Rafael García, el antiguo jefe de informática de la Central de Inteligencia de Colombia, hizo su acusación ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso criminal contra el senador Luis Eduardo Vives, por supuestos nexos con los paramilitares.
Esas denuncias podrían extender la grave crisis que vive el Congreso por la encarcelación de decenas de legisladores a otras esferas del Estado.
"Le quiero pedir a la Fiscalía que llegue hasta el fondo e investigue porque el Congreso no es la única institución penetrada por los paramilitares," afirmó.
García, quien está preso por borrar antecedentes criminales de narcotraficantes y paramilitares, mencionó como instituciones infiltradas a los ministerios del Interior, Comunicaciones, Agricultura, Relaciones Exteriores, de Transportes y del Medio Ambiente.
También nombró al Consejo Superior de la Judicatura, a una empresa de seguridad social, a una entidad ambiental, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Armada, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a la Industria Militar y a la Procuraduría.
García fue quien denunció los vínculos de congresistas con paramilitares, lo que desató una investigación criminal conocida como la "parapolítica" que mantiene en la cárcel a 29 legisladores, mientras que otros 32 son investigados y podrían terminar en prisión, según fuentes judiciales.
La mayoría de legisladores investigados y en la cárcel son aliados del presidente Alvaro Uribe, quien pese al escándalo y a la crisis, descartó la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.