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27 octubre, 2009

Regreso a Mapiripán

Verdad Abierta. Doce años después de la masacre de Mapiripán, Verdad Abierta acompañó una caravana de sobrevivientes que hicieron un retorno símbolico a su antiguo hogar. Del 16 al 20 de julio de 1997 paramilitares que viajaron desde el Urabá antioqueño hasta el otro extremo del país en Mapiripán, Meta, aterrorizaron al pueblo, torturaron y violaron y dejaron 49 personas muertas. Doce años después, entre el 18 y el 20 de julio, más de 200 personas acompañaron a algunos de los sobrevivientes de la masacre que habían tenido que huir de sus hogares cuando la masacre. Fue una caravana de solidaridad y de memoria; una manera de ayudarle a las víctimas a enfrentar lo que pasó y también de que haya justicia para que no vuelva a pasar. A pesar de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano por la omisión o acción de militares en la masacre, todavía hay mucho miedo, y Mapiripán no ha podido dejar su historia atrás. Por Camila González, enviada especial a Mapiripán

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10 octubre, 2009

Conflicto en El Dovio: a la espera de una alerta tardía

Semana. La valentía que mostraron varios funcionarios del municipio de El Dovio, en el norte del Valle, al revelar a las autoridades departamentales y nacionales la creciente presencia de grupos armados valió de poco. Pese a las evidencias de la presencia de bandas, las autoridades militares consideran que la situación no amerita medidas extraordinarias.

En una reunión privada el pasado primero de octubre, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) los funcionarios del municipio fueron directos al decir qué está pasando allí. La presencia de ejércitos ilegales como Los Rastrojos, Los Machos y las Farc está poniendo en grave riesgo a la población en su disputa por el control de ese territorio, “que es estratégico para el transporte y tráfico de insumos químicos, de cocaína y armas”, según lo describe la Defensoría del Pueblo.

En esa lucha, han empezado a aparecer en el casco urbano de El Dovio cada vez más y más hombres que dicen pertenecer a Los Rastrojos. Varios de ellos son adolescentes del mismo pueblo, que de repente llegan armados advirtiéndole a cualquiera que está en peligro de muerte. Otros, según informaron las autoridades del municipio, han participado en algunos de los 12 homicidios que se han presentado desde diciembre del año pasado hasta septiembre de este año. Algunos han llegado a las fincas a robar ganado a nombre de Los Rastrojos y otros están haciendo inteligencia para ese grupo.

El interés de la banda Los Rastrojos en la zona urbana de este pueblo es sacar a otra banda, Los Machos, que han estado presentes allí. Mientras tanto, las Farc se mueven en la zona rural por caminos que comunican el norte del Valle con Chocó. En esa zona, vive gente que podría convertirse en presa de acusaciones y estigmatizaciones de ser colaboradores de la guerrilla, según advierte la Defensoría.

En esa pugna de bandas con intereses en el narcotráfico, han resultado amenazados no sólo civiles, sino el mismo Alcalde, los concejales y varios funcionarios.

La presencia de estas bandas ya ha generado el desplazamiento de 47 familias, aunque las estimaciones de las autoridades locales es que podrían ser muchas más, que por temor o descuido no reportan su situación.

Eso creen las autoirdades locales pues 646 personas han solicitado que los retiren de la base de datos del Sisbén en ese municipio. Este trámite se hace cuando alguien, por amenazas o por cualquier situación, se va a vivir a otra parte. Entonces tiene que pedir el retiro del Sisbén del municipio de donde sale para que lo incluyan en el del municipio a donde llega. “Puede que no todas esas personas hayan salido desplazadas forzosamente. Puede que muchas se hayan trasladado por razones económicas o cualquier otra. Pero tememos que por la situación que vivimos, muchos se fueron obligados por la violencia”, le dijo a Semana.com Wilson Castillo, secretario de gobierno de El Dovio.

Otro grave síntoma del temor en la región es la creciente tasa de deserción escolar. El reclutmaniento de niños, ha hecho que muchos padres teman enviar a sus hijos a las escuelas. “En varios corregimientos, las escuelas no cuentan con estudiantes”, de acuerdo con un informe reciente de la Defensoría.
“Nosotros sabemos que la fuerza pública ha hecho muchos esfuerzos. Los aplaudimos, pero el problema sigue”, le dijo a Semana.com una fuente que, por estar amenazada, pidió no hacer público su nombre.

Pese a que allí hace presencia el Ejército, continuó la fuente, sucede que los militares combaten, ahuyentan a un grupo ilegal, pero pronto es reemplazado por otro.

Ante esta grave situación la Alcaldía y la Personería de ese municipio pidieron que se emitiera una alerta temprana, la cual se emite después de una deliberación en el CIAT, donde participan funcionarios de el Ministerio del Interior y de Justicia, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Una vez emitida, los ojos de las autoridades nacionales e incluso de organismos internacionales, se fijan en el sitio al que hace referencia. La idea es que la fuerza pública y el gobierno, hagan todo lo posible para evitar que, como consecuencia de la guerra, se desplace, asesine o viole cualquier derecho de las personas.

Pero los funcionarios de El Dovio parecen ser los únicos que ven de frente el problema. Ni el gobierno departamental ni la fuerza pública aprobaron la iniciativa.

Según dijo a Semana.com Víctor Manuel Salcedo, secretario de Gobierno del Valle del Cauca, “históricamente, este ha sido un pueblo rodeado de narcotráfico y hoy acosado por una pelea entre Los Machos y Los Rastrojos”. Sin embargo, pese a la gravedad del problema, Salcedo no cree que la solución sea declarar una alerta temprana porque puede estigmatizar aún más el municipio.

“Nuestra propuesta para acabar con este problema es continuar con los operativos en el Cañón de las Garrapatas, insistir en el aumento del pie de fuerza dentro del municipio, adelantar la operación candado y hacer un plan desarme con la población”, explicó Salcedo.

Además, argumenta que, de emitirse una alerta temprana, debería ser en otros lugares que tienen situaciones más difíciles. “Por ejemplo, municipios como La Victoria, Roldanillo, El Zarzal e incluso en el mismo Cali aumentaron mucho más el número de homicidios. Éstos ameritarían mucho más una alerta temprana y no se hace porque creemos que esa no es la estrategia adecuada para combatir el crimen”.

El problema con las alertas tempranas es que no suelen ser de gusto para algunos gobiernos o gobernantes. Algunas veces, por razones políticas, prefieren esconder el problema bajo la alfombra, otras, para ahorrarse la dificultad operativa para cumplir los requerimientos de una zona sobre la que aumenta la atención de medios, entidades del Estado y defensores de Derechos Humanos. Y también, porque hay regiones que se consideran sanadas de la guerra, contrario a lo que dicen sus habitantes.





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24 septiembre, 2009

Estados Unidos y la masacre de El Salado

Semana. Por Michael Evans, investigador del National Security Archives*¿Conspiración de silencio? Estados Unidos y la masacre de El Salado La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado. La Comisión de Memoria Histórica, encargada de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana, la de El Salado.
Documentos estadounidenses desclasificados revelan que la Embajada en Bogotá no hizo mucho cuando supo que la Fuerza Pública colombiana no evitó la masacre y sólo capturó a 11 de los 450 paramilitares responsables. El Plan Colombia estaba en juego


La cuestión del papel exacto que desempeñaron miembros de la Fuerza Pública en la masacre de El Salado de febrero de 2000 ocupa una parte pequeña, pero crucial, de la investigación presentada este martes en Bogotá y que fue realizada por la Comisión de Memoria Histórica.

Este grupo independiente encargado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de escribir la historia del conflicto armado colombiano construyó un relato, que ha debido hacerse hace tiempo, sobre una de las más horrendas e indiscriminadas atrocidades en la historia colombiana. Su trabajo es también una urticante acusación a la cultura de impunidad que ha evitado que sean investigados y debidamente juzgados los miembros de las fuerzas de seguridad colombiana apostados entonces en esa región y que pudieron estar involucrados.

