Naciones Unidas ahorró millones de dólares al reducir costos en las sedes suizas de su agencia para refugiados, pero aún le faltan fondos

GINEBRA (Reuters) - Naciones Unidas ahorró millones de dólares al reducir costos en las sedes suizas de su agencia para refugiados, pero aún le faltan fondos, informó el lunes el titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Antonio Guterres.
Al dirigirse al comité ejecutivo de ACNUR, Guterres dijo que se habían ahorrado 22 millones de dólares por una revisión de políticas de personal.

Con el traslado de algunos puestos de trabajo a Budapest desde Ginebra, una de las ciudades más costosas, se podrían ahorrar unos 9 millones de dólares anuales a partir del 2009, informó el ex primer ministro portugués.

Guterres le dijo al panel, cuyos 76 estados miembros incluyen a donantes importantes, como Estados Unidos, Japón, Suecia, Países Bajos y Noruega, que ACNUR necesita más fondos para asistir a los 31 millones de personas desplazadas y desesperadas que ayuda.

"Mientras estamos haciendo lo mejor para minimizar costos, nuestro presupuesto no nos permite satisfacer las necesidades globales de nuestros beneficiarios", señaló, al explicar que los precios de alimentos y energía han dificultado la vida aún más para aquellos obligados a dejar sus casas.

ACNUR esperaba gastar 1.600 millones de dólares en el 2008, más que los 1.100 millones de dólares que gastó hace dos años. Si bien reconoce que los gobiernos estaban bajo presión fiscal, dijo que una reducción de asistencia podría generar un trastorno mayor que sería más costoso resolver.

"Reconozco por completo los retos del entorno financiero actual", señaló, en referencia a la crisis crediticia mundial que podría afectar el flujo de asistencia.

Sin embargo, manifestó: "Si no satisfacemos las necesidades básicas de los pobres del mundo, sólo podemos esperar una mayor confusión política y social en los próximos años".

Al final de 2007, había 11.400 millones de refugiados en el mundo, con un 80 por ciento viviendo cerca de sus países de origen.

Por otra parte, 26 millones de personas escaparon de sus hogares a causa de violencia sin cruzar a otro país, clasificados como desplazados internamente, y muchos de ellos también confiaban en ACNUR para su supervivencia, según Guterres.

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248.951 Refugiados Afganos Regresan a su pais

Kabul, 7 oct (EFE).- Unos 250.000 afganos han vuelto a su país en lo que va de año, procedentes de Pakistán e Irán, la mayoría obligados a la mala "situación económica y de seguridad" que sufren en el exilio, informó hoy la agencia de la ONU para los refugiados.
El Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha asistido desde enero de 2008 a 251.880 afganos, de los que 248.951 entraron en el país procedentes de Pakistán.

La mayoría de quienes retornan se ha asentado en las zonas del este afgano (un 63 por ciento), mientras que un 13 por ciento vive ahora en Kabul.

Entre ellos, hay además unas 30.000 personas que viven en cinco campamentos situados en las regiones de Nangarhar y Laghman (este), después de verse obligados a regresar por el cierre del asentamiento de refugiados de Jalozai, en el noroeste de Pakistán.

Pakistán, que está llevando a cabo una violenta ofensiva militar en las zonas del noroeste para acabar con los insurgentes, ha presionado en los últimos días a los refugiados afganos en su suelo para que abandonen el país.

En Pakistán viven unos 1,8 millones de refugiados afganos, según dijo a Efe el portavoz de la ACNUR en el país, Babar Baloch.

Desde la caída de los talibanes, a Afganistán han retornado unos cinco millones de refugiados, de los cuales muchos carecen de tierras, empleo o vivienda, y sufren escasez de agua y servicios básicos como la sanidad o la educación.

El país ha registrado un repunte de la insurgencia en los últimos dos años: en lo que va de 2008, más de 4.000 personas han muerto víctimas de la violencia, entre ellos más de 1.500 civiles.

