POSCONFLICTO
"El conflicto es un tema prácticamente concluido. Ya tenemos unos temas de lo que se llama posconflicto (...) hay zonas en donde los temas que a mí me interesan para desarrollar el análisis, como Farc, Eln y paramilitarismo, están superados completamente. Y en otras, aunque no están superados, ya no son el problema principal. (...) Lo que tenemos que decir es: 'Nosotros no tuvimos guerra civil, nosotros tuvimos fue una amenaza terrorista no enfrentada'".
Rafael Pardo, ex ministro de Defensa:
"Entrar en la discusión de si hay conflicto o posconflicto no tiene sentido, es una discusión inútil. El punto no es la retórica sino la realidad: hay regiones en conflicto, que no es lo mismo que una guerra civil".
Alfredo Rangel, Pte. Fundación Seguridad y Democracia:
"No podemos decir que ha concluido el conflicto armado, porque aún las guerrillas tienen una capacidad significativa para desestabilizar y hacer daño, y es preocupante el surgimiento de grupos emergentes. Aunque ha avanzado en la recuperación de la seguridad, lo cual nos pone ad portas del comienzo del fin del conflicto, no hay una situación de plena normalidad".
Carlos Eduardo Jaramillo, ex asesor de Paz:
"No puede hablarse de posconficto porque el conflicto está prácticamente vivo. El mismo Gobierno confunde, pues el Plan Colombia está vigente e invierte el 6 por ciento del PIB en seguridad y eso solo ocurre en un país en guerra".
CONFLICTO ARMADO INTERNO
"Nosotros hemos dicho que Colombia no tiene conflicto interno armado y entonces voy a explicar que es una cosa técnica. Es que el Derecho Internacional Humanitario desarrolló un concepto de guerra interna o de conflicto armado interno para distinguirlo de los conflictos armados entre países. Entonces cuando dice el Presidente 'nosotros no tenemos conflicto armado interno', está diciendo que los elementos con los cuales se define la existencia de un conflicto armado interno en Colombia no existen: primero, la existencia de un partido político en armas. ¿Cuál partido político en armas? O la existencia de un movimiento político o social o económico. Segundo, el control territorial, pero no control territorial en el sentido de que yo estoy en la selva".
Augusto Ramírez, ex canciller:
"El conflicto no puede negarse. Si no hubiese conflicto no habría oficina del Comisionado de Paz, ni el Gobierno habría intentado acercamientos con grupos alzados en armas, ni negociado con las Auc. Tampoco habría Ley de Justicia y Paz. Además, basta con mirar el número de víctimas, el número de confrontaciones armadas entre las fuerzas del Estado y las irregulares: superan el rango de muertos que algunos académicos tienen en cuenta para definir un conflicto".
Escuela de Cultura y Paz de la Universidad de Barcelona:
"En Colombia no solo hay conflicto armado interno sino que es el más duradero y sostenido en la actualidad en el mundo. A eso hay que añadir el fenómeno de la producción y exportación de droga, y el reciente surgimiento de nuevas estructuras paramilitares vinculadas al narcotráfico, que ha hecho más complejo el conflicto en el que la población civil es la principal víctima" (Informe 2008).
Alfredo Rangel:
"Diría que las guerrillas aun son partidos políticos en armas que han buscado y siguen intentando tomarse el poder político. Otra cosa distinta es que no lo puedan hacer pero tienen objetivos y propósitos políticos".
Derecho Internacional Humanitario:
Un conflicto armado interno se caracteriza por el enfrentamiento entre el Gobierno de un Estado y uno o varios grupos armados o entre esos grupos en el territorio de ese Estado. Porque los actos violentos tienen carácter sostenido y permite a los grupos ejercer control en una parte del territorio, y porque existe una organización para concebir y realizar operaciones militares sostenidas e imponer disciplina en nombre de una autoridad de hecho.
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
"Convirtamos la seguridad democrática en una política de Estado. Otra agua tibia. ¿A quién se le ocurre que hay otra política de Estado distinta a la seguridad? Ah... que la política social. Pues la primera política social es la seguridad. (...) El Estado es para velar por la vida, seguridad y honra de todos los ciudadanos. (...) El Estado era para meter a la cárcel a esos señores y si no, para darlos de baja. "Esto es, en síntesis, una idea general de lo que está pasando en Colombia. En Colombia están todas las condiciones dadas para que el 2010 sea un país sin guerrilla".
Rafael Pardo:
"Es la retórica usual de Gaviria. Es claro que la seguridad es un patrimonio de todos y no monopolio exclusivo de un sector político. Y sobre lo del fin de la guerrilla, me parece que el triunfalismo es muy negativo porque acaba reduciendo la voluntad social de que la guerrilla termine".
