La ONU aseguró hoy haber encontrado "pruebas evidentes" de que 90 civiles, entre ellos 60 niños, perdieron la vida el pasado 22 de agosto en un ataque

Kabul, 26 ago (EFE).- La ONU aseguró hoy haber encontrado "pruebas evidentes" de que 90 civiles, entre ellos 60 niños, perdieron la vida el pasado 22 de agosto en un ataque aéreo de las fuerzas de EEUU desplegadas en Afganistán.

El enviado especial de la ONU en el país centroasiático, Kai Eide, explicó que un equipo de la Misión de Asistencia en Afganistán (UNAMA) ha investigado durante los últimos días el bombardeo, que tuvo lugar en el distrito de Shindand, en la provincia occidental de Herat.

"La destrucción que causó el ataque aéreo era muy evidente. Siete u ocho casas han sido totalmente destruidas y muchas otras han sufrido daños", relató Eide.


"Los lugareños fueron capaces de confirmar el número de víctimas, incluidos sus nombres, edades y sexo", añadió el enviado especial de la ONU.

"Las investigaciones de la UNAMA encontraron pruebas convincentes, basadas en el testimonio de los testigos, de que 90 civiles murieron, entre ellos 60 niños, 15 mujeres y 15 hombres", corroboró.

Las autoridades afganas también habían situado en 90 el número de muertos en el ataque aéreo de la coalición que lidera EEUU en Afganistán.

El mando militar estadounidense mantuvo que en el bombardeo murieron 30 supuestos talibanes, aunque un día después se comprometió a investigar lo ocurrido.

"Éste es un asunto de gran preocupación para la ONU. He dejado varias veces claro que la seguridad y el bienestar de los civiles tiene que ser considerado por encima de todo a la hora de planear y lanzar operaciones militares", advirtió Eide.

El enviado de la ONU criticó que ataques como éste "minan la confianza del pueblo afgano en los esfuerzos por construir un Estado justo, pacífico y respetuoso con la Ley".

Eide llamó a las fuerzas internacionales y afganas a "evitar" que se produzcan de nuevo "incidentes trágicos" y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

Aunque en ningún momento se refirió explícitamente a la coalición liderada por EEUU en Afganistán, Eide recordó a "todas las partes implicadas en el conflicto" que la protección de los civiles "tiene que ser su máxima preocupación".

Ayer el Gobierno afgano presidido por Hamid Karzai decidió "revisar" la presencia de las tropas internacionales en el país y "regular" su responsabilidad por medio de un acuerdo.

El Ejecutivo afgano constató en su comunicado haber discutido "repetidamente" el asunto de las bajas civiles con las fuerzas internacionales, a las que ha pedido "que detengan todos los bombardeos aéreos sobre objetivos civiles, especialmente en los pueblos afganos".

EEUU comanda una coalición en Afganistán que cumple la misión antiterrorista "Libertad Duradera" y cuenta con una gran mayoría de soldados estadounidenses (unos 15.000), que actúan independientemente de la misión de la OTAN (ISAF), bajo mandato de la ONU.

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‘Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón

‘Paras’ extraditados deberían ser repatriados hasta que digan la verdad: Baltazar Garzón
El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón presenciaron la exhumación de 25 cadáveres en Turbo, Antioquia. Garzón propuso repatriar temporalmente a los paras extraditados a Estados Unidos para que las víctimas conozcan la verdad.
Fecha: 08/26/2008 -
Este martes, el juez de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón y el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, quienes se encuentran de visita en Colombia con el propósito de indagar sobre el proceso de justicia y paz, asistieron a la exhumación de 25 cadáveres, asesinados por los paramilitares en la vereda Las Cañas, zona rural de Turbo, Antioquia.

Las coordenadas que permitieron localizar la fosa donde estaban los cadáveres a dos metros de profundidad fueron reveladas durante las diligencias de Justicia y Paz, por Éver Veloza, alias ‘HH’, a quien el gobierno le tiene pendiente la extradición a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El viernes pasado el gobierno le dio un plazo de cuatro meses a alias ‘H.H’ para que colabore con Justicia y Paz antes de hacer efectiva su extradición.

Por esta razón, el juez Garzón dijo: “yo estoy convencido de que ningún gobierno democrático, y estoy seguro de que el de Colombia no lo va a hacer, si 'HH' está desarrollando esas declaraciones, no lo va a extraditar. Sería un caso muy grave que lo hiciera. Si han dado cuatro meses y la actividad necesita cinco, serán cinco, estoy convencido".

