Al menos 120 denuncias sobre maltrato a las mujeres por parte de su pareja se presentan cada día en Colombia ante las autoridades de medicina forense,

Bogotá, 24 nov (EFE).- Al menos 120 denuncias sobre maltrato a las mujeres por parte de su pareja se presentan cada día en Colombia ante las autoridades de medicina forense, denunciaron hoy organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La cifra, que es inferior a la real por el miedo de las víctimas a denunciar, se presentó en Bogotá con motivo del lanzamiento de un el programa contra la violencia de género con motivo del Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, que se celebra mañana.

Entretanto, en el país se presentan cada dos horas tres casos de violencia sexual y el 60 por ciento de las víctimas son niñas o adolescentes de alrededor de 14 años de edad, añadieron.

Este programa contra la violencia de género presentado hoy apunta a cumplir uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Fue presentado por Oficina Técnica de Cooperación (AECID) de la Embajada de España en Colombia, la Consejería Presidencial de este país para la Mujer, de Colombia; y las dependencias del sistema de la ONU.

El coordinador de este sistema en Bogotá, Bruno Moro, dijo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha invertido siete millones de dólares en programas de esta naturaleza en Colombia.

Por su lado, el delegado de AECID en Colombia, Fernando Rey, explicó que "este programa responde al compromiso que tiene la Cooperación Española de luchar contra toda violencia de género a nivel mundial y hace parte del Fondo para cumplir los ODM".

Agregó que el plan está dirigido a lograr uno de los ocho ODM, un conjunto de metas a cumplir en 2015 en materia de reducción de la pobreza, educación, salud materna, salud sexual y reproductiva, reducción de la mortalidad infantil; combate al VIH/sida, malaria y dengue; y sostenibilidad del ambiente y equidad de género.

Rey reconoció los "esfuerzos" de las autoridades y organizaciones sociales colombianas para prevenir y combatir la violencia de género, que "tiene altos costos sociales y económicos".

El plan busca contribuir a la prevención, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres colombianas, promover su desarrollo y dar atención a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, afrocolombianas e indígenas.

El programa presentado hoy desarrollará en un comienzo proyectos piloto en las ciudades colombianas de Pasto, Buenaventura y Cartagena, y en los resguardos indígenas de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda).

La consejera presidencial de Colombia para la Equidad de la Mujer, Martha Lucía Vásquez, manifestó que el problema de violencia hacia la mujer se debe a "diversos patrones históricos enraizados en nuestra sociedad" y advirtió de que "el problema es complejo y de difícil solución".

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En Medellin buscan 150 cadaveres desechados como Basura

Semana. La macabra peregrinación hacia La Escombrera comenzaba en las horas del amanecer cuando muchos se despertaban para ir a sus trabajos. Desde las ventanas de barrios como El Salado, Antonio Nariño o el 20 de Julio, distantes unos 20 minutos del centro de Medellín, la gente veía cómo los 'paras' sacaban a las personas, les amarraban las muñecas y los hacían caminar hacia ese terreno en el cual los camiones acostumbran a depositar escombros.

"A muchos les tapaban la cabeza con trapos", cuenta una mujer que perdió a uno de sus hijos en la famosa guerra de la Comuna 13 de Medellín. Una vez llegaban a la parte alta de la montaña los asesinaban, abrían un hueco y allí los arrojaban. Entre tanta basura, tierra y arena era difícil que alguien se diera cuenta del lugar exacto donde eran enterrados. Además, salvo por los paramilitares, nadie se atrevía a subir hasta La Escombrera.
Aun hoy la gente ha hecho de la zona un lugar vetado por el miedo. "A veces nos atrevíamos a preguntarles a esos hombres que qué habían hecho con tal persona, y ellos nos decían que no buscáramos ni preguntáramos más porque ya estaba bien picadito en el basurero", recuerda una vecina a quien los paramilitares le desaparecieron un hijo en 2004.
Ese sitio se convertirá en los próximos días en protagonista de la mayor excavación hecha hasta ahora por la Fiscalía desde que comenzó a desenterrar los muertos de la violencia de los últimos 20 años en Colombia. También tendrá un significado especial por tratarse de la primera exhumación masiva en una de las grandes ciudades del país.
El propio Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', jefe máximo del Bloque Cacique Nutibara que operaba en la zona en la época de las desapariciones, declaró que en la Comuna 13, incluida La Escombrera, habría más de 100 fosas comunes. Y la Oficina de Derechos Humanos de la Personería de Medellín habla de 150 cuerpos bajo los escombros.