Pedro Santana, presidente Viva la Ciudadanía:
"Que el Estado colombiano necesita una política de seguridad no lo niega nadie. Pero si no se atienden los grandes problemas de inequidad, concentración del ingreso y pobreza, para solo mencionar algunos, esto se convertirá en una bomba de tiempo. En cuanto a que no habrá guerrilla en 2010, académicos, ONG y la Iglesia Católica consideran que está fuertemente replegada, pero que tiene casi 10.000 hombres en armas y a más de 700 secuestrados. Veo difícil que la guerrilla desaparezca antes de 2010".
Arlene Tickner, profesora Universidad de los Andes:
"El asesor confunde lo que es una política de este Gobierno y una verdadera política de Estado, que tendría que prolongarse más allá de los mandatos presidenciales y de todos los gobiernos. La seguridad puede entenderse de muchas maneras y la política de Seguridad Democrática está fallando porque no ha incorporado una visión de la seguridad humana. Es meramente coercitiva y no contempla salidas como el fortalecimiento institucional del Estado de derecho, ni aspectos humanos de la seguridad, como garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, muchos de ellos desplazados precisa y paradójicamente por falta de seguridad".
PARAMILITARISMO
"Paramilitarismo no existe hoy. No se dejen 'engrupir' con los sectores que vienen a echar el cuento de que el paramilitarismo dizque se camufló, que hubo un acuerdo de 'yo con yo', o que fue una fórmula espuria para la impunidad. No, el paramilitarismo se acabó. (...) Esa noche terrible terminó".
Misión de Apoyo de la OEA:
"Varias comunidades siguen expuestas a amenazas y acciones violentas de facciones armadas ilegales ¿reductos no desmovilizados, estructuras emergentes y ejércitos de narcotraficantes¿ y la presencia de fenómenos de ilegalidad y de situaciones de disputa no han permitido la recomposición del tejido social". (La Misión da cuenta de 22 nuevas estructuras compuestas por cerca de 3.000 hombres, buena parte de ellos desmovilizados).
Alfredo Rangel:
"El paramilitarismo definido como un proyecto contrainsurgente desapareció. La desmovilización ha permitido superar ese fenómeno pero no puede desconocerse la existencia de antiguos y nuevos grupos armados de origen paramilitar que son bandas al servicio del narcotráfico. Por ejemplo, entre julio de 2006 y febrero de 2007 se registraron 78 casos de rearme de organizaciones delictivas que entraron a ocupar territorios donde hacían presencia las autodefensas ya desmovilizadas".
ÁGUILAS NEGRAS
"Las 'Águilas negras' son un instrumento de política en contra del Gobierno pero el más curioso del mundo (...) yo no conozco ningún dato absolutamente sobre las 'Águilas negras' porque las 'Águilas negras' son una marca creada para hacer aparecer amenazas cuando convienen las amenazas".
Presidente Álvaro Uribe:
"Soldados y policías de mi patria, altos comandantes: ¡Lucha frontal contra todos los terroristas, lucha frontal contra los mal llamados paramilitares no sometidos a la Justicia (...) Lucha frontal contra las bandas emergentes, lucha frontal contra los grupos llamados 'Águilas negras'...!".
Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República:
"En el Magdalena Medio, en parte de Tolima, Caldas, Cundinamarca, Santander y Antioquia, han actuado, en estrecha relación con el narcotráfico, agrupaciones como las 'Águilas negras', otras estructuras asociadas a 'los Mellizos' Mejía Múnera y reductos de las autodefensas del Magdalena Medio y de Puerto Boyacá. Estas se articulan alrededor de los cultivos en el oriente antioqueño y caldense, así como de Boyacá y Santander, y utilizan el valle del Magdalena para procesar y transportar la mercancía ilegal. Estas estructuras se nutren también de otras economías ilegales, como el hurto de gasolina, al tiempo que derivan rentas de economías legales, por medio de la extorsión" (Informe, agosto 2008).
Francisco de Roux, S.J., director Programa de Paz del Magdalena Medio:
"Las 'Águilas negras' no son una marca creada para hacer aparecer amenazas. El 10 de abril apareció en Internet una declaración de amenazas de muerte contra personas y organizaciones que venimos trabajando en el Magdalena Medio por el desarrollo humano integral y por la paz duradera y estable. Las amenazas están firmadas por 'Camilo', de las 'Águilas negras'".
Camilo González, director Indepaz.
"Según investigó Indepaz, las 'Águilas negras' tienen presencia en 18 departamentos con 36 estructuras y no solo hay amenazas sino ataques. La misma fuerza pública reconoce la existencia de estos grupos. Es difícil establecer cuántos integrantes tienen, pero sabemos que las conforman una cifra considerable de desmovilizados, no desmovilizados y nuevos paramilitares".
ASESINATOS DE SINDICALISTAS
"Yo recorrí Europa con Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, y lo primero que decía era: 'Vengo de un país donde se está produciendo un genocidio, la muerte de 4.500 sindicalistas'. Le dije en el auditorio, 'dígame de la muerte de un sindicalista este año', y no sabía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ellos nos contabilizan como asesinato de sindicalistas a todo aquel que muere en Colombia y tenga carné sindical en el bolsillo".