Las muertes se desarrollaron en cinco días fatales, durante los cuales cientos de paramilitares, principalmente del Bloque Norte de las Auc, descendieron sobre El Salado y otros pueblos de la región, dejando tras de sí una estela de tortura, destrucción y asesinatos.

Pero mientras los paramilitares que cometieron la masacre fueron identificados hace tiempo, el papel preciso que desempeñaron en esta los militares nunca ha sido determinado de manera definitiva. Sin embargo, y a pesar de que tuvieron un acceso muy limitado a los archivos militares, el informe de la Comisión establece enérgicamente la responsabilidad del Estado colombiano en la masacre:

“La masacre de El Salado cuestiona no sólo la omisión sino la acción del Estado. Omisión con el desarrollo de los hechos porque no se puede entender cómo la fuerza pública no pudo prevenir ni neutralizar la acción paramilitar. Una masacre que duró cinco días y que contó con la presencia de 450 paramilitares, de los cuales solo fueron capturados 15 una semana después de que acabó la masacre”.

Para Estados Unidos, la posible participación de miembros de la Fuerza Pública colombiana en los crímenes de los paramilitares era el meollo de la cuestión. El Plan Colombia, que proponía un aumento masivo de la ayuda estadounidense a los militares colombianos, apenas arrancaba y éste venía condicionado a que el gobierno colombiano demostrara que la Fuerza Pública había roto los viejos lazos que pudiera tener con las fuerzas paramilitares.

Documentos estadounidenses desclasificados sobre la época revelan, sin embargo, que las exigencias a los militares colombianos eran mínimas. Así por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá vio como un factor positivo el hecho de que las fuerzas de seguridad hubiesen capturado apenas a 11 de los 450 hombres del paramilitarismo involucrados en lo que caracterizó como “una orgía indiscriminada de violencia ebria”. En su primer informe sobre El Salado, que envió a Washington unos días después de la matanza, la Embajada bajo Curtis Kamman, dijo que era “la primera vez que esa entidad recordaba que los militares, en este caso la Armada, persiguieran a los paramilitares con algún vigor después de las atrocidades”. Los capturados del caso de El Salado, al parecer, era una historia de éxito militar, y la Embajada tuvo muy poco más qué decir por los siguientes cinco meses. Lea el documento 1.



Estados Unidos no ha debido sorprenderse demasiado con las denuncias de que miembros de la Fuerza Pública estuvieran involucrados en El Salado. En el año anterior, funcionarios estadounidenses con frecuencia habían expresado dudas sobre la voluntad de los militares de combatir las fuerzas paramilitares.

• En una reunión de enero de 1999 organizada por las Fuerzas Armadas colombianas con representantes de ONG y a la que fue personal de la Embajada, el subcomandante del Ejército, general Néstor Ramírez, dijo que “no era asunto del Ejército perseguir paramilitares” pues eran “criminales comunes apolíticos” que “no amenazaban el orden constitucional mediante acciones subversivas”. Lea el documento 2.



• Otro reporte de 1999 de fuentes militares de Estados Unidos encontró que las Fuerzas Armadas colombianas “no perseguían activamente a los grupos paramilitares porque los veían como aliados de la lucha contra las guerrillas, su enemigo común”. Lea el documento 3.



• Estados Unidos también estaba muy consciente del “síndrome del conteo de bajas” (body count) que incentivaba las violaciones a los derechos humanos entre las fuerzas de seguridad colombianas. Informes de inteligencia de los noventa describían acciones de “escuadrones de la muerte” por parte de las Fuerzas Armadas. Un coronel del Ejército colombiano dijo a Estados Unidos que el énfasis en conseguir muertes del enemigo “tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos porque hace que soldados bien intencionados busquen cumplir con su cuota de muertos del enemigo para impresionar a sus superiores”. Y también dijo que este síndrome lleva a una aproximación “caballeresca, o por lo menos pasiva, cuando se trata de permitirle a los paramilitares servir de adláteres… (al Ejército colombiano) que contribuyen a causarle bajas a la guerrilla”. Lea artículo de Semana.com sobre la vieja práctica de presentar falsos positivos.

• Evidencias de participación de militares en las masacres de La Gabarra dejó escaso margen de duda de que había oficiales militares que veían a las fuerzas paramilitares como aliadas de la lucha contra las guerrillas. El coronel del Ejército Víctor Hugo Matamoros, responsable de la región alrededor de La Gabarra dijo a personal de la Embajada que él no perseguía a paramilitares en su área de operaciones. En otra ocasión, la oficina de la Vicepresidencia colombiana dijo a la Embajada que tropas del Ejército colombiano “se habían puesto brazaletes de las AUC” y habían participado en una de las masacres. Lea el documento 4.



Patrones similares emergieron unas semanas después de la masacre de El Salado. En marzo de 2000, fuentes militares estadounidenses informaron sobre los movimientos de la Fuerza Pública colombiana en los días de las matanzas. Enterrado en los detalles, en un Reporte de Información de inteligencia, basado en una fuente no identificada, hay un párrafo corto que indica que “muchos de los paramilitares capturados vestían uniformes de los militares colombianos”. Esto, dijo la fuente, sugería que “muchos de los paramilitares son ex militares, o que obtenían sus uniformes de militares o ex militares”. Lea el documento 5.



Pero aparentemente no fue sino hasta julio, cuando el diario The New York Times publicó una detallada investigación de la presunta complicidad de militares en la masacre, que la Embajada empezó a tomarse en serio las denuncias. Entre otras cosas, el artículo del Times encontró que fuerzas de la Policía y la Armada colombianas había dejado el pueblo antes de las matanzas y empezaron a montar bloqueos de los caminos para evitar que la ayuda humanitaria llegara. Y de todas maneras no hicieron nada para detener la carnicería paramilitar. Aún así, un memorando del Departamento de Estado elaborado para responder preguntas de la prensa sobre el caso, de nuevo destacaba la captura de los 11 paramilitares como evidencia de que las fuerzas de seguridad habían perseguido a los perpetradores. Lea el documento 6.



“(Una fuente) cree que es probable que el Ejército supo por informes de inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre. Entonces los paramilitares entraron en camiones desde Magdalena, fueron a Ovejas y después siguieron a El Salado…”

La fuente también consideró que los militares “capturaron a los 11 paramilitares por suerte”, y añadió que “los militares fueron atacados en la finca La Esmeralda y luego procedieron a detener a los once paramilitares, después de ganarles”. La nueva información, aparentemente, cambió la visión de las cosas. Ahora para la Embajada la cuestión no era de si los militares habían estado involucrados o no, sino hasta qué grado lo estuvieron.

Las sospechas de la Embajada de Estados Unidos sobre el papel de los militares en El Salado son también evidentes en un cable de agosto de 2000 sobre un informe que había dado a la Embajada el coronel Carlos Sánchez García de la Primera Brigada de Infantería de la Armada. Sánchez defendió las acciones de su unidad, diciendo, entre otras cosas, que los recursos militares eran escasos y que “no tuvieron conocimiento alguno sobre un ataque en El Salado o en sus alrededores”.

Una versión del cable desclasificada en 2001 presenta la explicación del coronel Sánchez por sí sola, sin más análisis. Sin embargo, una versión más completa de este mismo documento desclasificado en 2008, incluye porciones que no habían sido reveladas y que cuestionan la credibilidad del coronel Sánchez:

“Comentario: El coronel Sánchez dijo que su propósito era presentarle a la Embajada con la versión de la Brigada sobre los hechos alrededor de El Salado y disputar las acusaciones hechas en el artículo de julio 14 de The New York Times. Porque el coronel Sánchez fue enviado con este propósito, su informe debe ser tomado con distancia”.

