación y arriendo.

Además, antes de noviembre se le entregarán subsidios de hasta 5,5 millones de pesos (2.750 dólares) a cada grupo familiar para proyectos productivos, recursos que podrán renovar después de un año.

López explicó que el acuerdo se estableció por la "emergencia sanitaria que se estaba presentando en el sitio", en el que -de no desalojarse- podía llegar a darse una rápida propagación de nueva gripa.

Advirtió además que "no se van a admitir nuevas tomas en ninguna parte de la ciudad", adonde llegan diariamente unas 30 familias que huyen de la violencia.

Durante la ocupación, una menor de edad fue violada por policías que están siendo procesados.

El fenómeno del desarraigo afecta a más de tres millones de colombianos, según la privada Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que indica que tan sólo en el último año, 400.000 personas se incorporaron a esta estadística.

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Pacto con desplazados en Colombia no resuelve su problema

AP. Se suponía que el Parque Tercer Milenio se convirtiera en la joya del renacimiento urbanístico de Bogotá, pero sus plazas de ladrillos rojos y pequeñas colinas verdes devinieron desde marzo en el hogar de más de 2.000 víctimas del que parece ser el interminable conflicto interno armado en Colombia. Seguir leyendo el arículo

Los desplazados se atrincheraron en improvisadas tiendas de campaña en el parque, a pocas cuadras del palacio de gobierno, para demandar al presidente Alvaro Uribe el cumplimiento de fallos de un alto tribunal y la satisfacción de sus necesidades básicas.

El viernes fue anunciado un acuerdo, por el cual las autoridades prometieron entregar alimentos, dinero y puestos de trabajo para los desplazados que salgan del parque el domingo.

El pacto busca poner fin a un vergonzoso episodio, aunque grupos de desplazados afirman que el acuerdo ni siquiera es el inicio de una solución para la crisis del desplazamiento interno que dicen se ha agravado en los últimos años.
"Aquí estamos visibles", dijo Esteban, un agricultor de 33 años, y aseguró que se ha visto en dos ocasiones desplazado por la violencia; primero en la década de 1990 en Medellín, la segunda ciudad del país, y más tarde desde el este colombiano.

"Si salimos de aquí, vamos a estar en la sombra", advirtió. "El desplazamiento, los asuntos de la guerra, no existen", agregó con ironía.

Como muchos en el parque, Esteban declinó dar su apellido por seguridad.

Aquejada por más de medio siglo de conflicto en el que empobrecidos campesinos rutinariamente son sacados de sus tierras por los distintos actores armados, Colombia actualmente tiene más de tres millones de desplazados internos, según Naciones Unidas, el mayor volumen mundial el año pasado, por encima de Irak y Sudán.

Desde que Uribe llegó al gobierno en el 2002, las ciudades colombianas se han convertido en lugares más seguros y la vida ha mejorado para muchos. Pero la población desplazada ha inundado esta cosmopolita capital.

"Todos los caminos están conduciendo a Bogotá", dijo Diana Rivera, investigadora de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que junto a la Iglesia Católica lleva el seguimiento más confiable sobre el desplazamiento interno en el país.

Sólo en el 2008, más de 56.000 nuevos desplazados llegaron a la capital de ocho millones de habitantes, de acuerdo con la Codhes, el mayor número desde que el grupo comenzó hace una década a llevar los datos sobre el fenómeno. En el ámbito nacional, la Codhes reportó un aumento de 24,5% en el desplazamiento del 2007 al 2008, cuando casi 390.000 personas se desplazaron, el segundo año de incremento consecutivo.

La mayoría de los nuevos refugiados en Bogotá están ubicados en las barriadas más pobres de la ciudad, apilados con familiares y amigos en reducidos espacios como tiendas de campaña de plástico negro.

Un ley colombiana de 1997 garantiza a las víctimas del desplazamiento interno la satisfacción de sus necesidades básicas, como comida, educación y trabajo. Pero Acción Social, o la agencia presidencial que se encarga de los refugiados, afirma que simplemente carece de los fondos para encarar el problema.