Garzón, impresionado por la exhumación de los cadáveres, propuso repatriar, al menos temporalmente, a los jefes paramilitares extraditados con el fin de que las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos asesinados o desaparecidos. El juez dijo que conocía de situaciones semejantes en las que españoles extraditados a Estados Unidos han sido devueltos a su país, mientras se efectúan las diligencias judiciales necesarias.

"Iguarán (el fiscal) no va a ir por Mancuso y se lo va a traer de la mano a Colombia. Ya le gustaría, pero no lo puede hacer. Sin ningún lugar a dudas que si se hace conciencia de lo que es Justicia y Paz, esa decisión se va a producir", dijo Garzón.

Hasta el momento por testimonios de combatientes y jefes desmovilizados del paramilitarismo y la guerrilla se han encontrado unas 1.300 fosas con unos 1.600 cadáveres, de acuerdo con datos del informe anual de la Fiscalía General presentado el lunes. (Vea aquí más cifras consolidadas de la Fiscalía sobre Justicia y Paz).

El juez Baltasar Garzón y el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo, vieron de cerca los vestigios del largo conflicto interno colombiano. Presenciaron cómo técnicos de la Fiscalía colombiana, enfundados en trajes blancos y con mascarillas, exhumaron los cadáveres.

"La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos: cráneos, dentaduras, miembros del cuerpo humano. Es muy impactante", dijo Garzón consternado, a los medios de comunicación.
Ante la ausencia de los familiares de las personas asesinadas en la diligencia, Moreno advirtió que aunque muchas víctimas han decidido hablar, aún tienen mucho miedo. “Ellos (los familiares) quieren estar acá presentes,...quieren saber qué pasó con sus familias, y no están porque tienen miedo, entonces esto muestra que todavía tenemos tres problemas distintos: verdad, justicia y también seguridad", dijo desde la región de Urabá, una de las más azotadas por el paramilitarismo, a 480 kilómetros al noroeste de Bogotá.

"En la medida que Colombia haga justicia, no necesita la intervención de la Fiscalía (de la CPI), la Fiscalía es una herramienta de reaseguro que no va a haber impunidad en Colombia, ese es nuestro rol, reasegurar que si el gobierno no puede, nosotros vamos a dar castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”, dijo el Fiscal de la CPI, quien además se abstuvo de opinar sobre la propuesta de repatriar a los paras extraditados.

Moreno dijo que en un mes entregará el informe sobre su visita a Colombia. Dijo además que había visto avances importantes en el mecanismo de reparación a las víctimas del conflicto armado por vía administrativa, con respecto a su visita el año pasado.

Moreno, quien comparó los crímenes cometidos en Colombia con los cometidos en naciones africanas como Congo, ha mostrado especial interés en las presuntas relaciones de políticos con paramilitares. En un taller de justicia transicional en el que participó, Moreno dijo que "la 'parapolítica' es un tema central para nosotros porque los máximos responsables son los que deben ser juzgados y condenados".

Con información de agencias

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Grupos Armados Reclutan menores en la Comuna 13 de Medellin

IPC
la utilización y el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados que hacen presencia en los barrios de la comuna 13 de Medellín está alcanzando niveles insostenibles, al punto que aquellos que se niegan a participar en actividades delictivas son amenazados, golpeados y, en algunos casos, desterrados.

El hecho ya había sido denunciado por organizaciones defensoras de derechos humanos, pero lejos de registrarse una mejoría, lo que muestran los relatos de varias madres de familia residentes en la zona consultadas por la Agencia de Prensa IPC, es un alarmante deterioro del orden público en esta zona centrooccidental de la ciudad, que deja a la población infantil y juvenil en medio de un fuego cruzado difícil de esquivar.

Según denuncias de los pobladores, en sectores como La Arenera, La Loma, Las Independencias I, II y III y La Torre, grupos armados liderados por desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), han convertido en “ley” la participación de niños y niñas, en edades entre los 9 y 16 años, en acciones delictivas como hurtos a locales comerciales, cobro de extorsiones, expendio de sustancias alucinógenas, transporte de armas y fabricación de materiales explosivos como “papas bombas” y petardos.

Quienes desobedezcan la orden corren serio peligro de ser desterrados o amenazados. “Hace cuatro meses tuvimos que pedirle ayuda a la Personería de Medellín, porque iban a matar a varios jóvenes, entre ellos el hijo mío, porque no querían hacer parte de esas bandas. Ahora están desterrados del barrio, no pueden volver por aquí y están de casa en casa, en muy malas condiciones”, narra una madre de familia de la zona, quien pidió reserva de su identidad.