La Embajada también dudó de la afirmación de Sánchez de que su unidad no tenía conocimiento de la incursión paramilitar:

“Es difícil de creer que el pueblo de El Salado no había sido sujeto de amenazas de un ataque antes de la masacre, considerando que el pueblo está situado en un área de gran conflicto”.

A la postre, la cuestión de la posible culpabilidad de los militares en El Salado vino a girar en torno al comandante de Sánchez, el general Rodrigo Quiñonez Cárdenas, un oficial perseguido a lo largo de su carrera por denuncias de presuntos nexos con abusos a los derechos humanos, tráfico de drogas y complicidad con los paramilitares.

En 1994, Quiñones, fue investigado por los asesinatos de más de 50 sindicalistas, periodistas, políticos, defensores de derechos humanos y otras personas en Barrancabermeja, por entonces considerada un bastión de la guerrilla. Fue exonerado por un tribunal militar.

Quiñones no era precisamente un extraño para Estados Unidos. Como director de inteligencia de la Armada a comienzos de los noventa, Quiñones estuvo en frecuente contacto con oficiales estadounidenses, incluyendo una reunión con el Director de Inteligencia de la Armada de Estados Unidos en 1993. Lea el documento 7.



Un esquema biográfico de Quiñones realizado por militares estadounidenses en 1992 describía numerosos detalles sobre sus hábitos personales: “Le gusta leer”, “Dientes-Sí/Naturales”, y anotaba que participaba en “entrenamiento desconocido” en la base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Quantico, Virgina. Lea el documento 8.



Con relación a El Salado, Quiñones ha sostenido siempre que él estaba en Bogotá durante las matanzas y que por tanto no fue responsable de las acciones de la Brigada en ese momento. Por su firme coartada, Quiñones fue solo sancionado por El Salado, lo que lleva a los investigadores de la Comisión de Memoria Histórica a lamentar que no se hayan investigado otras pistas. Se preguntan: ¿Por qué no se miró la información que tuvo a disposición la Brigada en los momentos antes del ataque?

"Si bien es cierto que se encontraba en Bogotá cuando empezó la incursión paramilitar, hacia el día 15 de febrero, y en ese sentido la responsabilidad de las decisiones operacionales en terreno estaban en el Coronel Sánchez García, también es cierto que como Comandante de la Primera Brigada de la Infantería de Marina, el Contraalmirante Quiñones Cárdenas debía conocer de la información que, según la Procuraduría, arribó, en los meses anteriores, a la Primera Brigada sobre las Autodefensas y sobre el riesgo de la población establecida en los Montes de María. Información que, de acuerdo con la evaluación de la Procuraduría, debió haber servido para prevenir la incursión paramilitar, y no solo para contrarrestarla cuando ya se estaba produciendo".

¿Por qué tampoco la investigación judicial indagó sobre la actuación de Quiñones cuando regresó de Bogotá en febrero 18?

El entonces Coronel Quiñones Cárdenas regresó, de Bogotá a su base, el 18 de febrero y era razonable indagar, por tanto, no sólo por su actuación antes y durante la incursión paramilitar, sino también por su actuación después de la incursión.

En todo caso, Quiñones fue ascendido a almirante después de El Salado, y no fue sino hasta 2001, después de las acusaciones de que podía estar involucrado en otro ataque paramilitar, que la Embajada finalmente aumentó su presión sobre este oficial. Son pocos y muy censurados los documentos de la Embajada sobre la masacre de Chengue en agosto de 2001, pero los registros conocidos dejan escasas dudas de que para 2002, la Embajada solicitó que se le revocara la visa al almirante Quiñones y estaba lista para cortar lazos con él.

En abril de 2002 la Embajada pidió que se le quitara la visa pero no por su posible responsabilidad en asesinatos o masacres paramilitares. Más bien fue que el Departamento de Estado usó la única evidencia que estaba dispuesta a presentar: “información indicando que él había recibido pagos de narcotraficantes”, añadiendo así otra más a la larga lista de denuncias contra Quiñones. Lea el documento 9.



La cancelación de su visa terminó la carrera del almirante, un hecho confirmado por la ministra de Defensa de entonces Marta Lucía Ramírez cuando éste anunció su renuncia “voluntaria”. Y aunque realmente nunca la justicia civil lo ha investigado exhaustivamente por las muertes de Barrancabermeja, o por su supuesto rol en las masacres de El Salado o de Chengue, parece claro que el solo número de denuncias en su contra a lo largo de su carrera finalmente forzaron su salida.

Cuando informó sobre su renuncia a Washington, la Embajada anotó que aunque “era problemático establecer la culpa de Quiñones en un caso particular, pero un patrón inequívoco de denuncias similares lo ha seguido casi a todos los lugares donde ha sido comandante de campo”. Lea el documento 10.

El debate real sobre El Salado no es sobre sus autores o su magnitud, sino sobre la cultura de la impunidad que ha evitado una investigación honesta sobre los miembros de la Fuerza Pública que tuvieron nexos con esta masacre. Y a pesar de la importancia de la nueva investigación de la Comisión para la preservación de la memoria histórica, la historia estará incompleta mientras que los militares le nieguen al grupo investigador acceso a sus registros sobre el caso. También Estado Unidos ha sido reacio a desclasificar muchos de sus registros clave sobre la masacre de El Salado. Reiteradas peticiones sobre reportes citados en los documentos presentados aquí han sido bloqueadas por el Pentágono y otras agencias.

Sin acceso a estos archivos, puede que nunca sepamos exactamente qué sabía Estados Unidos sobre la complicidad de militares en la masacre de El Salado o si la masacre tuvo algún impacto en el desarrollo del paquete de ayuda que entonces se estaba dando a las fuerzas de seguridad colombianas. Tampoco sabremos si la tibia respuesta del gobierno de Estados Unidos al caso fue debido a una simple negligencia, a análisis pobres o a un esfuerzo activo para ayudar a encubrir el papel que desempeñaron los militares en la masacres de El Salado.

*El National Security Archive es un instituto de investigaciones y biblioteca independiente y no gubernamental localizado en la Universidad George Washington en la capital de Estados Unidos. El Archivo collecciona and publica documentos desclasificados del gobierno y el Estado sobre la seguridad nacional de Estados Unidos y su papel en los conflictos del mundo, para que esta información sea conocida por el público. Para lograrlo, hacen derechos de petición constantes sobre diversos temas y lo que van logrando que sea desclasificado lo publican en su página virtual.


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28 agosto, 2009

Los Paramilitares utilizan cocodrilos y fieras salvajes para desaparecer a sus victimas

El Nuevo Herald. Colombia. La pasión de los narcotraficantes y otros criminales colombianos por la crianza de ciertos animales no ha sido siempre un modelo de buen corazón sino, por el contrario, de refinada criminalidad.

El reciente hallazgo de un león africano adulto abandonado en la hacienda del narcotraficante y paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco'', autor de más de cinco mil homicidios registrados por la justicia y jefe de un ejército que alcanzó a tener 16 mil hombres en armas, apoya versiones de campesinos entregadas a fiscales sobre víctimas de masacres que no han aparecido porque con ellas habrían alimentado a esa y probablemente otras fieras, incluidos cocodrilos.

El león de "Macaco'', que pronto pasará a un zoológico, vivía en el foso de una hacienda recientemente incautada por la policía en el departamento de Antioquia.

Oficiales del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de Colombia consultados por El Nuevo Herald no descartan la posibilidad de que el animal en verdad haya comido carne humana, pues, como dijo uno de ellos, hay denuncias en distintas regiones del país sobre personas que paramilitares asesinaron y le dieron sus restos "dizque de comer a cocodrilos, tigres y leones''.

La delincuencia colombiana también ha desarrollado técnicas con animales salvajes para trasladarles la culpa de centenares de homicidios. El paramilitar José Gregorio Mangones Lugo, alias "Carlos Tijeras'' le confesó a un fiscal el uso de serpientes cascabel, una de las más venenosas del mundo, para asesinar campesinos.