Esa entidad destinó casi 500 millones de dólares el año pasado para atender a los desplazados y en los últimos siete años ha construido casas para unas 8.000 familias.

"En este momento 68 hogares, en situación de desplazamiento, cada día consiguen vivienda en Colombia", dijo Armando Escobar, director de desplazados de Acción Social.

"Pero necesitamos conseguir vivienda para 300", aclaró.

La Corte Constitucional ha reiterado en distintas ocasiones que la respuesta del estado es insuficiente, y el economista de un panel destinado a estudiar el tema, Luis Jorge Garay, calcula que costaría unos 25.000 millones de dólares compensar a todos los desplazados del país.

El acuerdo, negociado con intervención de la agencia para refugiados de las Naciones Unidas, especifica un pago de un promedio de 465 dólares por familia para comprar alimentos y otros 2.700 dólares a partir de noviembre para que puedan establecer un negocio propio.

El acuerdo no fue el primero que se alcanza con los desplazados del Tercer Milenio, quienes llegaron al parque a mediados de marzo.

En mayo, varios cientos de ellos fueron ubicados en dos albergues temporales. Muchos dijeron, sin embargo, que las promesas de trabajo nunca se materializaron.

El caso del parque es como una de las piezas del enorme rompecabezas de esta nación fracturada por el conflicto interno, donde grupos armados ilegales, de derecha e izquierda, sostenidos con las ganancias del tráfico de cocaína, están sumergidos en una guerra sucia donde los más pobres encabezan el listado de las víctimas.

En una plaza cercana, la música caribeña resuena en parlantes y Jesús Medina, de 39 años, está sentado con su hijo de dos años, Gelvis, escuchando discos de cumbia que trajo de la ciudad de Valledupar, en el norte del país.

"El canto relaja porque uno esta estresado", dijo Medina, cuya esposa estaba hospitalizada recuperándose de un aborto natural.

El ex carnicero dijo que se vio forzado a dejar sus tierras en el 2006 cuando grupos armados ilegales le presionaban para que se les uniera. "No sé si eran autodefensas (paramilitares) o guerrilla", indicó.

En otros lados, los hombres juegan cartas sobre bancas, mientras pantalones y camisetas extendidas esperaban secarse bajo el tenue sol de Bogotá. Eran "llaneros" o de las planicies del noreste del país.

En una tienda de campaña en forma de A con una mesa de madera y tres colchones para que duerman varias familias, Miguel, de 48 años, se coloca un poncho por encima de un chaleco antibalas.

Tras ser desplazado hace seis años desde el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela, Miguel dijo que les reportó a fiscales locales la presencia de unidades paramilitares. Ahí comenzaron las amenazas.

Las tiendas de campaña en Bogotá, debido a que son muy visibles, ofrecen seguridad, señaló.

"Estamos más seguros aquí en este parque", consideró.

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Imputados 9 policías por violación a una menor Desplazada

El Tiempo. Por pornografía infantil acusan a auxiliares de Policía implicados en violación en Tercer Milenio
La acusación formal de la Fiscalía contra los 9 auxiliares bachilleres de la Policía, fue de acceso carnal abusivo en menor de edad, en concurso con pornografía infantil.
La imputación de cargos fue hecha durante la audiencia ante un juez de Garantías, que comenzó este jueves a las 9:55 de la mañana, en el complejo judicial de Paloquemao.
La presunta violación de la menor, dentro del Parque tercer Milenio, donde hay una toma de desplazados, ocurrió el 14 de junio del 2009, pero la individualización de la víctima y la recepción de la denuncia, hecha por la Policía, solo se produjo el 22 de julio del 2009, según relató la Fiscalía, dentro de la audiencia.

La Fiscalía reveló que la menor tiene 12 años de edad, situación que en su concepto, agrava aún más la situación de los imputados. Según el ente investigador, de ser hallados culpables, los 9 auxiliares bachilleres de la Policía podrían recibir una condena de 12 a 20 años de prisión.

