Mas de 1.800 personas fueron Asesinados Extrajudicialmente en Colombia

EFE- Las personas que son investigadas por ejecuciones extrajudiciales en Colombia aumentaron un 48 por ciento, al pasar de 753 procesados al 1 de julio de 2008 a 1.116 hasta ese mismo día de este año, según un informe de la Fiscalía entregado hoy a Efe.

Los investigados por las ejecuciones extrajudiciales en Colombia aumentan un 48%
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía señala en su más reciente reporte que durante los últimos 12 meses ha aumentado de manera significativa el número de integrantes de las Fuerzas Armadas y de civiles que son investigados por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.

El reporte indica que los civiles que son investigados "reclutaron" con engaños a jóvenes desempleados y, con promesas de un mejor futuro, los sacaron de sus regiones y los entregaron a los militares para que los ejecutaran y presentaran como rebeldes abatidos.

En el informe están incluidos los investigados por los llamados "falsos positivos", como se conoce en Colombia a los civiles que son ejecutados por las Fuerzas Armadas y presentados como guerrilleros muertos en combate.

A esa unidad de la Fiscalía le han sido asignados 1.160 casos de ejecuciones que al parecer fueron cometidas por miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Fueron asesinadas de esa forma 1.881 personas: 1.710 hombres, 113 mujeres y 58 menores.

Un total de 91 militares y policías han sido condenados hasta el momento por estar vinculados con ejecuciones extrajudiciales, de los que 19 aceptaron su responsabilidad y siete fueron absueltos.

La Fiscalía reseña en su reporte que se han emitido 350 órdenes de captura y 522 personas han sido "afectadas con medida de aseguramiento".

Los departamentos en los que más militares y policías han sido investigados son Antioquia (noroeste), con 339 casos; Meta (sur), con 123; Norte de Santander (noreste), con 73; César (norte), con 54; y Casanare (este), con 57.

Entre los oficiales vinculados a procesos por ejecuciones hay 15 coroneles, 17 mayores, 40 capitanes, 50 tenientes y 36 subtenientes.

El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, visitó Colombia en junio pasado y en su informe señaló que los asesinatos de varios jóvenes civiles por parte de las fuerzas de seguridad es la evidencia de que han sido una "práctica sistemática".

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Ejecuciones en Colombia son una práctica sistemática : Relator de ONU

AP Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de una barriada de Bogotá fueron una matanza "flagrante y obscena" que apenas revela la punta del iceberg de una "práctica sistemática", afirmó el jueves un demoledor informe preliminar del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias.

El australiano Philip Alston dijo que dentro de cuatro a cinco meses presentará su informe final, con las conclusiones y recomendaciones al gobierno del presidente Alvaro Uribe, tras realizar una visita a Colombia del 8 al 18 de junio por invitación de las autoridades de Bogotá.

"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg", dijo Alston al presentar partes de sus observaciones preliminares sobre ejecuciones en Colombia.

Creo, agregó Alston en una conferencia de prensa en una sede local de Naciones Unidas, que el problema de las más recientes ejecuciones extrajudiciales denunciadas son el "resultado de una práctica sistemática dentro de los militares".

Las fuerzas armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, y después sus cadáveres fueron localizados en fosas comunes del noroeste del país como rebeldes muertos en combate con tropas del ejército.

El escándalo cobró la cabeza de una veintena de oficiales y suboficiales del ejército, entre ellos tres generales, destituidos por Uribe a fines de octubre del 2008. El entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, renunció al cargo poco después de la mayor purga en las filas militares en años.

El gobierno de Uribe ha dicho que los casos de Soacha fueron productos de algunas "manzanas podridas" en las fuerzas militares y aseguró incluso que algunas de las víctimas eran ciertamente rebeldes. Alston, sin embargo, dijo en la jornada que aparte de "las afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido".

Por el caso de Soacha al menos dos coroneles, pasados a retiro en la purga de octubre, así como medio centenar de suboficiales y soldados profesionales, están detenidos y acusados por secuestro, desaparición forzada y homicidio agravado, según datos de la Fiscalía General que les investigó.

