Quito, 15 sep (EFE).- El ministro de Defensa y vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, acusó hoy a Colombia de resistirse a informar sobre el acuerdo que alcanzó con EE.UU. para que tropas estadounidenses usen al menos siete bases militares colombianas En un receso de la reunión que mantienen en Quito los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Carrizales dijo a la prensa que "ha habido resistencia de Colombia a dar información" sobre dicho convenio. Según el vicepresidente venezolano, esta resistencia colombiana "genera preocupación sobre las verdaderas cláusulas y sobre la verdad del acuerdo". Ese convenio entre Bogotá y Washington, que ambos aseguran servirá para combatir el terrorismo y el narcotráfico en Colombia, y que no supone una amenaza para los países de la región, ha creado preocupación en varios de sus vecinos. De hecho, el encuentro de hoy del Consejo de Defensa de Unasur se planteó el mes pasado en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado del organismo que se llevó a cabo en Bariloche (Argentina) para analizar este acuerdo y construir confianza en los aspectos militares entre los países miembros. El pacto entre Colombia y Estados Unidos "no lo hemos visto ni completo ni incompleto; no hemos visto ni la letra grande ni la pequeña", insistió Carrizales, lo que, a su juicio, "genera preocupación sobre (...) la verdad de fondo que tiene ese acuerdo". "Hemos planteado que el acuerdo significa un aumento de la capacidad estratégica de EE.UU." en el subcontinente, recordó. "El resto de los países hemos estado de acuerdo en proporcionar toda la información militar a Unasur" porque "el armamentismo (en la región) es un argumento que se quiere poner para contrarrestar esta situación", añadió el ministro venezolano. Colombia solicitó que en esta reunión de Unasur se analice no solo su convenio con Estados Unidos, sino todos los acuerdos militares de los distintos países entre ellos o con otros Estados fuera de la región. En cualquier caso, Carrizales precisó que "el armamento de Venezuela es defensivo y no tiene ningún impedimiento en mostrar toda la información a Unasur". Caracas firmó recientemente acuerdos con Rusia y otros países para proveer a sus Fuerzas Armadas de ingente material militar, como misiles y tanques, mientras que Brasil se dispone a hacer lo mismo con Francia, entre otros proveedores. Por su parte, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, consideró que estos asuntos, en medio de la reunión, "son divergencias propias de los pensamientos de las políticas de defensa que tienen las cancillerías de los países". Por eso, apuntó, los representantes de cada país están trabajando para llegar "a convergencias en los textos". Se refirió a la llamada carrera armamentística y aseguró que "es importante la transparencia en la compra de armamento de los países, y eso supone un salto en la región". El jefe de la diplomacia ecuatoriana, anfitrión del encuentro, Fander Falconí, manifestó que no quería "adelantarse" a los temas en los que existen "disensos en estos momentos" porque se está haciendo un "tratamiento equilibrado" en la reunión. "Hay voluntad de ir acercándonos en mecanismos de transparencia y verificación a través de los temas militares, que haya un procesamiento de la Unasur y que salga fortalecida", dijo Falconí, que afirmó que todos los cancilleres y ministros del bloque se han referido a eso. Colombia dispone de 100 millones de dólares este año y de 150 millones de dólares para el 2010 destinados a reparar a víctimas del conflicto armado interno, aseguró el lunes un alto funcionario luego de haber presentado un informe sobre una matanza paramilitar ocurrida el 2000. 15 septiembre, 2009
Colombia se resiste a informar sobre el acuerdo con EE.UU.
