El Tiempo. Desde hace dos semanas, la Fiscalía está desempolvando viejos archivos del DAS, buscando los rastros de una decisión que terminó jugando a favor de los asesinos: el cambio de su esquema de escoltas.
Es una de las pistas que ha retomado la justicia y que, como lo reveló ayer EL TIEMPO, le permitirán vincular al menos a cinco personas, entre políticos y ex altos mandos de la Fuerza Pública, a la investigación por el magnicidio del dirigente liberal.
En ese crimen, según pruebas que desde hace años están en el proceso y ahora revaluadas, además del cartel de Medellín habrían participado dirigentes políticos, 'paras' del Magdalena Medio, miembros del DAS y de la Policía y hasta el cartel de Cali.
El objetivo era eliminar a Galán. No sólo por sus posturas radicales frente al narcotráfico y la corrupción sino para librarse de un contendor que incomodaba a muchos dirigentes liberales.
La Fiscalía y la Procuraduría revisaron el expediente y lo cotejaron con varias declaraciones recaudadas recientemente en Justicia y Paz. Allí, en abril del 2007, hubo un antecedente directo: las declaraciones de 'Ernesto Báez', que en la época era ideólogo del Movimiento de Renovación Nacional, Morena, grupo político que nació en el Magdalena Medio directamente ligado al poder de narcos y 'paras'.
'Baéz', que de nuevo será llamado a declarar, dijo que sin la participación del DAS y del B-2 del Ejército el crimen habría sido imposible.
Los indicios señalan a tres políticos liberales ya fallecidos y a otros dos del mismo partido que recibieron sendas condenas de la justicia por otros casos. A ellos se suma el nombre de Alberto Santofimio Botero, quien fue condenado en primera instancia y absuelto por el Tribunal Superior de Cundinamarca como autor intelectual del crimen.
En ese momento, varios de ellos eran contendores directos de Galán, quien se perfilaba como seguro ganador de la candidatura liberal ese año y de la Presidencia en las elecciones del 90. Los otros eran 'caciques' con fuerte influencia en el Magdalena Medio y con llegada a Henry de Jesús Pérez, el jefe paramilitar de Puerto Boyacá.
Los investigadores no solo miran a estos políticos. Los cambios al esquema de seguridad de Galán y la forma como inicialmente se adelantó la investigación por el magnicidio, señala el expediente, revelan una clara intención de desviar la acción de la justicia. En esta situación estarían implicados ex mandos del DAS, de la Dijín y de la Sijín.
El tema no es nuevo. En 1995, el entonces vicefiscal general Adolfo Salamanca reconoció en una carta a la familia Galán Pachón que "la investigación fue desviada".
Según Salamanca, había "elementos de juicio que permiten escudriñar fundada y válidamente otra hipótesis (además de la responsabilidad del Cartel de Medellín) relacionadas con motivaciones de carácter político, eventuales vinculaciones de políticos enemigos del doctor Galán Sarmiento y la participación de otras organizaciones del narcotráfico con grupos de autodefensa y/o paras(...)".
Salamanca reseñó cómo Jaime Rueda Rocha, el sicario de Galán, se fugó de de la cárcel de la Picota de Bogotá y su muerte en un operativo de la Policía en La Dorada en 1992. Rueda tuvo ayuda de un abogado que trabajaba para la familia Urdinola Grajales.
¿Cuáles, según la justicia, son otros vasos comunicantes entre los actores del complot? El 'Mexicano', Gonzalo Rodríguez Gacha, se movía igual entre el círculo de Escobar y los 'paras' del Magdalena Medio. La conexión con el cartel de Cali tendría dos vías: se cree que sus jefes pretendieron que ese crimen concentrara toda la atención del Estado en sus archienemigos de Medellín. Además, varios de los políticos señalados aparecieron después recibiendo plata de los Rodríguez Orejuela.
El Tiempo. Los afectados son dos oficiales y cuatro soldados profesionales que fueron hallados responsables de homicidio agravado.