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La ACNUR pidió a los países miembros, no disminuir sus aportes económicos, el cual asiste a 31 millones de personas

Ginebra, 6 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, pidió hoy a los países miembros que no disminuyan sus aportaciones al presupuesto del organismo que asiste a unos 31 millones de personas, para evitar una explosión social.
"Un hombre hambriento es un hombre enfadado", exclamó Guterres al inaugurar hoy las reunión del Comité Ejecutivo de la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), integrado por delegados de los 76 países miembros, y que debe aprobar esta semana el nuevo presupuesto del organismo.

El alto comisionado subrayó que "los recursos que requerimos para apoyar a esos 31 millones de personas son muy modestos cuando los comparamos con las sumas que se están gastando para traer estabilidad al sistema financiero internacional".

Si la comunidad internacional no es capaz de cubrir las necesidades básicas de los pobres del mundo, "sólo podemos esperar más turbulencias políticas y sociales en los próximos años", advirtió.

Guterres señaló que a finales de 2007 había 11,4 millones de refugiados, y 26 millones de desplazados internos, es decir, aquellos que tuvieron que abandonar sus hogares debido a conflictos y violencia pero que no salieron de sus países, aunque ACNUR atiende en total a 31 millones de personas.

El alto comisionado dijo que ACNUR se enfrenta cada vez a una mayor presión que se ha complicado con las turbulencias financieras en los mercados mundiales.

"La competencia por los recursos escasos se ha convertido en un factor cada vez más importante para provocar y perpetuar la violencia", señaló.

Los fondos de la Reserva Operacional de ACNUR para atender emergencias aumentaron de 34 millones de dólares en 2006 a 87 millones en 2007 y se espera que alcancen los 150 millones este año.

En total,- recordó Guterres a los delegados- los gastos totales de ACNUR en 2008 se incrementarán hasta los 1.600 millones de dólares, en comparación con los 1.100 millones de dólares de 2006.

Dijo que estas cifras muestran la extrema presión que está sufriendo esa agencia de la ONU, que trata de minimizar costos mediante una serie de reformas iniciadas en 2006.

Dentro de estas medidas, ACNUR ha reducido su personal en su sede de Ginebra de 1.047 empleados hasta 747, y se espera reducirlos aún hasta 700.

Muchos de estos puestos han sido trasladados a Budapest, donde esa Comisaría ha establecido un nuevo centro, con lo que se espera ahorrar nueve millones de dólares anuales.

Y muchos puestos de la sede central han sido reasignados a cargos en el terreno, más cerca de los beneficiarios de ACNUR, agregó.

Por todo ello, Guterres recordó al Comité Ejecutivo, que debe aprobar el presupuesto esta semana, que la agencia debe recibir los fondos necesarios para poder realizar su mandato de protección de los refugiados y desplazados.

ACNUR propone un presupuesto revisado para 2009 de 1.275 millones de dólares, con otros 535 millones adicionales para programas suplementarios.

"Aunque hacemos lo posible por reducir costes, nuestro presupuesto no nos permite cubrir las necesidades globales de nuestros beneficiarios. Con los altos precios de los alimentos y la energía, nuestra tarea está en grave riesgo. Pero al mismo tiempo, se nos pide más y más para responder a mayores demandas", subrayó.

El Comité Ejecutivo de ACNUR está reunido hasta el próximo día 10 de octubre.

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Se plantean reformas al proyecto de ley sobre protección y reparación, Vulnerando los derechos de las victimas

Bogotá, CODHES, La Mesa de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales prepara un documento objetando las modificaciones propuestas para el proyecto de Ley sobre protección y reparación.
Voceros de las asociaciones entregarán el próximo miércoles en la Cámara de Representantes un documento cuestionando las reformas que plantean en sus ponencias los representantes Guillermo Rivera y Jorge Humberto Mantilla para el proyecto de Ley sobre reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano que hace curso en el Congreso, cuyo autor es el senador liberal Juan Fernando Cristo.


Los representantes a la Cámara deberán elegir una de las dos propuestas de modificación del proyecto para incluirla en este y lograr así dejarlo aprobado y listo para sanción presidencial. Pero para los voceros de la mesa de las víctimas, ambas propuestas tiene serias fallas.

