31 marzo, 2008

Comunidad denuncia bombardeos indiscriminados de la Fuerza Aérea en López de Micay, Cauca

Seis personas quemadas y 20 con afecciones sicológicas deja bombardeo de la Fuerza Aérea en veredas de López de Micay, Cauca.
Luis Manuel, Emilio, Héctor Emilio y Lidia Marina Orozco, además de dos menores de 8 y 4 años, resultaron quemados por el bombardeo realizado por la Fuerza Aérea el pasado 26 de marzo en las veredas Cabecitas y Charco Largo, zona rural de López de Micay, Cauca.

Según denuncias de varios representantes del Consejo Comunitario El Playón, grupo de población afro colombiana que habita el lugar de los hechos, los bombardeos ocurrieron el Miércoles 26 de marzo a las 9:00 a.m. “Sobrevuelan tres avionetas, una grande y dos pequeñas. A partir de las 9: 40 de la mañana se inicia el bombardeo aéreo acompañado de ametrallamientos a unos 300 metros de nuestras casas en las veredas Cabecitas y Charco Largo, – asegura un testigo - a esa hora los niños están en clases y muchas personas en el campo. El bombardeo duró hasta las 10: 30 a.m.”.


Autoridades municipales y representantes de organizaciones humanitarias confirmaron a Codhes que el bombardeo se produjo en el marco de operaciones que adelantan las Fuerzas Armadas contra el Frente 30 de las Farc a lo largo de las costas nariñenses.


Sin embargo los afectados aseguran que para el momento del bombardeo ya la guerrilla se había retirado del lugar y se declaran sorprendidos por la respuesta del Teniente que dirigió la operación. “Una vez cesaron los operativos, se le preguntó al comandante que por qué atacaban a la población civil y dijo que era por orden de la Presidencia de la Republica. Los soldados dijeron que eso no es nada para lo que se les viene encima”.


Hasta el momento los afectados que no sufrieron heridas permanecen en las veredas y esto lo confirma el reporte hecho por la Personería municipal a la Defensoría del Pueblo, pero se teme por un desplazamiento por lo menos de 40 personas si continúan los operativos.

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El Ejército estadounidense mató a 45 supuestos "criminales" en Bagdad

EFE - lunes, 31 de marzo, 13.44

Bagdad, 31 mar (EFE).- Tropas estadounidenses mataron a 45 personas, a las que describió como "criminales", en varios ataques aéreos en el este de Bagdad en las últimas horas, informó hoy el mando militar estadounidense en Irak.

El Ejército estadounidense utiliza habitualmente el término de "criminales" para referirse a milicianos chiíes que atacan a sus fuerzas.

Según un comunicado difundido hoy, las últimas 25 muertes se produjeron en varios ataques aéreos sobre un área del este de la capital, origen habitual de los ataques de los últimos días contra la "Zona Verde" de Bagdad.

La ofensiva tuvo como objetivo a varios grupos que habían atacado previamente a militares estadounidenses con artefactos explosivos y armamento ligero.

El Ejército de EEUU había informado horas antes de la muerte, también ayer, de otros 20 presuntos "criminales" en Bagdad y otras zonas de Irak.

Doce de los muertos se contabilizaron al norte de Bagdad, en respuesta a un ataque que sufrió una patrulla del III Equipo de Combate de la Cuarta División de Infantería.

Otras tres personas perdieron la vida tras lanzar un ataque contra miembros de la 101 División Aerotransportada en un puesto de control, en el norte de la capital, mientras que los otros cinco "criminales" fueron abatidos en otras zonas de Bagdad.

Sin embargo, no ha confirmado hasta el momento si las víctimas pertenecen a grupos de influencia chií o suní.

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Denuncia de ejecuciones extrajudiciales se basa en

Washington, marzo 31 (Europa Press/Crítica Argentina). El periódico estadounidense 'The Washington Post' denunció ayer el aumento de campesinos asesinados por el Ejército colombiano para hacerles pasar por miembros de la guerrilla, basándose en los informes de grupos pro Derechos Humanos, investigadores de Naciones Unidas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

Según el periódico, "bajo la presión de los comandantes militares para registrar muertes en combate, en los últimos años, el Ejército ha asesinado cada vez más a campesinos inocentes haciéndolos pasar por guerrilleros".

"Hay diferentes registros sobre el número de ejecuciones extrajudiciales, como son llamadas las muertes de civiles. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de Derechos Humanos dijo que 955 civiles murieron entre 2002 y 2007 y fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que hace cinco años en los que sólo hubo 577 muertos por las tropas", publicó el diario.

"Los asesinatos, perpetrados por unidades bajo las órdenes de comandantes regionales, siempre han sido un problema en el oscuro conflicto que ya cumple 44 años", agrega el Washington Post. Pero, añade, con la reciente desmovilización de miles de combatientes paramilitares, muchos de los cuales operaban en escuadrones de la muerte para eliminar rebeldes, los asesinatos de civiles a manos del Ejército han crecido enormemente desde 2004.

Al parecer, esta táctica habría desencadenado un feroz debate dentro del Ministerio de Defensa colombiano, entre el lado más tradicional, que aboga por el desarrollo de una agresiva campaña que se centre en el número de cuerpos, y entre los reformistas, que proponen que el Ejército desarrolle otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla, según afirma el artículo.

En Colombia los llaman “falsos positivos”. Así entendidos, parecen una simple estadística. Pero cuando se les pone nombre y apellido adquieren dimensión de tragedia, según informa Federico Rivas Molina en el periódico Crítica Argentina. Como la del vendedor ambulante Israel Rodríguez, que el mes pasado salió a pescar y nunca volvió. Finalmente, su familia encontró el cuerpo envuelto en una bolsa de plástico y enterrado: el ejército colombiano lo había clasificado como guerrillero de las FARC muerto en combate. El caso fue revelado por el diario norteamericano Los Angeles Times. Los organismos de derechos humanos de Colombia lo integraron en el fenómeno de los “falsos positivos”. Las Fuerzas Armadas asesinan civiles, normalmente campesinos o jóvenes, y los identifican ante el gobierno como guerrilleros. La práctica es el resultado de la intensa presión por parte de Estados Unidos, principal financista de la guerra contra las FARC, para que Colombia muestre progresos. Cuando más muertos, más seguro el flujo de dinero que baja desde el norte.

La hermana de Rodríguez, Adelaida, dijo a Los Angeles Times que su hermano había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. “Nunca le hizo ningún problema a nadie”, dijo, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para “ganar puntos”. El Observatorio de Derechos Humanos colombiano elaboró a fines de 2007 un informe basado en testimonios y documentos que estableció en 955 los casos de personas asesinadas en operativos extrajudiciales desde 2002, cuando asumió el gobierno de Álvaro Uribe. Colombia mereció por estas prácticas una reprimenda del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En su informe del año pasado, recomendó a Uribe “revisar los parámetros aplicados para medir los resultados operacionales de los cuerpos militares y policiales para erradicar las ejecuciones extrajudiciales”. En otras palabras, lo que la ONU pidió al gobierno fue que la campaña contra las FARC y el ELN se mida en términos de desmovilizados y capturados, y no sólo de muertos.

El gobierno recibió los informes sin demasiado interés, escudado en el argumento de que la guerrilla ha asumido la nueva estrategia de decir que cualquier muerto es un falso positivo. Sin embargo, tuvo que ceder por puro pragmatismo. Ante la insistencia de los demócratas norteamericanos en vincular los excesos del ejército colombiano con el bloqueo parlamentario del Tratado de Libre Comercio firmado por Uribe y Bush, Bogotá asumió algunos paliativos. Ordenó la transferencia de todas las denuncias de los tribunales militares a los civiles y una campaña interna de adoctrinamiento en derechos humanos.

Sin embargo, organismos no gubernamentales denunciaron que los casos de “falsos positivos” no han disminuido. “Sucede que no nacieron con Uribe”, dijo a Crítica de la Argentina Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). “Hay una cultura de ejecuciones extrajudiciales, ya sea para cobrar recompensas o para mostrar resultados. Son prácticas de carácter sistemático. Lo que ha sucedido ahora es que con la política de Seguridad Democrática impulsada por Uribe los falsos positivos se han incrementado peligrosamente”, denunció Cepeda.

El clima se enrarece aún más cuando entran en juego las recompensas que ofrece el Estado a informantes que permitan detener guerrilleros. “Tienen así un incentivo para denunciar a gente acusándola de ser rebeldes debido a que cobran independientemente de si la información es correcta”, dijo el abogado Ramiro Orjuela, representante de víctimas de “falsos positivos”. El senador Gustavo Petro, del opositor Polo Democrático, aseguró que en los dos últimos años “se han presentado más de cinco mil detenciones arbitrarias por pago de informantes y han sido asesinadas alrededor de 200 personas”. La operación es simple: falsos testigos arreglados con el ejército cobran por identificar a falsos guerrilleros que son ejecutados en falsos enfrentamientos. La recompensa se reparte entre todos. Mentiras de una guerra muy verdadera.

