Duro informe sobre los derechos humanos en Colombia, presentó el Reino Unido en Londres

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo. La Secretaría de Exteriores del Reino Unido, acaba de dar a conocer en Londres, el informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en el mundo, en el cual nuevamente, Colombia fue incluida, junto con otros 20 Estados, en la lista que cada año elabora el Foreign Office sobre los países que continúan violando los derechos fundamentales. El informe fue presentado personalmente por el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Miliband.
Víctimas del conflicto | Colombia |
El informe comienza diciendo que “La Situación General de Derechos Humanos en Colombia continúa siendo seriamente preocupante”. Menciona que “subsisten problemas estructurales que limitan el pleno disfrute de los derechos humanos, particularmente en relación con la exclusión, la marginalidad, la pobreza, la inequidad, la tenencia de la tierra, la impunidad y la falta de acceso a la justicia”.
“A pesar de los esfuerzos del Gobierno,- dice el Informe-, las actividades de los grupos armados ilegales y los traficantes de drogas, continuaron teniendo un impacto gravemente negativo”.
El Foreign Office dice que “Un incremento de nuevos grupos armados y paramilitares supuestamente desmovilizados que retornaron a las vías criminales, en el informe se manifiesta la "gran preocupación" del Foreign Office por el incremento experimentado en el 2009 por nuevas bandas armadas y ante el regreso a las prácticas criminales de paramilitares supuestamente desarmados.
Dice que después de revisar la política de ayuda bilateral del Reino Unido para Colombia, el cambio más importante que fue tomado fue la finalización de los proyectos bilaterales para los derechos humanos con el Ministerio de Defensa.
En cuanto a los defensores de derechos humanos, el informe dice que “Como resultado de sus actividades en derechos humanos, muchos defensores de derechos humanos y grupos de la sociedad civil, incluyendo sindicalistas, periodistas y miembros de ONGs, padecieron el riesgo de ataques de grupos armados ilegales y criminales”. De este modo “El ambiente en el cual las organizaciones de la sociedad civil operan se ha estado empeorando, debido a los mensajes, a menudo provenientes de funcionarios de alto nivel gubernamental, que equiparan su trabajo por los derechos humanos con el apoyo a las organizaciones terroristas, poniendo así sus vidas en riesgo.
A lo largo del 2009, el Gobierno del Reino Unido se involucró en diversas actividades para ayudar a los defensores de derechos humanos, entre las que el informe menciona que Chris Bryant, Ministro de Exteriores visitó a Colombia en Octubre, y demandó al Presidente Uribe para que asegura que los defensores de derechos humanos fueran adecuadamente apoyados y protegidos.
El Secretario de Exteriores también recibió a Eduardo Carreño, un abogado de derechos humanos, durante su visita en Octubre a Reino Unido, para discutir los problemas que los defensores de derechos humanos enfrentan, y para lanzar una Campaña Internacional, en la Cámara de los Comunes, sobre la actividad de los defensores de derechos humanos en Colombia. En Agosto, funcionarios de la Embajada organizaron una visita a la ciudad de Popayán, para reunirse con miembros de la familia de Ever González, activista de derechos humanos asesinado y para discutir el estado de las investigaciones con las autoridades. La visita condujo a la reapertura de casos que habían sido cerrados por falta de avances en la investigación (El caso de Ever González, activista de Fundecima que fue asesinado mientras adelantaba trabajos de documentación de ejecuciones extrajudiciales en el departamento del Cauca, había sido denunciado varias veces por la CCEEU).
En cuanto al tema de la impunidad, el informe relaciona que si bien ha habido algunos progresos en investigaciones judiciales en casos claves de derechos humanos, la impunidad continúa siendo un serio problema.
El informe hace una mención especial y destacada al tema de los sindicalistas. Dice que “Colombia continúa siendo un lugar peligroso para los sindicalistas. La violencia y la intimidación de los sindicatos por todo el país, continúa siendo uno de los más graves problemas que afronta el país”. El reporte manifiesta que los riesgos y dificultades que fueron mencionados en el Informe de 2008, continuaron su tendencia durante el año 2009, en el cual, según informes conservadores, se habla de al menos 28 sindicalistas asesinados.
“El Reino Unido está profundamente preocupado con esta situación” frente a la cual, continuará presionando para que el Gobierno de Colombia tome acciones adicionales para superarla, y le ha demandado proporcionar mayores protección para los sindicalistas y sus familias, para que se reduzca el tiempo que se toman las investigaciones por las muertes y las desapariciones forzadas de los sindicalistas, y para que se trabaje con los sindicatos y organizaciones empresariales para fortalecer las relaciones laborales en Colombia.
También se ocupa de la situación de los pueblos indígenas, frente a los cuales llama a fortalecer sus derechos en los ámbitos del acceso a la tierra, el desplazamiento forzado, la alimentación, las amenazas y las muertes de que vienen siendo objeto.
En cuanto al desplazamiento forzado, menciona la gravedad del asunto al ser Colombia el segundo país con mayor número de desplazados internos después de Sudán, afectando principalmente a indígenas y comunidades afrocolombianas a causa de ocupar tierras de importancia estratégica para los diferentes actores del conflicto armado.
Por último, el informe se ocupa del altísimo número de ejecuciones en el país ocurridas entre 2001 y 2009, a las cuales el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitarrias definió como asesinatos sistemáticos, llevados a cabo por un número importante de unidades dentro de los militares, y aunque menciona su descenso en 2009, dice que la Comunidad Internacional ha llamado a que se presenten “evidencias adicionales de que las medidas adoptadas por el Ministro de Defensa de Colombia para enfrentar el tema de las ejecuciones extrajudiciales a fines de 2008, están siendo implementadas y las denuncias se abordan con investigaciones rápidas y rigurosas. Dice el Informe que el Reino Unido continuará pendiente de los progresos y de los casos individuales, de ser necesario.

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NICOLAS CASTRO Y EL DELITO DE OPINAR

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo. La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, ha tenido conocimiento de la situación que enfrenta actualmente el estudiante universitario Nicolás Castro, procesado a instancias de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Castro, quien está siendo acusado del delito de instigación para delinquir para cometer homicidio, ha venido sufriendo numerosas vulneraciones a su derecho de defensa y a un debido proceso.

Por esta razón hemos decidido realizar una denuncia de estos atropellos a nivel nacional e internacional. De tal manera, nos gustaría que Ustedes se enteraran de dichos abusos y si están de acuerdo, firmen y apoyen este documento que sería divulgado por las redes de derechos humanos.