Quito, 15 sep (EFE).- El ministro de Defensa y vicepresidente de Venezuela, Ramón Carrizales, acusó hoy a Colombia de resistirse a informar sobre el acuerdo que alcanzó con EE.UU. para que tropas estadounidenses usen al menos siete bases militares colombianas En un receso de la reunión que mantienen en Quito los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Carrizales dijo a la prensa que "ha habido resistencia de Colombia a dar información" sobre dicho convenio. Según el vicepresidente venezolano, esta resistencia colombiana "genera preocupación sobre las verdaderas cláusulas y sobre la verdad del acuerdo". Ese convenio entre Bogotá y Washington, que ambos aseguran servirá para combatir el terrorismo y el narcotráfico en Colombia, y que no supone una amenaza para los países de la región, ha creado preocupación en varios de sus vecinos. De hecho, el encuentro de hoy del Consejo de Defensa de Unasur se planteó el mes pasado en la cumbre extraordinaria de jefes de Estado del organismo que se llevó a cabo en Bariloche (Argentina) para analizar este acuerdo y construir confianza en los aspectos militares entre los países miembros. El pacto entre Colombia y Estados Unidos "no lo hemos visto ni completo ni incompleto; no hemos visto ni la letra grande ni la pequeña", insistió Carrizales, lo que, a su juicio, "genera preocupación sobre (...) la verdad de fondo que tiene ese acuerdo". "Hemos planteado que el acuerdo significa un aumento de la capacidad estratégica de EE.UU." en el subcontinente, recordó. "El resto de los países hemos estado de acuerdo en proporcionar toda la información militar a Unasur" porque "el armamentismo (en la región) es un argumento que se quiere poner para contrarrestar esta situación", añadió el ministro venezolano. Colombia solicitó que en esta reunión de Unasur se analice no solo su convenio con Estados Unidos, sino todos los acuerdos militares de los distintos países entre ellos o con otros Estados fuera de la región. En cualquier caso, Carrizales precisó que "el armamento de Venezuela es defensivo y no tiene ningún impedimiento en mostrar toda la información a Unasur". Caracas firmó recientemente acuerdos con Rusia y otros países para proveer a sus Fuerzas Armadas de ingente material militar, como misiles y tanques, mientras que Brasil se dispone a hacer lo mismo con Francia, entre otros proveedores. Por su parte, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, consideró que estos asuntos, en medio de la reunión, "son divergencias propias de los pensamientos de las políticas de defensa que tienen las cancillerías de los países". Por eso, apuntó, los representantes de cada país están trabajando para llegar "a convergencias en los textos". Se refirió a la llamada carrera armamentística y aseguró que "es importante la transparencia en la compra de armamento de los países, y eso supone un salto en la región". El jefe de la diplomacia ecuatoriana, anfitrión del encuentro, Fander Falconí, manifestó que no quería "adelantarse" a los temas en los que existen "disensos en estos momentos" porque se está haciendo un "tratamiento equilibrado" en la reunión. "Hay voluntad de ir acercándonos en mecanismos de transparencia y verificación a través de los temas militares, que haya un procesamiento de la Unasur y que salga fortalecida", dijo Falconí, que afirmó que todos los cancilleres y ministros del bloque se han referido a eso. Colombia dispone de 100 millones de dólares este año y de 150 millones de dólares para el 2010 destinados a reparar a víctimas del conflicto armado interno, aseguró el lunes un alto funcionario luego de haber presentado un informe sobre una matanza paramilitar ocurrida el 2000. Defensores de Derechos Humanos exigieron protección, durante su encuentro con la Relatora de Naciones Unidas
Colectivo de abogados jose alvear restrepo. Lunes 14 de septiembre de 2009, por Athemay Sterling. Mientras en Bogotá finalizaba con éxito el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Cali se reunieron el pasado 12 de Septiembre Organizaciones, Abogados y activistas Defensores de los Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano con la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, la Magistrada Ugandesa Margaret Sekaggya, con el objeto de conocer las denuncias y sugerencias de los Defensores de los Derechos Humanos y escuchar a la Delegación de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego que ella se reuniera previamente con las Instituciones del Estado Colombiano, para que posteriormente este Ente Internacional pueda presentar el Informe sobre la grave situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de los DDHH en este país suramericano.