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29 marzo, 2008

Amenazan de nuevo a Justicia y Paz

Bogotá, marzo 29 (Redacción). En comunicado enviado al Gobierno colombiano, .la Comisión Intereclesial Justicia y Paz denunció nuevas y reiteradas amenazas a tres de sus miembros por parte de las Águilas Negras. El texto de la misiva dirigido a funcionarios gubernamentales es el siguiente:

Bogotá, D.C. Marzo 27 de 2008

FRANCISCO SANTOS
VicePresidente de la República

CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior

FERNANDO ARAUJO
Ministro de Relaciones Exteriores

MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo

“No hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, nada oculto que no haya de saberse” Mateo 10, 26

En menos de 24 horas, nuestra segunda Constancia Histórica y Censura Ética ante la persistencia de las graves amenazas que pesan sobre la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, FRANK WILLIAM CAYAPÚR DELGADO, EDWARD MINA CUERO y YIMI ARMANDO JANSASOY MUÑOZ.

Hoy vía telefónica se han reiterado las mismas con una llamada a nuestra sede en Popayán. Las amenazas se han recibido en cuatro ocasiones de manera escrita en el sitio de hospedaje en San Francisco Naya, realizadas primero bajo el nombre de las "Águilas Negras", el lunes a través de una llamada telefónica. Hoy es la segunda llamada telefónica.

A las 11:04 a.m. hoy jueves 27 de marzo en la sede de la Comisión de Justicia y Paz en Popayán se recibió una nueva llamada en el teléfono fijo con un mensaje amenazante. Una voz femenina de acento antioqueño expresó: “¿Estoy con la oficina de Justicia y Paz en Popayán?” - Sí, respondió un integrante de Justicia y Paz: ¿A quién necesita?. La mujer expresó que buscaba los números telefónicos de YIMMI, EDUARD y WILLIAM. El integrante de Justicia y Paz respondió: ¿Quién los busca? La mujer expresó:"Llamo para hacerles un nuevo aviso, a ellos se les ha pedido que por favor salgan del lugar, ojo tengan muy en cuenta eso, es en serio". Inmediatamente colgó.

Nuestra Constancia Histórica ante esta nueva amenaza que se produce con posterioridad a la salida forzosa de los defensores de derechos humanos del río Naya. Su salida por las amenazas del lugar ha entorpecido el trabajo de los derechos territoriales, las iniciativas de protección ambiental, la definición de espacios humanitarios en medio del conflicto armado, y el inicio del nuevo ciclo de la Escuela por la Vida y el Territorio, que se viene implementando desde hace 3 años en la cuenca del Bajo Naya.

Nuestra Censura Ética ante el desarrollo de mecanismos encubiertos y clandestinos de tipo paramilitar tendientes a impedir, imposibilitar el derecho legítimo a defender los derechos de los afrocolombianos ante modelos de apropiación territorial, extractivos y modos de desarrollo que ponen en riesgo la supervivencia de los pueblos afrocolombianos.

Insistimos que detrás de las amenazas parece percibirse la pretensión de generar un ocultamiento de la situación que viven los afrocolombianos, asegurar desde ya la impunidad, lograr el silenciamiento, así como, la parálisis total para beneficio de la criminalidad.

Hasta el momento ninguna medida de protección ha sido adoptada. Con la salida de los Defensores de Derechos Humanos de la región se ha vulnerado los derechos de los afrocolombianos.

Les recordamos la persecución intimidatoria y amenazante de los defensores de derechos humanos desde el miércoles pasado hasta el día de hoy.

* Miércoles 19 de marzo aproximadamente a la 1:00 a.m. en el sitio de habitación del equipo de acompañamiento de Justicia y Paz, en San Francisco Naya se dejó una amenaza escrita con el dibujo de una calavera y un arma como encabezado con el contenido amenazante:

(Sic) “muerte
lease y cumplase
justicia y paz
por el seguimiento realizado a su trabajo les pedimos el favor de salir de la zona no queremos obstaculos william sabemos mucho de uste, eduar yimy mejor protejanse, y sepan que al bocón de isabelino tambien lo seguimos salgan pronto no respondemos no recochamos no los queremos
somos el grupo de control para-el naya
aguilas negras
en buenaventura los esperamos.”

Al final de este escrito esta dibujada una tumba con una cruz.

Hacia las 10:00 a.m. luego de que el equipo de defensores de derechos humanos participo en un diálogo con la comunidad, se encontró en el patio de la casa de hospedaje, una segunda carta con un contenido nuevamente amenazante.

(Sic) “amigos si salen pronto no pasa es nada pronto entra el patron y no responde a cualquier sitio estaremos con ustedes
fuera del naya
william vete y recoge al negro y al paisita
a los muchaos en el mar te los envio gratis por el rio
cuidado no juego
grupo de control para-el naya
aguilas negras
lease y cumplase”

También aparecen dibujada una calavera.

* Jueves 20 de marzo en la ventana de la casa de habitación del equipo de Justicia y Paz dejan una nueva amenaza escrita

(Sic) “salgan william eduar yimy o si no los plomiamos
les doy poco tiempo
muchaos no juego
y no vuelvan porque
se mueren”.

* Sábado 22 de marzo a las 3:30 p.m. dos forasteros, uno de ellos afrodescendiente y un blanco se acercaron hasta la sede de Telecom en Puerto Merizalde y preguntaron por el lugar en donde se encontraba YIMI y WILLIAM, al no encontrar respuesta se marcharon de Puerto Merizalde.

* Lunes 24 de marzo aproximadamente a las 7:00 p.m. mientras se encontraban en la ciudad de Cali, ISABELINO VALENCIA, los defensores de derechos humanos amenazados y otros integrantes de Justicia y Paz, recibió una llamada a su celular. Luego de reiterar la amenaza, de insultarlo y solicitar los teléfonos de YIMI y EDUARD el emisor del mensaje manifestó “sabemos que se encuentran en Cali”, “nosotros los estamos siguiendo”. “Cuiden lo que hablan y dicen”

La llamada fue realizada desde el teléfono móvil de una cabina ubicada en Sabaneta –Antioquia.

Ante ustedes nuevamente nuestra Constancia Histórica y Censura Ética esperando, tal vez con la vana ilusión, de que se enfrente integralmente la criminalidad que tiene puesto sus ojos ambiciosos, destructivos, corruptos en el bajo Naya

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

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Rastrojos desplazan 264 personas en Bajo Baudó, Chocó

Amenazas del grupo paramilitar Los Rastrojos a la población civil y combates del mismo contra las Farc generan éxodo desde zona rural de Bajo Baudó, Chocó hacia el corregimiento de Pizarro, cabecera de ese municipio.
24 personas han llegado a Pizarro, cabecera municipal de Bajo Baudó, Chocó provenientes de diferentes veredas en las que se presentan enfrentamientos entre el grupo paramilitar autodenominado Los Rastrojos y el Frente 30 de las Farc. Otras 240 se encuentran a mitad de camino en Sibirú, Belén Docampadó y La Cárcel, veredas del mismo municipio.

Según información suministrada a Codhes por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones humanitarias, Los Rastrojos llegaron a Bajo Baudó por la zona costera del río San Juan a principios del mes y se encontraron con guerrilleros del Frente 30 de las Farc que venían de Buenaventura, Valle. Los combates comenzaron el 15 de marzo por el dominio de corredores estratégicos para el tráfico de drogas en costas del Pacífico.

Pero días antes de iniciarse los enfrentamientos, Los Rastrojos ya habían empezado una campaña de amenazas contra la población civil acusando a varias familias de ser auxiliadoras de las Farc, acción que desencadenó el desplazamiento.

Solo hasta el 25 de marzo representantes de Acción Social llegaron a la zona para registrar el éxodo, pero habitantes del lugar aseguran que hasta ahora no han entregado la ayuda humanitaria de emergencia a los desplazados. A esta hora delegados de Acción Social , la alcaldía y la personería municipal de Bajo Baudó se reúnen en Quibdó para tomar medidas urgentes y poder prestar la atención integral a las víctimas.


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Director de un periódico egipcio condenado a seis meses de cárcel

27 marzo 2008
El miércoles 26 de marzo se condenó a seis meses de cárcel al director de un diario egipcio por haber escrito un artículo sobre la salud del presidente. Ibrahim Eissa, director del periódico Al Dustour, había escrito un artículo en el que daba a entender que la salud del presidente Hosni Mubarak, de 79 años, se estaba deteriorando.

Las autoridades afirmaron que el artículo había perjudicado a la economía, al provocar una retirada de inversiones extranjeras por valor de unos 350 millones de dólares estadounidenses.

En una declaraciones efectuadas inmediatamente después de conocerse la sentencia, Ibrahim Eissa señaló que ésta formaba parte del acoso judicial al que se veían sometidos los periodistas todos los días. Indicó que el objetivo es intimidarlos para que no saquen a la luz la política del gobierno e impedirlos criticar al presidente Mubarak públicamente.

“Quieren convertirlo en un ser intocable, a salvo de toda crítica o cuestionamiento. La sentencia es una más de las dirigidas contra mí y otros directores de periódicos. Con estas sentencias –en las que se está haciendo uso de disposiciones legales abandonadas hace mucho tiempo o no utilizadas nunca– están mezclando la justicia con la política”, indicó Ibrahim Eissa.

“Es evidente que las promesas formuladas por el presidente en 2004 [de que se abolirían las penas de cárcel para los delitos de prensa] no son más que apariencia. Me han condenado a seis meses de cárcel, y estoy en espera de recibir otras sentencias el sábado, el lunes y el sábado siguiente. ¡Quizá ningún otro periodista del mundo ha estado en el trance de que le impongan tantas sentencias en una sola semana”, agregó.