Carlos Rodríguez, ex presidente de la CUT:
"Estuve en Alemania con José Obdulio en un evento al que también asistieron Rafael Pardo y Carlos Gaviria. En mi discurso no podía ocultar la realidad de este país, donde matan sindicalistas y no por razones ajenas a su labor, como dice el asesor. Somos objetivos en la información y no puede tergiversarse de esa manera una situación tan dolorosa: desde 1986 han sido asesinados 2.500 sindicalistas, de los cuales 600 eran líderes sindicales y el resto afiliados activos. En el primer trimestre de este año fueron asesinados 22, lo que significa un incremento del 70 por ciento en relación con el mismo período del año pasado. El 97 por ciento de los crímenes están en total impunidad. Nos preocupa que quiera minimizar los asesinatos y amenazas de sindicalistas. Y hay que aclararle a José Obdulio que los paramilitares, seguidos por la guerrilla y después por agentes del Estado, son los que más matan a los sindicalistas".
Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado:
"La persecución contra sindicalistas persiste, acompañada de palabras estigmatizadoras y de acusaciones irresponsables de figuras del alto Gobierno y del Estado".
DESPLAZADOS
"Nosotros no tenemos desplazados, tenemos migración en buena parte por el paramilitarismo y la guerrilla (...) esa gente se fue para ciudades y allá están como migrantes, más la gente que se fue del país, clase alta y media. (...) "La propaganda internacional sobre nuestra situación de desplazamiento masivo, como el mayor desplazamiento del mundo, suma todos los que salieron durante los últimos 40 años. (...) La ONG que dirige toda esa propaganda se llama Codhes. (...) El negocio de crear el ambiente negativo contra Colombia produce réditos".
Jorge Rojas, director de Codhes:
"Realizamos un monitoreo permanente con el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos, y según el más reciente informe, en los últimos 22 años han sido desplazadas alrededor de cuatro millones de personas. Esto quiere decir que persiste una falla estructural asociada a la guerra y a la tenencia y uso de la tierra que provoca desplazamiento forzado. La inseguridad y la falta de Estado para proteger a la población es la principal causa del fenómeno".
Acción Social, agencia presidencial:
Reconoce que hay inscritas 2,5 millones de personas como desplazadas, de las cuales 1,4 millones abandonaron sus lugares de origen entre agosto de 2002 y marzo de 2008.
Corte Constitucional, sentencia T 025 (enero, 2004):
Reconoce que hay desplazados e impone al Ministerio del Interior y de Justicia la obligación de ejecutar acciones y una estrategia que conduzca a un mayor compromiso tanto presupuestal como administrativo para la atención a los desplazados.
ACNUR:
Según el informe de este año, Colombia es, después de Sudán, el país con el mayor número de desplazados en el mundo. Cita la cifra de tres millones, que reconoce la Corte Constitucional.
Pedro Medellín, director Fundación Ortega y Gasset:
"Si el señor Gaviria habló como presidente del Centro de Pensamiento Primero Colombia, lo que hizo fue mostrar el enfoque y los alcances de una ONG que, como muchas otras que han surgido a la luz del conflicto colombiano, quiere dar su propia versión del mismo, y en esta perspectiva hay que tomar las imprecisiones históricas y malas interpretaciones en que incurre. Pese a la actitud y el lenguaje intolerantes, me parece bueno que en el exterior conozcan cuál es el "pensamiento" de Primero Colombia, impulsado por una parte del empresariado.
Pero si se presentó como asesor presidencial, debería preocuparse el nuevo canciller Jaime Bermúdez. El intento de reorientar la política exterior colombiana, que es en lo que el Canciller anda comprometido, pierde peso y altura con "argumentos" y "datos" como los que presenta el asesor presidencial. Mientras que la embajadora Carolina Barco y el Canciller están tratando de contrarrestar la imagen de intolerancia e irrespeto a los derechos humanos que prima en Washington, el asesor monta tribuna para lanzarse con un discurso sin factura que, a la larga, resulta contraproducente para la imagen del Presidente y su equipo de Gobierno.
LA UNIÓN PATRIÓTICA
"El caso de la UP es otro expediente que le tienen al Gobierno colombiano. Dicen que el Gobierno mandó matar a 5.000 dirigentes de la UP. Incluso hay un expediente ¿y se van a volver multimillonarios los abogados¿ que se tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego pasará a la Corte donde reclaman 200.000 dólares por cada víctima con 35 por ciento para los honorarios de los abogados".
Gustavo Gallón, Comisión Colombiana de Juristas:
"Aun si fuera cierto que los abogados se enriquecen por llevar casos de derechos humanos, no es un argumento válido para negar el genocidio de la UP, una de las violaciones más graves que se han cometido y cuya ocurrencia ha sido reconocida por la Corte Constitucional y la Defensoría. Preocupa que el Gobierno tenga una mentalidad contraria a la legítima labor de defender los derechos humanos. En el caso de la UP no existe un acuerdo de honorarios con las víctimas, es una total invención lo del 35 por ciento"