La Fiscalía lleva en total al menos 1.056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1.708 personas, incluyendo las víctimas de Soacha, en ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.

El relator Alston no ofreció cifras y sólo dijo que por los datos que le había suministrado el Ministerio de Defensa se habría reportado una reducción en el número de ejecuciones en los últimos nueve meses.

Alston dijo además que aún esperaba una respuesta oficial a su pedido de saber exactamente si estaban o no en vigencia órdenes internas del Ministerio de Defensa en torno al pago de incentivos en dinero, recompensas o el otorgamiento de días libres para militares que dieran "resultados positivos" en operaciones contra la insurgencia.

"Sí considero que algunos (militares) fueron motivados" a actuar o cometer esos asesinatos debido a esos beneficios ofrecidos, dijo el relator al ser consultado sobre qué rol han jugado esos beneficios en los casos de ejecuciones.

Alston dijo que no tenía utilidad comparar la situación de Colombia con los de otros países sobre si la situación era más grave aquí o en otras regiones. "Lo que pasa en Colombia, pasa en otros países", indicó Alston al preguntársele sobre cómo comparaba la gravedad de los hechos de Soacha con otros que conociera.

El relator admitió que a muchos opositores de Uribe no les gustaría su posición en torno a que carecía hasta ahora de "pruebas que indiquen que estas ejecuciones (de Soacha) se llevaron a cabo como política oficial del gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa".

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"Falsos Positivos llenan de vergüenza y horror a Colombia"

Bogotá, 5 jun (EFE).- Las ejecuciones extrajudiciales de colombianos que han sido presentados como rebeldes muertos en combate son hechos que llenan de vergüenza y de horror, admitió hoy en Bogotá el ministro interino de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León.
El oficial reconoció durante una ceremonia de ascenso de 21 oficiales del Ejército y la Armada que las fuerzas de seguridad de su país han tenido "problemas, incluyendo algunos graves".
"Enfrentamos las consecuencias de casos que jamás hubiéramos imaginado posibles, como los registrados en (la población de) Soacha el año pasado", agregó Padilla de León, al aludir a los hechos que desataron en Colombia el escándalo de los "falsos positivos".
Ese fue el nombre que se dio en el país a los casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las Fuerzas Militares para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios, como días de descanso.

El escándalo surgió luego de que familiares de una docena de jóvenes que habían sido dados como desaparecidos en Soacha, población vecina a Bogotá, hallaron sus cadáveres en fosas del noreste colombiano.

Las víctimas habían sido reportadas como guerrilleros muertos en combate y recibieron sepultura como personas no identificadas.

Más de 1.660 casos de este tipo son investigados por la Fiscalía General, que ha procesado y detenido hasta ahora a unos 436 militares.

El comandante de las Fuerzas Militares reconoció que es la Justicia la que deberá determinar y probar "qué sucedió", tarea en la que, dijo, las instituciones castrenses mantendrán el apoyo necesario para el avance de las investigaciones.

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Condenan a 28 años de prisión a militares por bajas fuera de combate

El Tiempo. Los afectados son dos oficiales y cuatro soldados profesionales que fueron hallados responsables de homicidio agravado.

El caso es del 2006 y, se desprende de reportes de la Fiscalía, tiene similitudes con el caso de los militares procesados por el tema de los falsos positivos de Soacha. Reclutamiento de jóvenes de bajos recursos a los que trasladaron a zonas rurales para convertirse en 'bajas' del Ejército.

Los condenados son el mayor Óscar Alberto Acuña, el capitán Álvaro Camargo Camargo, y los soldados profesionales Federmán Cura Jaramillo, Ángel Manuel Jiménez Oviedo, Luis Alfredo Calume Salgado y Fabio Arturo Medina Torreglosa, pertenecientes al Gaula de Montería.

La investigación de la fiscal de Derechos Humanos y DIH a cargo del proceso señala que el 5 de marzo de 2006, los jóvenes Daladier Herrera Osorio y Omar Alfredo Osorio Almanza fueron llevados desde Caucasia (Antioquia) a Montería con la promesa de trabajar en fincas de la zona. Una vez en la capital de Córdoba las víctimas fueron llevadas en una camioneta del Gaula por la vía que conduce a Sincelejito, donde fueron asesinadas.

