Agencia de Prensa IPC Aunque la marcha de los desplazados del conflicto comenzaba a las diez de la mañana, Virgelina Ibarra comenzó su recorrido por lo menos dos horas antes. Por falta de recursos económicos, esta mujer debió caminar desde su barrio, Santo Domingo Savio, en el nororiente de Medellín, hasta la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia, en el centro de la ciudad, desde donde partiría la movilización.
A pesar de su difícil situación, la señora de más de 60 años de edad no vaciló un instante en participar de esta actividad programada por la Coordinación Metropolitana de Desplazados, que buscaba manifestar la inconformidad de las víctimas de este flagelo por la mala atención que brinda el estado a través de entes gubernamentales como la Alta Consejería para la Acción Social, el Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres o la Unidad de Atención y Orientación al Desplazado (UAO).
Su historia es un ejemplo de las deficiencias estatales: en el año 2003, grupos paramilitares la obligaron a salir de su residencia ubicada en el barrio La Independencia II, Comuna 13. Paradójicamente, habían transcurrido sólo cuatro meses desde la recordada Operación Orión, que permitió la recuperación de la zona de milicias de las FARC, ELN y Comandos Armados del Pueblo por parte del ejército y la Policía.
A pesar de haber realizado los trámites correspondientes ante Acción Social y la UAO, no le fue reconocida su condición de desplazada. A la fecha, no ha recibido ningún tipo de ayuda de tipo humanitaria, económica o psicosocial. “Mi denuncia está registrada en la Fiscalía, pero a pesar de eso no he recibido una ayuda económica. A los desplazados nos deben dar, por ley, un subsidio por determinado tiempo. Nunca lo he recibido. A dónde no he ido por Dios y nadie me ayuda”, enfatizó.
Desde entonces, Virgelina vive errante: “unos días vivo en casa de una hija, otros días en casa de una amiga, y así me la paso. En estos momentos estoy en Santo Domingo Savio. Llegué caminando desde allá porque no tengo plata y caminando me tendré que regresar”, enfatizó.
Múltiples protestas
El 18 de julio de 1997, el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper sancionó la Ley 387, con la cual se adoptaron medidas para la atención, prevención y restitución de derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Lo que ha sucedido después de esa fecha no es muy halagador.
Miles de labriegos víctimas del desplazamiento forzado debieron interponer acciones de tutela para que el estado les brindará la ayuda contemplada en el articulado. A raíz de este hecho, la Corte Constitucional profirió en el 2004 la sentencia T-025, en la que declara el “estado de cosas inconstitucionales en materia de atención a población desplazada”. Con ello, la Alta Corte exigió al estado colombiano una mayor voluntad política, mayor destinación de recursos y una mejor coordinación de las instituciones en la asistencia a los desarraigados.
Hoy día, 11 años después de promulgada la ley y luego de cuatro años del concepto emitido por la Corte Constitucional, la situación poco o nada ha cambiado. Los desplazados continúan abandonados, viviendo en condiciones de marginalidad y, en muchos de los casos, sin la posibilidad de retornar a sus sitios de origen porque sus tierras les fueron arrebatadas.
Carlos Enrique Carmona, uno de los líderes de la movilización, aseguró que las principales dificultades que deben afrontar los desplazados actualmente consisten en la atención deficiente y despectiva, problemas en la protección y restauración de bienes, y en el reconocimiento de la condición de desplazado.
De ahí que predominaran pancartas y carteles con fuertes mensajes como: “No más incumplimiento por parte de Acción Social”, “Queremos que a los campesinos desplazados se les devuelvan sus tierras” y “El gobierno dice que somos guerrilleros y por eso nos niega nuestros derechos”.
“Hay desplazados que llevan más de tres meses esperando la primera ayuda humanitaria por parte de Acción Social sin que haya respuesta alguna. Estamos hablando de la ayuda de emergencia, la que se entrega apenas llega el desplazado a la ciudad.,Ni esa ayuda la están dando. Si vamos a Acción Social a reclamar nos dicen que no hay recursos”, dijo Carmona.