Ibrahim Eissa fue procesado en aplicación de los artículos 171 y 188 del Código Penal, por haber publicado en 2007 una información que las autoridades consideraron perjudicial para el interés público y la estabilidad nacional de Egipto. Puede recurrir la decisión del tribunal.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades egipcias que retiren los cargos formulados contra él.

“Este procesamiento forma parte de una constante más general de uso por parte de las autoridades egipcias del cargo de difamación y otras acusaciones para acallar a los medios de comunicación e impedir que informen de cuestiones que ellas consideran temas prohibidos, pero que son en realidad asuntos de claro interés público –ha manifestado Amnistía Internacional–. Pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno reforme la controvertida ley de prensa y toda otra disposición del Código Penal que criminalice la publicación legítima de información.”

La ley de prensa aprobada por la Asamblea Nacional en julio de 2006 aumentó las restricciones existentes sobre la libertad de expresión, y los periodistas y otras personas continúan expuestos a ser encarcelados si cometen delitos de prensa, como insultar a funcionarios públicos.

Cuando se promulgó la nueva ley de prensa, los periódicos de oposición e independientes interrumpieron su publicación durante un día en señal de protesta, y centenares de trabajadores de los medios de comunicación se manifestaron delante del Parlamento.

"Esperamos que, cuando vea el caso, el Tribunal de Apelaciones anule esta sentencia y haga valer el derecho a la libertad de los medios de comunicación –ha señalado Amnistía Internacional–. Las autoridades deben dejar de utilizar el cargo de difamación para hostigar a los periodistas e impedirles informar de cuestiones de interés público legítimo.”

El 31 de marzo, Ibrahim Eissa será juzgado también en otra causa por el cargo de difundir información falsa sobre la salud del presidente Mubarak.

En 2007 fue condenado, junto con otros tres periodistas, en aplicación de artículo 188 del Código Penal egipcio, que estipula que quien “publique con malevolencia noticias, declaraciones o rumores falsos que puedan alterar el orden público” será condenado a hasta un año de prisión y a pagar una multa de 20.000 libras egipcias. Los cuatro periodistas quedaron en libertad en espera del resultado de su apelación, cuya próxima vista está prevista para el 5 el abril.

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24 marzo, 2008

La ONU llama a los paises Desarrollados a Salvar la vida de 73 Millones de personas

La ONU realizó una "petición extraordinaria urgente" a los gobiernos de los países desarrollados para donar -como mínimo- 500 millones de dólares (324 millones de euros) en las cuatro próximas semanas con el objetivo de evitar el próximo racionamiento de la ayuda alimentaria que reciben 73 millones de pobres ante la carestía de los productos básicos y materias primas.

Según informa este lunes el diario español El País, el matutino británico Financial Times tuvo acceso a una misiva enviada por la agencia de las Naciones Unidas a los responsables de los países donantes durante las vacaciones de Semana Santa, donde la FAO advierte que si no llega dinero antes del 1 de mayo deberá cortar el suministro a "aquellos que dependen del mundo para sobrevivir en tiempos de miseria".

La amenaza de un corte en la ayuda es real e inminente tras las numerosas llamadas de alerta que la institución realizó recientemente, añade el texto firmado por la directora de la agencia, Josette Sheeran.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) calcula que el agujero en sus fondos para poder continuar con la ayuda aumenta "día a día" y actualmente está entre 600 y 700 millones de dólares tras la subida de un 20% en el precio de los alimentos en las últimas tres semanas, la llegada del barril de petróleo hasta los 100 dólares y la consecuente carestía en los costes del transporte. Además, las previsiones apuntan a que "las subidas no presentan signos de que vayan a moderarse a corto plazo", añaden.

El matutino británico recuerda que Estados Unidos es el primer donante de la institución con unos 1.100 millones de dólares en 2007, la mayoría de ellos en envíos de alimentos. La Unión Europea, con 250 millones, y Canadá, con 160, ocupan el segundo y tercer lugar en ayudas en efectivo.

Si la FAO recibe finalmente estos 500 millones, el presupuesto total de la agencia aumentaría hasta los 3.400 millones, aproximadamente el doble que los 1.700 millones que gastó en 2000. La agencia da ayuda a 73 millones de personas necesitadas repartidas en 80 países.

TeleSUR - Télam / av - AV


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Aumentan Asesinatos Selectivos en Colombia

Por Chris Kraul

Granada, marzo 24 (Los Ángeles Times). El vendedor ambulante Israel Rodríguez salió a pescar el mes pasado y nunca volvió. Dos días después, su familia encontró su cuerpo enterrado, envuelto en una bolsa de plástico, y clasificado por el ejército colombiano como un guerrillero muerto en combate.
Activistas de derechos humanos dicen que la muerte del 17 de febrero es parte de un mortífero fenómeno llamado "falsos positivos" en el que las fuerzas armadas asesinan a civiles, normalmente campesinos o jóvenes desempleados y los clasifican como guerrilleros de izquierda. Un macabro aspecto de un aumento general de las ‘ejecuciones extrajudiciales’ cometidas por las fuerzas armadas, los ‘falsos positivos’ son el resultado de la intensa presión de parte de Estados Unidos para que Colombia muestre progresos contra los insurgentes de izquierda, dicen los activistas.

La hermana de Rodríguez, Adelaida, dijo que Israel había servido tres años en el ejército y no era guerrillero ni simpatizaba con la guerrilla. "Nunca le hizo ningún problema a nadie", dijo, agregando que creía que el ejército mató a su hermano para "ganar puntos". Esos asesinatos han sembrado el terror aquí en el central estado de Meta. El año pasado, el estado llevó la delantera en Colombia en casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, con 287 civiles asesinados por los militares, de acuerdo a la Comisión Colombiana de Juristas, un grupo de defensa de los derechos humanos. Eso es un diez por ciento de aumento con respecto al año pasado.

Aunque no hay un conteo oficial -ni independiente- de los ‘falsos positivos’, activistas de derechos humanos dicen que creen que esos incidentes están aumentando, junto con un aumento general de los asesinatos cometidos por militares, basándose en informaciones proporcionadas por las familias de las víctimas y el análisis de las circunstancias que rodean los casos individuales.

"Es probable, porque se repite el mismo esquema una y otra vez en los casos que estoy revisando", dijo John Lindsay-Poland, de Fellowship of Reconciliation, de Nueva York. "Víctimas vistas por última vez con ropas civiles, son encontradas más tarde muertas y vestidas con uniformes de camuflaje y presentadas como bajas de la guerrilla".

Los asesinatos han aumentado en los últimos años junto con un énfasis en las bajas mortales de rebeldes como el principal indicador del éxito militar, dicen grupos de derechos humanos. Incluso oficiales colombianos reconocen que los soldados y sus comandantes han estado prometiendo dinero y ascensos para aumentar el número de víctimas de sus unidades.

Desde que asumiera el presidente Álvaro Uribe en 2002, las fuerzas armadas han producido impresionantes resultados en la recuperación de territorios controlados por grupos rebeldes y mejorado la situación de seguridad, animadas por los miles de millones de dólares en ayuda militar norteamericana bajo el Plan Colombia, el programa que combate el tráfico de drogas y el terrorismo.

Pero al mismo tiempo el historial de las fuerzas armadas en cuanto al respeto a los derechos humanos ha empeorado, dice una coalición de grupos colombianos y organizaciones internacionales de derechos humanos.

Y nuevas investigaciones de dos grupos pacifistas norteamericanos sobre los asesinatos plantea serias interrogantes sobre si Estados Unidos está haciendo lo suficiente, legalmente, para prohibir el financiamiento norteamericano de unidades militares colombianas que han sido acusadas de homicidios y otras violaciones a los derechos humanos.

Amnistía Internacional de Estados Unidos y la Fellowship of Reconciliation han descubierto que el gobierno norteamericano "autorizó" o aprobó la ayuda militar a al menos once unidades militares colombianas el año pasado pese a "acusaciones verosímiles de asesinatos, desapariciones y colaboración con las fuerzas paramilitares ilegales", dijo Renata Rendon, de Amnistía Internacional de Estados Unidos, este mes en Washington.

"Lo que está pasando es escandaloso. El gobierno norteamericano debe cerciorarse de que no está entregando ayuda a unidades renegadas", dijo Rendon.

Aunque no respondió específicamente a ninguna de las acusaciones, un funcionario de la embajada norteamericana en Bogtá dijo este mes que los asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas armadas colombianas eran "un problema grave, una preocupación grave".

"Esto es algo que tomamos muy seriamente. Para ganar una guerra como esta, tienes que establecer el imperio de la ley y ganar la confianza de la gente en tu legitimidad y en tu compromiso con las instituciones legales", dijo el funcionario, que no estaba autorizado a hablar. Defendió el proceso de autorización, pero dijo que lo complicaba el hecho de que las acusaciones de violaciones a los derechos humanos a menudo no eran "suficientemente específicas ni verificables". Para abordar el tema de la impunidad, el fiscal general de Colombia formó el año pasado equipos de investigación especial en los estados de Meta y Antioquía, que tenían las cifras más altas de abusos cometidos por los militares. En noviembre, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos envió una directriz a los comandantes militares ordenando importantes cambios, incluyendo otorgar a las cortes civiles más jurisdicción para la investigación de ese tipo de incidentes. Pero los asesinatos todavía siembran el terror aquí en el estado de Meta. Ramiro Orjuela Aguilar, un abogado bogotano de derechos humanos que representa a veinte familias de posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en Meta, responsabilizó de muchos de los asesinatos al hecho de que los militares utilizan los datos de informantes pagados o guerrilleros desmovilizados. "Tienen un incentivo para denunciar a gente acusándolas de ser rebeldes debido a que son pagados independientemente de si la información es correcta", dijo Orjuela.