El caso fue presentado ante el juez 11 Penal del Circuito con función de garantías.

Los imputados

*
* Cristian Camilo Ruiz Perea Wilmer Ferney Pardo
* Alejandro Cañón Pachón
* Juan Fernando Salcedo
* Jeison Efrén Rueda Peña
* Jeferson Javier Garzón Pinilla
* Daniel Andrés Pinzón
* Juan David Sánchez
* Camilo Ospina

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Grupos Armados en Colombia, aumentan el reclutamiento de menores para la guerra

Cambio. Hace dos semanas, en un largo combate entre la Brigada Móvil 7 del Ejército y las Farc en Picalojo, en las selvas de Guaviare, fueron dados de baja tres guerrilleros. No eran, ni mucho menos veteranos, curtidos. Eran niños de entre 12 y 15 años. Los militares no se sorprendieron, pues en el último año han registrado el aumento de menores en las filas de la guerrilla. "Estamos viendo los resultados en los campos de batalla donde los soldados descubren entre las bajas muchos menores de edad", dice el general Jorge Ardila, jefe de Desarrollo Humano de las Fuerzas Militares".

A cuatro horas de Picalojo, en El Retorno, una madre está desconsolada porque hace tres meses las Farc le quitaron a su hijo de 12 años. Una miliciana visitó varias veces la vereda donde vivían, se reunía con los niños y fue haciendo amigos entre ellos. "Les llevaba dulces, cartillas, almuerzos -cuenta la madre-. Quería reclutarlos, les enseñaba que las Farc eran la mejor opción y muchos chiquitos pensaron que les estaban prometiendo el cielo y se fugaron con la guerrillera. Otros se los llevaron a la fuerza". Decidió que lo mejor era salir de la zona con sus cuatro hijos pero no alcanzó a salvarlos a todos. "Vinieron por el mayorcito -relata entre lágrimas-. Cuando se iba me miraba como diciéndome: 'Mami, ¡ayúdame!'. No pude hacer nada y ahora rezo para que no me lo maten".


'In crescendo'

Reclutamiento paramilitar

Los indígenas

Crimen de guerra

Según un informe de la Iglesia católica, más de 500 menores de zonas rurales de Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Vaupés fueron reclutados a la fuerza por las Farc en el último año. Y la situación se repite en Nariño y Cauca, donde las autoridades sostienen que "Están haciendo un ejército de niños". Los infantes son obligados a realizar tareas como ubicación de tropas regulares, armar y desarmar pistolas y revólveres, montar guardia en campamentos y combatir contra el Ejército. El reclutamiento de niños no es nuevo, viene dándose en forma sistemática y masiva, pese a que es un crimen de guerra por el que la guerrilla podría ser juzgada por la Corte Penal Internacional (CPI).

El promedio de edad de reclutamiento era, hasta hace poco, de 12,9 años, pero Christian Salazar, director en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, constató en una visita reciente a Guaviare y Caquetá que la edad de reclutamiento de niños está bajando. "Estamos hablando de menores de 12 años y de una edad promedio de 11,8 años -dice-. La guerrilla llega a comunidades y pide un hijo por familia, y por eso a finales del año pasado el reclutamiento fue una de las principales causas de desplazamiento porque los padres no quieren que se lleven a sus niños".

Un reciente informe de Codhes lo confirma: "El reclutamiento forzado está cambiando la dinámica del conflicto y los desplazados ahora temen represalias por no entregar a sus hijos a la guerra". Y según el informe Prisioneros combatientes (2008) de la Organización Internacional de las Migraciones, dirigido por la consultora Natalia Springer, "Si antes la población desplazada era la que usualmente servía a los grupos armados porque le quitaban los niños para sus propósitos, ahora tenemos el efecto contrario: desplazados huyendo para evitar que se lleven a sus niños".