Agradecemos su solidaridad y su acompañamiento. Esperamos firmas, ya sea de organizaciones o a nivel personal, hasta el próximo jueves 11 de marzo al medio día, en el siguiente correo: prensaccjar@gmail.com


“Cuando se está afuera, el mundo es inabarcable. Los límites estaban fuera de mi campo de acción. Acá pasé a vivir en un micro universo donde los límites son los muros. ¡Uno siempre tiene muros al rededor! Ya no hay un horizonte abierto. El encierro lo hace sentir a uno vetado. Anulado. Es difícil de sobrellevar. Es angustioso. Hay una sensación de zozobra, como de estar perdiendo la vida y uno acá encerrado sin poder hacer nada. Se está en manos del abogado, el fiscal y la juez, mientras que uno tiene que guardar silencio. Lo que hace a una persona partícipe de una sociedad es la posibilidad de manifestarse y si uno tiene que guardar silencio pues desaparece.”


Las organizaciones y personas abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, los atropellos de que viene siendo víctima el joven universitario Nicolás Castro, quien esta acusado del delito de instigación para delinquir para cometer homicidio, a instancias de los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Dentro de las vulneraciones a su derecho de defensa y a un debido proceso, encontramos las siguientes:

En un primer momento, debe advertirse que la captura del estudiante Castro fue ilegal, pues ni siquiera la orden en virtud de la cual se le retuvo, fue librada de manera correcta. Así, a pesar que la defensa informó que la célula de ciudadanía bajo la cual se le capturó, correspondía a otra persona, el Juez de garantías hizo caso omiso a ello.

En esta misma vía, el joven Castro fue sometido a unas condiciones de captura si bien cotidianas, no por ello menos ilegales, consistentes en no informarle la razón de su retención y proceder simplemente a que fuera su apoderado quien lo hiciese. A tal grado ha llegado la inconsistencia de dicha orden de captura, que al momento de su presentación ante el juez de control de garantías no existía ni un solo documento que siquiera hubiese orientado a su defensa sobre las presuntas razones de la aprehensión.

El procedimiento de allanamiento que tuvo lugar con anterioridad a la captura del señor Castro, también entregó su cuota de ilegalidad, pues, fueron incautados unos elementos sin explicitar las razones de tal retención, ni ser sometidos a cadena de custodia, ni ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Una vez el propio Nicolás y su abogada se presentaron ante la Unidad de Terrorismo de la Fiscalía, como a la DIJIN para conocer las razones de la incautación y el paradero de los mismos, simplemente recibieron el silencio y el rechazo como respuesta, con la aclaración de que fueron citados al día siguiente para la supuesta entrega de los elementos incautados.

Así, el día 16 de julio de 2009, Nicolás y su defensa retornan a la unidad de terrorismo de la Fiscalía, donde les manifiestan que inmediatamente van a ser entregados los elementos, pero que solo puede ingresar por ellos el joven Castro. Su defensora esperó durante una hora y media a que Nicolás volviese a salir, tras lo cual se entera que la unidad de terrorismo no había permitido su ingreso en soledad para poder realizarle un extenso interrogatorio sin orden judicial, invitándolo a hacer aceptación de cargos sin la presencia de la defensa y vulnerando nuevamente el debido proceso y el derecho de defensa.

La presentación voluntaria del estudiante Castro ante estas entidades, que fue tornada por estas en elemento vulnerador de sus garantías constitucionales, tampoco fue óbice para que fuera informado de las razones del allanamiento, ni menos aún para que se comprendiera, por una parte que el ciudadano que hace un derecho de petición, así sea de manera verbal, debe tener una adecuada respuesta de las autoridades, quienes vulneran la Constitución cuando dan informaciones no veraces y con mayor razón cuando trocan el escenario de un derecho de petición en espacio para realizar un interrogatorio ilegal. La presentación de Nicolás en el edificio del búnker de la Fiscalía y en la sede de la DIJIN, tampoco permitió colegir ni a Unidad de Terrorismo, ni posteriormente al juez de control de garantías, que quien se presenta en tales condiciones para hacer igualmente ejercicio de sus derechos –no para que se le sigan vulnerando-, nunca podría ser considerado un peligro para la sociedad.

Con la incautación de equipos realizada en el allanamiento a la residencia de Nicolás Castro, también se le privó de medios que pudieran servirle de defensa posteriormente. Simplemente obsérvese que en la empresa de sus padres se hizo otro allanamiento, donde por lo menos los equipos no fueron físicamente sustraídos, sino que al parecer se tomó una copia de estos.

Lamentablemente el escenario ante el juez de control de garantías creó nuevas vulneraciones. En contra del bloque de constitucionalidad y la ley, el señor Juez de garantías pretendió extraer conclusiones del ejercicio del derecho al silencio del estudiante Castro. No otra cuestión se advierte cuando se observa que una vez el Juez le recuerda su derecho a guardar silencio, actitud que es coherente con las obligaciones del juez constitucional de control de garantías, procede a preguntarle si fue bien tratado. Ante el silencio de Nicolás, el juez contestó: “’bendito sea mi Dios que lo trataron bien’’. Y como si no fuese suficiente cuando la Defensora resalta ante quien debiese haber actuado como un juez de garantías, explicitando que no fue informada la razón de la captura, el señor Juez simplemente procede a afirmar que existe un informe verbal de la Policía donde aclaran tal situación. Como si la existencia de un informe de tales características, que nunca ha sido mostrado ni a la Defensa ni a la Fiscalía, no constituyera corroboración de la vulneración de los derechos del capturado.

Por otra parte, si Nicolás Castro no es un peligro para la sociedad como lo demostró su comportamiento previo a la captura, no se entiende por qué se le mantiene privado en la libertad en un centro carcelario, cuando además esta situación está poniendo en riesgo su vida e integridad física. Se sostiene esto porque ignorando sus antecedentes médicos como su opción por el vegetarianismo, se le han suministrado los alimentos de la cárcel, que han profundizado sus problemas de salud y le han generado un problema de desnutrición. La respuesta médica del INPEC, ha sido la receta a través de una médica, de Buscapina y sales de rehidratación oral.

Las esperanzas de Nicolás Castro están centradas en lo que pueda ser su juicio, no obstante, se tiene que las fechas para las audiencias han sido replanteadas consecutivamente por el Fiscal 12 de la unidad de terrorismo, por razones tan escandalosas como que estaba en un curso en el Perú, por las vacaciones de diciembre de 2009, los días 15 y 18 de enero el señor fiscal de terrorismo tampoco asistió “por que se encuentra de vacaciones”, presentándose una fiscal encargada que no aportó las pruebas.

Mientras, la familiar de Nicolás Castro denuncia que en la tras escena se le vulneran también su derecho a la intimidad, dignidad y buen nombre por algunos medios que han llegado a tildarlo como “¿El ´Terrorista´ De Internet?’’.

