27 abril, 2009

2.500 paramilitares desmovilizados han regresado a las armas en Colombia

Bogotá, 27 abr (EFE).- En torno a 2.500 paramilitares, el ocho por ciento de los 31.000 desmovilizados durante el proceso de paz, se han "reciclado" en 22 bandas criminales dedicadas al narcotráfico en Colombia, informó hoy el jefe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Eduardo Pizarro.


En una entrevista con Efe, Pizarro explicó que ningún país en guerra está ajeno a este fenómeno y el caso colombiano se encuentra "por debajo del promedio mundial".

Además de esos 31.000 paramilitares, 17.000 guerrilleros se han desmovilizado en Colombia desde 2003, meses después de que llegara al poder Álvaro Uribe con un plan de estímulos para quienes depusieran las armas y se reintegrasen a la vida civil.

Pizarro recordó que la experiencia muestra que entre el 5 y 15 por ciento de los desmovilizados de todos los conflictos en el mundo se "reciclan en la vida criminal", al agregar que "éste es un fenómeno universal y Colombia no iba a escapar".

Por ello, consideró que el regreso de ex combatientes a las bandas criminales no puede considerarse un fracaso del proceso de paz.

Este será el principal tema de debate del I Congreso Internacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración, que acogerá Cartagena de Indias del 4 al 6 de mayo, contando con que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha cifrado en más de 7.000 los ex paramilitares que siguen activos en Colombia.

Pizarro explicó hoy que para atajar esa lacra se está evaluando "un modelo diferenciado de incentivos más eficaz" al utilizado hasta ahora.

Y es que, a su juicio, el problema en Colombia vino de los "mandos medios" de esos grupos, ya que los estímulos económicos que les ofrecieron por entregarse eran inferiores a las ganancias que obtenían del narcotráfico.

Un ejemplo fue el recién capturado "Don Mario", alias de Daniel Rendón, un mando medio paramilitar que asumió el control que dejaron sus anteriores jefes y reconstruyó una gran red criminal, matizó Pizarro.

El ex paramilitar se convirtió en el narcotraficante más buscado de Colombia y fue detenido el pasado 16 de abril tras dejar un reguero de más de 3.000 muertos en la zona del Urabá (noroeste).

En cuanto al proceso de extradición de ex jefes paramilitares a Estados Unidos, Pizarro aclaró que ha sido fundamental para que entreguen sus bienes adquiridos con dinero ilícito y aclaren sus crímenes, que amenazaban con quedar en la impunidad.

"Gracias a esas 554 versiones libres (declaraciones judiciales) se han resuelto 6.000 homicidios que permanecían en la total impunidad y se han localizado más de 1.300 fosas comunes. Homicidios que permanecían en la total impunidad", añadió, al advertir que se trata de un caso "único en América Latina".

El presidente de la CNRR explicó que los paramilitares decidieron colaborar desde Estados Unidos y someterse a la Ley de Justicia y Paz, que da beneficios a ex combatientes, para evitar ser juzgados por "el delito de narcotráfico".

En ese caso mencionó al ex jefe paramilitar Diego Murillo, alias "Don Berna", condenado la semana pasada en Nueva York a 23 años de prisión, pero a quien se le podría reducir la pena si colabora con la justicia.

"Se están creando incentivos poderosos para que sigan colaborando", insistió, convencido de que en el caso colombiano la extradición cumplió un papel importante porque esos criminales no estaban colaborando en el país y amenazaban a eventuales testigos.

El académico informó además que Noruega está interesada en participar en la resolución del conflicto colombiano, motivo que le llevó la semana pasada hasta Oslo para discutirlo con el primer ministro de ese país, Jens Stoltenberg.
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"severidad" a la hora de imponer condenas a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y ataques contra periodistas.

AP. El vicefiscal Guillermo Mendoza pidió el lunes a los jueces colombianos "severidad" a la hora de imponer condenas a los autores materiales e intelectuales de asesinatos y ataques contra periodistas.
Los jueces "aplican la (sentencia condenatoria) que es más obvia y la que es más fácil de manejar", dijo Mendoza en un foro en Bogotá sobre la impunidad en Colombia y los crímenes contra periodistas.


El funcionario puso como ejemplo el asesinato del periodista Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria de la ciudad de Manizales, a 165 kilómetros al norte de Bogotá, quien fue asesinado por sicarios en enero de 2002.

Mendoza se quejó de que uno de los confesos sicarios de Sierra hubiera sido condenado por homicidio a 19 años y medio de prisión, pero de los cuales sólo pagó poco más de cinco porque había confesado y por otros beneficios que contempla la ley aquí.

Para el vicefiscal, el juez debió considerar agravantes como que el sicario aceptó haber recibido una remuneración por matar a Sierra, que la víctima era un periodista y que lo mataron en estado de indefensión.