Varias de las víctimas en Meta el año pasado eran jóvenes que vivían en Granada y alrededores, el centro de una región agrícola-ganadera que ha sido ferozmente disputada en los últimos años por las guerrillas de izquierda, las fuerzas armadas y las tropas paramilitares de extrema derecha. Es también la sede de la Brigada Móvil 12, una unidad que según Orjuela está implicada en muchos de los asesinatos.

Orjuela dice que el ejército está implementando una ‘limpieza social’ en Meta, la sede de cuatro de las cinco municipalidades que componen la llamada zona neutral ocupada por las guerrillas colombianas entre 1998 y 2002. Los asesinatos y desplazamientos masivos de los habitantes aquí son intentos de privar de simpatizantes a las guerrillas, dijo Orjuela. "Están tratando de quitar el agua a los peces", dijo.

Secuestrado durante una excursión al río Ariari, Rodríguez, el vendedor ambulante, puede haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, dicen sus familiares, capturado por una banda de agentes de policía o soldados que estaban en una ‘expedición de pesca’ propia, a la búsqueda de víctimas.

Orjuela dijo que los casos de ‘falsos positivos’ disminuyeron después de que el ejército colombiano emitiera en noviembre una directriz a todos los comandantes ordenando que oficiales y tropas debían recordar que las mediciones normales de éxito son los desmovilizaciones y la captura de guerrilleros, y sólo después el número de víctimas. Pero dijo que últimamente había observado un aumento, mencionando el asesinato de Rodríguez.

Adelaida Rodríguez dijo que pese a las iniciativas del gobierno, ella y su familia no querían insistir en que se investigara su homicidio. Refiriéndose a su hermano, dijo: "Si hacemos ruido, terminaremos como él".


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22 marzo, 2008

Personas detenidas por Estados Unidos en relación con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y sus consecuencias - El papel del CICR

En este artículo, se explican el propósito y los procedimientos de las visitas del CICR a los centros de detención estadounidenses en Bagram (Afganistán), Bahía de Guantánamo (Cuba) y Charleston, Carolina del Sur (Estados Unidos).

Para más información acerca de las actividades del CICR relacionadas con la detención en Irak, véase El CICR en Irak.

Numerosos países, entre ellos Estados Unidos, afrontan considerables desafíos para proteger a sus ciudadanos contra la amenaza del terrorismo. En ocasiones, la situación exige que esos Estados detengan a personas sospechosas de terrorismo. Sin embargo, existen importantes divergencias de opinión entre el CICR y Estados Unidos, en particular con respecto al marco jurídico aplicable a algunas de las personas detenidas en relación con la lucha contra el terrorismo.

El CICR visita a las personas capturadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo y retenidas en lugares de detención estadounidenses en Bagram, Afganistán, y en la Bahía de Guantánamo, Cuba. También visita a una persona detenida en Charleston, Estados Unidos.

El CICR en Afganistán
Bagram: El CICR visita a personas detenidas en la base aérea militar de Bagram (Centro de Internamiento Temporario de Bagram), controlada por Estados Unidos, desde enero de 2002. La mayor parte de los detenidos son afganos capturados por la coalición liderada por Estados Unidos en el sur y el este de Afganistán. Actualmente, el CICR visita a más de 620 detenidos en Bagram.

El CICR en la Bahía de Guantánamo
El CICR visita a personas detenidas en la Bahía de Guantánamo, Cuba, desde enero de 2002. Actualmente, hay unos 300 detenidos provenientes de aproximadamente 30 países. Hasta mayo de 2007, el CICR facilitó el intercambio de casi 30.000 mensajes de Cruz Roja entre los detenidos y sus familiares, en más de 30 países.
Cuestiones jurídicas

La detención de personas capturadas o arrestadas en el contexto de la lucha contra el terrorismo debe efectuarse dentro de un marco jurídico adecuado y claro y con pleno respeto de las garantías procesales correspondientes. No se puede privar de libertad a una persona ni interrogarla fuera de un marco jurídico apropiado.

Las personas detenidas en relación con conflictos armados, como el de Afganistán, están amparadas por el derecho internacional humanitario (DIH) y deben ser tratadas conforme a lo que éste dispone (véase La pertinencia del DIH en el contexto del terrorismo).

Las personas detenidas fuera de una situación de conflicto armado tienen derechos que están establecidos en otros cuerpos jurídicos, como el derecho internacional de los derechos humanos y las disposiciones pertinentes de la legislación de cada país. Para calificar las situaciones derivadas de la lucha contra el terrorismo como conflictos armados o no, el CICR ha optado por examinar caso por caso. Además, considera que el estatuto de los detenidos debería determinarse en función de las normas aplicables a la situación en la que fue detenido.
Detención por razones de seguridad o para enjuiciamiento

En la lucha contra el terrorismo, el CICR considera que existen dos categorías principales de detenidos: los detenidos en relación con un conflicto armado y los detenidos fuera del contexto de un conflicto armado.

Las personas detenidas en relación con un conflicto armado pueden ser detenidas por razones imperiosas de seguridad o porque son sospechosas de delitos.

Las personas detenidas por razones imperiosas de seguridad deben ser retenidas en un marco jurídico válido que les proporcione las garantías procesales apropiadas para garantizar la licitud de la detención. Dicho de otro modo, el caso de esas personas debe ser objeto de un examen periódico independiente e imparcial a fin de determinar si su detención continua por razones de seguridad está justificada.

Las personas detenidas por sospecha de delitos, sea dentro o fuera del contexto de un conflicto armado, pueden ser enjuiciadas. En particular, las personas sospechosas de haber cometido crímenes de guerra u otras violaciones graves del DIH deben dar cuenta de sus acciones.

Se debe conceder a toda persona procesada las garantías judiciales fundamentales para la realización de un juicio imparcial: la presunción de inocencia, el derecho a ser enjuiciada por un tribunal imparcial e independiente, el derecho a recibir asesoramiento legal calificado y la exclusión de toda prueba obtenida como resultado de torturas o de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Estatuto jurídico y garantías procesales

Aunque reconoce que se han hecho algunos avances, el CICR considera que, actualmente, no hay un régimen jurídico que reglamente apropiadamente el estatuto de los detenidos en Guantánamo, Bagram o Charleston, o que aclare el futuro de su detención.

El CICR insiste en la necesidad de aplicar garantías procesales más sólidas, sobre todo en Guantánamo y en Bagram, donde, hasta hoy, la mayoría de los detenidos ignora cuál será su suerte.

El CICR considera que esta situación agrava los padecimientos mentales y emocionales de muchos detenidos y sus familiares.
Detención secreta

En una entrevista realizada el 19 de octubre de 2006, el presidente del CICR, Jakob Kellenberger, explica la posición de la Institución sobre la evolución en la política y la legislación de Estados Unidos con respecto a las personas detenidas en el marco de la lucha contra el terrorismo.
En una entrevista realizada el 19 de octubre de 2006, el presidente del CICR, Jakob Kellenberger, explica la posición de la Institución sobre la evolución en la política y la legislación de Estados Unidos con respecto a las personas detenidas en el marco de la lucha contra el terrorismo.

El CICR ha expresado reiteradamente su preocupación con respecto a las personas detenidas en condiciones secretas y no divulgadas, y ha solicitado tener acceso a ellas (comunicado de prensa del 16.01.2004). Como dijo Jakob Kellenberger, presidente del CICR, en 2006 (comunicado de prensa del 12.05.2006), "por muy legítimas que sean las razones para la detención, no hay derecho a ocultar el paradero de una persona o a negar que está detenida". El CICR considera que todos los tipos de detención secreta son contrarios a un conjunto de disposiciones jurídicas diferentes, incluida la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Desde octubre de 2006, el CICR visita periódicamente a las 15 personas que anteriormente la CIA mantenía incomunicadas y que ahora se encuentran detenidas en Guantánamo.

El CICR mantiene un diálogo bilateral y confidencial con el Gobierno de Estados Unidos acerca de la forma de garantizar el acceso a todas las personas detenidas en la lucha contra el terrorismo.
¿Por qué el CICR?

El CICR visita a las personas detenidas en relación con conflictos armados desde 1915, cuando sus delegados negociaron, por primera vez, el acceso a decenas de miles de prisioneros de guerra capturados durante la Primera Guerra Mundial. La práctica del CICR de visitar a los prisioneros de guerra, combatientes capturados durante un conflicto armado internacional, fue codificada en los Convenios de Ginebra de 1949, en los que son Partes todos los Estados. El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra también confiere al CICR el derecho a solicitar acceso a las personas detenidas en relación con conflictos armados no internacionales, como las guerras civiles. De acuerdo con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el CICR también puede solicitar acceso a las personas detenidas en relación con situaciones de violencia menos intensa que un conflicto armado. Estos Estatutos fueron aprobados en 1986 por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de la que participaron los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, entre ellos Estados Unidos.

