Semana"No estoy de acuerdo con que a mí me digan 'el monstruo de Urabá' y al general Rito Alejo del Río lo llamen 'el Pacificador'", dijo Éver Veloza, el ex jefe paramilitar conocido como 'H.H.', en una de sus audiencias ante fiscales de Justicia y Paz, el 3 de junio de este año.
Su frase fue el preámbulo de la cruda descripción que el ex jefe de los bloques Bananero y Tolima de las Auc hizo sobre la criminal alianza entre sus escuadrones y la XVII Brigada del Ejército, entre 1995 y 1997, cuando la unidad militar estaba a cargo del general Del Río. Fueron los tiempos en que por los ríos Atrato y Cauca bajaban los cadáveres de las víctimas de una ofensiva sin antecedentes en las zonas de colonos en los límites de Antioquia y Chocó.
Pero además de las afirmaciones, 'H.H' -ad portas de ser extraditado a los Estados Unidos- lanzó una serie de preguntas: "¿Dónde está ese 'pacificador' que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción? ¿Dónde está el 'pacificador' que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio? ¿Dónde está el 'pacificador' que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de sus cuarteles?". Un tenso silencio se apoderó de la sala donde las víctimas seguían la sesión, en el edificio José Félix Restrepo, principal sede judicial de Medellín.
Era el segundo testimonio contra el general Del Río. El primero lo había dado Salvatore Mancuso en mayo de 2007, cuando se refirió al General como uno de los 'jinetes' de un proyecto que, según él, convirtió el paramilitarismo en una política de Estado.
En las actas de las primeras audiencias, Mancuso se refirió a Del Río como un interlocutor directo de Carlos Castaño e incluso narró algunos de los encuentros periódicos que tenían con el propósito de hacerle seguimiento a la estrategia diseñada en forma conjunta para "limpiar" a Urabá de focos guerrilleros, y en desarrollo de la cual campesinos y colonos fueron asesinados o expulsados y sus tierras utilizadas para proyectos de palma africana.
Testigos de cargo
El epicentro de las reuniones era la finca La 21, en San Pedro de Urabá. En ellas, según Mancuso, Castaño siempre estuvo acompañado por él mismo y por Freddy Rendón, 'el Alemán'. Y en cuanto a Del Río, dijo que "llegaba en helicóptero civil, pero siempre se presentaba uniformado". También afirmó que los miembros del 'estado mayor' de Castaño visitaron varias veces las oficinas de comando del general Del Río en Carepa. Y agregó: "Yo era uno más dentro de esa brigada".
Mancuso y 'H.H' coincidieron en una versión según la cual Del Río, con mapas de campaña y órdenes de operaciones en mano, les indicaba las áreas donde los hombres de las Auc podían concentrar sin problemas a los reclutados y aquellas donde podían habilitar centros de entrenamiento o actuar a sus anchas.
Las versiones de los dos ex jefes paramilitares son piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamindó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, en la época aciaga en la que Del Río estuvo al frente de la Brigada XVII, y que hasta ahora han estado en la impunidad.
Un equipo especial de investigadores de la Fiscalía ha verificado más del 80 por ciento de los relatos. "La carga crítica de evidencias que hemos acumulado nos permite pensar razonablemente que Del Río muy pronto tendrá que darle la cara la Justicia", le dijo a CAMBIO uno de los fiscales. Según varias ONG defensoras de los Derechos Humanos sería una forma de enmendar un error histórico: el archivo del proceso que en 2001 llevó al General transitoriamente a la cárcel.
Regresa el pasado
En el seno del Gobierno hay inquietud y preocupación, y no es para menos. Para nadie es un secreto la cercanía que tuvo el presidente Álvaro Uribe con Del Río, cuando él era gobernador de Antioquia y el General comandaba la Brigada XVII con sede en Carepa (11 de noviembre de 1995 - 16 de diciembre de 1997).
Un punto de referencia obligado de esa relación tiene que ver con el homenaje de desagravio que en 1999 le ofrecieron sectores de la derecha antioqueña a Del Río, en el Hotel Tequendama de Bogotá, poco después de que el presidente Andrés Pastrana lo retirara del servicio activo y el Gobierno de los Estados Unidos le cancelara la visa, y en el cual Uribe fue el orador principal.
En 2002, cuando Uribe llegó a la Presidencia, Del Río se convirtió en una especie de asesor especial del DAS y en esa condición se desempeñó hasta cuando diferencias irreconciliables con el entonces director del organismo, Jorge Noguera, lo llevaron a marginarse de la entidad.
Hasta ahora, el General (r) se había escudado en la preclusión de un proceso por promoción y fomento de grupos paramilitares y concierto para delinquir. La decisión fue tomada en 2004 por el entonces fiscal general Luis Camilo Osorio -hoy embajador en México e investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara-, quien en la misma semana en que asumió el cargo en agosto de 2001, cambió la cúpula de la Unidad de Derechos Humanos y frenó el proceso contra el General, proceso que finalmente ordenó precluir. La decisión fue duramente criticada por organismos internacionales de derechos humanos.