"El tema de los autores intelectuales del asesinato de Sierra no está en el aire y estamos trabajando en eso para identificarlos", comentó Mendoza.

El vicefiscal aseguró además que en la provincia colombiana algunos políticos tienen la percepción de que los periodistas "son un problema porque denuncian sus 'negociaos' (corruptelas). Entonces hemos encontrado que muchos asesinatos de periodistas son por las denuncias que hacen sobre la corrupción administrativa".
Según la no gubernamental Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Colombia fueron asesinados 136 periodistas en los últimos 30 años.

El viernes fue asesinado a tiros en su casa un corresponsal radial de la provincia, José Everardo Aguilar, de 72 años, el primer caso de un periodista asesinado en el país en los últimos 20 meses, según la FLIP.

El gobierno ofreció 50 millones de pesos (unos 22.700 dólares) por datos que lleven a la captura del victimario de Aguilar en una zona del suroeste colombiano.

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ), organización con sede en Nueva York, 16 de los 20 periodistas asesinados en la última década siguen sin esclarecerse.

Según la unidad de la Fiscalía que investiga los crímenes contra periodistas en la última década en total 15 personas han sido condenadas por asesinatos de periodistas.
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Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

Europa Press. Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy, con motivo de la próxima visita oficial del presidente colombiano Álvaro Uribe, que el Gobierno español "no puede continuar obviando" que la situación de Derechos Humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando a pesar del proceso de desmovilización promovido por el Gobierno colombiano. Asimismo, pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "no apoye iniciativas que perpetúen las violaciones de Derechos Humanos en Colombia".
"Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los Derechos Humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario generalizados y sistemáticos", afirmó la organización en un comunicado.

"El índice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas", prosiguió.

"Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del Gobierno", denunció AI. "Aunque han habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de Derechos Humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave", advirtió.

En el comunicado, Amnistía indicó que, pese a que algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los secuestros y la toma de rehenes, han mejorado en los últimos años, "otros, como los relativos a las personas desplazadas internamente, siguen deteriorándose". "El conflicto armado sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto", agregó.

"El Gobierno español no puede ignorar esta realidad en sus relaciones bilaterales con el Gobierno colombiano", aseveró AI. "Aunque el Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia firmado en enero de 2008 prevé un mecanismo de Derechos Humanos bilateral, un año y medio después, éste sigue sin estar establecido", lamentó.

Por ello, prosiguió, "Amnistía Internacional cree que ya sea a través del mecanismo como de cualquier otro instrumento, el Gobierno español debe plantear una agenda de Derechos Humanos basada en las recomendaciones que año tras año formula la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales y los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

Amnistía Internacional también instó al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las Fuerzas Armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de estos organismos internacionales "de modo que no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia".

"Según las últimas estadísticas oficiales de comercio de exterior de armas españolas, en el primer semestre de 2008, el Gobierno español autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros de la categoría 'aeronaves'", recordó.

PARAMILITARES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En su comunicado, Amnistía denuncia que los grupos paramilitares, "actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad", han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. "Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles", aseguró.

"Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años", prosiguió. "Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición", añadió.

Según la organización, el Gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del Ejército tras revelarse que habían sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. "Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables", manifestó AI.

Además, advirtió Amnistía, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas.

ABUSOS DE LA GUERRILLA

Según Amnistía, los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes.

"Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares", aseguró la organización. Asimismo ve "con preocupación" los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En su comunicado, AI acoge "con satisfacción" las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la "liberación urgente e incondicional" de todas las personas secuestradas. "Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad", advirtió AI.

"Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad 'de facto' a presuntos autores de graves abusos contra los Derechos Humanos", manifestó. "Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares", concluyó.
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Amnistía Internacional pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

Amnistía pide al Gobierno español que no olvide que la situación de los DDHH en Colombia "sigue siendo grave"

hace 10 horas 26 mins
Europa Press



Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy, con motivo de la próxima visita oficial del presidente colombiano Álvaro Uribe, que el Gobierno español "no puede continuar obviando" que la situación de Derechos Humanos y humanitaria de Colombia sigue siendo grave, que el país continúa en medio de un conflicto armado y que los grupos paramilitares siguen operando a pesar del proceso de desmovilización promovido por el Gobierno colombiano. Asimismo, pidió al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que "no apoye iniciativas que perpetúen las violaciones de Derechos Humanos en Colombia". Seguir leyendo el arículo

"Los grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzas de seguridad siguen siendo responsables de abusos contra los Derechos Humanos y de violaciones del Derecho Internacional Humanitario generalizados y sistemáticos", afirmó la organización en un comunicado.