Y en todo este contexto, la Corporación Colectivo de Abogados se pregunta: A quien ha servido un allanamiento, una captura, una legalización de captura y una actual detención en tan lamentables condiciones? Ha tenido en verdad Nicolás Castro el ejercicio de un debido proceso y de su derecho a la defensa, no como lo han querido quienes lo procesan, sino como lo establece la ley?

Por ahora esta situación parece demostrar que Nicolás Castro ha sido tratado como un trofeo de caza. En lógica de Derecho penal de enemigo, se le ha retirado su calidad de ciudadano a quien se deben aplicar todas las garantías y reglas establecidas en el derecho penal. Ahora se le coloca el vestido de enemigo a quien no se le aplica siquiera el derecho penal, sino un verdadero derecho de la guerra.

Agradecemos su solidaridad y su acompañamiento. Esperamos firmas, ya sea de organizaciones o a nivel personal, hasta el próximo jueves 11 de marzo al medio día, en el siguiente correo: prensaccjar@gmail.com

Cordial saludo,

Prensa

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

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Gobierno colombiano incentiva la guerra en las comunas de Medellin

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo El presidente de Colombia Álvaro Uribe en una visita a la ciudad de Medellín realizada el martes 27 de enero del 2009, propuso la creación de una red de cooperantes del Ejercito Nacional conformada por 1.000 (mil), estudiantes de la ciudad, para que ayuden a la Fuerza Pública en la lucha contra el crimen, los cuales recibirían un aporte de cien mil pesos mensuales (100.000$) que equivalen a 50 dólares. Días después, desde la ciudad de Davos en Suiza, confirmó su propuesta aclarando que se trataría de jóvenes mayores de 18 años.



Ante esta propuesta la RED JUVENIL DE MEDELLIN, organización de jóvenes que promueve desde hace 20 años el antimilitarismo, la noviolencia y la objeción de conciencia, como formas de construir relaciones humanas que permitan la superación de las causas estructurales del conflicto social y armado en Colombia y apostarle a una sociedad desmilitarizada, quiere hacer las siguientes apreciaciones.

*

La historia de la ciudad de Medellín ha estado por décadas transversalizada por una profunda situación de conflicto urbano que ha implicado que por años, grupos al margen de la ley controlen los barrios de la ciudad. Esta difícil situación se ha presentado, por un lado, por la legitimación de la violencia como forma de resolver los conflictos y como mecanismo de control de la población; pero por otro, se ha sostenido por las difíciles condiciones materiales en las que se encuentran los habitantes principalmente de los sectores populares, pues son notables las dificultades económicas, la situación de pobreza, el problema de desplazamiento que se concentra en las periferias de la ciudad, y el poco acceso a los derechos. Este complejo contexto, además mediado por la situación de orden público en el que se encuentra el país desde hace décadas, hace que hoy en Medellín, según informes de organizaciones sociales y la misma oficialidad, hagan presencia alrededor de 300 bandas organizadas que concentran cerca de 6.000 personas armadas.

Esta situación lleva años de conocimiento de sectores de organismos del estado, sectores económicos y políticos, que tal como lo han mostrado las investigaciones resientes, han legitimado, apoyado y negociado con estos grupos armados; pues hay bandas que llevan más de 15 años en la ciudad.

Una situación como está implica que el Estado mire mas allá, comprenda la verdadera dinámica del conflicto urbano de Medellín, y se atreva tomar medidas que realmente solucionen de raíz el problema y no lo agudicen, como pasaría con medidas como estas. Y tal como ha pasado con medidas cortoplacistas como las que se han tomado en ocasiones anteriores; pues mientras se desconozca, que el problema es estructural y que se hace necesario resolverlo, la situación continuara empeorando como lo muestran no solo los índices de homicidios, sino también los de pobreza, desempleo formal y exclusión social.

Como agravante de esta situación en la ciudad se encuentra la desconfianza que siente la población por las actuaciones de la fuerza pública en algunos sectores y por los cuales algunos funcionarios se encuentran procesados; así como de los demás organismos del Estado y sectores políticos, de lo cual ya se han arrojado investigaciones.

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Esta medida, lo que traerá consigo es la agudización del conflicto urbano que vive la ciudad; al generar más desconfianza entre los pobladores y por tanto un escenario de mayor confrontación armada. *

Se incurre en una Violación del derecho internacional humanitario, pues esta medida es una falta contra el principio de distinción que implica la separación de la población civil dentro de la confrontación; esta medida, es una forma de involucrar a la población, escaza de dinero, dentro de la dinámica de la guerra, la cual, la sociedad ha manifestado que rechaza y repudia. *

El mensaje implícito que hay detrás de medidas como estas es “que la guerra si paga”, pues buena parte de la ayuda internacional que recibe el Estado colombiano se va para asuntos militares, igual pasa con los impuestos de los colombianos. Mensaje que por ningún motivo aceptamos y reconocemos como nuestro; pues la guerra y los procesos de militarización de la población civil son actos que rechazamos y consideramos contrarios a cualquier construcción de sociedades libres. *

Los que se evidencia ante medidas como estas es un notorio fracaso de la política de seguridad democrática, que además de no poder resolver de raíz sus promesas con relación a los grupos insurgentes, ha sido garrafal su fracaso en las zonas urbanas en donde no ha podido siquiera lograr el control territorial; pues hay notorios sectores de la ciudad en los cuales la presencia de grupos armados al margen de la ley es evidente.

Como si fuera poco, los procesos de reinserción, de justicia y paz, de negociación con las bandas y de sometimiento a la justicia; que desde el principio organizaciones sociales y no gubernamentales llamamos la atención sobre su fracaso e inconveniencia; hoy muestran con hechos que realmente no pudieron resolver la situación de orden público.

*

Medidas como estas fortalecen la estigmatización de la población juvenil, que además de poner la mayoría de muertos en la ciudad, también son objeto de las medidas de control por parte del Estado y ahora el propio gobierno nos quiere incluir dentro de la confrontación.

*

Si discrimináramos la propuesta del presidente Uribe; tendríamos entonces que si se quieren estudiantes mayores de edad, eso implica que los que conformarían la red de cooperantes serian estudiantes universitarios; lo que llevaría a pensar que se trataría, en ese caso, más de un intento por controlar las universidades y en particular la organización y movilización de los estudiantes; se convertiría esto, en una forma de control político, más que para resolver la situación en los barrios. Esto sería entonces una forma mas de criminalizar las luchas populares y de los movimientos estudiantiles.