La preocupación de líderes y organizaciones defensoras de derechos humanos radica en que las condiciones socioeconómicas de muchas familias las hace más vulnerable al reclutamiento forzado y la utilización de menores de edad por parte de estos grupos. “Aquí viven muchas madres cabezas de hogar que tienen que salir todo el día a trabajar dejando a sus hijos solos. Cuando ellas salen, llegan los 'de la banda' a sacarlos de las casas, a involucrarlos en estas actividades y, ¿quién puede controlar una situación así?”, explica una líder.

El caso de Sonia* es fiel reflejo de esta situación. Su hijo, de tan sólo 12 años, integra uno de los tantos grupos armados existentes en la populosa comuna. Ella descubrió el hecho hace poco, cuando su pequeño comenzó a guardar armas en la casa. Su preocupación la llevó a renunciar a su trabajo en una fábrica de confecciones hace dos meses, a fin de estar más pendiente de su hijo.

Durante este tiempo ha podido conocer más detalles de cómo llegó su hijo a este peligroso mundo. “Él no mue cuenta mucho, pero sé que lo están obligando. A mi casa va un joven mayor de edad a preguntar por mi hijo y él obedece inmediatamente. ¿Desde cuando viene haciendo esto? No lo sé, pero en el rostro de mi hijo se refleja el miedo que le tiene a ese muchacho. ¿Qué puedo hacer? No mucho. Esa gente me genera mucho miedo y yo tengo otros cuatro hijos que cuidar. No tengo trabajo, no me puedo ir del barrio. Sólo me queda rezar que no le pase nada”, relata Sonia.

El desespero de las madres de familia ha llegado a extremos dolorosos. “Mis hijos duermen debajo de la cama, porque no quiero que los muchachos de la banda se den cuenta de que ellos están en la casa. Ellos van y preguntan por él, yo les digo que no está, que ya no viven en el barrio; sin embargo, no me dejan en paz. Siento mucho miedo”, cuenta una pobladora de El Salado.

Deterioro de la seguridad

Lo anterior coincide con el incremento de crímenes en esta zona que tiene angustiada a la comunidad. En un reciente informe, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos (Updh) de la Personería de Medellín, documentó una serie de denuncias que dan cuenta de disputas territoriales entre bandas del sector, toques de queda a menores de edad, asesinatos selectivos y cobro de vacunas a comerciantes de la zona.

Según el informe, la proliferación de bandas criminales, integradas en su mayoría por menores de edad, está generando enfrentamientos entre ellas en su búsqueda por monopolizar las actividades ilegales. Entre enero y junio de 2008 se registraron 33 asesinatos, varios de ellos contra población infantil y juvenil.

Algunos pobladores hablan de la existencia de límites territoriales en sus barrios. “Un joven de La Independencia I no puede pasar a la (Independencia) II, porque 'lo encienden a bala'. Una niña de este barrio no se puede meter con gente del otro, porque la golpean o la asesinan los 'de la banda”, señala un padre de familia de la Independencia I.

Asimismo, la Updh da cuenta de “toques de queda 'de facto' para los jóvenes después de las 10 de la noche en diversos sectores”, hecho ratificado por un líder del barrio La Divisa: “Personalmente, me da miedo estar en la calle después de las 6 de la tarde. Aquí en estos barrios se volvieron frecuente los atentados con petardos. Hace 15 días explotó uno cerca a mi casa, por eso no salgo ni a la puerta. Aquí la gente vive con más miedo que antes”.

El deterioro de la seguridad en esta zona, que alberga a 135 mil habitantes en un total de 23 barrios, contrasta con el número de efectivos de la Fuerza Pública apostados allí: un total de 369, entre policías y soldados, lo que la convierte de lejos en la comuna de Medellín con más presencia de cuerpos de seguridad.

No obstante, las quejas de la comunidad con respecto a las autoridades militares son cada vez más reiteradas. Según varios habitantes, el reclutamiento forzado de menores de edad se realiza en ocasiones con aquiescencia de miembros de la Fuerza Pública; el maltrato de jóvenes, mujeres y madres de familia son frecuentes y las acciones contra los expendios de drogas y los grupos armados son pocas. (Ver nota anexa)

Además, los relatos sobre patrullajes nocturnos y presencia de “grupos de vigilancia privada” vienen aumentando. “A los más niños los ponen a vigilar que no venga gente extraña o de otra banda y a los más grandecitos les toca patrullar a altas horas de la noche. Yo les he visto encapuchados, vestidos de negro y portando armas”, agregó el líder de la Divisa.