No obstante la preclusión, el pasado parece volver para pasarle cuenta de cobro al General con pruebas diferentes a las que antes obraban en su contra. Con el concurso de los desmovilizados, la Fiscalía ha logrado reconstruir acciones criminales en que los responsables aparecen con nombre propio: Mancuso, 'H.H.' y Diego Rivera, quien estuvo bajo el mando de Castaño. Los tres han revelado operaciones conjuntas con Del Río.
Por otra parte, pocos días antes de que la Corte Suprema de Justicia diera el visto bueno a su extradición, 'H.H.' pidió a los fiscales de Justicia y Paz oír otros testimonios que servirían para confirmar la complicidad del General en la masacre de Mapiripán, cometida por los paramilitares entre el 15 y el 20 de julio de 1997. El ex jefe paramilitar asegura que uno de sus compañeros, Elkin Casarrubia, 'el Cura', está en capacidad de contar en detalle cómo las tropas de Del Río protegieron la salida de los dos aviones en que los autores de la masacre viajaron de Carepa hasta Mapiripán, Meta.
Otro testigo que podría recobrar todo su valor es el coronel (r) Carlos Alfonso Velásquez, quien fue jefe de Estado Mayor de la Brigada XVII cuando Del Río estaba al mando. Velásquez le dijo a CAMBIO que aún conserva copias de las cartas que en su momento envió a la cúpula militar en las que denunciaba que su superior inmediato trabajaba con los paramilitares.
Ocurrió el 31 de mayo de 1996, cuando Velásquez les informó a sus superiores, los generales Manuel José Bonnet y Harold Bedoya, que el general Del Río apoyaba a los paramilitares que operaban en esa zona y se negaba a perseguirlos pese al creciente número de asesinatos atribuidos a las fuerzas contraguerrilleras de extrema derecha.
"No existe en el señor Brigadier General, comandante de la Brigada XVII, el convencimiento de que la delincuencia organizada (llamados por la gente de la región paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá. Esto en mayor o menor proporción se irradia en los subalternos de acuerdo con el grado de formación profesional", dijo Velásquez en el mensaje a Bedoya.
Unos días después, el inspector del Ejército, general Norberto Adrada, revisó el caso y concluyó que Velásquez debía ser retirado del cargo. "El asunto era tan grave en Urabá que normalmente un comandante duraba un año en su cargo y Del Río fue el único que estuvo dos -recuerda Velásquez-. Al final de ese año Del Río fue condecorado por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, porque lo consideraban el pacificador de Urabá".
Velásquez asegura que hasta ese momento tenía una carrera militar excelente y lamenta que en Urabá solo se pudiera trabajar bajo dos condiciones: "Hacerse el de la vista gorda o trabajar con los paramilitares. Yo percibía una conducta omisiva en el general Rito Alejo del Río. Siempre que le planteaban temas de paramilitarismo sacaba el cuerpo".
Con Velásquez fuera del camino, el 24 de febrero de 1997 el general Del Río puso en marcha la operación 'Génesis' con los batallones Fuerzas Especiales 1 y Contraguerrilla 35. Se trataba de la acción militar más ambiciosa en Urabá e implicó bombardeos y destrucción de asentamientos de población civil, en Chocó, donde hubo un desplazamiento masivo de más de 4.000 pobladores hacia Turbo y Pavarandó (Mutatá). La idea, según Del Río, era pacificar a Urabá y acabar con los asentamientos guerrilleros. Sin embargo, miles de civiles fueron los que padecieron las consecuencias.
Pero los cuestionamientos vinieron después cuando algunas autoridades, entre ellas la ex alcaldesa de Apartadó Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo denunciaron que en algunas de estas acciones, las tropas al mando del general Del Río actuaron en connivencia con los paramilitares, peor aún en una cadena de masacres que vinieron después en el Urabá antioqueño y chocoano.
Comisiones nacionales e internacionales visitaron al general Del Río en las instalaciones de la Brigada XVII, en Carepa, para pedirle explicaciones sobre la plena libertad de movimiento de que gozaban los paramilitares en los territorios bajo su control, recibiendo siempre como respuesta que "no estaba enterado de que en la región existieran grupos paramilitares".
Durante casi todo 1997 un grupo de paramilitares montó un retén sobre la carretera que desde la ciudad de Apartadó conduce al corregimiento de San José de Apartadó, a tres minutos de la Base Militar acantonada en el barrio Policarpa. A pesar de los numerosos crímenes allí perpetrados, no hubo ninguna medida que restringiera sus actividades. En ese retén fueron asesinados y desaparecidos varios pobladores de San José de Apartadó, según precisa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde cuando empezó el proceso de Justicia y Paz muchos esperaban que salieran a relucir los nombres de militares y policías que actuaron en complicidad con las Auc.