La justificación para el uso de esta práctica ha sido, según sus propias palabras, esta: "como el Derecho Internacional Humanitario dice que después de tres muertos se habla de masacre, el propósito era que no nos achacaran tantas masacres, entonces utilizábamos las serpientes y estas muertes se contaban como accidentes de la naturaleza''.

De acuerdo con "Carlos Tijeras'', ''había masacres que teníamos que hacer'' y para evitar, por ejemplo, que diez homicidios de personas de una misma parroquia fueran registrados como masacre, los escuadrones de la muerte debían eliminarlos el mismo día pero "de uno en uno, llevándolos a otro lugar distante del primer hecho para que apareciera como otro caso, pero esto era doble trabajo para el personal y recurrimos a las culebras''.

Este método ha sido adicionalmente eficaz, si bien, agregó, "no quería [él] aparecer dando de baja a mucha gente en unas comunidades que ya nos habíamos ganado'', agregó.

Otros tres jefes paramilitares presos en cárceles de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y Bucaramanga, contaron a este periodista en sendas entrevistas que pronto confesarán a la justicia masacres cometidas con serpientes "cascabel y mapaná cuatronarices''.
"Los muertos quedaban como picados por accidente y así murieron muchos'', afirmó uno de los paramilitares que piden no ser identificados antes de las confesiones que harán articuladamente en busca de beneficios judiciales.

En el norteño departamento de Sucre, a finales de 2005 la justicia ocupó, con la ayuda de la Armada Nacional, la finca El Palmar, situada en el municipio de San Onofre, y encontró 72 fosas con restos de cientos de campesinos asesinados por la organización del narcotraficante y líder paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena''.

La hacienda, propiedad de "Cadena'', tenía una laguna que, al parecer, servía de reservorio para el verano y de habitación a "Alfredito'', un arisco caimán de más de seis metros de extensión que supuestamente, de acuerdo con testigos, habría devorado un número indeterminado de personas que "Cadena'' habría lanzado al agua, "vivas y muertas''.

Las denuncias de los campesinos no han sido comprobadas pero no asombran a los investigadores del CTI que se han encargado de verificar los desmanes de este paramilitar, dueño y jefe del ejército "Héroes de los Montes de María''.

Antes de llegar a El Palmar, la justicia ya había ilustrado al menos tres masacres de campesinos que "Cadena'' asesinó, de uno en uno, con un enorme garrote de madera, en las vecindades de San Onofre, Macayepo y Chengue. Por todos, fueron cerca de 50 los muertos, incluida una niña de 6 años que no recibió garrotazos ni sirvió de alimento para "Alfredito'', sino que fue amarrada a un árbol con la cabeza metida entre una bolsa de polietileno cuya embocadura le fue anudada herméticamente al cuello.

Los campesinos que sirvieron de testigos de las masacres les contaron a los investigadores que ‘‘Cadena'' llamaba a su mazo "La Mona'' y lo acariciaba con devoción antes de usarlo. Con los mismos sentimientos, decían, se refería a "Alfredito'', el caimán que supuestamente era alimentado con humanos y habitaba la laguna de El Palmar con otros cocodrilos que, al parecer, continúan allí.

Actualmente, "Cadena'' está desaparecido y las versiones inciertas sobre su suerte se refieren a que estaría muerto o huyendo en territorio de Venezuela.

El uso y crianza de fieras y bestias exóticas para delinquir no es novedoso entre los narcotraficantes colombianos.

Por ejemplo, Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano” y el clan de los hermanos Ochoa Vásquez (José Luis, Juan David y Fabio) en los años 80 llenaron algunas de sus haciendas con rinocerontes, jirafas, hipopótamos, elefantes y fieras rapaces asiáticas y africanas.

Muchos de esos animales vagaban en relativa libertad y la primera hipótesis sobre la afición de los narcotraficantes por esos animales la ofreció el legendario jefe de la policía antinarcóticos g eneral Jaime Ramírez Gómez, asesinado por el primigenio cartel de la cocaína de Medellín, liderado por Escobar, “El Mexicano” y los Ochoa.

Ramírez había descubierto que los grandes embarques de cocaína eran impregnados con excrementos de las enormes bestias porque su hedor, creían los traficantes, asustaba a los perros antinarcóticos de puertos y aeropuertos. Esta creencia terminó por ser desmentida. De todas las enormes bestias importadas por los narcotraficantes solamente han sobrevivido en libertad los hipopótamos que Escobar compró, entre 1981 y 1983, en los zoológicos estadounidenses de C heyenne, Sandiego, Oklaoma, Kansas y Bokkfield.

Todos los animales los liberó en su hacienda Nápoles, en el centro del país, cuya extensión tenía nueve veces el tamaño del Central Park de Nueva York.

Tras la muerte del narcotraficante y el derrumbe de su imperio, alrededor de once hipopótamos descendientes de los primeros desaparecieron andando por su cuenta a lo largo de ciénagas y ríos del centro de Colombia, donde el clima tropical, la vegetación y la humedad les brindan un habitad ideal.

Un macho de cinco toneladas y una hembra con su cría, por ejemplo, en diciembre pasado fueron ubicados en inmediaciones de Bodegas, zona silvestre del municipio de Puerto Berrío. Los tres animales deambulan por una región de 20 kilómetros cuadrados de la cuenca del río Bartolo, tributario del Magdalena, que atraviesa la mitad de Colombia hasta desembocar en el mar Caribe.

Los hipopótamos, cuyos colmillos superan los 50 centímetros cada uno y su mordida genera 500 kilos de presión por pulgada, son las bestias silvestres que más humanos matan cada año en Africa: cerca de 30. En Colombia, sin embargo, solamente se sabe de una persona muerta por uno de estos animales que, en los años 80, salió de la hacienda La Veracruz, de los Ochoa, distante 50 kilómetros de Barranquilla, y mientras entraba al pueblo de Repelón bamboleando su barriga, desnucó una niña al oprimirla contra una pared.

Los que hoy vagan libres son buscados por autoridades ambientales para llevarlos a zoológicos antes de que se agudicen las disputas que sostienen con pescadores artesanales a los que atacan en ríos y ciénagas.



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27 agosto, 2009

“En Puerto Boyacá la verdad está enterrada”: Botalón

Verdad Abierta. Puerto Boyacá era célebre porque a la entrada del municipio se podía ver una valla en la que se leía que ésta era la capital "antisubversiva" de Colombia. Allí, Arnubio Triana conocido como ‘Botalón’, se convirtió, desde 1994, en el jefe de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá.

En este municipio de Boyacá se gestó un modelo de paramilitarismo que dejó, en más de tres décadas de violencia, alrededor de cinco mil víctimas, entre líderes campesinos, militantes de la Unión Patriótica, maestros, sindicalistas, mujeres y niños.

El grupo paramilitar de 742 hombres que se desmovilizó junto a ‘Botalón’ el 28 de enero de 2006, fue la herencia de los grupos paramilitares nacidos en los ochenta en el Magdalena Medio. Los primeros ‘paras’ de esa región fueron comandados por Gonzalo y Henry de Jesús Pérez y luego por el oficial del Ejército Luis Antonio Meneses alias ‘Ariel Otero’, y se desmovilizaron en diciembre de 1991 (Ver artículo). También ya es público que estos paramilitares tuvieron a varios miembros de las fuerzas militares como cómplices y que se sabe que fueron entrenados por mercenarios israelíes como Yair Klein.

Desde la cárcel de Itaguí, 'Botalón', quien fue jefe desde 1994 de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, le contó a Verdad Abierta su versión de la historia del modelo paramilitar que intentaron implantar los paramilitares en esa región.