Defensores de derechos humanos | Criminalización de movimientos sociales | Valle del Cauca |
Por la ONU además de la doctora Margaret Sekaggya, participaron el Doctor Daniel Atchebro Coordinador de la OACNUDH, la Doctora Laia Valls, Marta Herrero, Sheila Shermet y Guillaume Pfeifllè, entre otros, y por los Defensores de Derechos Humanos el Doctor Athemay Sterling Director del CPDH-Valle, Marta Arizabaleta de la Ruta Pacìfica de Mujeres, Alberto Bejarano asesor del Senador Alexander López, César Díaz del Observatorio de DH, la Psicóloga Milena Olave del Cpdh, la Abogada Krupscaia Sterling del Grupo Palenque de la Universidad Santiago de Cali, el Jurista Jaime Sànchez de ANDAS, Indígenas desplazados asentados en Cali, representación de Organizaciones Afro de Nariño, Cauca y Valle, la Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes, Ángel Tovar de Sintraemcali, Alex Gue, Marta Ascuntar, Álvaro Sepúlveda, representantes LGTB, de la CUT, Educadores, Asoinca Fecode, sindicales y campesinos de Cauca, Putumayo, Valle y Nariño, estudiantes universitarios, mujeres y viudas, cerca de cien personas, quienes en sendas intervenciones denunciaron los hostigamientos, amenazas, montajes judiciales, atentados, persecuciones, seguimientos, detenciones arbitrarias, destierros y etc que han sufrido por el solo hecho de cumplir los postulados constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
Se exigió que el Estado Colombiano a través de sus Instituciones cumpla lo que ha pactado internacionalmente para respetar el trabajo que las organizaciones y defensores de los Derechos Humanos en Colombia implementan en procura de la solución política al actual conflicto social y armado colombiano. Además se insistió para que cese la criminalización que mediante montajes judiciales impulsan algunos operadores judiciales contra abogados y activistas defensores de los derechos humanos a quienes se les estigmatiza y penaliza arbitrariamente, unas veces, y otras oportunidades asesinándoles, desplazándoles, desapareciéndolos y ejecutándolos extrajudicialmente como fue el caso del abogado santiaguino y defensor de Derechos Humanos Fernando Cruz a quien se le recordó por parte de unos asistentes a este encuentro.
También se instó para que oficiosamente se precluyan las investigaciones y se archiven los procesos donde mediante montajes y falsas imputaciones se penalizan las actuaciones de abogados y activistas defensores de los derechos humanos, pues al decir de los asistentes: “…en Colombia, ser defensor de derechos humanos es un trabajo peligroso e incluso mortal…”
La Delegación de la ONU recibió con suma preocupación estas denuncias y se comprometió a rendir su informe luego de evaluar tanto lo ahí planteado como la versión de los representantes gubernamentales, que fue trasmitida por la Señora Relatora a los ahí presentes, quienes por último indicaron que el solo hecho que la ONU haya enviado la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos a Colombia, es ya una sanción al Estado Colombiano, y también se afirmó que la existencia de una campaña internacional y nacional para defender a los defensores de los derechos humanos es síntoma de la gran catástrofe humanitaria y social que se vive en Colombia.
Defensores de derechos humanos | Criminalización de movimientos sociales | Valle del Cauca |
Por la ONU además de la doctora Margaret Sekaggya, participaron el Doctor Daniel Atchebro Coordinador de la OACNUDH, la Doctora Laia Valls, Marta Herrero, Sheila Shermet y Guillaume Pfeifllè, entre otros, y por los Defensores de Derechos Humanos el Doctor Athemay Sterling Director del CPDH-Valle, Marta Arizabaleta de la Ruta Pacìfica de Mujeres, Alberto Bejarano asesor del Senador Alexander López, César Díaz del Observatorio de DH, la Psicóloga Milena Olave del Cpdh, la Abogada Krupscaia Sterling del Grupo Palenque de la Universidad Santiago de Cali, el Jurista Jaime Sànchez de ANDAS, Indígenas desplazados asentados en Cali, representación de Organizaciones Afro de Nariño, Cauca y Valle, la Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes, Ángel Tovar de Sintraemcali, Alex Gue, Marta Ascuntar, Álvaro Sepúlveda, representantes LGTB, de la CUT, Educadores, Asoinca Fecode, sindicales y campesinos de Cauca, Putumayo, Valle y Nariño, estudiantes universitarios, mujeres y viudas, cerca de cien personas, quienes en sendas intervenciones denunciaron los hostigamientos, amenazas, montajes judiciales, atentados, persecuciones, seguimientos, detenciones arbitrarias, destierros y etc que han sufrido por el solo hecho de cumplir los postulados constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
Se exigió que el Estado Colombiano a través de sus Instituciones cumpla lo que ha pactado internacionalmente para respetar el trabajo que las organizaciones y defensores de los Derechos Humanos en Colombia implementan en procura de la solución política al actual conflicto social y armado colombiano. Además se insistió para que cese la criminalización que mediante montajes judiciales impulsan algunos operadores judiciales contra abogados y activistas defensores de los derechos humanos a quienes se les estigmatiza y penaliza arbitrariamente, unas veces, y otras oportunidades asesinándoles, desplazándoles, desapareciéndolos y ejecutándolos extrajudicialmente como fue el caso del abogado santiaguino y defensor de Derechos Humanos Fernando Cruz a quien se le recordó por parte de unos asistentes a este encuentro.
