"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes"

"Afecta -además- la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación" por sus crímenes, agrega la CIDH.

"La extradición impedirá la investigación y el juzgamiento de graves crímenes", "cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad" e "interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares", de acuerdo con el organismo hemisférico.

El siguiente es el texto del comunicado:

Washington, 14 de mayo de 2008 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la extradición de líderes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que limita seriamente el esclarecimiento de graves crímenes perpetrados durante el conflicto armado en Colombia.

El martes 13 de mayo, el Estado informó sobre la extradición a los Estados Unidos de 14 líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, "Jorge 40" y "Don Berna" para ser juzgados por delitos de narcotráfico. Las personas extraditadas se habían acogido a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, destinada al juzgamiento de los crímenes cometidos contra la población civil por miembros de grupos armados al margen de la ley en Colombia.

La Comisión observa que esta extradición afecta la obligación del Estado colombiano de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares. La extradición impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes por las vías establecidas por la Ley de Justicia y Paz en Colombia y por los procedimientos criminales ordinarios de la justicia colombiana. También cierra las posibilidades de participación directa de las víctimas en la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto y limita el acceso a la reparación del daño causado. Asimismo, este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares.

La CIDH ha dado estrecho seguimiento al proceso de desmovilización en Colombia desde su inicio, con base a un mandato del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a sus competencias conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este marco, ha expresado en numerosas oportunidades la importancia de que el Estado garantice el derecho de las víctimas del conflicto armado a la verdad, la justicia y la reparación.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

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Desplazados del Guaviare continúan siendo amenazados

Por Camilo Raigozo

Bogotá (Semanario VOZ). La Asociación de Población Desplazada del Guaviare, Aspodegua, denunció ante la comunidad nacional e internacional, los organismos de control del Estado y las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el trato degradante que reciben de parte del gobierno al momento de exigir sus derechos como personas desplazadas, procedentes de diferentes zonas del departamento de Guaviare, por la estrategia paramilitar, los combates entre el ejército y la guerrilla y las fumigaciones indiscriminadas.


Así mismo, la población desplazada del Guaviare denunció que las amenazas continuaron en la ciudad de Bogotá a donde han llegado en busca de refugio.

Desde marzo de 2006 Aspodegua le ha venido pidiendo con insistencia al gobierno del presidente Uribe que les brinde a sus asociados las garantías mínimas para poder retornar a sus territorios, sin el riesgo de ser asesinados. Según la denuncia hecha a VOZ, una y otra vez el gobierno ha prestado oídos sordos al clamor de los campesinos, razón por la cual continúan condenados a vivir en los cordones de miseria de las ciudades, principalmente en la capital del país.

“En vez de encontrar soluciones adecuadas para el retorno, la población desplazada del Guaviare nos sentimos seriamente amenazados”, argumentan los voceros de la asociación campesina. El 5 de julio del año pasado, uno de los directivos de Aspodegua, Arcángel Cadena Tavera, se salvó milagrosamente de un atentado que le tendieron sujetos extraños en las oficinas de la organización ubicadas en el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.

En noviembre del mismo año, días previos a las deliberaciones del Tribunal Internacional de Opinión, al cual fue invitado Aspodegua, Fanny Ladino, desplazada y dirigente del Departamento de Mujeres de la Coordinadora de Desplazados en Bogotá, recibió amenazas de paramilitares denominados “Águila Negras”, amenazas extendidas a todas las organizaciones de desplazados.

La noche del 6 de marzo de este año, luego de finalizada la exitosa marcha contra el paramilitarismo y en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, fueron violentadas las puertas de las oficinas donde operan Aspodegua, la Coordinación de Desplazados de Bogotá, CND, la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Fenacoa y la oficina de la abogada Ana Tulia Aponte, gestora de programas de producción agropecuaria. De las cuatro oficinas fueron hurtados los discos duros de los computadores donde estaban guardados los archivos y demás documentos y datos referentes a la población desplazada.

Después de la realización de la marcha del 6 de marzo las organizaciones de población desplazada han visto como se intensificaron los hostigamientos y amenazas en su contra, por lo que sus miembros hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional, a las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y a los entes de control del Estado, para que presten su vigilancia y protección contra las posibles masacres y asesinatos a los que están permanentemente expuestos.

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"movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “para"

por Carlos Lozano
Bogotá, mayo 13 (Semanario VOZ). Al cierre de esta edición, en la madrugada de hoy martes 13 de mayo, por decisión del Gobierno Nacional fueron extraditados a Estados Unidos trece de los principales capos del paramilitarismo, acogidos a la ley de justicia y paz, encabezados por Salvatore Mancuso, “Don Berna”, Jorge Giraldo, Jorge 40 y “Cuco Valoy”, entre otros, en una jugada que los analistas no terminan de descifrar.

La extradición fue sorpresiva. Los abogados ni siquiera fueron notificados de la misma y no se les permitió el acceso a la base militar de Catam de donde fueron enviados en aviones de la DEA a los Estados Unidos. La decisión, acordada con el gobierno de Washington, se precipitó en medio de la crisis política del país y de un gobierno con serios problemas en el exterior, debido a la “parapolítica”, a las contundentes denuncias de Yidis Medina que dejan en tela de juicio la legalidad de la reelección y de las explosivas declaraciones a El Espectador del lunes 12 de mayo del embajador de los Estados Unidos, en donde reconoció que la base militar de Manta, Ecuador, sería trasladada a territorio de la Guajira en la vecindad de la República Bolivariana de Venezuela.

De esta manera el Gobierno Nacional acabó de un tajo con el precario proceso de la ley de justicia y paz, lo cual deja en vilo cualquier posibilidad de verdad y reparación de los múltiples crímenes de los grupos paramilitares con evidentes nexos con políticos tradicionales hoy en el uribismo. Es una manera, según dijeron voceros de las víctimas, de correr cortinas de humo ante la grave crisis del país y también de silenciar las graves delaciones que estaban haciendo algunos de los jefes paramilitares en el marco de las audiencias de justicia y paz. Varios de los extraditados eran los “testigos estrellas” en los juicios de la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía contra los acusados de la “parapolítica”. Estos procesos sufrirán mengua en la parte probatoria, porque no es seguro que desde Estados Unidos continúen los testimonios y las revelaciones.

“Los han callado”, dijo un integrante del Movimiento Nacional de Víctimas, “por ejemplo, aseguró, ¿en qué quedan las acusaciones de Salvatore Mancuso al vicepresidente Francisco Santos Calderón de haberlo presionado para crear el Bloque Capital de las AUC?”.

La movida de Uribe Vélez es habilidosa. Por ahora desvía el debate hacia otro tema, aunque será difícil que se quiete de encima el estigma de la “parapolítica” y de los vicios de la reelección lograda con votos comprados.

Falta ver si algunos de los jefes paramilitares prenden el ventilador ante las cortes norteamericanas y cuentan todo lo que no han querido decir en Colombia. Lo que si es seguro es que se llevan muchos secretos no contados y que intranquilizan a más de uno en Colombia.

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