Aumentan la lista de Congresistas Detenidos por sus Vinculos con el Paramilitarismo

Bogotá, abril 17 (Semanario VOZ). Cada día que pasa la ilegitimidad del Congreso y el Gobierno son más evidentes. Con la captura el ocho de abril del senador Humberto Builes de Cambio Radical, la cifra de congresistas vinculados a los grupos paramilitares se elevó a 29 y es muy probable que en los próximos días ese número crezca. Hay crisis en el Legislativo y esta crisis salpica al Ejecutivo y al Presidente, con buena parte de sus amigos políticos en las cárceles y con un polémico proceso en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por injerencia en asuntos de la Corte Suprema de Justicia, que mantiene asegurado a su primo Mario Uribe. La propuesta de convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias y presidenciales comienza ya a dibujarse como la solución a la crisis política y gubernamental, hecho que asusta al régimen uribista, calificado por la oposición de mafioso, que replica levantando la reforma política y la reforma al Código Electoral como la fórmula de alquimia que pueda librarlos de todos los males que sufren.

Salvavidas uribista

La reforma política, tal como está planteada y como descaradamente el ministro del Interior Carlos Holguín la ha definido, es un salvavidas para el Congreso amenazado por la vinculación a la parapolítica de buena parte de sus integrantes y que al paso que va tendrá que sesionar en la cárcel. Pero no sólo eso, es una salida camuflada para la reelección, la continuidad de la política de “seguridad democrática”, el bloqueo al diálogo con la insurgencia, la negación del intercambio humanitario y la profundización de la exclusión de las minorías.

Nueva reforma electoral

Paralelamente, en el Senado fue radicado el ocho de abril un proyecto de ley estatutaria con respaldo de la bancada uribista, de la senadora Alexandra Piraquive del Mira, Hernán Andrade del Partido Conservador, Samuel Arrieta de Convergencia Ciudadana, Ciro Muñoz, presidente del Consejo Nacional Electoral, Edgardo Maya Villazón, procurador general de la Nación y Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior. La iniciativa persigue regular asuntos que no requieren reforma constitucional previa y contiene algunos artículos que son de aceptación general, tales como la aplicación del voto electrónico, competencia al Consejo Nacional Electoral para aplicar sanciones a los partidos y movimientos políticos cuyos candidatos resulten involucrados en la parapolítica, cancelación de la personería jurídica a los partidos y movimientos en casos en que más del 50 por ciento de sus miembros en el Congreso resulten condenados por delitos electorales o de vinculación a grupos armados ilegales y pérdida de la curul sin restitución. En materia de inscripción de candidatos por grupos significativos de ciudadanos, podrá hacerse si se inscribe un comité promotor de la candidatura y si el número de firmas de apoyo es equivalente al umbral aplicado en la última elección de la respectiva corporación o en caso de cargos uninominales, equivalente al tres por ciento.

Así las cosas, el uribismo gobernante está en la encrucijada, en un laberinto en el que él mismo ha entrado por causa de sus acciones. La dinámica que pueda conducir a la aclimatización política dependerá de la fuerza de sectores parlamentarios del liberalismo y el Polo Democrático que ya plantean la revocatoria del Congreso y convocatoria a nuevas elecciones. Pero sobre todo, de la opinión pública, que mediante la movilización exija la convocatoria a nuevos comicios y la judicialización de todos los integrantes del Congreso, las corporaciones de elección popular y el Gobierno vinculados al nefasto fenómeno de la parapolítica.

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Mas Organizaciones se suman a la no Extradicion de "macaco"

FUNAR nuestra fundación se suma al esfuerzo en conjunto de todas las ONG , Asociaciones ,Corporaciones ,y Organizaciones Sociales en apoyar a MOVICE con la acción de tutela para impedir que macaco sea extraditado. con nuestra firma respaldamos el modelo de coadyuvancia presentado por la CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS -Jose Alvear Restrepo
MODELO DE COADYUVANCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PRESENTADA POR EL MOVICE EN LA QUE SE SOLICITA QUE MACACO SEA JUZGADO LA JUSTICIA ORDINARIA COLOMBIANA Y NO POR LA DE JUSTICIA Y PAZ, ANTES DE SER EXTRADITADO
Sólo quedan 10 días para que el Consejo Seccional de la Judicatura, emita su fallo frente a la Tutela presentada en días pasados, por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en la que se solicita que Macaco sea juzgado por la justicia ordinaria en Colombia por los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos, buscando así que se respeten los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Adjuntamos al presente correo, un modelo de coadyuvancia, para que todos y todas (personas y organizaciones) que deseen apoyar la propuesta de las víctimas, la puedan enviar en esta semana al Consejo Seccional de la Judicatura en la ciudad de Bogotá.