'Botalón' dirigió un grupo de diez frentes que delinquieron en Puerto Boyacá (Boyacá) y en municipios de Santander como Cimitarra, Puerto Parra, Landazuri, Bolívar, El Peñón, El Carmen y San Vicente de Chucurí, con la pretensión de estar combatiendo a la guerrilla.

Este paramilitar nacido en Yacopí (Cundinamarca) en 1967, estuvo acompañado durante la entrevista por alias 'Lucho', Orlando de Jesús Arboleda, quien dice haber sido “jefe político” de este grupo paramilitar.

Sus inicios en las Autodefensas del Magdalena Medio
Verdad Abierta: ¿Cómo fue su inicio de las Autodefensas en el Magdalena Medio?
Botalón: Nací en Cundinamarca, en Yacopí, en 1964, y mis padres me trajeron muy pequeñito a Cimitarra, Santander.

Con mi familia estuvimos toda la vida en el campo. Y entonces nos encontramos con ese problema de guerrilla y de autodefensas. Andábamos en el medio del conflicto.

¿Qué nos tocó hacer? Uno no se podía quedar neutro en su zona, había dos grupos y uno tenía que coger para alguno de los dos lados para poder salvar la vida.

Nosotros éramos cuatro hermanos, entonces nos infundieron a todos que teníamos irnos por la guerrilla y listo. Yo decidí irme para las autodefensas para poder salvar mi familia. Empecé como escopetero en una vereda de Cimitarra, en 1986.

Allí había un comandante que era Manuel Basabe, puesto por Henry y Gonzalo Pérez. Con él nos organizamos como escopeteros. En 1988 decidí ingresar directamente a las filas. Me fui a una escuela de formación de las Autodefensas que tenía Gonzalo Pérez que se llamaba la ‘01’. En los cursos enseñaban cuál era el objetivo de ser autodefensa, por qué combatir a la guerrilla. Era una formación militar y política.

En esa escuela hice un curso de dos meses. De ahí me sacaron para unos pueblitos, uno llamado Puerto Romero, en donde debía acompañar a un líder que había en esa zona. Sólo duré 15 días porque me trasladaron para el pueblito en donde me crié, San Fernando (Cimitarra, Santander).

Nosotros éramos tres o cuatro muchachos que contestábamos un radio y acompañábamos al comandante, quien controlaba la zona y le reportaba a Henry Pérez, y él a su vez le enviaba instrucciones. Se hacían reuniones con las comunidades y se entrenaba gente. En ese pueblo estuve hasta la desmovilización de 1991.

VA: ¿Y cómo fue el proceso de desmovilización?
B: Muere Gonzalo Pérez y luego Henry Pérez, entonces la organización queda en cabeza de ‘Ariel Otero’, un ex oficial del Ejército. Cuando nos damos cuenta Otero organiza con el gobierno Gaviria la desmovilización. Entonces nos ordenan presentarnos para desmovilizarnos. Uno acostumbrado a cumplir órdenes aceptó, mandaron unas camionetas y nos recogieron.

Llegamos a Puerto Boyacá en diciembre del 91. Llevamos las escopetas que teníamos allá y a mí me llevaron al puesto de policía de Puerto Boyacá. Entonces una señora gringa nos empezó a investigar. ¿Qué cuando habíamos ingresado?, etcétera.

Llegaron autodefensas de todo el país, llegaba gente de Cundinamarca, de Antioquia, de Caquetá, de Caucasia, a entregar las armas.. Me acuerdo mucho que donde uno entregaba el arma, allí estaba la Policía.

Como a los ocho días ‘Ariel Otero’ me dio 300.000 pesos y yo arranque con mi papá, mi señora y mi hijo a seguir laborando en lo que yo sabía: la ganadería. Y vuelvo a San Fernando (Cimitarra) a trabajar en la finca del esposo de una tía.

En Puerto Boyacá se quedó ‘Ariel Otero’ con algunos ex comandantes. Desde 1991 empiezan a matar comandantes como ‘El Zarco’ y ‘Santomano’ y entonces queda al mando un paramilitar que se conoció como ‘Policía’ (Domingo Bohórquez).

Al tiempo me encontré con ex compañeros que estaban trabajando con ‘Policía’. Entonces en una oportunidad, ‘Policía’ me pidió un favor y empecé a colaborar con ellos. Luego muere ‘Policía’ y estos muchachos me llaman y me dicen: "‘Botalón’, como usted nos conoce y nos ayuda, oriéntenos". Entonces ahí empecé a orientar a estos muchachos y a conformar la gente. Había que unirla. Y es donde nace mi nombre como comandante de las autodefensas. Eso fue en marzo o abril de 1994.

La autodefensas de 'Botalón'
VA: ¿Por qué vuelven a renacer las Autodefensas?
B: Porque estos muchachos quedan volando y a la deriva. Además había un grupo de guerrilla que venía avanzando y nosotros no queríamos volver a tener guerrilla.

Organizo Puerto Boyacá, donde ‘Policía’ ya tenía gente, y también en sitios como San Fernardo, Puerto Eladio. Le puse la cara. Fue muy difícil porque entonces me encontré con el problema de Jairo Correa Alzate(reconocido narcotraficante del Magdalena Medio) quien tenía un sector dominado y el de Ramón Isaza que tenía problemas con la gente de Puerto Boyacá. Fui como un mediador. Me costó mucho trabajo pero lo logré. Acuérdese que en ese momento todo comandante que llegaba se moría.
VA: ¿Cómo fueron esos años de reorganización?
B: En la zona habían quedado unas costumbres, a los ganaderos les habían impuesto unas cuotas obligatorias y volví a recoger esa cuota. Hablar con ellos, me costó mucho trabajo, pero cambió cuando ellos vieron que hice el trabajo que tenía que hacer. Se pararon los problemas, no más muertos y más tranquilidad. Defendimos el territorio y peleamos con la guerrilla. Por ejemplo, empecé a pelear en sitios como el río Carare, en municipios como Landázuri, El Peñón y Bolívar (Santander).

VA: ¿De dónde viene el nombre de ‘Botalón’?
B: Me lo puso Manuel Basabe, un ganadero de la región que ya murió. Un día nos llamó a un establo, a formar por orden de estatura y yo era el primero. Entonces hay unas personas más altas que mi persona(sic), entonces el viejo me dice: "usted parece un botalón" (poste clavado en el suelo en el que se ata a los animales) y ahí nació el apodo.

VA: ¿Y qué pasó con Ramón Isaza?
B: El mismo me contó su historia. A él lo llama ‘Ariel Otero’ y le dice que le va a dar un permiso porque no tiene, pero antes de que se diera cuenta ya le habían recogido las armas que 'Don Ramón' tenía en La Merced (Puerto Triunfo, Antioquia). Pero tengo entendido que 'don Ramón' no se desmovilizó en Puerto Boyacá. Él se abre y comienza a correrle(pelear) a la gente de Puerto Boyacá, en ese caso a Ariel y con la de Pablo Escobar. Entonces vuelve, nace y se organiza otra vez como autodefensa. Cuando organizo mis hombres con los que me desmovilicé, sabía que Ramón en su zona.

Y le debo respeto porque es un señor muy antiguo en las autodefensas, pero lo mío fue aparte. En esa época yo me reunía con él, me daba consejos, pero su organización fue aparte de la mía, éramos vecinos.

VA: ¿Y ‘El Águila’?
B: Con 'El Águila' limitaba por el Río Negrito. Del río para allá subía hasta Río Negro, me subía por Puerto Romero. Entonces ya sabíamos los límites de la organización de 'Don Ramón', la organización del ‘Águila’ y la mía. Después llegó el Bloque Central Bolívar. Y esos eran los bloques con los que limitaba.

