BOGOTÁ (AFP) - El presidente Álvaro Uribe, que declaró Colombia en conmoción interior, uno de los tres estados de excepción contemplados en la Constitución, se trenzó en un nuevo pulso con los funcionarios judiciales en huelga desde hace 38 días, y que podrían ser despedidos en razón de esa medida.
En medio de la controversia, la presidencia expidió en la noche del viernes un comunicado en el que asegura que tras la declaración del estado de excepción, la situación de la justicia registra un proceso de normalización. "De acuerdo con los últimos reportes de la Policía Nacional en todo el país, entregados este viernes en la noche al Gobierno Nacional, el 65% de los jueces y el 70% de los fiscales retomaron hoy sus labores, tras la declaratoria del estado de conmoción interior por parte del Ejecutivo", señaló el comunicado. "De esta manera, lentamente, se restablece el servicio de la Justicia", precisó.
Uribe, quien por segunda vez recurre a este mecanismo desde que llegó al poder, en 2002, anunció la medida en la noche del jueves, señalando que la huelga podría llevar a salir de las cárceles a peligrosos criminales.
En virtud del estado de conmoción interior, que tiene una vigencia de 90 días, las decisiones presidenciales tienen fuerza de ley.
La mayoría de los 45.000 funcionarios judiciales iniciaron la protesta el 3 de septiembre para reclamar un aumento salarial y más recursos para la justicia.
Según las autoridades, por causa de la huelga, más de 120.000 procesos judiciales no se han podido fallar, en tanto que 2.720 personas acusadas de diversos delitos, como homicidio y tráfico de drogas, han quedado libres.
Uribe aseguró haber tomado la decisión después de haber consultado al Fiscal General de la Nación, ante el peligro de que "personas acusadas de crímenes muy graves queden en libertad".
La consecuencia más tangible de la decisión es la posibilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de "despedir, transferir, nombrar" a los empleados judiciales para garantizar "el servicio público esencial de justicia", según el anuncio oficial.
Una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitó el país para investigar denuncias sobre detenciones arbitrarias, cuestionó tanto la decisión de Uribe como la parálisis, y pidió a las dos partes buscar una solución. "La terapia puede ser peor que la enfermedad", dijo la española Manuela Carmena, que hace parte de un grupo de trabajo de la ONU, pero también advirtió de que "el paro es inconstitucional porque quien garantiza los derechos de las personas no puede declararse en paro pese a que haya condiciones para ello".
La decisión de Uribe provocó una dura reacción de la oposición política, que la calificó de "anticonstitucional" y "antidemocrática". Según Juan Carlos Ramos, uno de los dirigentes de Asonal, el sindicato de la rama judicial, la decisión del gobernante se inscribe en el contexto de las malas relaciones entre Uribe y la Justicia, poniendo en entredicho sus decisiones.
La decisión de Uribe fue recibida como "un golpe a la democracia y a las libertades públicas" por Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT, el principal del país con unos 500.000 afiliados). "Es más una medida digna de un dictador que de un presidente", denunció el viernes el líder sindical.
"El gobierno quiere someter a la justicia, que reclama instrumentos para poder seguir con independencia las investigaciones que se refieren a los altos funcionarios y a amigos del gobernante", aseguró. "No cederemos a las provocaciones del gobierno. Vamos a tomar decisiones con la cabeza fría teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos con el país", puntualizó por su parte Ramos.
En medio de la controversia, la presidencia expidió en la noche del viernes un comunicado en el que asegura que tras la declaración del estado de excepción, la situación de la justicia registra un proceso de normalización. "De acuerdo con los últimos reportes de la Policía Nacional en todo el país, entregados este viernes en la noche al Gobierno Nacional, el 65% de los jueces y el 70% de los fiscales retomaron hoy sus labores, tras la declaratoria del estado de conmoción interior por parte del Ejecutivo", señaló el comunicado. "De esta manera, lentamente, se restablece el servicio de la Justicia", precisó.
Uribe, quien por segunda vez recurre a este mecanismo desde que llegó al poder, en 2002, anunció la medida en la noche del jueves, señalando que la huelga podría llevar a salir de las cárceles a peligrosos criminales.
En virtud del estado de conmoción interior, que tiene una vigencia de 90 días, las decisiones presidenciales tienen fuerza de ley.
La mayoría de los 45.000 funcionarios judiciales iniciaron la protesta el 3 de septiembre para reclamar un aumento salarial y más recursos para la justicia.
Según las autoridades, por causa de la huelga, más de 120.000 procesos judiciales no se han podido fallar, en tanto que 2.720 personas acusadas de diversos delitos, como homicidio y tráfico de drogas, han quedado libres.
Uribe aseguró haber tomado la decisión después de haber consultado al Fiscal General de la Nación, ante el peligro de que "personas acusadas de crímenes muy graves queden en libertad".
La consecuencia más tangible de la decisión es la posibilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura de "despedir, transferir, nombrar" a los empleados judiciales para garantizar "el servicio público esencial de justicia", según el anuncio oficial.
Una misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que visitó el país para investigar denuncias sobre detenciones arbitrarias, cuestionó tanto la decisión de Uribe como la parálisis, y pidió a las dos partes buscar una solución. "La terapia puede ser peor que la enfermedad", dijo la española Manuela Carmena, que hace parte de un grupo de trabajo de la ONU, pero también advirtió de que "el paro es inconstitucional porque quien garantiza los derechos de las personas no puede declararse en paro pese a que haya condiciones para ello".
La decisión de Uribe provocó una dura reacción de la oposición política, que la calificó de "anticonstitucional" y "antidemocrática". Según Juan Carlos Ramos, uno de los dirigentes de Asonal, el sindicato de la rama judicial, la decisión del gobernante se inscribe en el contexto de las malas relaciones entre Uribe y la Justicia, poniendo en entredicho sus decisiones.
La decisión de Uribe fue recibida como "un golpe a la democracia y a las libertades públicas" por Tarcisio Mora, presidente de la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT, el principal del país con unos 500.000 afiliados). "Es más una medida digna de un dictador que de un presidente", denunció el viernes el líder sindical.
"El gobierno quiere someter a la justicia, que reclama instrumentos para poder seguir con independencia las investigaciones que se refieren a los altos funcionarios y a amigos del gobernante", aseguró. "No cederemos a las provocaciones del gobierno. Vamos a tomar decisiones con la cabeza fría teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos con el país", puntualizó por su parte Ramos.