Desde 1999 la guerrilla dominaba sectores de esa comuna, que hace parte del corredor estratégico de la costa Caribe hacia el centro del país. Los paramilitares llegaron tiempo después a pelear ese territorio. La guerra llegó a tal punto que ni siquiera Medicina Legal podía entrar a retirar los muertos. Por eso, dos meses después de que Álvaro Uribe asumió la Presidencia en octubre de 2002, se llevó a cabo una operación militar de dimensiones nunca vistas en una ciudad.
"La guerra comenzó en la madrugada de un miércoles mientras todos dormíamos -recuerda una habitante del barrio Las Independencias II, refiriéndose a la Operación Orión-. Mi hijo se levantó asustado y me dijo que tres hombres estaban armados en el techo de la casa, y como los 'paras' se mantenían por ahí todos los días no le hice caso y me volví a dormir". Diez minutos después, su familia y el resto de los 100.000 habitantes de la Comuna tuvieron que resguardarse como pudieron. Una vecina, Clara Peña, cuenta que durante los tres días que duró la intervención militar no pudo salir de su casa. Su microempresa de arepas, que funcionaba en su hogar, agotó las existencias porque fue lo único que pudieron comer su familia y los vecinos. Salir significaba la muerte.
Fueron tres noches de terror en las laderas del occidente de Medellín. Los helicópteros negros, las tanquetas y los miles de hombres con artillería sofisticada, que antes la gente sólo había visto en televisión, se hicieron realidad.

Al tercer día las balaceras cedieron y los helicópteros dejaron de patrullar. Los habitantes de los 23 barrios de la Comuna se atrevieron a salir y encontraron en las calles empinadas centenares de policías y militares patrullando. Varias familias acudieron hasta los comandos para preguntar por sus hijos que habían sido capturados en esos días. En total 450 personas fueron conducidas a instalaciones policiales y militares. De esa cifra sólo a 82 se les impuso medida de aseguramiento y, transcurridos seis años de la Operación, aún no se ha dictado un fallo.
Al frente de la Operación estuvo el general Mario Montoya, en ese entonces comandante de la IV Brigada y quien en las semanas siguientes se dedicó a aclarar ante los medios que el objetivo de Orión era darle punto final a la violencia que desde hacía tres años tenía en jaque a los habitantes de la 13.

Varios paramilitares desmovilizados han contado a la Fiscalía que después de la Operación Orión las AUC se tomaron esos barrios. Uno de ellos narró la supuesta connivencia con la Fuerza Pública durante la Operación: "La entrada a la Comuna 13 se hizo aprovechando la Operación Orión. Recibimos ayuda de todas las autoridades. La orden que dieron fue acabar con las milicias y quedarnos en la zona. Para ser sinceros, toda la Policía nos ayudó. No sé si por miedo, pero trabajamos en conjunto". Así pues, según testimonios recopilados por SEMANA, en La Escombrera y en La Arenera (un sitio aledaño) estarían enterrados buena parte de los desaparecidos que dejó la incursión paramilitar en los días posteriores a Orión.

El libro Dinámicas de guerra y construcción de paz: el caso de la comuna trece de Medellín, elaborado por el Grupo Interdisciplinario sobre Conflicto y Violencia de la Universidad de Antioquia, también da cuenta por medio de testimonios de la gente no sólo de esta connivencia macabra sino de la difícil situación en la que quedaron los barrios después de la Operación.

Y hace 10 días, en medio de una vigilia humanitaria para recordar a las víctimas, varias personas de la Comuna a quienes les desaparecieron familiares durante y después de la Operación, exigieron su derecho a exhumar a sus seres queridos que siguen enterrados en La Escombrera.

En los últimos seis años se tienen registrados 70 casos de desapariciones forzadas y 30 asesinatos de líderes reconocidos de la Comuna. Esto sin contar con la cantidad de muertos que hubo los días posteriores a la intervención militar.

Otra mujer le relató a SEMANA parte del horror que se vivió en La 13, incluso años después de Orión: "En mi casa teníamos que dormir con el machete bajo la almohada. Yo les prometí a mis hijos que no iba a dejar que se los llevaran y los mataran". En marzo de 2006 un hombre que se identificó como de las autodefensas entró hasta la sala y le arrebató a un hijo de 12 años. Ella logró soltarlo y empujar al hombre hasta sacarlo. "Duramos una semana encerrados todos en la casa -cuenta- y esos hombres gritándome desde la azotea: 'Tonces qué gonorrea, ¿ya ahorró pa'l cajón'".