VA: ¿En esos inicios de que más se financiaban?
B: Nosotros seguimos con las mismas costumbres que tenia la organización vieja. Sabíamos que Henry Pérez le había puesto una cuota por hectárea a los ganaderos. Esa cuota no era voluntaria, era obligada. Los ganaderos vieron que me estaba organizando y que me puse a conciliar, para los cobros delegue a algunas personas. La cuota obligatoria de 7 mil pesos por hectárea. Recogíamos 250 millones de pesos anuales.

Con esto convivimos un poco de tiempo. Eso fue hasta 1998-1999. Luego tuve un problema con Correa Alzate quien tenía como uno de sus negocios el hurto de combustible y laboratorios en la zona. La gente pensaba que yo lo estaba haciendo y me tocó hablar con él, a través de un muchacho que le decían 'Media Vida'. Me les pare como durito, como a pelear con ellos, entonces aflojaron.

A finales de 1998 o 1999 necesito más hombres porque lo que me daban los ganaderos no me alcanzaba. De 40 paso a tener 80 hombres.

VA: ¿Y cómo hizo para sostener esa tropa?
B: En la organización nos enseñaron que cuando entraba un hombre a las autodefensas teníamos que darle una bonificación. Mensualmente se pagaba una plata, era como una nómina. Para pagar 80 muchachos tiene que buscar la plata y fue así como empezamos a robar combustible –a finales de los 90-, lo habíamos aprendido de Correa.

A medida que crecimos íbamos financiándonos, entonces les cobrábamos un porcentaje a los contratistas de las empresas (petroleras). también le cobrarmos a los laboratorios(de coca).

Alias `Lucho’: El presupuesto que uno calculaba iba entre 800 mil y millón y medio de pesos mensual por sostener un hombre en pie de guerra.

B: Entonces ya íbamos comprando fusiles, organizándonos más y mirando la forma como financiarnos, a quien cobrarle más.

L: El robo de combustible fue el fuerte de la financiación de las autodefensas del Magdalena Medio. Si bien ya no había una presencia activa de la guerrilla, se necesitaba sostener lo que ya se tenía. Es decir había un trabajo social y presencia de patrullas cuidando que la guerrilla no se pasara.

VA: ¿Y cómo le cobraban a las empresas contratistas?
B: El contratista que llegaba a la zona era abordado por unas personas delegadas que les decían: "si ustedes están en los Llanos o en alguna zona de guerrilla, tiene que aportar primero una plata para poder trabajar". Acá es lo contrario, nosotros hace rato peleamos contra el enemigo que es la guerrilla y acá hay autodefensas, colabórenos con algo.

L: ¿La guerrilla que hace en una zona? Si la economía de la zona es narcotráfico, se benefician del narcotráfico; si es ganadería se benefician de la ganadería; si es la minería se benefician de la minería; las mismas prácticas teníamos que implementar nosotros, porque éramos una organización ilegal al margen de la ley. Entonces si llegaba un contratista lo mismo. Tenemos que aceptar que era una extorsión para la gente. Un contratista de Ecopetrol hacia un contrato de 100 o 200 millones de pesos, con un margen de ganancia de cuarenta o cincuenta millones. Entonces le decíamos: "Aquí se le está brindando seguridad, entonces pague un impuesto de guerra".
Nosotros éramos como un Estado dentro del Estado y teníamos nuestras leyes.

VA: ¿Y se apropiaron de recursos públicos?
L: Nunca participamos de los presupuestos de las alcaldías o gobernaciones. Ni apoyamos con plata a políticos, pero si velábamos que no se robaran la plata de los presupuestos: que en el plan de gobierno y en los planes de desarrollo prometían a la comunidad un puente, tenían que cumplirle a la comunidad. Pero siempre se le dio libertad a la gente de votar por quien quisiera y a la hora que quisiera.

VA: ¿había vínculos de las autodefensas con la Fuerza Pública?
B: Allá en Puerto Boyacá, nuestras relaciones con la fuerza pública eran distintas. Yo jugaba futbol con unos policías. Pero, ¿Quién era ‘Botalón’?: ‘Botalón’ era uno más del pueblo. Le pongo un ejemplo para explicarle como nos movíamos en ese campo: ‘Lucho’ unos de los comandantes del frente Velandia tenía que movilizarse por esas zonas, pero ‘Lucho’ andaba de civil, tenía su arma, la cargaba con papeles y salía de Puerto Boyacá y vivía en puerto Boyacá y todo el mundo allá sabía que era de las autodefensas pero no tenía ningún requerimiento, ni nosotros teníamos que darlo. Nosotros no teníamos orden de captura, nosotros no andábamos con un camuflado encima, entonces nosotros hacíamos este tipo de trabajo y no teníamos necesidad de hacer convenios con ellos.

L: El frente Velandia se enfocaba a lo social y a lo político. ¿Qué necesidad teníamos nosotros de ir a coordinar con un Coronel o con un teniente un trabajo social con la comunidad? Es muy posible que el Ejército supiera que en El Marfil habían autodefensas, pero si iban lo único que encontraban era un montón de gente civil, trabajando por las comunidades, organizando escuelas, organizando bazares para pintar una escuela, para celebrar el día de los niños, para celebrar el día de la madre.

Durante el tiempo que fui autodefensas, nunca tuve una orden de captura. Es más, aquí estoy recluido sin tener una orden de captura, vine y me presente voluntariamente. A 'Botalón' le legalizaron la captura tres meses después luego de haberse presentado voluntariamente, no sabían ni si quiera el nombre, ni siquiera como se llamaba.

B: Es muy posible que tengamos unos comandantes de algunas áreas que en sus versiones si van a tener que hablar de este tema.




La segunda desmovilización
VA: ¿Qué pasa cuando Carlos Castaño crea las Auc en 1997?
B: Carlos Castaño nos invitó, pero fue una invitación política, para darle una presentación en el papel a nivel nacional, así se crean las Autodefensas Unidas. Pero siempre he dicho que eso fue en papel porque a mí Carlos Castaño nunca me dio una orden. Nos invitó a que hiciéramos parte de las Auc y nosotros no nos podíamos sentir ajenos a las Autodefensas Unidas de Colombia.

VA: ¿Se adhirieron a las Auc, pero no recibieron órdenes de Castaño?
B: Nunca. Era el señor más respetado y el comandante de las Auc a nivel nacional y respetábamos sus políticas y sus ideas, pero que el dijera ‘Botalón’ haga esto o aquello, no. Recibíamos directrices de él porque eran de las Auc, pero en este caso el comandante de este bloque fui yo.

Las únicas ordenes que dio fue como en el 2000 o 2002 porque habían unos grupos de autodefensa pequeñitos, unos frentes, que bregáramos a que se adhirieran a algún bloque. Luego, cuando se habló de sacar a un Senador, que votáramos todos, fue una orden a nivel nacional. En este caso no es desconocido: el dijo "que las Auc apoyáramos a un candidato al Senado". No eran órdenes, eran como directrices que el mandaba y cada institución era libre de tomar las decisiones.

VA: ¿Y cómo se empieza a pensar en la desmovilización?
B: La idea de la desmovilización fue un proyecto del gobierno nacional, por medio de los Castaño y por medio de la invitación que nos hicieron. Que teníamos que sentarnos a un cese de hostilidades y a un acuerdo con el gobierno. Entonces nosotros comenzamos en el sitio de concentración que era Ralito y nosotros no nos sentimos ajenos a eso.

L: en un principio la etapa de acercamiento se le encargo al comandante Álvaro Sepúlveda, a mí y a una comisión, ya que por seguridad 'Botalón' no se desplazaba. Empezamos a subir a las reuniones a principios del 2003, al tiempo con los acercamientos con el gobierno. Todos los grupos de autodefensa y nosotros no podíamos ser la excepción. Ya cuando se sentaron a dialogar las autodefensas con el gobierno y que se crea la zona de Santa Fe de Ralito, el comandante ‘Botalón’ empezó a asistir a las negociaciones.