Según lo establecido, el particular Jhonatan Andrés Barrios Bautista, quien en su momento se acogió a sentencia anticipada, era uno de los encargados de contactar a personas de bajos recursos para hacerles ofrecimientos de empleos.

Una vez aceptada la propuesta los futuros trabajadores quedaban en manos de un tercero conocido con el alias de 'Bebé', quien los enviaba a la capital de Córdoba, donde eran conducidos a zona rural para ser asesinados.

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400 miembros del Ejército y Policía acusados de falsos positivos

Europa Press. El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, reveló hoy que un total de 400 oficiales y suboficiales de la Policía y el Ejército han sido acusados formalmente en los últimos 18 meses en los tribunales en casos de falsos positivos, civiles que son asesinados y presentados después como guerrilleros para mejorar las estadísticas de la lucha contrainsurgente.
Iguarán afirmó que la Fiscalía ha adoptado las medidas adecuadas para esclarecer el asesinato de once jóvenes de Soacha a manos de militares en los últimos meses, según recoge la emisora Caracol Radio.

"Creo que hemos tomado medidas y que ya esos oficiales y suboficiales que hemos encausado y hemos imputado y señalado como autores de delitos de lesa humanidad, se suman a los más de 400 entre oficiales y suboficiales que en menos de un año y medio hemos judicializado por supuestas ejecuciones extrajudiciales", explicó Iguarán.

En los últimos diez meses prácticamente se ha duplicado el número de investigaciones de la Fiscalía por homicidios presuntamente cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, entre los que están casos de aparentes "falsos positivos".

Según el último balance de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que data del 15 de abril de 2009, se informa que en junio de 2008 había 555 investigaciones por esos hechos, y en abril del 2009 había 1009 investigaciones abiertas por asesinatos presuntamente cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Actualmente hay 1.137 miembros de la Fuerza Pública investigados en la justicia ordinaria por homicidios, mientras que en junio del 2008 había 753 personas vinculadas a las mismas investigaciones.

Según el informe de la Fiscalía, en las 1.009 investigaciones que se adelantan por homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública, hay 1.666 víctimas, 1.507 hombres, 108 mujeres y 51 menores de edad.

Antioquia es el departamento que registra la mayor cantidad de investigaciones por homicidios cometidos por integrantes de la Fuerza Pública, con 315 casos, seguido del Meta con 120, Norte de Santander con 69 casos, Cesar con 47 investigaciones y Caquetá con 42 casos.

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Ropa de cadáveres de fosas comunes se muestran en Internet

El Tiempo. Lo hará porque la ropa es el primer paso para establecer la identidad de las personas enterradas por grupos armados ilegales. El segundo paso del proceso de identificación se hace con el ADN.

Cada uno de los elementos hallados en las fosas será registrado en una galería de fotos en la página de Internet de la Fiscalía.

Además, los objetos (relojes, billeteras, documentos de vehículos, entre otros) y prendas de vestir serán clasificados y luego presentados en jornadas de reconocimiento en Bogotá, Medellín y Barranquilla.

La Unidad de Justicia y Paz del ente investigador ya ha realizado 26 jornadas con familiares de desaparecidos. En ellas, también les toman muestras de sangre a los familiares para realizarles dictámenes de ADN, los entrevistan en busca de información y les brindan asesorías sicológica y jurídica.

De acuerdo con cifras oficiales, de los 2.164 restos hallados en 1.761 fosas comunes en los últimos tres años, solo se ha logrado la identificación plena de 572 cuerpos.

Algunos casos

En el 2000, los paramilitares amarraron a un árbol a Hermes Norbey Daza Hoyos y lo dejaron al sol y al agua durante varios días. Luego, lo asesinaron y lanzaron su cadáver a una fosa común.

Seis años después, las botas que siempre usó fueron clave para lograr su identificación. "Esas son. A pesar del barro que tienen las reconocería en cualquier parte", dijo doña María, la mamá de Hermes Norbey, cuando les echó un vistazo minutos después de que una comisión de la Fiscalía las hallara en una fosa común cerca de La Dorada (Putumayo). Un examen de ADN terminó por confirmar que los restos eran los de su hijo.