En 2006, el CICR visitó a 478.000 prisioneros de guerra y detenidos en más de 70 países (véase Fortalecimiento de la protección y el respeto de los prisioneros y detenidos).
Objetivo de las visitas

El papel del CICR, como organización humanitaria independiente y neutral con un mandato que le han conferido los Estados, es cerciorarse, con regularidad, de las condiciones de detención, del trato que reciben los detenidos y del respeto de las garantías judiciales fundamentales de éstos. El CICR comunica sus observaciones y formula recomendaciones para que se mejoren, si es necesario, algunos aspectos, en el marco de su diálogo confidencial permanente con las autoridades pertinentes. Por lo que atañe a la situación en Bagram, en la Bahía de Guantánamo y en Charleston, la responsabilidad de garantizar que las personas detenidas reciban el trato debido de conformidad con el DIH y otros ordenamientos jurídicos aplicables corresponde a las autoridades estadounidenses.

Las visitas que el CICR efectúa en Bagram y en la Bahía de Guantánamo son la continuación de la labor que la Institución desplegó en centros de detención en Afganistán, durante la guerra en 2001.
Procedimientos

Por lo general, las visitas a los detenidos son efectuadas por un equipo especializado de delegados del CICR, así como por intérpretes y personal médico, cuando es necesario. La Institución utiliza los mismos procedimientos en todas las visitas a detenidos:

Los delegados del CICR deben poder hablar en forma totalmente confidencial con todos y cada uno de los detenidos; los delegados inspeccionan todas las celdas y otras instalaciones.

Las visitas se efectúan según la frecuencia que disponga el CICR y mientras dure la detención.

Todos los detenidos tienen la oportunidad de escribir a sus familiares y de recibir noticias de sus allegados utilizando el sistema de mensajes de Cruz Roja.
Los delegados se entrevistan confidencialmente con los responsables del lugar de detención antes y después de cada visita, a fin de manifestar sus preocupaciones y de hacer recomendaciones cuando es necesario.

El CICR registra la identidad de cada detenido que incumbe a su labor. Eso permite que la Institución siga de cerca la situación de cada detenido a lo largo del período de detención.
Mensajes de Cruz Roja

Para la mayor parte de los detenidos y sus familiares, los mensajes de Cruz Roja son un medio importante de mantener un contacto regular y pueden ayudar a aliviar los sentimientos de aislamiento y de incertidumbre sobre el futuro. Los mensajes de Cruz Roja sólo pueden contener noticias personales y familiares y son controlados por las autoridades estadounidenses. Ésa es la modalidad que el CICR utiliza en todos los lugares de detención que visita.

El servicio de mensajes de Cruz Roja para los detenidos y sus familiares implica un despliegue logístico importante en el que participan numerosas delegaciones del CICR en todo el mundo, así como sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los países de origen de los detenidos. Todos los mensajes son entregados personalmente a los detenidos y a sus familiares. Debido a las restricciones existentes, la recolección y la distribución de mensajes insumen mucho tiempo.
Liberación o traslado de detenidos

El CICR se entrevista sin testigos con cualquier detenido que vaya a ser trasladado de Guantánamo y de Bagram, a fin de darle la oportunidad de expresar cualquier temor posible de persecución, en caso de que se lo traslade a su país de origen o a un tercer país. A continuación, el CICR comunica los comentarios del detenido a las autoridades detenedoras, a las que recomienda las medidas apropiadas. La finalidad de este procedimiento es garantizar que se respete la prohibición internacionalmente reconocida de toda forma de traslado de una persona ante una autoridad si existe el riesgo de que esa persona sea objeto de malos tratos (principio de no devolución). Independientemente de la participación del CICR, las autoridades estadounidenses son las principales responsables de hacer respetar esta norma y de la aplicación de los procedimientos necesarios.

El CICR procura seguir de cerca todos los casos de detenidos trasladados desde la Bahía de Guantánamo y Bagram a otros países, sobre todo si luego vuelven a ser arrestados y privados de libertad. El CICR procura visitar a esos detenidos en el nuevo lugar de detención a fin de cerciorarse de que el trato que reciben y las condiciones de detención son acordes a los requisitos establecidos por el derecho internacional. Sus observaciones son comunicadas exclusivamente a las autoridades detenedoras, no a la autoridad estadounidense que los trasladó.

Frecuentemente, los delegados del CICR están presentes durante el traslado o la liberación y, cuando es necesario, proporcionan la ayuda necesaria para que los detenidos liberados puedan retornar a su hogar.
Diálogo con las autoridades estadounidenses

El CICR trata todas las cuestiones relativas a la detención principalmente por medio del diálogo directo y confidencial con las autoridades estadounidenses, y periódicamente discute sus observaciones sobre las condiciones de detención en Bagram, Guantánamo y Charleston con las autoridades militares de esos lugares de detención, así como con los funcionarios estadounidenses competentes en Kabul y Washington.
¿Por qué la confidencialidad?

En todos los países donde el CICR visita lugares de detención, sus observaciones sobre las condiciones de detención y el trato de los detenidos son comunicadas directa y confidencialmente a las autoridades responsables. Bagram, la Bahía de Guantánamo y Charleston no son excepciones. Por lo tanto, el hecho de que el CICR no haga comentarios públicos sobre las condiciones de detención y el trato de los detenidos en más de 70 países en los que visita lugares de detención no debe interpretarse en el sentido de que la Institución no tiene preocupaciones al respecto.

La confidencialidad es una herramienta de trabajo importante para el CICR, pues le permite preservar la índole exclusivamente humanitaria y neutral de su labor. El propósito de este accionar es garantizar que el CICR obtenga y, sobre todo, mantenga el acceso a las personas detenidas, en todo el mundo, en relación con situaciones de conflicto armado altamente sensibles o en otras situaciones de violencia. El hecho de mantenerse al margen de la atención mediática puede facilitar la tarea del CICR y de las autoridades destinada a lograr mejoras concretas en ciertos lugares de detención.

Al CICR también le preocupa el hecho de que cualquier información que difunda sobre sus observaciones podría utilizarse fácilmente con fines políticos. Por otra parte, el CICR deplora el hecho de que, durante los últimos años, los medios de comunicación publicaron, en ciertas ocasiones, información confidencial que había transmitido a las autoridades estadounidenses. El CICR nunca remitió información confidencial a los medios ni dio su autorización para que cierta información confidencial se publicara.
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20 marzo, 2008

Comunicado Del Alto Comicionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechoa Humanos

Preocupación por amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por las amenazas de muerte de las que han sido víctimas líderes de organizaciones sociales de base y miembros de organizaciones de derechos humanos que participaron activamente en la reciente marcha del 6 de marzo.

El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia se ha pronunciado ya con claridad y firmeza respecto a : “la importancia que tiene para el país reconocer el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, incluyendo las necesarias garantías de no repetición”.

Igualmente, en reiteradas oportunidades, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, ha manifestado su respaldo a la “dedicación y valentía de las defensoras y defensores de derechos humanos “, y ha abogado “por la adopción de medidas efectivas que mejoren su protección”.

En las últimas semanas varios asesinatos de líderes de base y comunales han sido puestos en conocimiento de la Oficina, poniendo en evidencia los riesgos, para sus vidas e integridad, que los activistas sociales y de derechos humanos afrontan en sus regiones, muchas veces por cuenta de grupos armados ilegales. En su mayoría, estos homicidios no alcanzan visibilidad frente a la opinión pública, a pesar de su profundo impacto y graves consecuencias en las comunidades donde estas personas ejercieron su labor y en sus respectivas organizaciones.

Es urgente una acción decidida para aclarar el atentado del 28 de febrero con arma de fuego contra el domicilio de la señora Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y promotora de la marcha del 6 de marzo en Pereira; y los homicidios de los señores Edgar José Molina (colaborador de Huipaz) el 23 de febrero, en Algeciras, Huila; Manuel José Reina Collazos (miembro del Partido Conservador) el 25 de febrero, en Vijes, Valle; Leonidas Gómez Rozo (dirigente del sindicato UNEB) el 5 de marzo, en Bogotá; y Carlos Burbano (directivo del sindicato ANTHOC) cuyo cadáver apareció el 11 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

La Oficina solicita a las autoridades del Estado garantizar una pronta y eficaz protección de los defensores de derechos humanos y líderes de las organizaciones sociales de base. También urge a la Fiscalía a adelantar una decidida investigación de los hechos arriba citados.

La Oficina saluda y respalda el sentido plenamente ciudadano y democrático del trabajo de los defensores de derechos humanos y reitera la enorme significación que adquiere, en las actuales circunstancias, el que los más altos representantes del Estado expresen públicamente su respaldo a todas las personas y organizaciones que reivindican legítimamente sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.


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SE RESPONSABILIZA A JOSE OBDULIO GAVIRIA, ASESOR PRESIDENCIAL

En el marco de la política de "Seguridad democrática" del actual
gobierno se ha recrudecido el clima de militarización y se han agravado los
ataques contra la población civil y las organizaciones sociales y de
derechos humanos. Contrario a lo presentado en informes gubernamentales,
esta política no ha conducido a que la situación de derechos humanos
mejore y, por el contrario, han aumentado las ejecuciones
extrajudiciales cometidas directamente por la fuerza pública, las detenciones
arbitrarias, los montajes judiciales, y se ha modificado el panorama de la
violencia sociopolítica debido al cambio en las formas de actuar de los
agresores.

Es falso que el paramilitarismo se haya desmovilizado. Los informes
de diversas instancias como la OEA dan cuenta de que en todo el país
continúan actuando "bandas armadas", que bajo diversos nombres (Águilas
Negras, Organización Nueva Generación, etc.) siguen atacando a las
organizaciones sociales. Esto prueba el proceso adelantado entre el gobierno
y los grupos paramilitares no ha conducido a desmantelar el
paramilitarismo.