- Sugerimos que baje el archivo, llene los datos solicitados, la imprima, la firme y la envíe.

- Si usted es una organización anexe en lo posible originales y/o copia de certificación y existencia de representación legal.

Remita el escrito directamente al Consejo Seccional de la Judicatura a la siguiente dirección: Calle 85 No 11 - 96. Oficina 410.

No olvide sacar dos copias para efectos del recibido.

Favor enviar a los siguientes correos copia de la coadyuvancia:

colect@etb.net.co colect@colectivodeabogados.org fm_cepeda@yahoo.fr

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No a la pena de muerte

Al menos 1.200 personas fueron ejecutadas en 2007, y muchas más fueron víctimas de homicidios cometidos en secreto por el Estado, en países como China, Mongolia y Vietnam.

Las cifras proceden de Condenas a muerte y ejecuciones en el año 2007, la estadística anual de Amnistía Internacional publicada el martes en la que se afirma que al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 24 países y no menos de 3.347 fueron condenadas a muerte en 51 países. Se calcula que en todo el mundo hay hasta 27.500 personas pendientes de ejecución.

Las cifras también muestran un aumento de las ejecuciones en algunos países. Irán ejecutó a no menos de 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 ejecuciones llevadas a cabo respectivamente en esos países en 2006.

El 88 por ciento de todas las ejecuciones conocidas se produjeron en cinco países: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Pakistán. Arabia Saudí tenía el índice más alto de ejecuciones per cápita, seguido de Irán y Libia. Amnistía Internacional ha podido confirmar un mínimo de 470 ejecuciones en China, la cifra global más elevada. Sin embargo, la organización ha manifestado que la cifra real de ejecuciones en ese país es sin duda muy superior.

China, a la que en el informe se califica como el país en donde se llevan a cabo más ejecuciones, considera la pena de muerte como secreto de Estado. Sólo las autoridades chinas saben exactamente a cuántas personas se ha matado con autorización del Estado, mientras que el resto del mundo y quienes asistan a los Juegos Olímpicos no pueden hacer más que conjeturas.

“Debe ponerse fin a la ocultación del uso de la pena de muerte: hay que levantar el velo de misterio en torno a la pena capital. Muchos gobiernos afirman que las ejecuciones cuentan con el apoyo de la opinión pública; por lo tanto, la gente tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre”, ha afirmado Amnistía Internacional.

Durante 2007, muchos países continuaron ejecutando a personas por delitos que en general no se consideran graves, o tras someterlas a juicios sin las debidas garantías, como ocurrió en los casos siguientes:

* En julio, Ja'Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado por adulterio en Irán.
* En octubre, el gerente de una fábrica de Corea del Norte, de 75 años, fue fusilado por no comunicar el origen de su familia, invertir su propio dinero en la fábrica, nombrar a sus hijos directores de la misma y hacer llamadas internacionales.
* En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por practicas de hechicería.
* El 25 de septiembre, Michael Richard fue ejecutado en Texas, Estados Unidos, tras negarse un juzgado estatal a permanecer abierto 15 minutos más para permitir la presentación de un recurso basado en la constitucionalidad de la inyección letal. Los abogados de Richard no habían podido presentar el recurso a tiempo a causa de un problema informático, que ya habían comunicado al juzgado. Posteriormente, la Corte Suprema estadounidense se negó a suspender la ejecución. Ese mismo día, sin embargo, en relación con un caso de Kentucky, había accedido a revisar la cuestión de la inyección letal, una decisión que de hecho significó la suspensión de todas las demás ejecuciones por inyección letal pendientes en todo el país. Se espera que la Corte Suprema tome una decisión a finales de este año.

Tres países —Arabia Saudí, Irán y Yemen— llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años, lo que vulnera el derecho internacional.

Sin embargo, en 2007 también hubo buenas noticias sobre la pena de muerte. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor —por 104 votos frente a 54 y 29 abstenciones— de poner fin al uso de la pena de muerte.

“La Asamblea General de la ONU tomó la decisión histórica de pedir a todos los países del mundo que dejen de ejecutar a personas. Que la resolución se aprobase en diciembre con una mayoría tan clara demuestra que la abolición mundial de la pena de muerte es posible”, ha manifestado Amnistía Internacional.

“La muerte a manos del Estado es uno de los actos más drásticos que un gobierno puede llevar a cabo. Instamos a todos los gobiernos a que cumplan con las obligaciones contraídas en la ONU y eliminen la pena de muerte de una vez por todas.

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