El último caso que lograron identificar fue el de doña Blanca Valero, quien fue asesinada por las Auc hace ocho años en Ubalá (Cundinamarca). Luego de que la familia reconociera sus prendas de vestir, la Fiscalía la identificó y la semana pasada le entregó los restos (ver recuadro).

Por los tenis identificaron a una mujer

Doña Blanca Valero, de 50 años, desapareció el 6 de junio del 2002 cuando viajaba de Pacho a Ubalá (Cundinamarca). Al poco tiempo su familia se enteró de que 'paras' la habían asesinado.

A principios de este año, en zona rural de Ubalá, el CTI exhumó los restos de una N.N. en una fosa común. El párroco de la población le contó a la Fiscalía que hacía siete años una familia había estado preguntando por una mujer en ese municipio y que él tenía el número del teléfono de una de las hijas.

El fiscal del caso llamó y contestó la hija de doña Blanca, quien contó que su mamá llevaba puestos unos tenis North Star. También dijo que siempre cargaba un peine en forma de tenedor de color azul y que usaba una prótesis dental en la parte superior. La descripción fue el punto de partida para la identificación.
Desapareció del puesto de salud

A Libardo Guerrero lo asesinaron por no pagar una deuda de 10 millones de pesos.

El hombre que le había prestado el dinero lo acusó con los paramilitares que mantenían el control en La Dorada (Putumayo). Días después, en una calle de la población le hicieron un atentado, del que Libardo Guerrero logró sobrevivir, pero cuando recibía atención en el puesto de salud un grupo de paramilitares se lo llevó.

La Fiscalía halló sus restos en una fosa común a medio kilómetro del casco urbano siete años después. Al lado de sus prendas fue hallado el catéter del suero que le habían puesto.

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Así se planearon los falsos positivos de Soacha

El Tiempo. En dos tiendas de la población, 'Los Costeños' y la 'Fonda Paisa', se empezó a tejer la red criminal que se llevó para Ocaña a una docena de muchachos que después aparecieron como muertos en combate.

La primera estaba en el barrio Ducales y era el negocio de Alexander Carretero, uno de los reclutadores. Allí, según la Fiscalía, convencieron a jóvenes como Diego Tamayo, Víctor Gómez y Haider Andrés Palacio de ir a probar suerte al otro lado del país.

En la 'Fonda Paisa', que queda en un sitio conocido como 'La Y', a la entrada de Soacha, los reclutadores fueron Pedro Antonio Gámez y Ender Obeso. Su estrategia era la misma: ofrecer trago y a veces droga para atraer inicialmente a los muchachos y luego ofrecerles 'vueltas', no siempre legales, de hasta 10 millones de pesos.

No eran, para nada, nuevos en ese sector. Carretero, que venía de Aguachica (Cesar) vivió varios años en Soacha y allí era reconocido entre los 'vuelteros'. Ese término, en el bajo mundo, describe a alguien que se dedica a robos o delitos más graves por plata.

Su contacto con Ocaña era el sargento Dairo José Palomino Ballesteros. Trabajaba en el Batallón Santander y, según la investigación, fue clave en la estructura criminal que 'vendió' varias de las víctimas a esa unidad militar y a la Brigada Móvil 15.

Palomino es familiar de la esposa de Carretero y también de Obeso. La investigación señala que fue una de las personas que se movieron entre Soacha y Ocaña llevando a los muchachos que murieron apenas horas después de su llegada a Norte de Santander.

Las tres audiencias que se han realizado en el Palacio de Justicia de Soacha y que dejan medio centenar de militares presos se refieren a hechos del 2008. Pero el sargento Jhon Jairo Muñoz Rodríguez, que se convirtió en testigo, dice que desde el 2007 "se rumoraba y se preguntaba cada vez que había una muerte en combate si era legal".

De hecho, dos asesinatos fuera de combate que ocurrieron en diciembre de ese año son los que tienen con orden de captura a varios mandos del Batallón Santander, entre ellos el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos.