Las agresiones contra las organizaciones y sus líderes se agudizan
precisamente en los momentos en que la denuncia y la lucha social son
más visibles, y cuando la situación y los derechos de las víctimas se
están abriendo lugar en el debate nacional e internacional. Desde el
momento en que se hizo pública la propuesta de la jornada (el 5 de febrero),
la estigmatización y los señalamientos, provenientes fundamentalmente
del alto Gobierno y de otros sectores de extrema derecha, han generado
un clima de polarización cuyas consecuencias no se han hecho esperar.

En el marco de la convocatoria de la jornada de "Homenaje a las
víctimas, los desplazados, los asesinados, los desaparecidos. Memoria y
dignidad" del 6 de marzo, que además instalaba el IV Encuentro del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, se realizaron más de 24
movilizaciones en el país y 70 en el ámbito internacional. Sin duda la
respuesta de la ciudadanía frente a la jornada superó las expectativas
de las organizaciones convocantes.
A continuación hacemos un recuento de los graves hechos que se han
presentado en las últimas semanas contra personas y organizaciones que
dirigieron o acompañaron la convocatoria y cuyo trabajo se enmarca en la
defensa de los derechos humanos en Colombia.

HECHOS

Desde el 10 de febrero y por varios medios de comunicación el asesor
presidencial José Obdulio Gaviria señaló la marcha del 6 de marzo de
ser convocada por las FARC.
En declaraciones similares el
asesor presidencial atacó directamente al defensor de derechos humanos y
miembro del Comité de Impulso del Movimiento Nacional de Víctimas de
Crímenes de Estado (MOVICE), Iván Cepeda.
El 11 de febrero de 2008 en el
editorial de la página Web de "Colombia Libre", sitio oficial del grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se publicó se señaló
que la movilización del 6 de marzo era una marcha "entre la revancha y el
oportunismo", organizada por simpatizantes de las FARC.

El 12 de febrero se difundieron por
correo electrónico panfletos amenazantes contra los organizadores de
la marcha. Las amenazas estabas firmadas por el grupo paramilitar "ONG
Nueva Generación Nariño".

El día 17 de febrero Mauricio
Cubides, integrante de Fensuagro (organización integrante del MOVICE), fue
amenazado de muerte, sufriendo un intento de rapto. Como consecuencia de
las amenazas recibidas, debió desplazarse de la región.

Durante la preparación del Homenaje
Iván Cepeda recibió en su correo electrónico varias amenazas en las
que se le acusaba de ser "aliado de la guerrilla de las FARC".

El 29 de febrero dispararon contra
el apartamento de Luz Adriana González, secretaria general del Comité
Permanente por la Defensa de Derechos Humanos -CPDH- de Risaralda. Esta
organización hace parte del MOVICE y Luz Adriana era promotora del
Homenaje. Esta misma semana se difundieron cartas amenazantes contra
Guillermo Castaño, presidente del CPDH, dirigente de la Federación Nacional
Agropecuaria y de la Corporación Campesina del Desarrollo Sustentable.

El 4 de marzo fue desaparecido y
posteriormente encontrado asesinado en su apartamento, Leonidas Gómez,
trabajador del Banco Citibank, integrante del Comité nacional de empresa
de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), del Equipo nacional
de educación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y miembro de
la dirección distrital del partido político Polo Democrático
Alternativo.

El 6 de marzo, día del Homenaje,
Antonio Pedrozo, integrante de la organización Tejiendo Esperanza y
Coordinador de la Marcha Nacional de Desplazados, recibió amenazas de
muerte, mediante un sobre anónimo que contenía un sufragio con la leyenda
"líder de la FARC muerte ya" que en su cubierta decía "acción social para
Libardo Pedrozo".
Durante el Homenaje a las víctimas
se presentaron graves incidentes en varias ciudades. En Cúcuta hubo
hostigamientos y personas de civil, ajenas a la marcha, tomaron fotos e
hicieron videos. En Bogotá fue identificado un joven que seguía y
hostigaba a Iván Cepeda durante el recorrido por la carrera séptima.

El 7 de marzo, el Presidente de la
UNEB, Seccional Bucaramanga, Rafael Boada, fue víctima de un atentado
del que afortunadamente salió ileso. Rafael había recibido varias
amenazas de muerte.

En horas de la noche del 7 de
marzo, fue asesinado Gildardo Antonio Gómez Alzate, educador y delegado de
la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y miembro del Centro
de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID).

Ese mismo día fueron hurtados los
computadores de las oficinas de ASPODEGUA, FENACOA y de la CND, con
archivos que contienen información importante para su trabajo.

El domingo 9 de marzo, fue
asesinado Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de ANTHOC, promotor y
organizador de la jornada de movilización del 6 de marzo.

El 11 de marzo llegó por correo electrónico, a
varias organizaciones sociales y de derechos humanos, una amenaza de
muerte firmada por el grupo paramilitar "Águilas Negras", en la que se
incluye una lista de personas y organizaciones como Minga, Fundip,
Asopron, Andas, Asdego, Asomujer, Fenacoa, Codhes, CUT, ONIC, Comisión
Colombiana de Juristas, Ruta Pacífica de las Mujeres, la Asamblea Permanente
de la Sociedad Civil por la Paz, Asomujer y Trabajo; Reiniciar,
organización que ha presentado una demanda internacional contra el Estado
colombiano por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha recibido
amenazas y ataques reiterados; Luz Helena Ramírez, integrante del Comité
de Impulso del MOVICE; y otros organizadores y participantes en la
marcha.

Estos hechos solo evidencian que el paramilitarismo en Colombia
continúa vigente, y que el proceso de desmovilización adelantado por el
gobierno nacional solamente ha dado lugar a una reestructuración de sus
estructuras; su presencia, en lugar de desaparecer, es cada vez más
evidente en todo el país, particularmente en los lugares donde hay una
fuerte organización social. Estas amenazas demuestran la falta de una
verdadera voluntad de buscar la paz.
Es especialmente preocupante que desde el alto Gobierno se haya
adelantado una campaña de señalamiento contra las organizaciones y los
líderes de la convocatoria a la Jornada del 6 de marzo, ataque que se suman
a la ya larga lista de ocasiones en las que se ha pretendido
deslegitimar la defensa de los derechos humanos en Colombia.

Es claro que el Gobierno nacional, en cabeza del Presidente Álvaro
Uribe Vélez, que promovió con todos los medios a su alcance la
movilización del 4 de febrero, no hizo lo correspondiente con la Jornada del 6
de marzo y, por el contrario, intentó poner un manto de duda sobre las
víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo en Colombia, de
exigir sus derechos.

Responsabilizamos por los hechos ocurridos, así como por la
seguridad de las organizaciones amenazadas, en primer lugar, al asesor
presidencial José Obdulio Gaviria, por sus señalamientos temerarios e
irresponsables. Exigimos que el alto Gobierno rectifique las informaciones
difundidas sobre la jornada del 6 de marzo y sus convocantes, y se reconozca
el derecho de la sociedad a la manifestación pública y pacífica y a
ejercer la oposición política.

Convocamos la solidaridad nacional e internacional para que se
investiguen los orígenes de las amenazas y se determinen los responsables de
los asesinatos y atentados que han sufrido los líderes sociales.

De igual manera, exigimos al Gobierno colombiano resultados
inmediatos en el desmonte real del paramilitarismo, así como la depuración por
parte del Estado de las listas elaboradas por organismos de
inteligencia militar, las cuales han contribuido a la estigmatización y la
eliminación sistemática de quienes integran el movimiento social y de derechos
humanos.
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Reiniciar, Minga,
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos, Comité Permanente de Defensa de los Derechos
Humanos, ANDAS, ONIC, Cut Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, Departamento
de Derechos Humanos CUT, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB,
ADMUCIC, Ruta Pacifica de Mujeres, Hijos e Hijas Por la memoria y Contra
la impunidad, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR-,
Comisión Colombiana de Juristas –CCJ- otras.

Ultima hora:

LA PÁGINA WEB DEL COLECTIVO DE ABOGADOS "JOSE ALVEAR RESTREPO" ESTA
FUERA DE SERVICIO DESDE EL PASADO 13 DE MARZO CUANDO SU CONTENIDO,
ARCHIVOS Y CONFIGURACIONES DEL PORTAL FUERON BORRADOS, POR PERSONAS AJENAS
A LA ORGANIZACIÓN, QUIENES SIN AUTORIZACIÓN ALGUNA, INGRESARON EN EL
SERVIDOR DONDE SE ENCONTRABA ALOJADA LA PÁGINA

ESTOS HECHOS SE SUMAN A LAS RECIENTES AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y
ASESINATOS, DE QUE HAN SIDO VÍCTIMAS ORGANIZACIONES SOCIALES, DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS, SINDICALES, ENTRE OTRAS, ANTES, DURANTE Y LUEGO DE
LA MOVILIZACIÓN DESARROLLADA EN HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
PARAMILITARISMO Y LOS CRÍMENES DE ESTADO, EL PASADO 6 DE MARZO.



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Aumenta desplazamiento en Intuango, Antioquia.