También se instó para que oficiosamente se precluyan las investigaciones y se archiven los procesos donde mediante montajes y falsas imputaciones se penalizan las actuaciones de abogados y activistas defensores de los derechos humanos, pues al decir de los asistentes: “…en Colombia, ser defensor de derechos humanos es un trabajo peligroso e incluso mortal…”
La Delegación de la ONU recibió con suma preocupación estas denuncias y se comprometió a rendir su informe luego de evaluar tanto lo ahí planteado como la versión de los representantes gubernamentales, que fue trasmitida por la Señora Relatora a los ahí presentes, quienes por último indicaron que el solo hecho que la ONU haya enviado la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos a Colombia, es ya una sanción al Estado Colombiano, y también se afirmó que la existencia de una campaña internacional y nacional para defender a los defensores de los derechos humanos es síntoma de la gran catástrofe humanitaria y social que se vive en Colombia.
Defensores de Derechos Humanos exigieron protección, durante su encuentro con la Relatora de Naciones Unidas
Colectivo de abogados jose alvea rrestrepo.
Lunes 14 de septiembre de 2009, por Athemay Sterling
Mientras en Bogotá finalizaba con éxito el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Cali se reunieron el pasado 12 de Septiembre Organizaciones, Abogados y activistas Defensores de los Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano con la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, la Magistrada Ugandesa Margaret Sekaggya, con el objeto de conocer las denuncias y sugerencias de los Defensores de los Derechos Humanos y escuchar a la Delegación de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego que ella se reuniera previamente con las Instituciones del Estado Colombiano, para que posteriormente este Ente Internacional pueda presentar el Informe sobre la grave situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de los DDHH en este país suramericano.
Defensores de derechos humanos | Criminalización de movimientos sociales | Valle del Cauca |
Por la ONU además de la doctora Margaret Sekaggya, participaron el Doctor Daniel Atchebro Coordinador de la OACNUDH, la Doctora Laia Valls, Marta Herrero, Sheila Shermet y Guillaume Pfeifllè, entre otros, y por los Defensores de Derechos Humanos el Doctor Athemay Sterling Director del CPDH-Valle, Marta Arizabaleta de la Ruta Pacìfica de Mujeres, Alberto Bejarano asesor del Senador Alexander López, César Díaz del Observatorio de DH, la Psicóloga Milena Olave del Cpdh, la Abogada Krupscaia Sterling del Grupo Palenque de la Universidad Santiago de Cali, el Jurista Jaime Sànchez de ANDAS, Indígenas desplazados asentados en Cali, representación de Organizaciones Afro de Nariño, Cauca y Valle, la Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes, Ángel Tovar de Sintraemcali, Alex Gue, Marta Ascuntar, Álvaro Sepúlveda, representantes LGTB, de la CUT, Educadores, Asoinca Fecode, sindicales y campesinos de Cauca, Putumayo, Valle y Nariño, estudiantes universitarios, mujeres y viudas, cerca de cien personas, quienes en sendas intervenciones denunciaron los hostigamientos, amenazas, montajes judiciales, atentados, persecuciones, seguimientos, detenciones arbitrarias, destierros y etc que han sufrido por el solo hecho de cumplir los postulados constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
Se exigió que el Estado Colombiano a través de sus Instituciones cumpla lo que ha pactado internacionalmente para respetar el trabajo que las organizaciones y defensores de los Derechos Humanos en Colombia implementan en procura de la solución política al actual conflicto social y armado colombiano. Además se insistió para que cese la criminalización que mediante montajes judiciales impulsan algunos operadores judiciales contra abogados y activistas defensores de los derechos humanos a quienes se les estigmatiza y penaliza arbitrariamente, unas veces, y otras oportunidades asesinándoles, desplazándoles, desapareciéndolos y ejecutándolos extrajudicialmente como fue el caso del abogado santiaguino y defensor de Derechos Humanos Fernando Cruz a quien se le recordó por parte de unos asistentes a este encuentro.
También se instó para que oficiosamente se precluyan las investigaciones y se archiven los procesos donde mediante montajes y falsas imputaciones se penalizan las actuaciones de abogados y activistas defensores de los derechos humanos, pues al decir de los asistentes: “…en Colombia, ser defensor de derechos humanos es un trabajo peligroso e incluso mortal…”
La Delegación de la ONU recibió con suma preocupación estas denuncias y se comprometió a rendir su informe luego de evaluar tanto lo ahí planteado como la versión de los representantes gubernamentales, que fue trasmitida por la Señora Relatora a los ahí presentes, quienes por último indicaron que el solo hecho que la ONU haya enviado la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos a Colombia, es ya una sanción al Estado Colombiano, y también se afirmó que la existencia de una campaña internacional y nacional para defender a los defensores de los derechos humanos es síntoma de la gran catástrofe humanitaria y social que se vive en Colombia.