Armas, más caras que la vida

La falta de 'positivos' de Muñoz en la Brigada Móvil 15, la misma que el Gobierno decidió eliminar tras el escándalo, fue determinante en la tragedia que conmueve a Soacha y que se convirtió en el mayor escándalo del Ejército en los últimos años.

Muñoz confesó que después de varios regaños por los pocos "resultados en el nivel estratégico" (muertes en combate y otros) decidió pedirle ayuda al sargento Sandro Pérez González, que era de Inteligencia del Batallón Santander.

La respuesta fue escalofriante: "Curso, si quiere le traigo gente, se la entrega a la tropa y se presentan como muertos en combate". Muñoz dice que el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de operaciones de la Móvil 15, le dio el visto bueno a la oferta. Él salió del Ejército en la histórica purga de noviembre, pero hasta ahora no se conoce decisión de la Fiscalía en su contra. "Pérez dijo que por persona había que pagar un millón de pesos más el pasaje -se lee en la confesión-. (...) Rincón me dijo: "Bueno, consigamos dos personas".

Así se decidió la suerte de Jhonnatan Orlando Soto, de 17 años, y Julio César Meza, de 24. Ellos desaparecieron de Soacha el 25 de enero, tras aceptar un trabajo que, según varios testimonios, no era legal. Murieron a los dos días.

Por ellos se pagaron, en un sobre de manila, 2 millones 200 mil pesos. Carretero y los sargentos los recogieron en la casa en la que pasaron sus últimas horas y los llevaron a un falso retén. A las pocas horas fueron reportados como 'positivos'. "Yo le pregunté a Álex que de dónde traían a esos muchachos y me contestó que eran manes 'vuelteros' de Bogotá", dijo Muñoz. En la zona rosa de Ocaña, con una botella de ron, los reclutadores celebraron su primera 'venta'. En febrero, según Muñoz, "el coronel Rincón pidió tres personas más". Amanecidos y hasta drogados, dijo después a la justicia Carretero, fueron entregados al Ejército.

¿Cómo legalizaban las muertes?

Carretero dio la respuesta: "El sargento Pérez tenía copias de las cédulas para hacer que pagaba recompensa por los muertos, que era un millón de pesos (...) plata que se la daba el coronel Tamayo. Les decían a los campesinos que les ayudaban con un mercado pero que les dieran fotocopia de la cédula y con ella hacían pasa los positivos".

Los testigos dicen que incluso los militares ponían de su plata para pagar los revólveres y fusiles que aparecieron junto a los cuerpos de los jóvenes, para simular que sí eran actores armados ilegales.
"Ese era el deber de cada compañía para poder dar positivos. Sacaban plata de sus bolsillos", dijo Carretero.

Como Muñoz y Pérez eran de inteligencia, preparaban los reportes que les daban piso a las operaciones falsas. Muñoz contó también que por una pistola se pagaba en el mercado negro 1,3 millones. Es decir, $ 300 mil más que por cada muchacho que murió por oír la mortal oferta de los reclutadores de Soacha.

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Víctimas de 'falsos positivos' murieron fusiladas.

EL Tiempo. 'Lo que ustedes plasmaron en el operativo contiene irregularidades que se manifiestan de manera evidente y grosera. Se puede determinar que hubo un montaje', dijo el fiscal del caso.
Jonathan Soto y Orlando Mesa fueron los dos jóvenes de Soacha que según el ente acusador fueron fusilados. El fiscal agregó que los uniformados habrían pagado dos millones 200 mil pesos por las dos víctimas.


La audiencia de ayer fue el segundo capítulo contra militares vinculados a la investigación por los falsos positivos de Soacha. El fiscal explicó que en esencia el modus operandi de las circunstancias que rodearon la desaparición de Soto y Mesa en Soacha, y luego su muerte en Norte de Santander, es igual al utilizado con las otras víctimas.

Según la Fiscalía, los reclutaron con falsas promesas, los trasladaron hacia la región de Ocaña, luego los detuvieron en un falso retén y después de muertos los presentaron como delincuentes dados de baja en un combate. Los nombres de los reclutadores, los enlaces y los militares que recibían a los jóvenes son los mismos: Alexander Carretero --testigo estrella y uno de los reclutadores-- Pedro Ágamez Díaz, Ender Obeso, Uriel Ballesteros y el soldado Dairo José Palomino.