"El índice aún elevado de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad continúa suscitando honda preocupación, al igual que los homicidios ininterrumpidos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de sindicalistas, que también siguen recibiendo amenazas", prosiguió.

"Los grupos paramilitares siguen actuando, a veces con el apoyo o la connivencia de las fuerzas de seguridad, pese a las declaraciones en sentido contrario del Gobierno", denunció AI. "Aunque han habido algunos avances en las investigaciones judiciales sobre casos clave de Derechos Humanos, la impunidad continúa siendo un problema grave", advirtió.

En el comunicado, Amnistía indicó que, pese a que algunos indicadores clave de la violencia relacionada con el conflicto, como los secuestros y la toma de rehenes, han mejorado en los últimos años, "otros, como los relativos a las personas desplazadas internamente, siguen deteriorándose". "El conflicto armado sigue afectando a cientos de miles de personas, especialmente a las pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales viven en tierras que tienen interés económico para las partes en conflicto", agregó.

"El Gobierno español no puede ignorar esta realidad en sus relaciones bilaterales con el Gobierno colombiano", aseveró AI. "Aunque el Acuerdo de Asociación Estratégica con Colombia firmado en enero de 2008 prevé un mecanismo de Derechos Humanos bilateral, un año y medio después, éste sigue sin estar establecido", lamentó.

Por ello, prosiguió, "Amnistía Internacional cree que ya sea a través del mecanismo como de cualquier otro instrumento, el Gobierno español debe plantear una agenda de Derechos Humanos basada en las recomendaciones que año tras año formula la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros órganos internacionales y los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU".

Amnistía Internacional también instó al Gobierno español a suspender la ayuda militar y toda transferencia de equipo militar a las Fuerzas Armadas colombianas hasta que se hayan aplicado plenamente las recomendaciones de estos organismos internacionales "de modo que no exista un peligro evidente de que la ayuda y el equipo vayan a utilizarse para facilitar graves violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Colombia".

"Según las últimas estadísticas oficiales de comercio de exterior de armas españolas, en el primer semestre de 2008, el Gobierno español autorizó a Colombia la venta de 110 millones de euros de la categoría 'aeronaves'", recordó.

PARAMILITARES Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

En su comunicado, Amnistía denuncia que los grupos paramilitares, "actuando a veces en connivencia con las fuerzas de seguridad", han sido los autores de la mayoría de las ejecuciones extrajudiciales en los últimos tiempos. "Así en 2007, se sabe que fueron responsables del homicidio de al menos 300 civiles", aseguró.

"Sin embargo, en las estadísticas más recientes destacan las ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por las fuerzas de seguridad que han aumentado considerablemente en los últimos años", prosiguió. "Asimismo, en 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por los diferentes grupos armados de oposición", añadió.

Según la organización, el Gobierno de Colombia adoptó algunas medidas para abordar las ejecuciones extrajudiciales, como la destitución en octubre de 2008 de una veintena de oficiales del Ejército tras revelarse que habían sido responsables de la muerte de decenas de jóvenes de Soacha. "Sin embargo, es imprescindible que todas estas denuncias sean objeto de una investigación efectiva por parte del sistema de justicia civil, procesando a los responsables", manifestó AI.

Además, advirtió Amnistía, en los últimos 20 años, entre tres y cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia. En 2007, fueron más de 300.000 personas las que quedaron desplazadas, y en la primera mitad de 2008, 270.000 sufrieron desplazamientos forzados. En la actualidad se calcula que hay cuatro millones de personas desplazadas, muchas de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y niños y niñas.

ABUSOS DE LA GUERRILLA

Según Amnistía, los grupos guerrilleros siguen cometiendo abusos contra los Derechos Humanos y violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como homicidios deliberados de civiles, secuestros y toma de rehenes.

"Amnistía Internacional sigue recibiendo numerosos testimonios sobre reclutamiento forzado de menores de edad tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares", aseguró la organización. Asimismo ve "con preocupación" los ataques indiscriminados con explosivos que han tenido lugar en varias zonas urbanas y que en algunos casos han sido atribuidas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En su comunicado, AI acoge "con satisfacción" las últimas liberaciones de rehenes y sigue pidiendo la "liberación urgente e incondicional" de todas las personas secuestradas. "Aún así, la organización se opone a que el Gobierno colombiano ofrezca libertad y recompensas económicas a los miembros de la guerrilla que entreguen a personas a las que mantienen privadas de libertad", advirtió AI.

"Dejar en libertad a miembros de la guerrilla que ya han sido investigados, juzgados y condenados es muy distinto de conceder inmunidad 'de facto' a presuntos autores de graves abusos contra los Derechos Humanos", manifestó. "Ante estos delitos, Amnistía Internacional se opone a las amnistías, indultos y medidas similares que impidan ejercer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas y sus familiares", concluyó.



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