B: Entonces me iba para Ralito y le pedía el permiso al señor comisionado y le decía que tenía que viajar a la zona a reunirme con mis tropas para irlos preparando para desmovilización. No fue fácil: llegaba a la zona y me quedaba quince días trabajando con las tropas diciéndoles del proyecto con el gobierno, animándolos, me gaste como unos tres años. Así fue como tratamos de convencer a todos esos hombres que han sido de generaciones de autodefensas y que en el pasado se había sentido traicionados. Pero mirando la historia de la desmovilización y de la lucha, nosotros no fuimos vencidos.

VA: ¿Y cuando se conocerá la verdad sobre las autodefensas en Puerto Boyacá?
B: Puerto Boyacá tiene una historia muy grande. Esa verdad está enterrada, porque lo que pasó en Puerto Boyacá, la historia de Gonzalo Pérez, Henry Pérez y sus comandantes no podemos saberla. Entonces nosotros solo éramos patrulleros.

Hoy en día nos preguntan en nuestras versiones: si nosotros sabemos de eso. En ese entonces le teníamos mucho respeto a Henry, respeto y miedo, porque uno para llegar a que un señor de esos le diera una orden era muy difícil, casi ni el saludo. Entonces, en la actualidad, hay muchas víctimas que le preguntan a uno si sabe cosas de ese entonces. Que bueno saberlas para poderlas contar. Pero las víctimas no le creen a uno, ellos creen que uno sabe todo lo que hizo Henry y no es verdad. Porque él tenía sus hombres en unas zonas, y además él me mando por allá a esos sitios que le estoy diciendo y de los cuales tengo pruebas.

Desde 1994 hasta la fecha de la desmovilización estoy contando lo que hicimos, mis responsabilidades, mis obligaciones, las órdenes que di. Entonces se le hace a uno muy difícil contestarles unas preguntas a las víctimas. Que bueno que lo pudieran saber. Por eso digo que la verdad histórica de Puerto Boyacá está enterrada, porque estos señores están muertos.

VA: ¿Cómo se mantuvo tanto tiempo al frente de las autodefensas de Puerto Boyacá?
B: Me puse organicé para pelear con el enemigo contra, no me puse a hacer otras cosas. Cuando me desmovilizo y me entrego a la autoridad duré tres meses sin orden de captura. Estaba por Puerto Boyacá, hacia deportes, pero ni tenía orden de captura, ni usaba uniforme militar, ni cargaba fusil, y andaba con pistolas con papeles. Entonces la Fiscalía dice ahora que nosotros hacíamos control social. Nosotros sí queremos aportarle a este compromiso que hicimos con la paz de Colombia, pero a veces no lo entienden. Creo que cuando vayamos avanzando en ese camino, contando la historia y haciéndole ver que estamos contándoles la verdad y con ese compromiso nos desmovilizamos.

VA: ¿Y cómo ha avanzando la construcción de la verdad dentro del proceso de Justicia y Paz?
B: Acá estamos dando la cara, diciéndole al país quiénes somos, quiénes fuimos, qué hicimos, qué no hicimos, pero acá la verdad la tenemos nosotros. Pero hay mucha gente diciendo cosas que nosotros no hicimos. Nos hemos venido preparando y ahí estamos esperando el llamado de la justicia, a todos los hombres que yo desmovilicé, a los que tienen delitos y vamos avanzando en ese camino. No hemos avanzado mucho en las versiones libre porque nos han cambiado ya tres fiscales.

VA: ¿Qué tanta verdad necesita el país?
B: Con la que nosotros estamos comprometidos que es a contar la historia de nuestro Bloque y satisfacer las víctimas. Porque si nosotros nos hemos llevado un montón de gente por x o y motivos, pues contarles a esas victimas la verdad, decirles si fuimos nosotros.

L: La gente perdona pero no olvida. Tiene que haber una verdad y el país necesita entender y conocer que es lo que ha pasado en este conflicto. Y no solamente la verdad de las autodefensas, tiene que saber la verdad de la guerrilla y tienen que saber la verdad de algunos militares que también han incurrido en delitos.

VA: ¿Arnubio Triana ‘Botalón’, se arrepiente de algo?
B: Me arrepiento que el destino me haya traído a esta guerra que no es mía. Yo pienso que la negociación no era para que estuviéramos en la cárcel porque bien o mal en la historia del país hay muchos grupos de guerrilla en el país que se desmovilizaron y no entregaron nada y no están cumpliendo con los requisitos exigidos, y los nombran dizque gestores de paz.
Yo de lo que me arrepiento es de haber pertenecido a una autodefensa y de haberle servido mucho al país y que le vengan a pagar de esta forma a uno.
Ya hemos estado pidiendo perdón a todas las víctimas y a todas las personas que les hicimos daño pero que entiendan que esta guerra no fue de nosotros, nos toco este camino y tratamos de hacer lo mejor, con todos los errores que hemos cometido, pero tratamos de brindarle mucha seguridad a las zonas, se valorizaron las tierras, generamos unos empleos en esas zonas, porque son zonas ricas y ojala y Dios quiera que el gobierno no deje retomar eso de las guerrillas, porque yo creo que hasta aquí llegamos nosotros y ojala el gobierno nos cumpla.





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26 agosto, 2009

Masacrados 12 Indígenas AWA, 5 de las victimas eran niños

El Tiempo. La masacre fue perpetrada por 10 hombres armados que dispararon contra 2 casas de la vereda El Rosario, corregimiento de Guayacán (Tumaco). Gobierno ofrece $100 millones por los responsables.
A su vez, la Gobernación de Nariño ofreció también una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita la captura de los criminales. En 2009 han asesinado a 36 integrantes de esta comunidad.

Los hechos se registraron a las 5 de la madrugada de este miércoles cuando varios hombres armados y encapuchados que vestían prendas militares llegaron hasta las vivienda de los indígenas. Según las versiones que manejan las autoridades, los hombres dispararon indiscriminadamente, causando la muerte a cinco hombres, dos mujeres, dos niñas, dos niños y un bebé.

Según la información suministrada a EL TIEMPO por Gabriel Bisbicus, presidente de la Unidad Indígena del Pueblo Awá, Unipa, entre los asesinados dos hijos Tulia García, quien también murió y cuyo esposo Gonzalo Rodríguez, corrió la misma suerte el 23 de mayo de 2009.

El dirigente confirmó que los hechos se registraron en el Resguardo indígena Gran Rosario, en jurisdicción del municipio de Tumaco, Costa Pacífica de Nariño.

Bisbicus tras denunciar que todos los actos de violencia apuntan a un exterminio del pueblo Awá por fuerzas oscuras con la complacencia de los organismos de seguridad del Estado, dijo que en las primeras horas de mañana una comisión de la organización indígena se desplazará hasta la zona con el fin de iniciar una investigación que permita establecer los autores de este nuevo crimen, "porque la verdad nosotros no confiamos en las averiguaciones de los organismos competentes ya que hasta ahora nada se ha aclarado sobre los asesinatos de nuestros compañeros ocurridos a lo largo de este año", añadió.

Por su parte, Luis Fernando Arias, secretario general de la Organización Nacional Indígena, ONIC, dijo que dos personas resultaron heridas, entre ellas el hijo del gobernador del resguardo quien recibió un impacto de bala en su brazo.

El dirigente demandó de las autoridades regionales, de los organismos defensores de derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo brindar el acompañamiento humanitario a los familiares y demás miembros de la comunidad, al tiempo que reclamó la protección a la vida de los integrantes del pueblo Awá.

El pasado 18 de julio en el mismo resguardo indígena los esposos Gonzalo Paí y María Pascal, de 40 y 46 años de edad, respectivamente, fueron asesinados, dejando huérfanos a cinco menores de 12 años. La mujer se encontraba en estado de embarazo.