El proyecto del representante Rivera plantea la creación de una unidad administrativa especial para resolver los asuntos relacionados con la propiedad y tenencia de tierras en procesos de reparación. Esta institución, que se llamaría Protierra, dependería exclusivamente de la Presidencia de la República y sería única instancia en las decisiones sobre ese respecto. Estos dos puntos tienen bastante inquietas a las asociaciones de víctimas, que piensan que el instituto nace sin independencia y que podría ser inconstitucional la no existencia de una segunda instancia.

Otros puntos que cuestionan los voceros de la mesa son: el desconocimiento de las víctimas de crímenes perpetrados por agentes estatales que pretende omitir en la Ley el proyecto del representante Mantilla, quien expondrá la propuesta de modificación planteada por el Gobierno. y la inclusión del Decreto 1290 de Reparación Administrativa, como parte de la Reparación Integral.

Los representantes de las asociaciones de Víctimas estarán presentes en reunión de Comisión que se realizará el próximo miércoles a partir de las 9:00am.

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Bandas criminales le venden jóvenes vivos al Ejercito, y este ultimo los presenta como guerrilleros muertos en Combate

Semana. La clave para resolver el misterio de lo que pasó a los 11 muchachos que desaparecieron del sur de Bogotá y que fueron supuestamente muertos en combate en Ocaña, Norte de Santander, puede estar en otros dos casos similares que ya investiga la Fiscalía desde hace unos meses y en los cuales están detenidos los responsables de reclutar a los jóvenes. Los reclutadores, en estos dos casos, han confesado a los fiscales que ellos les entregaron los muchachos a miembros del Ejército y estos, posteriormente, los presentaron como muertos en combate.

El primer caso que encendió las alarmas ocurrió en Barranquilla hace dos años, cuando un hombre que se identificó como informante del Ejército convenció a cuatro muchachos humildes que vivían del rebusque, para que viajaran con él a Córdoba, donde les prometió un buen trabajo. Tres de ellos aparecieron muertos en combate uno o dos días después de que el informante se los entregó a un oficial del Ejército. Un desmovilizado de las autodefensas que había sido contactado por el reclutador, y que después decidió no viajar, denunció lo ocurrido y gracias a su testimonio fue capturado el hombre que había sonsacado a los muchachos, quien confesó que un oficial del Gaula del Ejército, de la Brigada XI de Córdoba, le pagó por llevar a los jóvenes como carne de cañón.

Ese mismo Gaula se vio involucrado el año pasado en un hecho idéntico que encendió las alarmas de las organizaciones internacionales que velan por los derechos humanos, y de la propia vicepresidencia de la República. Entre julio y agosto del año pasado desaparecieron en Toluviejo, Sucre, 11 jóvenes de entre 16 y 22 años, cuatro de los cuales eran desmovilizados de las AUC. En algunos casos los incautos recibieron una propuesta para trabajar en una finca en otro municipio de Sucre; en otros casos se les habló de que harían parte de un grupo de las Águilas Negras. Todos aparecieron como muertos en combates con la Fuerza Tarea Conjunta de Sucre o con el Gaula del Ejército de Córdoba, uno o dos días después de su desaparición, y fueron enterrados como N. N. en los cementerios de Chinú y Sincé. Por estas muertes ya fue capturado Robinson Eustaquio Barbosa, que era el reclutador, y hay detenido un capitán del Ejército, y este lunes se exhumarán los cadáveres para buscar nuevas evidencias que ayuden a esclarecer exactamente qué pasó con estas personas.

A la Fiscalía le preocupa además que hay por lo menos 100 jóvenes más desaparecidos en todo el país, en particular en las zonas donde están operando las bandas emergentes del narcotráfico, como el Eje Cafetero, Antioquia y los Llanos.
Las similitudes entre estos casos y el de los 11 muchachos de Soacha, Bosa y Ciudad Bolívar que murieron en Ocaña preocupan porque las autoridades y los observadores internacionales empiezan a ver tantos elementos comunes, que se descartaría que se trate de casos aislados, y le daría fuerza a la teoría de que se trata de un modo de operar de una red u organización criminal.