Medidas como estas lo que hacen es reforzar el interés de las políticas de seguridad del actual gobierno, que es el de militarizar la población civil; la pregunta que queda es ¿Que pasa en una sociedad en ese estado de militarización?, la respuesta flagrante es que eso implica una sociedad que delega en la violencia la resolución de cualquier conflicto; una sociedad acrítica, sometida al imperio de los ejércitos y de mercenarios, legitimadora de la guerra, porque se convierte la violencia en el medio de subsistencia de la gente (piénsese también en la propuesta que en la ciudad de Cali, la red de cooperantes sea conformada por los conductores de servicio público) y construida desde los pilares axiológicos de la desconfianza, el control, la eliminación del enemigo y la obediencia; valores que contrarían la construcción de una sociedad libre y autónoma.

Ante este escenario de militarización de la sociedad, hastiada de la guerra; proponemos una reacción de la población, guiada por los principios de la noviolencia, y es el camino de resistencia civil; resistencia a la presencia de grupos armados en los barrios sean de donde sean, resistencia al escenario de violencia, resistencia y no cooperación a estas medidas guerreristas que lo que hacen en lugar de proponer ciudadanos es proponer mercenarios, resistencia a la estigmatización de la población juvenil; resistencia al desconocimiento de una situación de conflicto urbano en la ciudad, complejo y que requiere de medidas más integrales y humanas.

RED JUVENIL DE MEDELLÍN

Febrero 2/ 2010

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La guerra que no hemos visto

Verdad Abierta. Próximamente se presentará en el Mambo una exhibición estremecedora: obras de arte de ex combatientes que expresan su visión de la guerra. Quizás nunca antes podrá usted ver el conflicto colombiano desde este ángulo tan agudo y conmovedor. Son las tremendas experiencias de 35 ex guerrrilleros, ex paramilitares y también de soldados heridos en recuperación, recreadas a través de la expresión artística. Sus 90 obras de arte, escenas pintadas en acrílico en pequeñas tabletas de madera que van construyendo una paisaje mayor, estarán exhibidas a partir del próximo miércoles 14 de octubre, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá con el apropiado nombre de “La guerra que no hemos visto”. Convocados por la Fundación Puntos de Encuentro, impulsada por el reconocido fotógrafo y artista Juan Manuel Echavarría, decenas de ex combatientes participaron en talleres de expresión artística durante dos años. La muestra que se verá en el Mambo, recoge las mejores obras de varios de ellos y ellas (porque también hay mujeres entre los expositores). "La idea de los talleres no era enseñarles a pintar, ni tampoco era un ejercicio terapéutico. Era simplemente proveerles los materiales, el espacio, y la confianza, para que ellos pudieran expresar lo que vivieron y lo que sintieron mientras estuvieron combatiendo", explicó Echavarría a Verdad Abierta. Es en este sentido, el más auténtico tratamiento artístico del tema del conflicto armado colombiano. La exposición sorprende por muchas razones, la calidad o la fuerza de algunas obras, la intensidad narrativa de otras y sobre todo, la capacidad de plasmar los sentimientos frente a sus víctimas, y frente a su propio papel en el conflicto. Con seguridad, el visitante detallista y sensible, realmente descubrirá en esta exhibición la guerra que no ha visto. Nada, ni el realismo de la TV, ni la crudeza de las noticias, ni las largas confesiones de Justicia y Paz, puede resultar tan revelador para comprender el conflicto que hemos vivido, y seguimos sufriendo, en Colombia. Por decisión de la curadora de la exposición, la uruguaya Ana Tiscornia, “La guerra que no hemos visto” será una muestra silenciosa: no se sabrá el nombre del autor, a qué grupo armado perteneció o qué hecho cuenta. De esta manera será el público el que complete el sentido de la obras con su propia mirada desprevenida, sin los prejucios o, incluso los odios, con que suelen anteceder las opiniones de hoy, en un Colombia de crecientes pasiones ideológicas extremas. En este sentido, la exposición será así mismo, remanso de paz y de reflexión. El documentalista Gabriel Ossa presentará allí videos mudos que viajan por las obras. Con el mismo espíritu de la exhibición, Verdad Abierta presenta una selección de pinturas, sin explicación alguna. E invitamos a todos a contribuir con un comentario para cada obra, según sus diversas interpretaciones. Hemos numerado las obras para que los lectores puedan ponerle así el pie de foto a las obras de su escogencia. Durante los próximos días, hasta la fecha de la inauguración de la exposición, publicaremos un conjunto diferente de fotografías de las obras. Queremos sumarnos así, a esta iniciativa valiosa que hasta ahora comienza a explorar lo que promete ser un largo, fructífero e innovador recorrido por las emociones y los sentidos de los colombianos frente al conflicto.

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Las agresiones sexuales a las mujeres "forman parte integral" del conflicto colombiano

Europa Press. Todos los grupos armados de Colombia, tanto las fuerzas de seguridad del Estado como los paramilitares y los grupos guerrilleros, utilizan la violencia sexual como arma de guerra, hasta el punto de formar "parte integral" del conflicto, según revela un nuevo informe de Intermón Oxfam. La "ocultación" de esta realidad por parte del Estado ha permitido "perpetuar este delito" y ha contribuido a crear un "entorno de impunidad" en el que los casos "no se investigan, ni se enjuician ni se castiga a los responsables", asegura la organización no gubernamental. Seguir leyendo el arículo

"Todos los grupos armados usan la violencia sexual como arma de guerra, hasta el punto de que forma parte integral del conflicto", declaró la investigadora y autora del informe, Paula San Pedro, durante la presentación en Madrid del informe 'La violencia sexual en Colombia. Un arma de guerra'. Estas agresiones se producen en un país particularmente "machista y patriarcal", en el que se calcula que, en general y no sólo en el contexto del conflicto, entre un 60 y 70 por ciento de las mujeres han sufrido alguna modalidad de violencia, ya sea sexual, física, psíquica o política.

Mediante el uso de la violencia, los diversos grupos armados utilizan a las mujeres como "blanco útil a través del cual humillar al enemigo", indica el informe, que se presenta también hoy en Bogotá y dentro de unos días lo será en Bruselas, ante representantes de la Unión Europa, y en Londres. Asimismo, con estas agresiones se castiga a las mujeres que osan desafiar las prohibiciones impuestas por los grupos armados, transgredir los roles de género, simpatizar con algún movimiento rival o vulnerar cualquiera de los códigos de conducta relacionados con la vida sexual o el tipo de vestimenta.

La ocultación y negación de esta realidad por parte del Estado y de algunos medios de comunicación colombianos, lamentó San Pedro, ha permitido "perpetuar este delito" y ha contribuido a crear un entorno de impunidad en el que este tipo de delitos "no se investigan, ni se enjuician ni se castiga a los responsables".

Aparte, muchas mujeres renuncian a denunciarlo por temor a represalias y a la vergüenza, hasta el punto, denunció la autora del informe, de que este tipo de violencia se ha "normalizado" dentro de la sociedad colombiana. "Muchas mujeres no se consideran víctimas porque no creen o no saben que la violencia sexual es un delito", explicó. En estas circunstancias, las agresiones sexuales son, según Paula San Pedro, un "delito silenciado".