Según el líder, en Medellín residen por lo menos 25 mil familias desplazadas, lo que se traduce en cerca de 120 mil personas, muchas de las cuales están viviendo en situaciones de pobreza extrema. “Yo vivo en Llanadas (Comuna 8), hace ocho años soy desplazado del municipio de Briceño. A mi barrio todos los días están llegando desplazados. Nadie les está ayudando, a muchos no les están reconociendo su condición y no están recibiendo ningún tipo de auxilio económico. Todo se reduce a lo que podamos hacer nosotros como líderes”, expresó.
Hay otros casos, como el de José Umanes, que ni siquiera cuenta con el apoyo de los desplazados. “Yo fui desplazado de La Iguana, un corregimiento en límites entre Antioquia y Chocó. Salimos ocho personas de allá y nos vinimos a vivir a Carpinelo (nororiente de Medellín) y ha sido muy duro la adaptación a esta ciudad. Yo no se cuáles son los trámites que tengo que hacer para recibir alguna ayuda. No sé cómo llegar a Acción Social, no sé qué papeles llevar, no sé a quién pedirle ayuda”, indicó el labriego.
Cuando se enteró de la realización de la marcha, respondió inmediatamente a la convocatoria motivado no sólo en sumarse a la protesta, sino también en encontrar alguna institución que lo oriente en la reclamación de sus derechos.
“El campesino no sabe muchas cosas y la gente se aprovecha. Cuando llegué a esta ciudad me vendieron un lote por un millón de pesos, que todavía estoy pagando. Allí construí una casa con lo que pude y creo que tengo que desalojar por culpa del invierno. Yo no tengo a dónde ir. De todas formas tengo que seguir pagando el lote, pero no sé de dónde voy a sacar la plata. Me dicen que a los desplazados les dan unas ayudas, pero no sé cómo reclamarlas”, manifestó.
El desplazamiento no cesa
Según la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, de la Personería de Medellín, en lo que va corrido del año unas 1.790 personas se han acercado a esta dependencia del ministerio público para declarar su condición de desplazado.
De ellas, unas 79 denuncias corresponden a la modalidad de desplazamiento forzado intraurbano, una de las más dramáticas dada su poca visibilización ante la opinión pública. En casos como el de John Jairo Sánchez, este flagelo se suma a otro desplazamiento padecido en años anteriores.
Hace nueve años, grupos de autodefensa lo obligaron a abandonar su vivienda en el casco urbano de San Carlos, oriente antioqueño, donde se desempeñaba como minero. Cuando comenzaba a adaptarse a su nueva vida en el municipio de Bello,en el norte del Valle de Aburrá, un grupo armado que no logró identificar lo sentenció a muerte si no abandonaba el municipio. El hecho se registró a finales de 2007.
Además de la impotencia que le genera el hecho de ser víctima inocente de un conflicto absurdo, lo que más le indigna a este campesino, padre de una pequeña, es la poca ayuda que ha recibido a lo largo de estos años por parte de las instituciones del estado responsables de la atención a la población desplazada.
Su inconformidad también se suma a la del resto de marchantes, que recorrieron las calles bajo un inclemente sol. “Desde que salí de Bello dejé de recibir una serie de ayudas económicas, en salud y educación que me tienen perjudicado. Por fortuna mi grupo familiar es pequeño y hemos sobrevivido con lo que me rebusco. Lo que más me indigna es la pésima atención que brinda la UAO. Es la burocracia al máximo, usted va y lo mandan para tres o cuatro dependencias sin que le resuelvan nada. Deberían gastarse el sueldo de tanto funcionario en los desplazados”, declaró.
Al término del evento, los organizadores anunciaron su participación en la movilización del próximo 20 de julio, donde llevarán sus consignas por los desplazados. Asimismo, aseveraron que este es el inicio de una intensa campaña por reclamar sus derechos y con la que esperan dialogar con los máximos poderes del Ejecutivo.