Fuertes combates entre la Brigada Móvil 11 del Ejército y el frente 18 de las Farc en la vereda San Agustín de Leones , zona rural del municipio de Ituango , Antioquia, generaron esta madrugada un nuevo desplazamiento de 140 personas hacia el casco urbano de ese municipio. A Ituango habían arribado en los últimos días otros 110 desplazados por las mismas causas, completando ya 250 personas según cifras del Comité Departamental de Desplazados Forzados que en las últimas horas envió a los albergues, alimentos e insumos para siete días mientras el Comité Internacional de la Cruz Roja , CICR, puede ingresar a la zona el próximo viernes 21 de marzo. Según información de la Defenoría Regional del Pueblo, la situación de este municipio y su zona rural y el peligro que corrían sus habitantes estaba advertida en un informe de Riesgo de 2006 y las advertencias se reiteraron por última vez con una nota de seguimiento en febrero de 2008. Algunos de los desplazados que han llegado a Ituango comentan que "las Farc vienen advirtiendo desde hace unos dos a?os que de cualquier sitio donde el Ejército permanezca más de 48 horas todos los campesinos se tienen que ir o no responden por sus vidas".

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Editorial de CODHES


El fin del fin justifica los medios?

El gobierno se empeña en la opción militar para derrotar a las Farc y la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano tiende a consolidar esta alternativa y a cerrar las vías del diálogo y la negociación política.

El gobierno se empeña en la opción militar para derrotar a las Farc y la muerte del jefe guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano tiende a consolidar esta alternativa y a cerrar las vías del diálogo y la negociación política.

La estrategia oficial es usar inteligencia con asesoría de Israel, ataques aéreos con tecnología de Estados Unidos, dinero y beneficios para presionar deserciones de guerrilleros y ofensiva mediática para anunciar el “fin del fin”.

El gobierno prioriza el fin y relativiza los medios para lograrlo. En su afán por capturar o dar de baja a los guerrilleros el gobierno usa métodos cuestionables que van desde la captura en forma irregular de rebeldes en países vecinos, hasta operaciones aéreas y en tierra que violan la soberanía, como acaba de ocurrir con Ecuador, pasando por el uso de bombas clúster o “bombas racimo”, que constituyen un peligro para los civiles en un conflicto bélico debido a su imprecisión y a su amplia dispersión.

Los resultados en bajas, capturas y deserciones le dan la razón al gobierno y crean una sensación colectiva de victoria inminente. No obstante, hay por lo menos cinco factores que podrían ser considerados en el momento de un análisis menos apasionado y más realista del rol que juegan las Farc en la evolución del conflicto armado en Colombia. Estas observaciones son el resultado del trabajo en terreno de CODHES y del seguimiento y análisis del conflicto armado como causa de desplazamiento forzado en el país.

Reclutamiento masivo

El primer factor tiene que ver con el reclutamiento masivo de guerrilleros de las Farc en todo el país, que indica una capacidad de reordenar sus estructuras, aunque con muchas debilidades en el proceso de formación política y en la formación de mandos responsables.

El reclutamiento de las Farc no es selectivo sino masivo, en un esfuerzo por suplir las bajas y las deserciones en sus filas. “Actúan como un ejército de ocupación” según señaló un sacerdote que intentó frenar el reclutamiento de jóvenes en el sur del país. El reclutamiento o el miedo de los padres a que se lleven a sus hijos para la guerra, está presionado el desplazamiento forzado en los últimos dos años, según lo advirtió CODHES en su último informe.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las Farc pasaron de 20 mil a 13 mil efectivos entre 2002 y 2007, lo que significa bajas por muerte, captura o deserción de más de 7 mil combatientes. Según la revista Cambio, las Farc pasaron de 16.900 efectivos en la época del Caguán a 8.900 en la actualidad. Descontando los falsos positivos, es evidente que la ofensiva del gobierno ha dejado numerosas bajas en la guerrilla. Lo que emerge como un hecho significativo para la “sostenibilidad” del conflicto armado es el reclutamiento masivo, que incluye, además de las Farc, a los paramilitares y, por supuesto, a la Fuerza Pública , que en 2002 tenía 220 mil efectivos y en 2008 ya acerca a 500 mil (la meta es de 560 mil en 2010).

Es muy probable que en los últimos tres años las Farc haya logrado restituir por la vía del reclutamiento las bajas que le han provocado las Fuerzas Militares, lo que no necesariamente implica una dinámica de crecimiento, pero sí una cierta sostenibilidad.

Expansión territorial

El segundo factor está asociado a la capacidad de expansión de la guerrilla de las Farc. Desde sus orígenes esta guerrilla ha transitado una experiencia exitosa de reacomodamiento dentro del territorio nacional.

Las primeras columnas de las Farc se asentaron en Marquetalia, El Pato, Rio Chiquito y Guayabero, entre los departamentos del Huila, Cauca y Tolima. La ofensiva militar de 1964-1965 provocó un repliegue hacia la zona de La Uribe , en el departamento del Meta, epicentro de otra gran ofensiva del Ejército en 1991, que provocó un repliegue más estratégico hacia la zona del Cagúan en el departamento del Caquetá.

Es de suponer que, desde antes de la ruptura de los diálogos con el gobierno del presidente Pastrana (enero de 2002), las Farc crearon las condiciones para un repliegue hacia los departamentos del Vaupés y Vichada, hoy incorporados plenamente al mapa de la guerra en Colombia.

El repliegue no es total. En las zonas tradicionales se mantiene la presencia de la guerrilla, lo que asegura una expansión efectiva de sus efectivos en el territorio nacional (Nariño y Putumayo, Guaviare, Norte de Santander y Arauca, Valle del Cauca, Chocó, Tolima, Huila y Caquetá, Serranía de Abibe, Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta y Sierra del Perijá, Eje Cafetero, Urabá y Nordeste de Antioquia, entre otras regiones).

Los golpes más contundentes de la Fuerza Pública contra las Farc, en términos de desarticulación de sus estructuras y capacidad de combate, se han concentrado en Cundinamarca, la zonas de los Montes de María, en los límites de Guaviare y Vaupés y, ahora, en el fronterizo departamento de Putumayo. Vale anotar que, después de los departamentos de Vaupés y Vichada, el conflicto armado tiende a copar los extensos territorios de Guainía y Amazonas.

Historia y mística

El tercer factor tiene que ver con la cohesión, la mística y la voluntad de lucha de la guerrilla, cuyos símbolos y liderazgos se mantienen y deben ser considerados en el momento de analizar su situación.

El comunicado de las Farc que confirma la muerte de Raúl Reyes califica este hecho como un “homenaje a todas y todas los camaradas caídos en combate”. El líder máximo de las Farc, Manuel Marulanda Vélez (cuya efigie aparece en la camiseta que vestía Reyes cuando cayó abatido), sigue siendo el referente emblemático de una guerrilla que, tradicionalmente acude a su historia de más de cuatro décadas para reafirmar su decisión y capacidad de seguir adelante.


La insistencia en el canje humanitario de secuestrados por prisioneros de las Farc en poder del Estado colombiano e incluso extraditados a Estados Unidos como Simón y Sonia, reafirman un concepto “fariano” de la solidaridad. Esta mística y cohesión se mantiene, a pesar de la propaganda del gobierno orientada a desmoralizar y deslegitimar al enemigo mediante mensajes degradantes (“farándula de terrorismo sanguinario”) y el uso recurrente de adjetivos orientados a ofender al contrario (“bandidos”, “narco terroristas”, “cobardes”).

Financiación de la guerra

El cuarto factor es el de la capacidad de recursos para mantener la acción armada. El narcotráfico se convirtió en la principal fuente de recursos para las Farc por el cobro del “impuesto de gramaje” en las zonas cocaleras que, al parecer, se amplió a quienes se dedican a importar insumos y a procesar y exportar la droga.

Esta lógica de asociación con el negocio ilícito de las drogas y las urgencias de la guerra, habrían llevado a algunos frentes a participar directamente en el negocio y a múltiples formas de corrupción propias de las economías ilícitas.

Las fumigaciones de cultivos de coca no han reducido la siembra y, por el contrario, ha generado una diseminación de plantaciones en pequeña escala en diversas regiones del país, que, a su vez, ha fragmentado los carteles encargados de la exportación ilegal de cocaína. Es decir, cinco años después del Plan Colombia el resultado es que este país sigue siendo el primer productor y exportador de cocaína y que este negocio, además de la corrupción en gran escala en todos los países involucrados, asegura la prolongación del conflicto armado, lo que no deja de ser una gran paradoja.

Los extremos se juntan

El quinto factor es el mismo gobierno del presidente Uribe, cuyas acciones alimentan y retroalimentan a las Farc. Es evidente el odio de Uribe contra las Farc lo que determina el comportamiento oficial y se hace evidente en la aplicación de la política de seguridad democrática.

El presidente Uribe ganó las elecciones con un discurso de mano dura y no despeje, con el cual ha sido coherente. La idea de aniquilar al enemigo y la obsesión por la derrota militar están presentes de manera continua en el discurso presidencial y tiene correspondencia en unas Farc que intentan re-legitimar su lucha argumentando la arbitrariedad oficial (detenciones masivas y arbitrarias, falsos positivos, torturas, desplazamientos y desapariciones forzadas) o las denuncias de vínculos del primer mandatario con el paramilitarismo o los artífices de la parapolítica.

Ese ambiente de polarización se manifiesta en los inamovibles de las partes frente al acuerdo humanitario (en especial frente al despeje militar de Florida y Pradera) y aleja las posibilidades de diálogo y negociación.