Ejemplo de ello es la falta de cifras fiables sobre el número de agresiones sexuales en el contexto del conflicto. Según explicó durante el acto la periodista colombiana Jideth Bedoya, después de medio siglo de conflicto "sólo en 2009 se ha empezado a hablar de la violencia sexual como crimen de guerra".

A principios de este año, la Corte Constitucional presentó un informe a la Fiscalía General de Colombia (una de las pocas fuentes que recogen información sobre la autoría de agresiones sexuales) en el que, con datos aportados por organizaciones de mujeres, se daba cuenta de 183 testimonios de ataques sexuales contra mujeres en el marco del conflicto desde 1993, que englobaban los casos de 518 víctimas.

De estos 183 testimonios de agresiones, el 58 por ciento se atribuía a los paramilitares, el 23 a las fuerzas públicas, el ocho por ciento a las guerrillas y el resto a autores desconocidos. No obstante, según Bedoya, diversos estudios elevan estas cifras a entre 12.000 y 14.000 casos, pese a lo cual hasta la fecha sólo se han denunciado ante la Fiscalía un total de 20.

DESPLAZADAS Y MINORÍAS ÉTNICAS

Si las mujeres son un sector particularmente vulnerable, las mujeres desplazadas y pertenecientes a grupos étnicos minoritarios están más expuestas todavía a la violencia sexual. Según el informe, en un país con cerca de cuatro millones de desplazados a causa del conflicto, se calcula que dos de cada diez mujeres desplazadas se están viendo obligadas a huir y a buscar un nuevo refugio debido a los delitos sexuales.

Según datos de 2005 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el 52 por ciento de las mujeres desplazadas han sufrido algún tipo de maltrato físico y el 36 por ciento obligadas por desconocidos a mantener relaciones sexuales. "No hay un espacio geográfico en el país en el que las mujeres puedan sentirse seguras", denunció Paula San Pedro.

Aparte, "las mujeres afrocolombianas y las mujeres indígenas son las más vulnerables ante la violencia sexual, dada la triple discriminación que sufren a causa de su género, su etnia y su pobreza", agregó la autora del informe.

JINETH BEDOYA

Durante el acto de presentación del informe, Jineth Bedoya relató varios ejemplos, en especial el "caso aberrante" del jefe paramilitar Hernán Giraldo (actualmente extraditado en Estados Unidos por decisión del Gobierno del presidente Álvaro Uribe), quien llegó a abusar sexualmente de "casi todas las niñas" de la Sierra Nevada de Santa Marta (en el norte del país), la mayoría con edades comprendidas entre los trece y los dieciséis años. Al menos catorce de ellas quedaron embarazadas.

Bedoya denunció también que un informe de 2007 revelaba que los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contaban por entonces con alrededor de 6.000 menores de edad en sus filas, "la mitad de ellos niñas". "Casi el 90 por ciento de ellas fueron víctimas de abusos, la mayoría quedaron embarazadas y fueron obligadas a abortar, en algún caso incluso con siete meses de gestación", explicó. Algunas de ellas fallecieron a causa de las condiciones en que se efectuaron las intervenciones, agregó.

Jineth Bedoya, de 34 años y actualmente periodista del diario 'El Tiempo', ha sido una de las muchas víctimas de agresiones sexuales en el contexto del conflicto colombiano. Fue secuestrada en mayo de 2000 mientras realizaba una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá. Durante más de 16 horas estuvo en poder de sus captores, al parecer paramilitares. Fue secuestrada de nuevo en agosto de 2003 por las FARC, que la mantuvieron ocho meses en su poder.

Entre otros reconocimientos, en noviembre de 2001 obtuvo el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, en Toronto (Canadá), por su trabajo en las cárceles colombianas, y en octubre de 2001 fue galardonada con el Premio Mundial al Coraje Periodístico, que otorga la International Woman Media Foundation en Nueva York.

A Jineth Bedoya, reconoció, le resultó "muy difícil" animarse a viajar a Madrid para "desnudar el alma" y recordar su propio caso, pero finalmente se decidió a hacerlo para recordar y apoyar a las "miles de mujeres que son agredidas en Colombia y que no tienen esta oportunidad". "Después de una agresión, salir nuevamente al mundo y enfrentarse a tantos fantasmas es difícil", explicó. "Es algo con lo que tenemos que convivir todos los días, y tragarnos nuestros dolores y nuestros temores para seguir afrontando la vida", concluyó.

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Rehenes aparecen encadenados y Demacrados en los vídeos incautados a las FARC

Bogotá, 7 sep (EFE).- Diez uniformados colombianos secuestrados hace más de diez años aparecen con pesadas cadenas al cuello, aseguradas con candados, y visiblemente demacrados en las pruebas de vida que el Ejército incautó a un presunto guerrillero, y que fueron difundidas hoy. Seguir leyendo el arículo
Foto y Vídeo relacionado
El Ejército colombiano intercepta a correo de las FARC con pruebas de vida de 10 rehenes
Las imágenes de los 10 militares y policías en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron recuperadas de una memoria extraíble incautada el pasado sábado a un hombre que circulaba en una motocicleta por la carretera que une a la ciudad de Villavicencio con Bogotá.

Los mensajes recogen los testimonios de seis policías y cuatro militares secuestrados en tres tomas de pueblos que realizó la guerrilla en la década pasada: Miraflores (Guaviare, en agosto de 1998), El Billar (Caquetá, en marzo de 1998) y Puerto Rico (Meta, en julio de 1999).

Todos son considerados "canjeables" y las FARC aspiran a intercambiarlos por medio millar de guerrilleros presos en cárceles del país.

En las imágenes se evidencian signos de agotamiento y pese a que algunos muestran cierto ánimo, todos coinciden en pedir su liberación y expresan su preocupación por los problemas económicos y de salud de algunos de sus familiares.

En los vídeos, el sargento primero de la Policía José Libardo Forero, secuestrado el 11 de julio de 1999 en un asalto de las FARC a la localidad de Puerto Rico, pide la mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez.

"Un mensaje especial al presidente Hugo Chávez, porque por gestiones de él salieron muchas personas", dice Forero al tiempo que le pide ayuda para lograr su liberación, mientras reitera: "necesitamos salir de aquí lo más rápido posible".

El intendente de la Policía Carlos José Duarte, secuestrado en la misma acción, solicita a su círculo familiar mantenerlo "informado sobre todo lo que más puedan" y confía en "verlos pronto".

Jorge Trujillo Solarte, intendente de la Policía, también en manos de las FARC desde 1999, le ruega a su mamá que cuando le envíe mensajes "no llore".