Pero quizás lo más preocupante de todo este panorama es que los residentes de la comuna 13 se están cansando de denunciar una situación que no es nueva, pero frente a la cual obtienen siempre la misma respuesta por parte de la Administración Municipal: “Aquí nos quieren vender la idea de que la comuna es un milagro social. Cuando denunciamos, nos intimidad y nos mandan más policías, cómo si eso solucionara los problemas de hambre, desempleo y miseria que aquí existen”, sentencia una madre de familia.

* Los nombres fueron modificados por razones de seguridad

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“El mundo no acepta más impunidad” Corte Penal Internacional

El Espectador
Horas antes de que formalmente comenzara la visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno, el presidente Álvaro Uribe Vélez expresó que no había nada que ocultar en materia de justicia. Pero pasaron pocos minutos para que, en términos numéricos, Moreno hiciera una dura comparación entre la situación del país y los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo: “En términos de gravedad, Colombia está al tope”.

El lunes, en el hotel Bogotá Plaza, durante el foro de reflexiones acerca de las actuaciones judiciales en Colombia a la luz de los estándares internacionales, al que también asistieron el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, el canciller Jaime Bermúdez, el vicepresidente Francisco Santos y el fiscal Mario Iguarán Arana, Moreno aseguró que está analizando la situación del país y en caso de concluir que no hay procedimientos judiciales, la CPI tendría que intervenir. “El mundo no acepta más impunidad”, agregó.

El fiscal de la CPI dijo que les explicará a los fiscales cómo actúa la justicia internacional frente a los casos masivos y similares: “Empezamos con los máximos responsables que no siempre son los que están en el máximo nivel del organigrama. No hay un criterio legal para saber a quién investigar, por eso es bueno mirar los incidentes más graves y quiénes los cometen”.

Frente a los casos de la parapolítica, donde no ha habido involucrados con delitos lesa humanidad, Moreno sostuvo que “van a estudiar caso por caso en la medida en que se condena”.

Precisamente esa fue una de las principales inquietudes que tuvo que resolver el vicepresidente Francisco Santos. “Moreno estaba muy preocupado y nosotros le dijimos que sí estamos preguntando por estos hechos, por ejemplo, ha ocurrido con Álvaro García, quien además de responder por concierto para delinquir, lo debe hacer por masacres. Igual está ocurriendo con el ex gobernador de Sucre, Salvador Arana”.

El Gobierno también tuvo que dar explicaciones acerca de la decisión de extraditar a los jefes paramilitares. El argumento del Vicepresidente fue que se vieron obligados a hacerlo, porque estas personas no estaban reparando a las víctimas. Ahora, en sus manos está cooperar para mantenerse en justicia y paz o enfrentarse a las acusaciones que les esperan en Colombia, porque sus crímenes no prescriben. Agregó que ya hay cuatro extraditados que anunciaron cooperar, los otros simplemente están esperando el momento procesal en Estados Unidos y falta determinar si será por internet o qué otro medio virtual.

El fiscal de la CPI aseguró que estarán atentos a los resultados de la justicia con paramilitares, parapolíticos, las Farc e incluso las conexiones internacionales de apoyo.

A su turno, el Fiscal Mario Iguarán defendió la Ley de Justicia y Paz y dijo no tolerar las versiones de que ésta no ha dado resultados, porque pese a las dificultades, ha permitido conocer la verdad. Sin embargo, manifestó que su preferencia habría sido que no extraditaran a los jefes de las autodefensas, porque los procesos hubiesen sido más ágiles.

“Continuaremos impulsando las investigaciones contra la parapolítica. Es cierto, ésta acabó. Pero de empezar. Sabemos que hay preocupación por una reciente preclusión (Luis Humberto Gómez Gallo) y la revocatoria de medida de aseguramiento (Mario Uribe), pero este último no ha sido absuelto”, sostuvo el Fiscal General.

El Vicepresidente remató su evaluación a Moreno asegurándole que, “el Gobierno ha prestado su apoyo y ha respetado las decisiones de la Corte, puede que tengamos discusiones de valoración de pruebas, pero siempre hemos respetado lo que dicen”.

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