Organismos sudafricanos solicitan a la ACNUR, se investigue a su personal en dicho país

LONDRES, 13 (EUROPA PRESS) - Organizaciones civiles sudafricanas han solicitado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que lleve a cabo una investigación acerca de la actuación de su personal durante los hechos de violencia xenófoba que sacudieron el país el pasado mayo.
Estas agrupaciones acusan a ACNUR de fallar en su responsabilidad de defender a los más vulnerables, informa la BBC. Un total de 62 personas murieron en los brutales ataques contra extranjeros y aproximadamente 100.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares y muchas tuvieron que alojarse en campamentos de refugiados.

Pero las organizaciones civiles denunciaron que el personal de la ONU presente en estos campos, levantados por el Gobierno con la ayuda de ACNUR y ONG locales, trataron a los desplazados con "enorme desprecio y falta de respeto".

Varias de las ONG que trabajaron en los campamentos son las que criticaron hoy el trabajo de ACNUR, en un documento que ha sido firmado por 14 organizaciones sudafricanas entre las que se incluyen Black Sash, Campaña de Acción de Tratamiento (TAC, por sus siglas en inglés), la federación sudafricana de comercio, Cosatu y el Consejo Africano de Iglesias.

Según estas organizaciones, el personal de ACNUR trató a los desplazados internos de forma que "podría contribuir a la xenofobia" y a veces se mostraban "groseros". Además, acusan a la agencia de los refugiados de la ONU de no intervenir para detener al Gobierno sudafricano en su intención de enviar de vuelta a los refugiados zimbabuenses.

Fatima Hasan, la abogada que ha supervisado la redacción de la queja, explicó a la BBC que mucha gente que huyó de Zimbabue no ha tenido posibilidad de registrarse como refugiada. "La postura de ACNUR ha sido siempre la de reconocerles como emigrantes económicos en su defensa ante nuestro Gobierno", subrayó.

Según la abogada, ACNUR nunca se ha referido a los inmigrantes zimbabuenses como refugiados y nunca ha cumplido su mandato con respecto a los refugiados y desplazados bajo el Derecho internacional.

Una investigación interna realizada por otra agencia de Naciones Unidas, a la que ha tenido acceso la BBC, hace unas observaciones muy similares y pide que la conformación de una "comisión de investigación sobre los fallos de ACNUR" que se lleve a cabo en un "foro público".

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El Tiempo.
Información del Ejército dice que en enfrentamientos entre tropas de la Fuerza Tarea Conjunta Darién "dos integrantes del grupo al servicio del narcotráfico 'Los Machos' fueron dados de baja".

Según esa misma información, las acciones tuvieron lugar el 24 de julio del 2006 en las regiones de Guala Baja y La Hondura, en el municipio de El Dovio, en el norte del Valle del Cauca.

Uno de los integrantes de 'Los Machos' fue identificado como Gustavo de Jesús Zuleta Cano, de 26 años, en tanto que otro permanecía para su identificación en la morgue municipal".

La Procuraduría General de la Nación determinó -después de investigaciones a partir de las denuncias de los familiares de Zuleta Cano- que este se encontraba "en estado de indefensión, ajeno al conflicto armado y como tal debería ser considerado como persona protegida".

Por esa razón, el Ministerio Público elevó pliego de cargos contra un oficial, dos suboficiales y dos soldados que hacían parte del primer pelotón de la compañía Dragón del Batallón de contraguerrilla 94, perteneciente a la Brigada Móvil 14 del ejército Nacional, que en esa fecha realizó las operaciones en la vereda Hondura, del municipio de El Dovio, al norte del Valle del Cauca.

Según el organismo, Zuleta Cano era un campesino al que después de darle muerte fue presentado como el resultado de un combate contra "Los Machos", organización ilegal armada al servicio de la seguridad de Diego León Montoya Sánchez, alias 'Don Diego'.

"Gustavo de Jesús Zuleta Cano no era ningún bandolero, como lo quisieron mostrar, sino un campesino con actividades agropecuarias reconocidas en el corregimiento de Puerto Nuevo, del municipio de Versalles, situación que lo obligaba a trasladarse todos los días en un transporte de servicio público, de la vereda la Pradera a su lugar de trabajo, vehículo del cual fue bajado en un retén por algunos miembros del Ejército".

Al elevar el pliego de cargos contra el Capitán Carlos Onofre Báenz Suárez, el Subteniente Iván Giovanni Pachón Jiménez, el Cabo Tercero Werley Vidal Díaz y los soldados profesionales Guillermo Sandoval Rojas y Luís Andrés Rendón la Procuraduría General de la República reprochó a los servidores investigados "que bajo el argumento de encontrarse en un estado de legítima defensa repeliendo un ataque, procedieron a disparar sus armas de dotación oficial contra un ciudadano que se encontraba en estado de indefensión, causando su muerte, incurriendo en una infracción al Derecho Internacional Humanitario".

Así mismo, estimó la Procuraduría que estos integrantes del Ejército "Desbordaron la función pública asignada, pues desviaron la actividad legítima del Estado y ejecutaron una conducta que trascendió al misión constitucional de la fuerza pública, como es la protección a la vida e integridad de las personas, cometiendo un acto ajeno al servicio constitutivo de una violación gravísima de los derechos humanos".

Finalmente, consideró la Procuraduría General de la Nación que los militares pudieron haber incurrido en una violación a los derechos humanos por el homicidio del señor Zuleta Cano, incurriendo en una falta disciplinaria considerada como gravísima de acuerdo con el código disciplinario.

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