Lunes 14 de septiembre de 2009, por Athemay Sterling
Mientras en Bogotá finalizaba con éxito el XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz, en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Cali se reunieron el pasado 12 de Septiembre Organizaciones, Abogados y activistas Defensores de los Derechos Humanos del Sur Occidente Colombiano con la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, la Magistrada Ugandesa Margaret Sekaggya, con el objeto de conocer las denuncias y sugerencias de los Defensores de los Derechos Humanos y escuchar a la Delegación de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego que ella se reuniera previamente con las Instituciones del Estado Colombiano, para que posteriormente este Ente Internacional pueda presentar el Informe sobre la grave situación que afrontan las personas y organizaciones defensoras de los DDHH en este país suramericano.
Defensores de derechos humanos | Criminalización de movimientos sociales | Valle del Cauca |
Por la ONU además de la doctora Margaret Sekaggya, participaron el Doctor Daniel Atchebro Coordinador de la OACNUDH, la Doctora Laia Valls, Marta Herrero, Sheila Shermet y Guillaume Pfeifllè, entre otros, y por los Defensores de Derechos Humanos el Doctor Athemay Sterling Director del CPDH-Valle, Marta Arizabaleta de la Ruta Pacìfica de Mujeres, Alberto Bejarano asesor del Senador Alexander López, César Díaz del Observatorio de DH, la Psicóloga Milena Olave del Cpdh, la Abogada Krupscaia Sterling del Grupo Palenque de la Universidad Santiago de Cali, el Jurista Jaime Sànchez de ANDAS, Indígenas desplazados asentados en Cali, representación de Organizaciones Afro de Nariño, Cauca y Valle, la Red de Derechos Humanos Isaías Cifuentes, Ángel Tovar de Sintraemcali, Alex Gue, Marta Ascuntar, Álvaro Sepúlveda, representantes LGTB, de la CUT, Educadores, Asoinca Fecode, sindicales y campesinos de Cauca, Putumayo, Valle y Nariño, estudiantes universitarios, mujeres y viudas, cerca de cien personas, quienes en sendas intervenciones denunciaron los hostigamientos, amenazas, montajes judiciales, atentados, persecuciones, seguimientos, detenciones arbitrarias, destierros y etc que han sufrido por el solo hecho de cumplir los postulados constitucionales de la defensa de los derechos humanos.
Se exigió que el Estado Colombiano a través de sus Instituciones cumpla lo que ha pactado internacionalmente para respetar el trabajo que las organizaciones y defensores de los Derechos Humanos en Colombia implementan en procura de la solución política al actual conflicto social y armado colombiano. Además se insistió para que cese la criminalización que mediante montajes judiciales impulsan algunos operadores judiciales contra abogados y activistas defensores de los derechos humanos a quienes se les estigmatiza y penaliza arbitrariamente, unas veces, y otras oportunidades asesinándoles, desplazándoles, desapareciéndolos y ejecutándolos extrajudicialmente como fue el caso del abogado santiaguino y defensor de Derechos Humanos Fernando Cruz a quien se le recordó por parte de unos asistentes a este encuentro.
También se instó para que oficiosamente se precluyan las investigaciones y se archiven los procesos donde mediante montajes y falsas imputaciones se penalizan las actuaciones de abogados y activistas defensores de los derechos humanos, pues al decir de los asistentes: “…en Colombia, ser defensor de derechos humanos es un trabajo peligroso e incluso mortal…”
La Delegación de la ONU recibió con suma preocupación estas denuncias y se comprometió a rendir su informe luego de evaluar tanto lo ahí planteado como la versión de los representantes gubernamentales, que fue trasmitida por la Señora Relatora a los ahí presentes, quienes por último indicaron que el solo hecho que la ONU haya enviado la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos a Colombia, es ya una sanción al Estado Colombiano, y también se afirmó que la existencia de una campaña internacional y nacional para defender a los defensores de los derechos humanos es síntoma de la gran catástrofe humanitaria y social que se vive en Colombia.
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