'In crescendo'

Hace tres años, las autoridades calculaban entre 6.000 y 11.000 el número de niños combatientes. Hoy la cifra podría estar entre 14.000 y 17.000 menores, la mitad de los cuales estaría en las filas de las Farc, según un informe del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, publicado hace tres meses, en el cual Colombia figura en el quinto lugar de los países donde los grupos armados reclutan más menores de 17 años. "Uno de cada cuatro combatientes es un niño -afirma Sergio Tapia, fiscal del Tribunal-. Están utilizando niños hasta de seis años para trabajos de inteligencia, siembra de minas antipersona, transporte de explosivos". Agrega que esta cifra se dispara porque "los actores del conflicto armado mutan, se transforman en bandas criminales, se retroalimentan con alianzas y operan como carteles del narcotráfico".

Según ese Tribunal, el riesgo de reclutamiento de menores no solo es muy alto en el sur y oriente del país, también en Chocó, Antioquia, Córdoba, Santander, Cundinamarca y Valle, y en zona deprimidas de las grandes ciudades. Unicef sostiene que en 31 de los 32 departamentos hay reclutamiento forzado y que, en promedio, los niños permanecen más de dos años en las filas de los grupos ilegales.

En marzo pasado, la ONU reveló en su consejo de seguridad un informe que documenta varios casos que ilustran la magnitud del problema. "En muchos casos, los grupos armados han torturado o matado a niños por haberse resistido al reclutamiento o por intentar escaparse" (ver informe completo en Recursos relacionados). La mayoría de los menores terminan en sus filas por intimidación y en menor porcentaje para buscar sustento económico, pero de todas maneras el factor común es la pobreza, la falta de oportunidades. Así lo revela el informe Prisioneros combatientes: "Más del 50 por ciento de los entrevistados reportó no tener oportunidades de acceso a la tierra, estudio o dinero". Y un informe de la Defensoría del Pueblo sostiene que las precarias condiciones económicas y sociales -violencia doméstica, abusos, maltrato, violación, imposibilidad de empezar o seguir estudios-, y factores psicológicos -influencia de otros niños, propaganda- llevan a algunos menores a "reclutarse voluntariamente, entre comillas".

Las Farc están cobrándole a la población civil los reveses militares de los últimos tres años, sostienen sendos informes de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, realizados en 2008 y 2009. "Desarrollan formas de reclutamiento individual y masivo, que incluye niños, niñas y adolescentes, para suplir bajas y deserciones -dice el informe de Codhes-. Están cobrando sus derrotas militares con la población civil, dadas las retaliaciones por supuestos o reales casos de delación o información a las autoridades".

CAMBIO recorrió varias poblaciones de Guaviare. Allí las autoridades sostienen que tres guerrilleros se desmovilizan cada día. Para suplir esas deserciones, las Farc se llevan dos niños. En Calamar, El Retorno, San José y Miraflores, la guerrilla hizo un censo en las veredas. "Tienen censados cuántos niños están en la escuela, cuántos son raspachines, cuántos adultos hay, cuánto ganan los campesinos, cuántas escuelas y hectáreas de tierra hay", le dijo a CAMBIO un líder comunitario.

Pedro Arenas, alcalde de San José del Guaviare, sostiene que "instructores milicianos tratan de llevarse 'por las buenas' a niños y adolescentes, muchachos de entre 12 y 14 años de hogares numerosos", y señala que cuando las Farc saben que hay mucha pobreza "empiezan a prometer cosas o se los llevan a la fuerza si se resisten".

También hacen visitas a las escuelas. "Los profesores tienen que 'comer callados' porque ellos no piden permiso -afirma el sacerdote Luis Grajales, director del Hogar del Niño y la Niña Adolescente que acoge a infantes desplazados que huyeron del reclutamiento-. Simplemente llegan, se presentan y les enseñan a los niños 'las bellezas de la guerra' y como por su corta edad no pueden entender el riesgo que corren, se van con ellos, y a los que se resisten y quieren quedarse, los amenazan con matarlos o con matar a sus padres o hermanos. Presionado, el niño termina con camuflado".