El también intendente de la Policía Luis Romero solicita al director de la institución, general Óscar Naranjo, que le haga llegar a su madre algún dinero porque está enferma y no cuenta con atención médica.

El sargento del Ejército Julio Alfredo Moreno, cautivo desde agosto de 1998, cuando las FARC ocuparon la localidad de Miraflores, saluda a su familia y da cuenta de las labores que realiza durante el cautiverio.

Detalla y muestra cómo ha tejido y bordado prendas para su equipo de fútbol, el Deportivo Pasto, y también para el cantante Miguel Bosé, que, según él, se ha mostrado interesado por su situación.

Según Moreno, Bosé "es muy solidario y ha trabajo junto con un personaje muy auténtico que es el artista colombiano Juanes".

Tras conocerse las impactantes pruebas de vida, el Gobierno de Colombia expresó su protesta por las "lamentables condiciones" en las que se encuentran los rehenes ya que suponen un testimonio "cruel y degradante".

En un mensaje leído por el comandante del Ejército, general Óscar González, el Gobierno "exige la liberación total e incondicional de todos los secuestrados y denuncia, nacional e internacionalmente, la flagrante vulneración del derecho internacional humanitario por parte de las FARC".

Puntualizó que en los vídeos se evidencian las "deplorables condiciones físicas y mentales en que las FARC mantienen a los cuatro miembros del Ejército Nacional y a los seis efectivos de la Policía: con gruesas cadenas y candados al cuello".

La memoria USB en la que estaban los testimonios de los secuestrados estaba en poder de Ramiro Valbuena Ospina, quien tras ser detenido recuperó su libertad por errores en el proceso.

"Mi cliente fue utilizado para llevar esa memoria", dijo Jairo Ricardo García, el abogado defensor del detenido, de quien las autoridades investigan sus antecedentes para establecer si es un guerrillero de las FARC o un "correo".

En las pruebas aparecen los sargentos del Ejército Luis Moreno, Robinson Salcedo, Luis Arturo García y Luis Alfonso Beltrán.

Además, los sargentos de la policía Jorge Romero, José Forero y César Lasso, así como los intendentes Wilson Rojas, Carlos Duarte y Jorge Trujillo.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, insistió en que el Ejército sigue luchando por la libertad de los secuestrados.

"Nosotros nunca hemos renunciado, ni las Fuerzas Armadas ni el Gobierno, en trabajar todos los días por lograr la libertad de todas las personas que se encuentran secuestradas en Colombia, particularmente, por supuesto, nuestros 24 compañeros", enfatizó.

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Rudy Alsonso Suárez Asesino y violador de niños, será extraditado de Grecia

El Espectador. Después de dos años de investigaciones, seguimientos e incertidumbre jurídica, la justicia Griega aprobó la extradición del secuestrador, violador y asesino de Katherine Huertas Vanegas de 9 años, la niña símbolo del Referendo de Prisión Perpetua.

El crimen fue cometido el 5 de diciembre de 2004, cuando Suarez Corrales aprovechó que la niña lo conocía, la secuestró, la llevó a otro lugar donde la violó, la maltrató y la mató en una casa de un barrio cercano al humedal el Jaboque en Engativa, sitio donde tiró su cuerpo en horas de la noche.

El delincuente fue condenado a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con acceso carnal violento agravado.

La concejal Gilma Jiménez, promotora del referendo por la cadena perpetua de violadores y asesinos de niños manifestó su satisfacción por la decisión tomada por los jueces en Grecia, “por fin se hará justicia con Katherine, por fin podrá descansar en Paz, por fin sus padres tendrán un alivio en medio de un dolor irreparable. Llegó la hora que este delincuente le pague a la sociedad por un crimen que se cometió contra todos los Colombianos, porque cuando un niña es víctima de un delito atroz, se afecta la sociedad entera, porque la niña es el símbolo que representa la esperanza, que representa la campaña que busca castigar hasta con prisión perpetua, los delitos atroces que se cometen contra los niños en este país”.

Tras la investigación, los detectives de la Policía hallaron manchas de sangre en una casa en construcción, las cuales fueron tomadas como evidencia. De igual manera, se tomaron muestras de las prendas que vestía la niña así como de otros materiales, que fueron analizados por los expertos. Cuando a Suárez Corrales, principal sospechoso, le solicitaron las pruebas de ADN para cotejarlas con las muestras encontradas en la niña, el sujeto accedió a tomárselas, pero una vez salió del laboratorio, se fugó. Los resultados de las pruebas fueron contundentes: el ADN era positivo, con una certeza del 99.99%.

Los padres de Katherine comenzaron una dura y larga lucha ante los tribunales reclamando justicia. Solo fue cuando a través del periodista José Santos, se lograron contactar con la concejal, Gilma Jiménez, Katherine se volvió la causa no solo de Colombia, sino del mundo entero. “Ellos querían que se colgara la foto de este hampón en los ‘Muros de la Infamia’, pero para ese momento no había condena y no lo podíamos hacer y cuando salió la condena ya no estaban los Muros. Por eso meses después y como un homenaje a Katherine la foto de ella se convirtió en la imagen del Referendo. De igual manera la foto de Suárez Corrales, empezó a circular por Internet, la que fue copiada en todos los países del planeta, hasta que se logró su captura”, dijo la concejal Jiménez.

“Katerine, Luis Santiago, Karen Manuela, Camilo y todos los niños asesinados, nos están ayudando, están haciendo milagros. Esto es mágico, todo está jugando a favor de los niños. Los hampones que cometan atrocidades contra los niños en Colombia no tendrán lugar en este planeta para que evadan la Justicia”.

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Limpieza social en el Choco

Semana. Al Chocó van a parar todos los males de este país. La pobreza, la violencia, las tragedias naturales, la corrupción, el aislamiento, la insalubridad y la falta de educación han hecho parte de la vida diaria de los chocoanos, desde hace muchos años.

Esta vez, lo que tiene atemorizada a Quibdó, su capital, es el asesinato selectivo de trabajadoras sexuales, personas de la calle y consumidores de drogas. Aunque ni la Policía, ni la Alcaldía, ni ninguna autoridad tiene cifras oficiales, la denuncia la presentó la Arquidiócesis de esta ciudad que ha visto cómo sucede uno y otro homicidio semanalmente sin que nadie hay podido controlar la situación.

“En el pasado mes de abril del año en curso, un panfleto rodó por toda la ciudad amenazando a quienes han estigmatizado y categorizado como prostitutas, consumidores de alucinógenos, viciosos, mal vivientes y mil nombres más. Esa amenaza está siendo cumplida, sin que hasta el momento las autoridades competentes hayan hecho un esfuerzo a fondo por investigar, por proteger, por cumplir con los procedimientos legales para esclarecer los hechos en los cuales nuestros jóvenes han sido violentados”, denunció la Arquidiócesis de Chocó a través de un comunicado.