Pero salieron a flote las alianzas de los paramilitares y los políticos y por ello el tema de la Fuerza Pública quedó stand by y solo hasta hace poco tiempo los militares empezaron a salir a escena. Aún a cuentagotas el país y la comunidad internacional empiezan a conocer hasta dónde llegó la connivencia entre la Fuerza Pública y las Auc.
La Fiscalía investiga nuevamente al general Rito Alejo del Río y ha abierto expedientes contra otros oficiales. ¿Será posible conocer por fin la verdad sobre el oscuro vínculo de miembros de las Fuerzas Militares y la Policía con los paramilitares en algunas regiones del país?
CON LUPA INTERNACIONAL
La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que en marzo de 2004 el fiscal general Luis Camilo Osorio anunció que no formularía cargos contra el general Rito Alejo del Río quien era investigado por su presunto apoyo a paramilitares que habían atacado pueblos, ejecutado a líderes civiles locales y provocado el desplazamiento masivo y el grave sufrimiento de miles de habitantes del norte de Colombia entre 1995 y 1997.
Según HRW, en ese momento las pruebas contra el general Del Río eran lo suficientemente convincentes como para hacer que el entonces presidente Andrés Pastrana lo destituyera en 1998.
En 1999 el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa de entrada a ese país basándose en la existencia de pruebas fiables que lo implicaban en el "terrorismo internacional", entre otros crímenes. Sin embargo, el alto oficial no tenía procesos en Colombia.
LA CRUZADA DEL SACERDOTE JAVIER GIRALDO
El jesuita Javier Giraldo, lleva 25 años trabajando en la defensa de los derechos humanos y su contacto con comunidades afectadas por la violencia lo puso de frente al fenómeno paramilitar que, según él, tiene origen en el mismo Estado. Para él no hay duda de que las Fuerzas Militares participaron o se hicieron los de la 'vista gorda' con los paramilitares en el Magdalena Medio y Urabá, y considera que el caso de Rito Alejo del Río es un monumento a la impunidad.
Giraldo trabajó en el Urabá antioqueño en 1996 como miembro de la Comisión de Justicia y Paz, y apoyado en testimonios de campesinos de la región, sostiene que las tropas del general Del Río, entonces comandante de la Brigada XVII del Ejército, trabajaban de la mano con los paramilitares de la zona. En 2002, cuando la Fiscalía abrió investigación contra el militar, se presentó con el fin de hacer parte del proceso y entregó documentación valiosa y testimonios sistematizados de siete comunidades del Urabá antioqueño y el norte del Chocó, en la jurisdicción de la Brigada XVII.
Ha liderado ante la Justicia tres casos que de nuevo han cobrado vigencia: la presunta connivencia entre las tropas de los generales Rito Alejo del Río y Farouk Yanine con los paramilitares, y la participación de militares en la masacre de San José de Apartadó, Urabá.
OTROS CASOS
La Rochela. El 3 de marzo de 2008, la Corte Suprema de Justicia ordenó reabrir la investigación contra el general (r) Farouk Yanine Díaz por su supuesta participación en la masacre de 19 comerciantes, el 6 de octubre de 1987, cerca de Puerto Araújo, Santander.
Yanine era entonces comandante de la V Brigada y de la II División del Ejército, en Bucaramanga, y tenía bajo su jurisdicción a los batallones del Magdalena Medio. 'El Negro Vladimir', un confeso paramilitar que participó en la masacre, lo involucró en los hechos pero el General (r)fue exonerado años atrás por la Justicia Penal Militar.
San José de Apartadó. El 15 de marzo de 2008, la Fiscalía ordenó la captura de 15 miembros del Ejército por el asesinato, el 21 de febrero de 2005, de 11 personas, entre ellas tres niños, de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La decisión se basó en el testimonio del ex paramilitar Jorge Luis Salgado, quien declaró que la masacre tuvo el apoyo de las Auc.
Nexos con 'Jorge 40': El 4 de agosto de 2008, la Fiscalía ordenó la detención del coronel Hernán Mejía Gutiérrez y del teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por concierto para delinquir agravado. Según la investigación, entre enero de 2002 y diciembre de 2003, Mejía Gutiérrez, en su condición de comandante del Batallón La Popa de Valledupar, y el entonces mayor Ruiz Mahecha, se habrían reunido con el jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40'. También los investigan por los asesinatos de Carlos Alberto Pumarejo Lopesierra y Edwar Cáceres Prado, que fueron reportados como muertos en combate.
Masacre El Aro: En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la masacre de 15 campesinos en El Aro, Ituango, ocurrida el 18 de octubre de 1997, en la que participaron militares y paramilitares. En el fallo, lo consideró responsable de la masacre por acción, pues se demostró que participaron miembros del Ejército que recibían órdenes del entonces comandante de la IV Brigada, general Alfonso Manosalva, ya fallecido. Salvatore Mancuso señaló en versión libre, en enero de 2007, que se reunió con el general en las instalaciones militares para planear la masacre.