Pero hay historias que pocos pueden contar, que son la excepción. Es el caso del colegio José Miguel López Calle, de la vereda El Capricho, a dos horas de San José. La guerrilla intentó convencer a 100 pequeños de ingresar a sus filas, pero la directora impidió que se los llevaran. "Ella está lejos de la vereda pero los niños están a salvo porque luego del incidente todo el pueblo protestó y pidió que dejaran en paz a los pequeños y las Farc desistieron de ese propósito", relata el sacerdote.

Héctor López, defensor del Pueblo en Guaviare, dice que es imposible establecer el número de niños y adolescentes que están en las Farc. "La gente tiene miedo de denunciar y muchas mamás temen que si cuentan que su hijo está en las Farc, el Ejército las señale de auxiliadoras de la guerrilla -explica López-. Aparte de que se les llevan los muchachos, someten a las familias a la ley del silencio".

Además, queda prácticamente roto el contacto entre el menor reclutado y su familia. "Según relatos de niños que pudieron huir de las Farc, al ser reclutados abandonan hasta su identidad, les asignan un nuevo nombre o alias, y los comandantes guerrilleros se convierten en sus nuevos padres -explica el defensor-. Otros buscan de vez en cuando a sus familias, pero siguen como esclavos".

Escapar de la guerrilla es difícil y quienes logran hacerlo por lo general ya son mayores de edad que presentan graves trastornos psicológicos. Según el ICBF, hasta junio de 2009 han desertado 4.032 menores de los grupos armados, de ellos 415 el año pasado. El 27 por ciento son niñas y el 73 por ciento niños. Todos están bajo protección del Instituto. Muchos otros no han corrido con la misma suerte: en los últimos 10 años, 6.410 niños murieron en combates con el Ejército, según la Defensoría.

Para salvar a sus hijos de ser reclutados, los padres los dejan en internados o en hogares especiales que cuentan con el apoyo de Pastoral Social de la Iglesia católica, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Programa Mundial de Alimentos. Otros terminan en campamentos de desplazados o en casas de familiares.

"Desde hace tres años tomé una decisión con mis niños: cuando van a cumplir 10 años los subo en un bus y los mando a vivir donde familiares en Bogotá -le contó a CAMBIO una madre-. Así he salvado a tres". Para muchos padres, la separación, no volver a ver a sus hijos es lo mejor. Mientras tanto, muchas otras lloran en silencio a los hijos que les arrebataron las Farc.


Reclutamiento paramilitar

El reclutamiento de niños fue práctica común de las Auc y ahora de las bandas emergentes. "Nuevos narcoparamilitares necesitan mano de obra más barata, y la más fácil de explotar, usar y eliminar son los niños", dice el informe de Codhes. Fredy Rendón Herrera, 'el Alemán', ex jefe del bloque Élmer Cárdenas, admitió haber tenido en sus filas a 358 menores, pero sólo entregó cuatro. Decenas de familias en Turbo y Apartadó, Antioquia, desconocen el paradero de sus hijos reclutados por las Auc con mentiras. El caso está en manos del Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza y del consejo de seguridad de la ONU.



Los indígenas

Estos menores no escapan al problema. En Barrancón, a 20 minutos de San José, 200 indígenas desplazados de la etnia hiw (guayaberos) viven hacinados desde hace un año cuando las Farc los sacaron de la selva de Macuare. "Nos declaramos en resistencia y nos mataron a dos -cuenta Antonio, capitán de la maloca indígena-. Para que no pudiéramos salir nos rodearon con minas". En la huida explotaron minas y murieron tres niños de ocho meses, 3 y 4 años.

En Vaupés, un reporte del Consejo Regional Indígena dice que 42 menores de las 24 etnias fueron reclutados por la guerrilla. Los cubeo y los yuruti son los más afectados, con 19 y 11 casos respectivamente. "Los reclutadores abordan a los jóvenes en las fiestas de sus comunidades y les prometen zapatos, comida, ropa y dinero. En el transcurso de la noche, cuando están en la toma de la chicha, les hacen prometer el ingreso a sus filas y vuelven al día siguiente a llevarlos; en caso de negativa, amenazan a la familia".