Según dijo a Semana.com el padre Luis Carlos Hinojosa, cada semana los quibdoseños se enteran de los homicidios por las noticias. “En un fin de semana matan dos, tres, cuatro”, dijo el prelado, a quien le preocupa que, por ejemplo, semanas atrás fue asesinado un joven dentro del colegio Pedro Grau y Arola, y nadie sabe por qué. “¡Nos hemos acostumbrado tanto a esto!, a la gente le da lo mismo, nadie se ha atrevido a denunciar abiertamente los casos”.

Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, hay mucho silencio y poca denuncia, porque por lo general las víctimas son personas sin familia. Por eso no hay una política clara para combatir estos crímenes. Los cadáveres aparecen degollados, o los echan al río. Según la Policía, hay una variable constante y es la pelea entre Los Rastrojos y las Águilas Negras por el control de economías legales e ilegales.

“A la modalidad del sicariato, mayormente utilizada y que reproduce los modos de las AUC, se adicionan los casos de personas asesinadas en forma brutal, cuyos cuerpos son mutilados y lacerados con sevicia, conducta definida como la causa del daño mas allá del necesario para matar, con la que el perpetrador busca garantizar la eficacia simbólica del mensaje enviado al colectivo: la alteración del cuerpo del enemigo, en función del sometimiento de la población civil al control y a la subordinación, a través del miedo como principio operatorio”, señala una nota de seguimiento a Quibdó hecha a comienzos de este año por la Defensoría del Pueblo.

El padre Hinojosa dice que estos episodios están ocurriendo, en su mayoría, en barrios marginales. “A los sicarios no se les da nada pagarle a cualquier matón para que le ‘limpie’ el barrio. Entonces todos miramos, volteamos la cara y seguimos andando. Esto no puede seguir sucediendo”, señaló.

Ante la alerta de la Arquidiócesis, durante los últimos días las autoridades se han reunido para identificar los puntos más neurálgicos de Quibdó y crear un plan de choque para evitar que más asesinatos de estos ocurran.

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Colombia uno de los países con mas violencia en el mundo

Cambio. El lunes 17 de agosto, en Bucaramanga, Carlos Núñez fue asesinado de dos puñaladas cuando le opuso resistencia a un hombre que intentaba atracarlo. En Bogotá, el domingo 16 en la noche, un hombre aún sin identificar fue muerto de un disparo. Dos días antes, en la mañana, fue asesinado en Medellín el empresario de apuestas Argemiro Salazar, de 63 años, cuando llegaba a un hotel de su propiedad. En Cali, la semana pasada, fue baleado el fiscal Jairo Martínez Solarte, de 49 años. Estos casos son apenas una muestra mínima de lo que está sucediendo en las principales ciudades del país, donde han aumentado los índices en materia de homicidios, atracos, fleteos, riñas...

Radiografía

Hidras de mil cabezas

Problemas capitales

Las propuestas de los candidatos


El fenómeno es de tal magnitud que los precandidatos y candidatos presidenciales lo consideran un asunto crucial de sus agendas políticas, y la mayoría cree que es el 'talón de Aquiles' de la política de seguridad democrática. La investigadora Claudia López señaló, en su columna del martes en El Tiempo, que la sensación es que el Gobierno es rehén de la premisa según la cual seguridad es sinónimo de derrotar a las Farc. "Los hechos demuestran que si las Farc desaparecieran hoy, las cifras de violencia, excepto las de muertos y accidentes por atentados, combates y minas, permanecerían prácticamente iguales ¿dice López¿. Los principales desafíos a la seguridad cotidiana de la mayoría de colombianos no vienen de los frentes de las Farc, sino de la delincuencia y el crimen organizado, el narcotráfico y los neoparamilitares".

El fenómeno de la inseguridad en las ciudades no es un asunto de percepción, es una realidad confirmada por los hechos y las estadísticas. Según la Fundación Seguridad y Democracia, ocho de los 10 delitos analizados en su más reciente Índice de Seguridad Urbana registran aumentos significativos y las proyecciones de los analistas indican que el año va a cerrar con saldo negativo.

En Colombia se registran al año 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los más altos del mundo ¿el promedio del primer semestre fue de 41 muertes violentas diarias¿, mientras en países como Japón el promedio es dos muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cinco en Estados Unidos y 30 en el resto de las capitales suramericanas. Los delitos que más preocupan a los habitantes de las principales ciudades son el hurto, el atraco callejero y el homicidio. Este último delito aumentó 10,8 por ciento en el promedio nacional: pasó de 6.833 muertes violentas en el primer semestre de 2008 a 7.410 en el mismo periodo de este año. Las ciudades más afectadas son Medellín (84,5 por ciento) y Cali (23,3 por ciento).

Expertos consultados por CAMBIO señalan que si bien la política de seguridad democrática ha sido exitosa en las zonas rurales para combatir la guerrilla, reducir la intensidad del conflicto, disminuir los secuestros y las tomas de pueblos, en las ciudades el impacto ha sido relativo o solo ha sido un efecto colateral. Armando Borrero, experto en Seguridad, señala que la seguridad urbana no fue formulada dentro de la política de seguridad democrática (ver artículo). Más aun, según el consultor en temas de seguridad Hugo Acero, "no existe una política integral de convivencia y seguridad urbana".



Radiografía

Las ciudades, donde se concentra el 70 por ciento de los colombianos, necesitan una política de seguridad porque es en los núcleos urbanos donde los índices de violencia han crecido en forma significativa en los últimos años. "Es evidente que el panorama de violencia que existía en 2002 cuando Uribe llegó al poder ha cambiado y que hoy existen otros tipos de amenazas en las ciudades ¿dice el analista Carlos Estrada¿. Esa nueva realidad es la que hay que contemplar".

Según un informe de la Fundación Nuevo Arco Iris, hoy existen 82 estructuras criminales con presencia en 273 municipios y sus principales actividades son tráfico de drogas, extorsión, robo de tierras y delincuencia común. "Son 10.000 combatientes que actualmente conforman las bandas emergentes, de los cuales 5.000 son desmovilizados que están reincidiendo en el crimen, y la otra mitad nuevos reclutas", dice el informe. De ahí que las autoridades atribuyan el crecimiento de la tasa de homicidios sobre todo a la intensificación de actividades relacionadas con el narcotráfico ¿reacomodo de las estructuras que quedaron después de la desmovilización de las Auc, ajustes de cuentas, nuevas bandas...

