El Tiempo. La Fiscalía también indaga sobre la supuesta participación en estos delitos de miembros del Ejército, la Armada y la Policía en 39 de los casos.
En los hechos, dice el documento conocido por EL TIEMPO, hay un patrón general:
"usar la violencia sexual como arma de guerra y a la mujer como botín de guerra".
Las cifras están en el informe que el fiscal Mario Iguarán le acaba de entregar a la Corte Constitucional un informe sobre el avance de las investigaciones de casos que afectaron al menos a 500 colombianas y que algunas veces provocaron desplazamientos forzados de comunidades enteras.
Los hechos, según este primer reporte, ocurrieron entre 1993 y 2008, en 88 poblaciones de 26 departamentos del país.
La Corte ordenó el informe hace casi un año, tras una audiencia especial en la que evaluó la respuesta del Estado a sus sentencias en favor de la población desplazada.
Ahora, la Fiscalía identifica por primera vez a 42 hombres a los que señala como responsables directos o indirectos de los abusos: hay 15 sindicados, 14 acusados y un condenado
Los crímenes de la guerrilla
Por haber sostenido una relación sentimental con un policía, las Farc asesinaron el 19 de agosto del 2006 a una joven de 15 años.
Este es uno de los 10 casos en que la Fiscalía ha encontrado como responsable a grupos guerrilleros.
Su cuerpo apareció a dos kilómetros de Toribio (Cauca) el 29 de agosto del 2006. El cuerpo de la menor tenía cercenados los senos y con otros signos de tortura.
La denuncia del caso la hizo la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) en un foro un mes después de su muerte. En abril del 2008 se convirtió en una de las 80 denuncias presentadas a la Corte Constitucional.
El caso fue encontrado después por la Fiscalía en su base de datos. Lo había asumido un fiscal seccional del Cauca que lo archivó.
El 12 de septiembre del 2008 fue reabierto y se encuentra en fase previa.
En Miraflores, Guaviare, la violación de una niña de 13 años fue la advertencia que le dieron las Farc a a los padres de la menor para que abandonaran de inmediato el pueblo.
El proceso para consolidar los datos
La mayor dificultad para los investigadores fue la precariedad de los datos en 118 casos. El fiscal Iguarán los cataloga en su reporte de "dolorosos" ante las dificultades para abordar a víctimas y testigos.
Esta situación obligó a los investigadores a iniciar una estrategia de acercamiento con las comunidades. Se conformó un equipo de fiscales, la mayoría mujeres, y nueve investigadores de la Dijín dedicados de manera exclusiva al expediente. Previamente, todo el equipo tuvo capacitación especial.
Luego se cruzaron las denuncias de la Corte con información en la base de datos de cada seccional. De esta forma se encontró que 36 de las denuncias ya estaban judicializadas . Otras se encontraban archivadas y fueron reabiertas de inmediato.
Finalmente, se diseñó un plan de investigación tomando como eje el grupo armado del posible autor de los abusos.
Así se ha llegado a establecer en 41 casos que las víctimas son menores de edad, que 24 son indígenas y que en 27 procesos los abusos sexuales investigados terminaron en homicidio. También se indaga sobre 11 casos de esclavitud sexual y seis de prostitución forzada.
En todo caso, se trata apenas de un vistazo inicial a una historia callada por las víctimas. "Muchas veces las mujeres piden que no se pregunte por ellas a los desmovilizados", señala un fiscal de Justicia y Paz.
Alias 'El Oso', jefe paramilitar de Sucre, se convertirá en el primer acusado en esa jurisdicción por casos de abuso.
En El Salado, las mujeres fueron obligadas a bailar desnudas
Los paramilitares que hace nueve años participaron en la masacre ocurrida en El Salado (Bolívar) obligaron a varias mujeres a desnudarse y bailar delante de sus esposos o padres, que después fueron asesinados.
Una de las sobrevivientes de la matanza revivió esos momentos ante una fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. Su relato, en el que aseguró haber sido violada en público por varios hombres, sirvió de base para reforzar el proceso penal contra los extraditados Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40'. Ambos fueron vinculados de manera formal al caso en enero y julio del 2007 como presuntos coautores de homicidio múltiple por su condición de ex jefes de las Auc.
Sin embargo, falta un reconocimiento médico legal que pruebe lo que afirma la víctima para reforzar las imputaciones contra los ex cabecillas 'paras', hoy presos en una cárcel federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos.
Solo uno de los 15 sindicados por la masacre, Jhon Jairo Esquivel, alias 'El Tigre', ha reconocido que hubo abusos sexuales. Sin embargo no ha identificado a los demás responsables de ese crimen.
La Fiscalía también señala a un militar por esos hechos. Es el capitán (r) del Ejército Héctor Martín Pita Vásquez, quien es juzgado en Cartagena por haber colaborado con los 'paras' que realizaron la masacre de El Salado.
Aparte de El Salado y Chengue, la Fiscalía también investiga otros casos de violencia sexual en las masacres del Alto Naya (Cauca) y El Tigre (Putumayo).
Esclavitud y prostitución de Farc y 'paras'
La denuncia del padre de una joven de 20 años que fue raptada en Barrancabermeja por un paramilitar refleja el drama que viven los familiares de mujeres víctimas de abuso sexual que han sido esclavizadas.
"A mi hija se la llevó 'Pitillo'. La tiene en el sur de Bolívar. Me dicen que ya tiene cuatro hijos, todos de él. La ha amenazado de muerte si no cumple sus deseos. Ella quiere que la ayuden a salir de allá pero tiene miedo...", dijo el testigo a la Fiscalía.
Este es apenas uno de los 11 casos de esclavitud sexual que se han desprendido de los procesos que adelanta el ente acusador por orden de la Corte Constitucional. La joven es buscada desde el 4 de agosto del año pasado. Un fiscal seccional de Cartagena inició un proceso penal por los hechos y un equipo de investigadores recorre esa zona del país para dar con su paradero.
En otro caso, denunciado ante la Corte por Amnistía Internacional, la víctima es una niña de 13 años que fue raptada en Medellín.
La menor regresó dos semanas después a su casa. Lo único que la Fiscalía ha podido establecer por sus padres es que unos paramilitares, al parecer, la tuvieron en una casa de prostitución que ellos controlan. Ella quedó embarazada y tuvo un niño.
La Fiscalía ha recibido denuncias similares en Cúcuta cometidos por 'paras', y en Putumayo achacados a guerrilleros de las Farc.
Bogotá, 19 de octubre (Télam).- Alrededor de 27.000 personas desaparecieron en Colombia entre 1988 y 2002, de acuerdo con un informe de la Fiscalía Nacional que atribuyó la responsabilidad al accionar de los grupos paramilitares y guerrilleros.