¿Cuáles son los elementos comunes? Por un lado, el perfil de las víctimas. Son personas jóvenes que viven en la marginalidad, pero no indigentes ni necesariamente delincuentes. Más bien se trata de muchachos que buscan desesperadamente un ingreso, como los desmovilizados, y que están dispuestos a viajar a donde sea para conseguirlo. En segundo lugar, son reclutados para irse lejos. Nunca les ofrecen trabajar o participar en grupos en su propia región. Esto hace pensar que la intención es que ni ellos conozcan la zona a la que van, ni que allí sean reconocidos. En tercer lugar, a los investigadores judiciales les ha llamado poderosamente la atención que en los supuestos combates no suelen participar grupos grandes, pues los muertos son casi siempre uno o dos muchachos, a los que se les encuentran sobre todo armas cortas. Es decir, si es que se presentó combate, este suele ser desigual y extraña que asociados a estas muertes no se encuentren por ejemplo campamentos u otros elementos de guerra, como sí suele ocurrir cuando las Fuerzas Armadas combaten con la guerrilla. Adicionalmente, resulta por lo menos curioso que cerca del 80 por ciento de las bajas en combate reportadas contra las bandas criminales sean N. N., personas sin identidad, de las que no se conoce exactamente grupo de pertenencia, ni antecedentes, a pesar de que muchos de ellos fueron enterrados con sus documentos. Si se tiene en cuenta que en el último año han muerto 500 miembros de las bandas criminales en combate, la cifra de muertos anónimos es preocupantemente alta.

Por todo lo anterior es que tanto el vicepresidente, Francisco Santos, como el Ministro de Defensa y el Fiscal General han decidido que se cree un grupo elite que aclare lo que está pasando. Javier Fernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha sido enfático: “Esto no se puede tratar como casos aislados porque lo que estamos viendo posiblemente es la actuación de una macabra red criminal”. El llamado de la ONU es a que no sólo se agoten los recursos jurídicos, sino los controles internos dentro de las Fuerzas Armadas para que se descubra si hay miembros de la Fuerza Pública vinculados con esta red, cómo y por qué estarían operando en ella.

Aunque muchos indicios apuntan a que existe esta red criminal de trata de personas, también quedan muchos interrogantes sin resolver. Por ejemplo, quién paga para que los muchachos sean reclutados y trasladados hasta los lugares donde encontrarán la muerte, y por qué a lo largo de los dos últimos años esta modalidad de reclutamiento se ha extendido de una región a otra. No se sabe exactamente qué ganan los militares que presuntamente actúan en ella. ¿Mejorar aparentemente sus resultados operacionales? ¿Dinero? ¿O simplemente es un pacto con verdaderas bandas criminales que siguen actuando impunemente mientras mueren muchachos recogidos al azar?

Hasta ahora hay sospechas, pero no evidencias, de que el caso de los 11 jóvenes del sur de Bogotá haga parte del mismo patrón. Por ahora se está analizando cada caso. SEMANA tuvo acceso a las necropsias y encontró que casi todos los cadáveres recibieron seis o siete impactos de bala, que en la mayoría de los casos se reportó el hallazgo de armas cortas y en dos de ellos se trataba de fusiles. Pero todavía no se puede establecer si hubo o no combate.

El Ejército es sin duda el principal interesado en que estas muertes se aclaren, pues hay un manto de duda tendido sobre varias de sus unidades. Y sobre todo porque, de confirmarse la tesis macabra, el país estaría ante uno de los más aterradores casos de corrupción militar. Por eso lo importante es llegar hasta el fondo y si es que hay una red criminal, de la que participan soldados u oficiales, denunciarla antes de que sean las Fuerzas Armadas las que pierdan la legitimidad que han ganado en las batallas recientes contra las Farc y con los esfuerzos enormes que se han hecho en derechos humanos.

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