Hoy ella vive en otro barrio y su casa en La 13 fue saqueada por las autodefensas. En el barrio cuentan que allí vive un pastor evangélico que alega ser el dueño. Los familiares de las víctimas y algunas ONG de la ciudad han propuesto hacer de este lugar un símbolo nacional de los desaparecidos: "Sé que es posible que a mi hijo no lo encuentren... eso es muy grande y le están echando escombros desde hace muchos años. Pero lo importante es ver que esa plata de la Alcaldía sí está sirviendo para algo... por lo menos que empiecen a reconocer nuestro derecho a exhumar a nuestros muertos", dijo Bertha Yepes, quien tiene a su hijo desaparecido desde 2004.

Gustavo Duque, director del equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, dijo a SEMANA que gracias a un acuerdo firmado la semana pasada entre ellos y la Alcaldía no sólo harán que se suspenda el transprte de desechos a La Escombrera sino que se contratarán equipos de tecnología avanzada de la Escuela de Minas de la Universidad Nacional para excavar toneladas de basura en el depósito ilegal.
El mismo Duque ha advertido que el proceso de excavación y exhumación puede durar muchos meses, "será como buscar agujas".

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(UNWRA), arremetió hoy contra la comunidad internacional por su pasividad ante la "trágica situación humanitaria" en la Franja de Gaza

Abu Dhabi, 24 nov (EFE).- Peter Ford, representante del Comisario General de la Agencia de la ONU de Ayuda a los Refugiados Palestinos (UNWRA), arremetió hoy contra la comunidad internacional por su pasividad ante la "trágica situación humanitaria" en la Franja de Gaza.
La comunidad internacional y potencias como EEUU y los países de la Unión Europea "no están haciendo lo suficiente", aseguró Ford en declaraciones a Efe en una conferencia de la ONU en esta capital para analizar la ayuda humanitaria internacional.

Ford hizo un llamamiento a EEUU, la UE, Egipto y otros miembros de la comunidad internacional para que ejerzan presión sobre Israel con el fin de que "levante el bloqueo sobre la Franja de Gaza, abra los accesos a este territorio y deje de infringir las leyes internacionales".

"Los almacenes de la UNWRA en Gaza están vacíos debido al bloqueo y los ciudadanos de este territorio se ven obligados a usar harinas de uso animal para hacer pan", explicó Ford.

Según el representante, la agencia de la ONU ha establecido contactos con todas las partes implicadas, aunque el "directo responsable" de que las condiciones de vida mejoren en la franja es el Gobierno israelí.

Asimismo, Ford considera que la desastrosa situación humanitaria en Gaza puede llevar a los milicianos a lanzar más ataques contra Israel en un intento de presionar a este país.

Israel mantiene cerrada la Franja de Gaza desde que el movimiento islamista Hamás se hiciera con el control de este territorio palestino, en junio de 2007, y no permite la entrada y salida ni de personas ni de bienes.

Actualmente, los productos de primera necesidad están escaseando en la Franja debido al cierre total de los pasos fronterizos desde principios de noviembre, después de que milicianos palestinos lanzaran cohetes contra Israel en represalia por una incursión del Ejército hebreo en Gaza.

Hoy, por primera vez en 20 días, Israel ha permitido la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, donde viven un millón y medio de personas.

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Víctor Abramovich, aseguró que el proyecto de reparación a las víctimas del conflicto es una "mala ley que no resuelve el problema".

Bogotá, 23 nov (EFE).- El relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Víctor Abramovich, aseguró que el proyecto de reparación a las víctimas del conflicto es una "mala ley que no resuelve el problema".


Abramovich aseguró en entrevista que hoy publica el diario El Tiempo que si se aprueba tal como está esa ley de víctimas tendría "serios problemas", porque es discriminatoria respecto a las víctimas de agentes del Estado.

"Es un retroceso frente a la vía judicial, que ahora permite la reparación integral y no impone tope, y no se ajusta a los estándares internacionales. Podría ser impugnada ante instancias internacionales", dijo.

Abramovich, de visita en Bogotá al frente de una misión de la CIDH para comprobar que el Gobierno cumpla con la protección a algunas comunidades del noroeste de Colombia, indicó que el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, se comprometió en apoyar una revisión de ese proyecto.

Las palabras de Abramovich coincidieron con las del coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro, que advirtió al Gobierno de Colombia que los "derechos humanos no se negocian" y lo instó a modificar el proyecto de ley de reparación a las víctimas del conflicto.

En una entrevista con ese mismo matutino, indicó que "lamentablemente" hay situaciones en las que los agentes del Estado han sido victimarios en forma amplia y por eso se debe también buscar la reparación de esas víctimas.

Esa iniciativa, que inició el opositor Partido Liberal pero la bancada oficialista modificó en su agenda legislativa, se encuentra en el último debate en el Congreso y es rechazada por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que la tachan de "discriminatoria" por exigir mayores requisitos a los familiares de víctimas de agentes del Estado.

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