La Violencia Sexual en Colombia, muestra indices preocupantes

Bogotá, 8 oct (EFE).- La Organización Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó hoy como "alarmantes" los índices de violencia sexual en Colombia y pidió al Estado y a las entidades de servicios de salud garantizar atención integral a las víctimas.

Un estudio de la organización humanitaria revela que un 35 por ciento de los pacientes de sus clínicas móviles y un 22 por ciento de aquellos de puestos fijos han sufrido alguna vez un episodio de violencia sexual.

"En materia de acceso a cuidados de salud hemos encontrado que hay una serie de barreras que impiden que la gente llegue a denunciar, vergüenza, temor u otras más estructurales como que los servicios no siempre son de calidad", declaró a Efe el coordinador en Colombia de MSF, Piero Gandini.

Añadió que esos fallos de deben a la "falta de recursos materiales o humanos o a la carencia de capacitación especializada".

"Cada día vemos más personas buscando atención en esta materia", señaló Gandini, y recordó que "los servicios se deben prestar en las primeras 72 horas pues es allí donde pueden tener mayor efecto la atención medica para evitar enfermedades de transmisión sexual y también la atención psicológica pronta a la víctima", agregó.

MSF indicó que aunque las normas colombianas "reconocen los componentes mínimos de la atención médica, las propias normativas plantean restricciones al acceso de las víctimas a los cuidados que precisan".

Durante la investigación, MSF encontró dificultades logísticas y administrativas y la ausencia de datos estadísticos.

El estudio se desarrolló en las regiones colombianas del Chocó (oeste), Bolívar y Sucre (norte) y Valle del Cauca y Caquetá (suroeste).

La investigación se realizó entre 490 personas durante dos semanas en el primer semestre del año.

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Por "Falso Positivo", otros 6 Militares del ejercito de Colombia fueron detenidos

Semana. El sargento Gustavo Montaña, el cabo Julio César Tegue y los soldados profesionales Darío González, Víctor Manuel Hurtado, Abdón Guanaro Guevara y Jairo Sánchez Medina, fueron afectados por la decisión y están en una cárcel de Apiay (Meta) por el asesinato de dos personas durante una misión conocida como “Arábigo 2”.

En esa operación adelantada el 26 de agosto de 2007, murieron Abelardo Reyes, hermano de un desmovilizado de las AUC, y el agricultor Abel Antonio Lozano Camacho en la vereda Matepalma, corregimiento Tilodirán, en Yopal. Dos días después, familiares de las víctimas los reconocieron en Medicina Legal donde habían sido reportados como muertos en combate y con armas de fuego en su poder.

“La Fiscalía, mediante pruebas técnicas, estableció que una de las armas no fue percutida y no se hallaron residuos de disparo, mientras que los fusiles de dotación de los militares fueron accionados repetidamente, a menos de cinco metros de distancia”, dice el expediente del caso.

La madre de Reyes dijo a las autoridades que el 14 de octubre de 2006 también habían asesinado a su hijo, el desmovilizado Yury Ferney Achagua Reyes, supuestamente porque sabía la ubicación de una caleta de armas del grupo paramilitar.

En el último año, el Gaula del Casanare ha estado salpicado por hechos relacionados con graves delitos: el pasado 20 de diciembre, la Fiscalía acusó a siete de sus miembros por secuestro simple y homicidio agravado tras la muerte hace un año de Eduardo Pérez Vega, un comerciante que fue sacado de un café internet de Villavicencio y llevado en un vehículo por personas con distintivos del Grupo de Acción Unificada Antisecuestro (Gaula) en una camioneta de color azul. Pérez fue presentado después como muerto en combate. Justamente, el soldado Guanaro Guevara también está involucrado en el secuestro de este comerciante.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía citado por la agencia AP semanas atrás, 99 oficiales están siendo investigados por “falsos positivos” en delitos que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales y montajes de atentados. Entre los oficiales investigados figuran seis coroneles. Además, son indagados 113 suboficiales y 480 soldados profesionales. “En total, entre militares y policías, la lista de investigados por falsos positivos llega a 803 uniformados”, dice la agencia.

Aparte de estas investigaciones, este año el Ejército destituyó a 947 efectivos y la Policía a 199 por delitos relacionados no sólo derechos humanos, sino también con narcotráfico y corrupción.

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Gobernador encargado de Córdoba, se reunió con Mancuso y el Alemán antes y después de Ralito

CAMBIO. El ambiente politico del departamento de Córdoba está enrarecido. Por un lado, la gobernadora electa Marta Sáenz Correa, quien no pudo posesionarse por una supuesta inhabilidad, denunció amenazas en su contra, según ella, por parte de personas afectas a grupos políticos distintos al suyo. Por el otro, sectores políticos señalan al gobernador encargado Benito Osorio como ficha clave del paramilitarismo.