La inutilidad de la guerra

Las Farc están duramente golpeadas pero no derrotadas. Tienen capacidad de resistencia y acción, pero no están en condiciones de tomarse el poder. Su tiempo, que antes era su principal recurso, se está acabando. El espacio político se agota. Los rehenes civiles y militares son ahora un problema frente a la sociedad colombiana y el mundo que reclaman el fin del secuestro y la libertad de todos los cautivos. Pueden expandir la guerra y reordenar sus frentes, pero la lucha armada no tiene futuro en el país.

Por su parte, el gobierno insiste en una política de guerra y tierra arrasada que afecta a la población civil y deteriora las relaciones con los países vecinos. No se supera la crisis humanitaria y de derechos humanos y se desborda el presupuesto en gastos de seguridad y defensa que ya superar el 6% del PIB. Colombia juega en la órbita de la política exterior de Estados Unidos, cuyo gobierno republicano está próximo a culminar en medio del desprestigio por sus aventuras bélicas.

Queda claro que la costosa guerra del Estado contra la insurgencia no ha servido para superar el conflicto armado y que las armas que por tanto años empuñaron los guerrilleros no sirvieron para resolver sus causas.

En estas circunstancias, se impone el realismo de la solución política y negociada. El comunicado de las Farc sobre la muerte de Raúl Reyes en el que reafirma su decisión de persistir en el acuerdo humanitario y en la paz, es un buen augurio. Sin embargo, el gobierno está entusiasmado con los resultados parciales de la guerra, pero debería pensar más en el futuro y menos en la euforia militarista del presente.

La crisis que enfrenta Colombia con Venezuela y Ecuador, como consecuencia de la operación militar en territorio ecuatoriano para dar de baja a Raúl Reyes y demás guerrilleros, plantea un nuevo escenario y demanda una nueva lectura de esta cambiante coyuntura



Editorial de CODHES
Bogotá, 3 de marzo de 2008


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Refugiados colombianos en Ecuador, víctimas invisibles

Los colombianos refugiados en el Ecuador son muchos más de los 250.000 que se conocen oficialmente, aseguró Guillermo Rovayo del Servicio Jesuita para los refugiados de ese país.
El director del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes de Ecuador, Guillermo Robayo, fue uno de los ponentes más carismáticos en el segundo día del IV Seminario Internacional. Su exposición se centró en el estado de la población colombiana, refugiada en el territorio ecuatoriano, víctima de la violencia. Robayo, desde el comienzo de su discurso, pidió porque no se olviden de aquellos colombianos que también tienen vulnerados sus derechos pero que sufren aún más al estar lejos de su tierra natal. Según datos de la ACNUR, hay más de 250.000 colombianos con carácter de refugiados en el Ecuador, pero la cifra puede aumentar desmedidamente al tener en cuenta que hay centenares que nunca se registran por temor a ser deportados. ?La frontera colombo ecuatoriana cuenta con tres entradas regulares, pero hay más de doscientas en las que los desplazados simplemente cruzan el río? se?aló el ponente. Ecuador es el país que más refugiados recibe de Colombia. Allí, los desplazados del área rural y urbana sufren ?políticas restrictivas y prácticas discriminatorias a todos los niveles en los estamentos públicos?. Además, restricciones y trabas burocráticas en el acceso a los servicios públicos. Según Robayo, el fenómeno ya no es sólo fronterizo sino nacional, e incluso interregional. El ponente concluyó afirmando que ?el refugio exige ser analizado en el contexto global del país, y no como una fragmentación del mismo (?) Ésta no es sino la reiteración a la necesidad de no fragmentar los ?planes? sino traspasarlos a una realidad global?.
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La Defensoría del Pueblo confirma que son 425 los desplazados en Toribío

Foto EL TIEMPO.

Un funcionario de la Defensoría del Pueblo regional Cauca que pudo llegar hasta la escuela de la vereda La María en zona Rural del Toribío Cacua, confirmó que son 425 personas y no 600 como se pensaba en principio, las personas que han podido llegar hasta allí desde las veredas El Decio y La María, donde desde hace dos semanas se libran fuertes combates entre el Ejercito y el frente 6 de las Farc. El defensor también pudo confirmar luego de recoger testimonios de la gente, que además de las dos casas destruidas por el artefacto explosivo lanzado por las Farc al Ejército, que cayo accidentalmente sobre los techos el pasado domingo, otras 10 viviendas fueron totalmente destruidas y 100 seriamente averiadas en una segunda explosión ocurrida minutos después, cuando soldados prendieron fuego a una casa que servía a las Farc como caleta para esconder marihuana sin darse cuenta de que allí también camuflaban armamento y explosivos. Esa segunda explosión generó un enorme cráter en la carretera que comunica la vereda con el casco urbano de Toribío. En este momento una comisión conformada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, la Personería Municipal y Acción Social se dirige hacia el lugar, a dos días de camino, para llevar atención humanitaria de emergencia calculada para 30 días mientras las autoridades definen como solucionar la situación de desplazamiento de estas familias y si pueden regresar a sus tierras.
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!!!NO MÁS ACTORES ARMADOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS RECLAMAN!!!

[ CRIC] Miércoles 12 de Marzo de 2008

El Indígena Reinel Remigio Oca de 29 años murió por efecto de una explosión y los comuneros, Victoriano Tumbo de 25 años y Aurelio Pete Cuetetuco de 26 años, resultaron heridos al activar de manera accidental una granada en su parcela de trabajo el sábado 8 de febrero de 2008.
Según las Autoridades Tradicionales Indígenas y la Asociación de Cabildos Nasa Chxa Chxa esta situación es continuidad de los hechos sucedidos desde el año 2006, cuando las Comunidades Indígenas del Resguardo de San José, Mosoco y Vitoncó denunciaron enfrentamientos entre el Ejercito Nacional y las FARC EP.

Denuncian, además, que por efecto de los bombardeos indiscriminados, el fuego cruzado y el accionar de los combatientes durante todo el año ha habido desplazamiento, pérdida de vidas humanas, muerte de animales, hurtos, saqueo de viviendas y destrucción de bienes en general.

La comunidad guarda en su memoria la muerte del estudiante y guardia indígena, Omar Henry Silva, muerto en el año 2006, por un proyectil disparado por el ejército nacional en enfrentamientos con las FARC; así como la situación sufrida por los comuneros Leonel Finscue, Andrés Atillo y Félix Cucha que fueron heridos igual que en el suceso actual: una explosión que aún no identifica si eran minas antipersonales o explosivos abandonados, lo único cierto es que los efectos son
los mismos, la desolación y la muerte.

Nuevamente, el martes 12 de Febrero del 2008, en las horas de la mañana, se
presentaron enfrentamientos en el Alto San Miguel, pueblo de Caloto, y las
veredas de Huila y Llano Buco, generándose desplazamiento masivo, por lo cual
cerca de 700 personas se han instalado temporalmente en la Mesa de Caloto y en
el sitio Thafiw, vereda el Naranjal, en el Resguardo Indígena de Tálaga.

La situación ocurrida el sábado 8 de marzo, donde murió el comunero Reinel Remigio Oca y resultaron heridos, Victoriano Tumbo y Aureliano Cuetetuco, se presenta cuando una herramienta de trabajo chocó con un artefacto explosivo, al
parecer olvidado o abandonado después de los enfrentamientos del mes de febrero del presente año en la Vereda Caloto del resguardo indígena de Huila,
Tierradentro.

Dicho suceso fue denunciado por las autoridades indígenas de la zona, sin que sus requerimientos fueran atendidos con diligencia.

El comunero muerto era Presidente de la Junta de Acción Comunal, y deja 4
huérfanos menores de edad y una esposa en estado de embarazo. Su padre,
Jesús Remigio, es Capitán mayor del Resguardo indígena de Huila.
A su sepelio, realizado el día 11 de marzo, asistieron más de 300 personas de la
zona, entre ellas autoridades indígenas de los resguardos indígenas de Tálaga,
Toéz, Mosoco y de la Consejería Mayor CRIC, en cabeza de Aida Quilcue; contó
también con la presencia de la alcaldía de Páez.

Allá, comunidades y autoridades tradicionales indígenas de Tierradentro rechazaron este lamentable acontecimiento y exigieron de las instituciones del Estado mayor atención a su responsabilidad constitucional pues no se observa garantía de la vida ni a la integridad física de las personas, por el contrario es notorio un gran desconocimiento frente a la autonomía territorial y a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, que se violan cotidianamente por todos los actores armados del conflicto colombiano.

Ante esta grave situación de riesgo, que se suma a la amenaza constante de una
erupción volcánica del Nevado del Huila, tanto autoridades tradicionales como voceros de la comunidad rechazamos y condenamos la utilización de la población
indígena como escudos humanos y de sus centros poblados como campos de
batalla, por lo cual reclamamos:

1. La urgente necesidad que todos los grupos armados abandonen los territorios indígenas y cesen los enfrentamientos armados, principalmente cuando pongan en riesgo la integridad, los bienes y la vida de la población civil.

2. La adopción de políticas institucionales claras en defensa y protección del derecho internacional humanitario y los derechos colectivos de nuestros pueblos.

3. Apoyo efectivo y oportuno de las entidades competentes, en especial para brindar apoyo y protección para los cuatro (4) huérfanos del comunero Reinel Remigio; la atención adecuada y oportuna para los heridos, así como la garantía de acciones humanitarias para la población desplazada por causa del conflicto armado.

CONSEJERIA MAYOR CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA ­CRIC Popayán, 12 de marzo de
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