Crimen de guerra

El Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza pidió a la comunidad jurídica internacional que Colombia sea el segundo proceso en el mundo sobre reclutamiento de niños -después del juicio contra el congoleño Thomas Lubanga- y que lo presente a la oficina del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de guerra, según lo contemplado por el Estatuto de ese tribunal.

La petición busca prevenir los crímenes contra la Humanidad en las futuras generaciones de niñas y niños de Colombia y si la CPI decide abrir el capítulo Colombia sobre el reclutamiento de menores de edad sería histórico. El artículo 1º del Estatuto de Roma dice que la CPI está "facultada para ejercer jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional".

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Santa Marta, tercera ciudad con más desplazados

Hoy. La oficina de Población Vulnerable dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Durante el último año, Santa Marta llegó a constituirse en la tercera ciudad receptora del país de desplazados, después de Bogotá y Medellín, presentando igual situación que las otras ciudades, donde la mayor parte de la población se concentró en el sector urbano, en esta capital, la población se ubicó en barrios como 11 de Noviembre, Chimila, Divino Niño, Ondas del Caribe, Taironita, Fundadores, Luis Carlos Galán, Luis R. Calvo, Bonda, Los Cardonales, Altos de Bahía Concha, San Fernando, Nacho Vives, sectores alrededor de la vía férrea, entre otros.


Las víctimas de este fenómeno social son en su mayoría desplazados por la violencia, que se da por ataque directo para obtener propiedades y terrenos o por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, en busca de dominio de una zona o territorio.

De Bogotá, Antioquia y Santander, provienen los menores de edad y mujeres en su mayoría; de Bolívar, los afrodescendiente; y de la Sierra Nevada de Santa Marta, los indígenas. Todas estas personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas, tierras, cultivos, animales y cultura para salvar sus vidas y han establecido su lugar de residencia en las grandes ciudades, donde construyen sus casas en sitios de alto riesgo como los cerros y rondas hidráulicas, lo que les acarrea inconvenientes sobre todo en época invernal.
La oficina de Población Vulnerable de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, dentro del Plan Único Integral contempla la atención a esta población a través de los programas Familias en Acción, Red Juntos, Unidad de Atención y Orientación al desplazado, UAO, y Atención Funeraria.

Mediante el programa Familias en Acción, entrega subsidios a madres cabeza de familia para la nutrición o la educación de los niños menores de edad que pertenezcan al núcleo, pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, en condición de desplazamiento o indígenas. El programa otorga un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas.

Adicionalmente, las familias tienen la oportunidad de mejorar condiciones básicas como la identificación, adoptando un sistema a través de entidades financieras para el pago de los subsidios a los beneficiarios. El valor total del subsidio en este Programa de Transferencias Condicionadas depende del grado de cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad, además incluye un proceso formativo.

La Red Juntos, que busca superar la extrema pobreza, es una estrategia de intervención integral y coordinada de los diferentes organismos y niveles del Estado, que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias en situación del Sisbén nivel 1 y de los desplazados, y pretende lograr que estas familias puedan generar sus propios ingresos de manera sostenible.

El objetivo del programa que se ejecutará en el Distrito, por medio de la corporación Minuto de Dios, incluye el acompañamiento familiar y comunitario, contribuirá en el acceso preferente a los programas sociales y servicios del Estado y fortalecerá el sistema de protección social local.

La Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada, UAO, tiene como propósito atender de manera oportuna y efectiva a los afectados por el fenómeno, a través de este centro de servicio constituido en conjunto con la Red de Solidaridad Social, administraciones departamentales, municipales y distritales, Ministerio Público, Secretaría de Educación y Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Cajamag, Ejército Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.


“Esta población viene a la oficina dentro del marco de un convenio entre la Alcaldía Distrital y una institución que se encarga de los procedimientos para atender ese tipo de situación. Existe un programa para la atención de ellos, que implica unas condiciones” aseguró Carlos Ortiz Ruiz, coordinador de Población Vulnerable.

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