La Fiscalía acusó por desaparición, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento y fraude procesal al mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa -quien era capitán para la época de los hechos-, al cabo Manuel Zorrilla Ágamez y a los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, Luis Alirio López y Kevins Alberto Jiménez Escalante, miembros de la Brigada Móvil 15.

Por su parte, la juez cuarta penal de garantías de Soacha (Cundinamarca), Alba Janeth Caro Forero, dictó medida de aseguramiento en contra de los seis uniformados.

Soto y Mesa desaparecieron el 26 de enero del 2008 y dos días después sus cadáveres fueron llevados a la sede de Medicina Legal en Ocaña.

Según el expediente por la muerte de los dos jóvenes, manejado por el fiscal 53 de Derechos Humanos, el sargento John Jairo Muñoz Rodríguez, reconocido como 'Pechi' por Alexander Carretero Díaz, declaró en la Procuraduría cómo habían sido ubicados los dos jóvenes.

Muñoz, expuso el fiscal, le pidió al sargento (Sandro) Pérez que le ayudara porque no había tenido buenos resultados operativos. 'Curso, si quiere le traigo gente que se le entrega a la tropa y se presentan como muertos en combates', reveló en su declaración Muñoz a la Procuraduría, sobre lo que le habría dicho en enero del 2008 el sargento Pérez.

El fiscal del caso expuso que Muñoz en su declaración dijo que habló del tema con el coronel Manuel Rincón, que al final le expresó que consiguiera dos personas y que le dejó en un sobre de manila dos millones 200 mil pesos. Un millón por cada una de las víctimas más lo de los viáticos.

Como en el caso de Fair Leonado Porras, que parece ser la constante en todos los episodios de los desaparecidos de Soacha, los militares adulteraron la escena del 'enfrentamiento' y consignaron falsos datos en sus informes sobre la operación de 'esas bajas'. Según la Fiscalía, acomodaron los cuerpos y les pusieron armas para que pareciera un enfrentamiento. 'Los impactos de bala de las víctimas son absolutamente incompatibles con lo que pudiera ser un combate', dijo el fiscal del caso que aseguró que de los que se trató fue de un fusilamiento.

En los reportes evaluados por la Fiscalía y por la propia inspección del Ejército se consignó el uso de 250 cartuchos. Sin embargo, uno de los soldados que participó en la supuesta operación donde murieron Jonathan Soto y Orlando Mesa explicó en su momento que había sido un combate que se prolongó durante '10 ó 15 segundos'.

A ello, se sumaron las versiones contradictorias suministradas por los uniformados, a cargo del mayor Blanco, en las indagaciones previas y las entregadas en el lugar de los hechos. Y las versiones que tienen similitud entregadas por cada uno de los uniformados, dice la Fiscalía, fueron manifestaciones 'mecánicas y robóticas', hecho que es un 'indicio de acomodamiento en la versión'. Los militares explicaron que uno de ellos había recibido un disparo en el chaleco en el mismo punto, entre otras versiones.

Estos militares enfrentan jurídicamente el caso más difícil dentro de los llamados falsos positivos. Y es que una de las víctimas, Jonathan Soto, era menor de edad, por lo que el fiscal del caso hizo hincapié que podrían no recibir beneficios a pesar tratar de llegar a un acuerdo posterior con la Fiscalía.

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"En el Ejército Colombiano, hay una organización dedicada a las ejecuciones extrajudiciales"

Europa Press. La Fiscalía de Colombia aseguró hoy que en el Ejército existe una organización militar que se ha dedicado a realizar ejecuciones extrajudiciales de civiles a los que después presentaban como guerrilleros muertos en combate. Seguir leyendo el arículo

El fiscal Emidio Vargas Gil reveló que, según las pruebas que han recabado, han podido determinar que algunos de los jóvenes asesinados fueron previamente contactados con ofertas de trabajo falsas que ofrecían "reclutadores" contratados por algunos militares.