Las zonas urbanas más violentas son Medellín, Pereira, Cali, Barrancabermeja, Popayán y Villavicencio, que registran un aumento notorio por vendettas y purgas internas entre grupos delincuenciales. "En Medellín, el 70 por ciento de los homicidios se atribuye a las bandas emergentes ¿asegura Piedad Restrepo, coordinadora del programa 'Medellín Cómo Vamos'¿. Nos acercamos a los índices de muertes de la época dura del narcotráfico". Por su parte, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dice: "Nos vemos abocados a procesos como el desplazamiento, el narcotráfico, el paramilitarismo, la guerrilla y los grupos emergentes, que hacen ingenuo pensar que podemos resolver solos todos estos asuntos".

Otro de los grandes dolores de cabeza en las ciudades es el llamado microtráfico de drogas ilícitas ¿entre uno y 10 kilos¿, que muestra un notable crecimiento, sobre todo en Bogotá. Según cálculos de las autoridades, hay más de 1.200 'ollas' en la ciudad, y por una que desmantelan, aparecen dos.

En la lista de problemas de inseguridad también figura el fleteo, una de las modalidades de hurto calificado: se registraron 1.029 casos en todo el país en los primeros siete meses del año, y las ciudades más afectadas son Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali. Para hacerle frente a este delito, que se presenta a la salida de los bancos, las autoridades crearon grupos elite en cada ciudad.

Por otra parte y pese a la reducción significativa del secuestro, se trata de un delito que no ha desaparecido y, lo mismo que la extorsión, afecta especialmente a Villavicencio, Buenaventura y Barrancabermeja, según la Fundación Seguridad y Democracia. Y en cuanto a delitos contra el patrimonio, Pereira, Villavicencio, Cali y Bogotá presentan los más altos índices en hurto a residencias y comercio.


Hidras de mil cabezas

El panorama no es para nada alentador. "Las autoridades se han obsesionado con las Farc y han descuidado la lucha por la seguridad ciudadana -sostiene Germán Vallejo, consultor en temas de Seguridad-. La inseguridad ciudadana está engendrando de manera soterrada unas hidras de mil cabezas que, si no son atacadas a tiempo, en unos años pueden volverse un problema igual o peor que el de la guerrilla".
Y es que el crecimiento de la tasa de criminalidad no se debe en forma exclusiva a las actividades relacionadas con el narcotráfico. Según estudios de percepción ciudadana, las principales causas de la inseguridad urbana son la pobreza, el desempleo, la impunidad y la ausencia de policías, queja que también es recurrente entre los mandatarios locales. Mientras los estándares internacionales señalan que debe haber un policía por cada 250 habitantes, en Bogotá hay uno por cada 389, y en Medellín y su área metropolitana, uno por cada 540.

En este escenario, los cerca de tres millones de desplazados que llegan a engrosar los cordones de miseria de las ciudades, se convierten en una carga adicional para los gobiernos municipales y en un factor de competencia frente a las ya precarias oportunidades para los sectores más deprimidos.

Y a esto se suman la falta de oportunidades y el abandono estatal del agro, que han obligado a muchas familias a buscar en las ciudades una mejor calidad de vida. "Esa migración desbordada rompe todos los presupuestos y afecta el normal desarrollo de una ciudad", sostiene el consultor Raúl Afanador.

Otro grave problema que complica la situación es la inoperancia de la Justicia y los altos índices de impunidad, que han llevado a muchos ciudadanos a hacer justicia por mano propia. Según una encuesta de Datexco-Opinómetro, en 13 ciudades, dos de cada 10 colombianos han tenido la intención de hacer justicia por cuenta propia. "La falta de judicialización desmotiva a la gente porque ve que sus denuncias no conducen a nada", agrega Piedad Restrepo.

La violencia urbana crece y no da tregua. La política de seguridad democrática, tal como ha sido planteada -en función de acabar con la guerrilla y el terrorismo- requiere una mirada distinta porque esa amenaza a la seguridad de las urbes es mucho más compleja que lo que el Gobierno llama la "amenaza terrorista".



Problemas capitales

Según informes de la Fundación Seguridad y Democracia, la Policía Nacional, y los programas Cómo Vamos, los principales problemas de seguridad en las grandes capitales son los siguientes:

Bogotá
- Atracos callejeros - Fleteo - Homicidios - Piratería terrestre - Uno de cada dos bogotanos creeque la ciudad es insegura

Medellín
- Homicidios - Masacres - Extorsiones - Hurto calificado - Bandas y 'oficinas de cobro' - Piratería terrestre

Cali
- Lesiones personales - Homicidios - Atraco callejero - Hurto a residencias, comercio y vehículos - Bandas delincuenciales

Barranquilla
- Atraco callejero - Fleteo - Secuestros y extorsiones - Ajuste de cuentas entre bandas criminales.


Las propuestas de los candidatos
Martha Lucía Ramírez
Crear el viceministerio de seguridad ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior, que como encargado del orden público debe trabajar de la mano con gobernadores y alcaldes. Comenzar a revertir la tendencia del pie de fuerza entre Ejército y Policía, sin disminuir el número de efectivos de forma que haya más Policía y menos Ejército.

Germán Vargas Lleras
Implementaré una política nacional de seguridad urbana para derrotar la delincuencia común y organizada que victimiza y atemoriza a nuestros ciudadanos: continuidad y profundización de la seguridad democrática, mayor énfasis en la seguridad ciudadana y más inversión social que permita combatir la desigualdad.
Andrés Felipe Arias
Recuperación de la seguridad en las ciudades: incremento para el 2014 en 43 mil unidades de policía llegando a 155.000 efectivos, lo que permitirá pasar de 400 habitantes por policía a 287. Crearemos una dirección de seguridad ciudadana en el Ministerio de Defensa. Apoyo a la penalización de dosis personal y a la cadena perpetua para violadores.

Sergio Fajardo
El papel que jugará la Policía en nuestro gobierno es clave, pero además de la presencia de uniformados esto debe ir acompañado de intervenciones sociales en los sectores más humildes, una revisión al proceso de reinserción, una Justicia más eficiente y cercana al ciudadano, así como la creación de oportunidades para los jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad.

Alfonso Gómez Méndez
Necesitamos una política criminal estable. El país ha dado bandazos y con inusitada frecuencia se envían mensajes equivocados, un día aumentamos las penas y otro las bajamos, un día llenamos las cárceles y otro día las desocupamos. La delincuencia puede combatirse de manera eficaz, sólo con una política criminal estable y con una Policía Nacional eficaz.

Rafael Pardo
Se desarrollará una estrategia para cada delito de impacto social. El homicidio, hurto de vehículos y residencias, atraco y asaltos bancarios, entre otros, serán enfrentados con una estrategia diseñada en conjunto con el Alcalde y la Policía. Nueva generación en recursos tecnológicos para la gestión policial, como cámaras de vigilancia, mapeo digital de la ciudad y GPS en las patrullas.

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