Según dijo Sáenz, elegida en octubre de 2007 por el Partido Liberal, una persona cuya identidad se negó a revelar la llamó a su teléfono y le exigió desistir de la idea de instaurar tutelas para lograr que el Consejo Nacional Electoral la reconozca como mandataria seccional. "De lo contrario - le dijo el desconocido en tono de amenaza- un integrante de su familia será asesinado".

Pero no sólo la gobernadora electa está en problemas. Algunas sombras rondan ahora al gobernador encargado Benito Osorio, un reconocido ganadero de la región a quien el presidente Álvaro Uribe nombró en el cargo el 30 de diciembre pasado, mientras el Consejo Nacional Electoral define quién debe quedarse en el primer cargo departamental. En las últimas semanas aparecieron voces en Córdoba que lo señalan de integrar el ala política de las Autodefensas de Córdoba.

Los primeros indicios sobre los supuestos nexos de Osorio con las Auc salieron a flote en agosto de 2003 durante un debate realizado por el senador Gustavo Petro, en el que denunció que los grupos paramilitares habían infiltrado a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo en esa región. Allí, Petro reveló varias conversaciones telefónicas entre personas influyentes de Córdoba con Salvatore Mancuso sobre la manera como debían tomarse el poder en la contienda electoral de 2003.

Una de las conversaciones -que entonces pasó desapercibida porque Petro se centró en el fiscal Luis Camilo Osorio- se produjo entre la entonces defensora regional del Pueblo María Milene Andrade y un hombre a quien el congresista identificó como Mancuso. En la conversación la señora Andrade analiza con su interlocutor la estrategia más adecuada para retomar el control político en el departamento, pero le aclara que todo debía hacerse con "la debida prudencia".

En la charla, la funcionaria menciona a un hombre a quien identifica como Benito y asegura que él pretendía involucrar en la contienda electoral a Freddy Rendón, El Alemán, jefe de las Autodefensas de Urabá. "Ayer estuvieron reunidos el señor del periódico con Benito hablando de allá, dizque para reuniones con El Alemán y con Yarumo -dice la funcionaria-. Eso es una locura porque las cosas hay que manejarlas con mucha prudencia. Él (Benito) no es la persona autorizada para esas cosas. Yo les dije que ni un paso para nadie. Yo voy a hablar con el señor del periódico porque no se puede comprometer con gente de por allá (...) Hay que manejar los hilos del poder por atrás y hay que ser prudentes",

Aunque en la grabación la defensora y el jefe paramilitar no hablan explícitamente de Benito Osorio, políticos locales consultados por CAMBIO en Córdoba aseguran que en ese momento no había otro Benito manejando los hilos de la política regional. "En Córdoba es un secreto a voces que el gobernador encargado trabajó de la mano con las Auc desde el Fondo Ganadero de Córdoba del que fue su presidente durante siete años", explicó una de las fuentes. Consultado por CAMBIO, el senador Gustavo Petro recordó que las grabaciones dejan entrever que Benito Osorio aspiraba en 2002 a la gobernación de Córdoba por un sector de los paramilitares y que pretendía involucrar a otros jefes de las Auc en la contienda. Petro agregó que en "lo que se infiere en la grabación es que la entonces Defensora del Pueblo, Milene Andrade, quiso oponerse a esa posibilidad".

La designación del gobernador Osorio como encargado no produjo mayores reacciones en Córdoba porque se produjo el penúltimo día de 2007 y la clase dirigente de ese departamento estaba de vacaciones. Ahora se sabe que, por ejemplo, la senadora Zulema Jattin habló con el presidente Uribe por las razones de ese nombramiento, especialmente porque Osorio no hace parte de la coalición que ganó las elecciones. Según le dijo la congresista a CAMBIO, el jefe del Estado le respondió que él atendió las sugerencias de los ganaderos y del director de un medio de comunicación local (ver entrevista).

Con respecto a Milene Andrade, la defensora regional del pueblo que habla con Mancuso en la grabación revelada por Petro, ahora se sabe que fue nombrada por el Gobierno en un importante cargo en el consulado de Colombia en Nueva York.

"SÍ VISITÉ EN LA CÁRCEL A MANCUSO"
Benito Osorio, gobernador (e) de Córdoba

CAMBIO: ¿Usted conoce a Salvatore Mancuso?

OSORIO: Lo conocí cuando él era un empresario y ganadero reconocido. Jamás he hablado con ese señor.

CAMBIO: ¿Después de esa época habló o se reunió con él?

OSORIO: Cuando la desmovilización de las Autodefensas en Santa Fe de Ralito fui invitado por el Gobierno como presidente del Fondo Ganadero de Córdoba. Ahí lo vi.