Este supuesto "reclutador" recibía de estas presuntas organizaciones delictivas castrenses unos 200.000 pesos (66 euros) por enviar a estos jóvenes --quienes habían aceptado la oferta de trabajo-- hacia el departamento de Norte de Santander (noreste de Colombia), donde eran ajusticiados por el Ejército.

Vargas Gil hizo estas revelaciones en la audiencia de imputación de cargos en contra de seis uniformados acusados de la muerte de un joven que fue ejecutado y presentado ante las autoridades colombianas como un guerrillero.

Este escándalo, también conocido en Colombia como 'falsos positivos', estalló a finales del año pasado cuando fueron destituidos una treintena de militares --entre ellos tres generales-- por estar implicados en el asesinado de 11 jóvenes a quienes, después de asesinarlos, disfrazaron de guerrilleros para presentarlos como bajas en combates.

ACUSADOS CUATRO MILITARES

Cuatro militares fueron condenados a penas de 45 y 58 años de prisión por los delitos de secuestro simple agravado y homicidio de persona protegida, en el marco de las investigaciones de la Justicia colombiana por el caso de los 'falsos positivos'.

El juzgado segundo penal de Santa Rosa de Viterbo los declaró responsables del asesinato de un campesino en el año 2007 en Boyacá (centro del país) a quien contabilizaron como un rebelde muerto en enfrentamientos con el Ejército.

Los oficiales pertenecían al batallón de Alta Montaña, adscrito a la primera brigada del Ejército en Boyacá, y fueron identificados como Jhonny Carvajal Cuellar, Luis Alberto Velandia Sotelo y Jovanny Antonio, quienes fueron condenados a 45 años de cárcel, y Francisco Luis Escobar Calderón, que deberá cumplir una pena de 58 años de prisión.

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Por Falsos Positivos mas de 426 Militares han sido detenidos

Semana. De tantas noticias, reacciones de indignación y explicaciones insuficientes que sobre falsos positivos se han hecho en Colombia, es difícil saber cuál es el mapa real de este delito que ha tenido rostro gracias, en parte, a la valentía de los familiares de las víctimas que últimamente se han atrevido a denunciar sus tragedias ante las autoridades.
Sin embargo, un informe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía conocido por Semana.com dilucida en qué van las investigaciones que se adelantan contra algunos miembros de la fuerza pública por ejecuciones extrajudiciales (inlcuidos falsos positivos). Las cifras oficiales reflejan la gravedad de este atroz delito.

Hasta hoy, 426 militares han ido a la cárcel por participar en ejecuciones extrajudiciales. La cifra que corresponde, según una fuente de la Fiscalía, a las detenciones hechas en los dos últimos años es sin duda escandalosa. Ese número de militares es aproximadamente el número de soldados que componen un batallón completo.

Precisamente este miércoles un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos ordenó la detención del coronel activo del Ejército José Gabriel Castrillón García, ex comandante de un batallón en Carepa (Antioquia), a quien se le acusa de participar en el crimen de cuatro jóvenes que fueron ilegalmente presentados como guerrilleros muertos en combate en Acandí, Chocó, el 12 de febrero de 2004. El alto oficial capturado figura entre un grupo de 12 militares también con órdenes de detención por este hecho.

Pero más reveladores resultan aún otros datos de la Fiscalía sobre dónde o quiénes han cometido este delito en los últimos 10 años.

Por ejemplo, hasta el pasado 15 de abril había 143 oficiales (entre ellos 11 coroneles), 167 suboficiales y 655 soldados profesionales del Ejército vinculados a investigaciones por falsos positivos. De todos estos casos, se han proferido 46 condenas.

Hasta la misma fecha, de la Armada había tres oficiales, 16 suboficiales y un marinero investigados. De la Policía estaban vinculados tres oficiales (dos coroneles y un capitán), 13 suboficiales y cuatro agentes. Y del DAS había cuatro detectives investigados.

En total hay 67 uniformados condenados y otros dos se encuentran en etapa de juicio oral.