CAMBIO: ¿Nunca antes ni nunca después?

OSORIO: No.

CAMBIO: ¿Entonces por qué existen registros de ingresos suyos a la cárcel de Itagui?

OSORIO: Fuí a la cárcel a finales del año pasado para comentarle al señor Mancuso que pensábamos hacer un foro internacional sobre paz y necesitaba decirle que si ellos (los paramilitares) podían asistir de alguna manera al evento.

CAMBIO: ¿Por qué no reconoció antes esta visita?

OSORIO: Es que uno se pone nervioso con esas preguntas.

CAMBIO: ¿Conoce o tuvo contactos con el jefe paramilitar Freddy Rendón, El Alemán?

OSORIO: De ninguna manera.

CAMBIO: ¿Está seguro?

OSORIO: Bueno, fui a la desmovilización del señor Rendón a Unguía, Chocó, invitado por el Gobierno.

CAMBIO: ¿Y qué tenía que ver usted con la desmovilización de El Alemán?

OSORIO: Debe ser porque el Fondo Ganadero tiene una finca en Urabá y hacemos proyectos productivos.

CAMBIO: ¿Fue invitado por eso?

OSORIO: La verdad no sé por qué me invitaron.

CAMBIO: ¿Por qué razón el presidente Uribe lo nombró gobernador de Córdoba?

OSORIO: No soy amigo del Presidente. Me nombró por ser un empresario dedicado al campo y por ser un hombre con principios.

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Depuración Inmediata del Cuerpo Diplomático, solicita la Comisión Ética por la Verdad

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COMUNICACIÓN ÉTICA
La Audiencia Internacional por la Verdad que examina los casos de los exiliados y refugiados políticos colombianos, reunida en París los días 2 y 3 de octubre de 2008, solicitó la destitución inmediata de cinco altos diplomáticos colombianos: Sabas Pretelt de la Vega , Embajador en Italia; Luis Camilo Osorio, Embajador en México; Ignacio Guzmán, Cónsul en Miami; Milene Andrade, funcionaria en Nueva York; Carlos Alberto Frasica, agregado militar en Chile.

Con la presencia del Delegado de la Defensoría del Pueblo Alonso Ojeda Awad, los exiliados y refugiados políticos que presentaron testimonio, señalaron que la permanencia de funcionarios diplomáticos presuntamente ligados a grupos paramilitares, o involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, constituye un factor de alto riesgo para la seguridad de ellos y sus familias.


Como recuerda la opinión pública, en el pasado reciente, dentro del servicio diplomático en calidad de embajadores o cónsules, estuvieron personas como Carlos Arturo Marulanda Ramírez, Salvador Arana, Jorge Noguera, Juan José Chaux, todos ellos investigados hoy por sus vínculos con grupos paramilitares.


El embajador en México, Luis Camilo Osorio, se encuentra acusado actualmente por obstaculizar investigaciones de crímenes cometidos por paramilitares y altos mandos militares, cuando era Fiscal General de la Nación. Sabas Pretelt de la Vega , hoy embajador en Italia, acusado de cohecho tendiente a permitir la reelección presidencial cuando era ministro del Interior y de Justicia. Ignacio Guzmán, cónsul en Miami, ha sido señalado por las víctimas y testigos de estar vinculado a empresarios palmeros relacionados con grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad en la región del Bajo Atrato. Milene Andrade, funcionaria consular en Nueva York, participó en la reunión realizada el 18 de febrero de 2003 en Santa Fé del Ralito, en la que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso designó como rector de la Universidad de Córdoba a Claudio Sánchez Parra.


Junto a esta solicitud, los exiliados participantes de la Audiencia Internacional en París, llamaron al Gobierno colombiano a que ordene la depuración general del servicio exterior, a cesar el nombramiento de militares y civiles comprometidos en violaciones de derechos humanos en cargos diplomáticos, y a garantizar el regreso digno y seguro de todas las personas exiliadas al país. También pidieron a la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones que se efectúan contra esos funcionarios tengan prontos resultados. Igualmente, invitaron a los gobiernos europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos, a revisar la trayectoria y la presencia de funcionarios presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos. En la Audiencia Internacional se recordó que ante la impunidad de esta clase de funcionarios estatales en Colombia, sus casos pueden y deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales que aplican la jurisdicción universal.

Los miembros de la Comisión Ética, organismo encargado de salvaguardar el proceso de la memoria histórica en Colombia, conformado por 27 personas de todo el mundo , entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz , se dirigirán a sus respectivos gobiernos y a instancias internacionales, apoyando las solicitudes formuladas en esta Audiencia.


Audiencia Ciudadana Internacional por la Verdad – Comisión Ética – Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

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