La brecha entre las investigaciones contra miembros del Ejército y otros miembros de la fuerza pública se explica por al menos dos razones. Primero, el Ejército es la fuerza con más hombres (cerca de 250.000) y es también la más expuesta al fragor diario de la guerra. Pero también reitera las fallas de comando y control de algunas unidades sobre sus hombres en este brazo de la Fuerzas Armadas. Esto extiende la responsabilidad de los uniformados que cometieron de facto los delitos (militares de bajo rango), a los mandos cuya función era dirigirlos y vigilarlos (comandantes del Ejército, de Divisiones o Brigadas).

En total, la Fiscalía lleva en la actualidad 1.009 investigaciones por denuncias de falsos positivos en todo el país. Estas investigaciones involucran el asesinato por parte de miembros de la fuerza pública de 1.666 personas.

“Esto no quiere decir que en todas se haya comprobado que fueron miembros de la fuerza pública los que cometieron estos crímenes”, aclaró el pasado lunes el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien asegura que sólo después de octubre pasado se ha presentado un caso de falso positivo, comprobado, en Córdoba.

En efecto, por el caso de la masacre de San José de Apartado (un caso de ejecución extrajudicial, pero no falso positivo, pues las víctimas no fueron reportadas como muertos en combate), la Fiscalía ordenó capturar a 60 militares de un tacazo, de los cuales hoy sólo 18 siguen detenidos o vínculados a la investigación.

Otro dato revelador de las investigaciones de los fiscales son las zonas donde se concentran las denuncias por estos crímenes de la fuerza pública contra civiles.

Las zonas

Según la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, desde 1985 hasta 2008 en Antioquia se presentaron 292 denuncias de falsos positivos. Esto coincide con las múltiples denuncias contra las brigadas de Carepa y del Valle del Aburrá, lamentablemente reconocidas por hacer pasar civiles muertos como delincuentes muertos en combate. Les siguen Meta (con 118 casos), Norte de Santander (con 66) y Cesar (con 41) (Ver mapa para ver otros departamentos).

Así mismo, los casos de ejecuciones comenzaron a repuntar en el 2002, el primer año en el que se empezó a poner en práctica la Política de Seguridad Democrática, con un alta exigencia en resultados operativos, y para esa epoca, una escasa formación en derechos humanos.

En 1998, a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía llegaron denuncias de seis casos, al año siguiente se conocieron 4, en el 2000 hubo nuevamente 4 y en el 2001 se presentaron 3. Pero la historia cambió en el 2002 cuando se presentaron 10 investigaciones; en el 2003, 36; en el 2004, 84; en el 2005, 112; en el 2006, 197 y en el 2007, 370, de lejos el año en el que más investigaciones por falsos positivos se presentaron. Ya en 2008 esta cifra descendió vertiginosamente a 92.

Sobre este tema, el Presidente de la República, así como el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los mandos militares, han mostrado su preocupación y dicen estar comprometidos en erradicar este problema de raíz. El gesto más notorio de su intención de eliminar el problema fue la destitución fulminante de 30 militares, entre ellos 3 generales en octubre de 2008 por estos casos. Igualemnte los controles y la vigilancia en las unidades militares se ha fortalecido.

Justo ayer miércoles, en la clausura de un congreso sobre desarme y reintegración que se celebró en Cartagena, el presidente Uribe pidió solidaridad con los militares que injustamente terminan en la cárcel por razones del servicio.

“Así como hay violaciones de Derechos Humanos, que se conocen y se sancionan, y que esperamos que sean cuento del pasado y se superen totalmente, también pululan las falsas acusaciones”, aseguró Uribe.

Así mismo, pidió celeridad en la implementación de un sistema de defensa judicial para militares y policías, ya que es "muy desmotivante" que el Estado no los defienda y tengan que invertir recursos propios en la defensa por acciones del servicio. “Uno de los esfuerzos que tiene que hacer Colombia de inmediato, es organizar la defensa judicial de nuestros soldados y policías. La falta de un Estado que los defienda los desmotiva. Los desmotiva mucho en sus ingresos. La contratación de abogados para cualquier defensa (con recursos propios) se constituye en una tragedia”, aseguró.

De cualquier forma, no deja de ser preocupante que casi el equivalente a un batallón haya sido capturado por asesinar civiles para hacerlos pasar por guerrilleros o militares y así obtener aplausos inmerecidos y bonificaciones manchadas con sangre.

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