Igualmente, el 4 de febrero del presente año en el resguardo indígena Tortugaña-Telembí, del municipio de Barbacoas, las Farc habían asesinado a 17 miembros de esta comunidad, de los cuales 8 cuerpos fueron recuperados en la minga humanitaria efectuada entre el 23 y 31 de marzo.

El gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, tras calificar el hecho como una "salvajada", afirmó que no hay claridad sobre los autores del crimen.

"El gobierno nacional ha ofrecido 100 millones de pesos por la información que conduzca a la captura de los responsables, la gobernación de Nariño se suma con un ofrecimiento de 30 millones adicionales", añadió.

El mandatario seccional lamentó que este acto de violencia se haya presentado precisamente cuando en Pasto se desarrolla el Primer Encuentro Internacional de Culturas Andinas, y anunció que en el lugar se encuentran miembros de la Policía Nacional, Policía Judicial y Fiscalía.
"Ellos llegaron allá, nos han confirmado la información y es una zona donde operan todos los grupos armados ilegales, hay cultivos de uso ilícito", agregó y señaló que el gobierno departamental ejercerá toda la presión del caso para que los crímenes contra el pueblo Awá se aclaren. "Sea quien sea el responsable esto se tiene aclarar", anotó.

Según el registro de la Unipa, en lo que va corrido del presente año suman 36 los indígenas Awá asesinados en el departamento de Nariño.




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18 agosto, 2009

La Masacre de Mapiripam 12 años de Impunidad

Mesa Homenaje a Mapiripan. Cinco días de terror, cinco días de tortura física y psicológica, cinco días de desapariciones de cadáveres, donde solo el Río Guaviare fue testigo mudo y los escondió para siempre en el seno de sus pardas aguas

Luis Eduardo

Hasta allí llegaron los esfuerzos, los sueños y las ilusiones de 49 víctimas de esta terrible masacre. Hasta ahí llegaron los sueños y las ilusiones de las madres viudas, los huérfanos; hasta ahí llegaron los sueños y las ilusiones de cientos de campesinos aterrorizados por la guerra sucia y el terrorismo de estado
En nombre de las 49 víctimas, tenemos que rememorar a ENRIQUE PINZÓ LÓPEZ, nacido en la vereda Cristales, Hijo de la señora Teresa López Triana y el señor Enrique Pinzón Reina, joven al cual le fueron cortados sus sueños y esperanzas.
Seguiremos recordando, a JAIME RIAÑO COLORADO, Nacido en la Vereda la Cristalina de Mapirípan, tambien le truncaron sus sueños y sus aficiones de joven: la pesca y el deporte.
Recordaremos siempre, como a todos los demás, a JORGE PINZÓN LÓPEZ, tambien hijo de Teresa López Triana y Enrique Pinzón Reina, otro sueño, otra ilusión joven que se apagó: la afición al Micro-fútbol y la vaquería que es propia del llanero.
Otro miembro de la familia Pinzón Triana, esta vez se trata del hijo número seis: JOSÉ ALBERTO, otra víctima de esta brutal masacre, que aun siendo tan jovencito no le respetaron la vida y le cortaron el derecho a soñar, el derecho al deporte y el ingenio para hacer embarcaciones, destinadas a la navegación.
Y seguimos recordando a la familia Pinzón López, esta vez se trata del quinto hijo: LUIS EDUARDO otra víctima, reconocido por su afición a la navegación, la pesca y el micro-fútbol, dedicado tambien a la agricultura en la finca Patrimonial y tambien fue asesinado, sin ninguna compasión.
GUSTAVO CAICEDO RODRIGUES, como las demás víctimas, dejaron al partir, por causa de este crimen masivo, viudas y huérfanos y esta vez le toco a Mariela Contreras, asumir el dolor, que han asumido miles de esposas y madres, por culpa del terrorismo de Estado.
DIEGO ARMANDO MARTINEZ CONTRERAS: esta vez, se trató de un niño adolecente, de 15 años de edad, su ilusión de estudiante, era, llegar a ser Doctor o Ingeniero, todos estos sueños desaparecieron junto con su cuerpo, ya que los padres jamás lo pudieron encontrar para darle sepultura.
HUGO FERNANDO MARTINEZ CONTRERAS, otro hermano del anterior, nacido el 27 de febrero de 1.981, solo con 16 años de edad, recibió la cuota que nos depara la famosa seguridad Nacional, que hoy llaman “seguridad democrática”.
SINAI BLANCO SANTAMARIA, nació el 13 de diciembre de 1.940, hijo de Sinaí Blanco y su madre Eduviges Santamaría, la víctima de esta masacre, era esposo de Nory Giraldo, otra viuda más con cinco huérfanos, de estos terroristas, que fueron en buena parte la base de los votos del señor Uribe Vélez.
A los anteriores crímenes, lo sumamos, el de ANTONIO MARIA BARRERA, apodado cariñosamente “Catumare” que en lengua Indígena, se refiere a un cargador construido de bejuco, llamado tripa de perro, que se coloca en la espalda y sirve para cargar bultos de yuca o plátano etc.
ROLANDO VALENCIA
ALVARO TOVAR
ESWIN MORALES
MANUEL AREVALO, Tambien se conoce que un piloto aéreo, de nombre Juan Manuel Ortiz Matamoros y Gustavo Alonso Hincapié Restrepo, Inspector Fluvial de San José, fueron asesinados en este plan macabro.
Estos últimos, tambien son parte de las 49 Víctimas que se han podido contabilizar en esta arremetida paramilitar y que nos concita a todos los colombianos y especialmente a nosotros los desplazados y a los que aun soportan con coraje y valentía, las inclemencias de la represión de las fuerzas del estado y el paramilitarismo, a que mantengamos viva la memoria de estos hechos y continuemos exigiendo justicia y no más impunidad.

Luis Eduardo....

Sitio web de la MESA DE TRABAJO
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE MAPIRIPÁN
12 años de impunidad
1997- 2009





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12 agosto, 2009

'HH' pagó para acusar a las Farc de masacre de San José de Apartado

Verdad Abierta. Ever Velosa García, alias de HH, pagó para que testigos falsos encubrieran a las Auc y señalaran a las Farc como responsables de la masacre de ocho personas cometida en febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Los testimonios fueron utilizados por la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, Antioquia.
La versión de 'HH' fue recogida por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación adscritos a la Dirección Nacional de Investigaciones en una diligencia de declaración rendida el 22 de mayo de 2008 en Medellín y a cuyo documento tuvo acceso Verdad Abierta.

En esa declaración, este ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien estuvo al frente de los bloques Bananeros en esa región de Antioquia y del Calima en el Valle de Cauca, aseguró que el dinero se lo entregó personalmente al entonces coronel Néstor Iván Duque López, comandante en ese año del batallón Bejarano Muñoz para que pagara a los testigos.

Las declaraciones de este ex jefe paramilitar, extraditado el 6 de marzo de este año a Estados Unidos para que respondiera por cargos de narcotráfico, fueron trasladadas el pasado 24 de junio, mediante Auto N° 585 proferido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, al proceso disciplinario N° 155-118150-05, que está a cargo del Despacho del señor Procurador General de la Nación y en el cual se investigan a varios miembros del Ejército comprometidos en la masacre.

Hasta el momento, afrontan pliego de cargos dos tenientes, dos capitanes y otros seis suboficiales adscritos a la Brigada XVII. Además, varios de ellos han sido cobijados con medida de aseguramiento y uno más se acogió a sentencia anticipada.

Ante los investigadores del Ministerio Público, Velosa García aseguró que la última vez que habló con el oficial Duque López fue en 2005, en el Centro de Referencia del municipio de Turbo, donde se reunían los desmovilizados de las Auc para recibir asistencia del Gobierno Nacional.

“En esa ocasión, fue con un poco de papeles y me dijo que se estaba defendiendo de unas denuncias de San José de Apartadó y me pidió el favor que le regalara dos millones de pesos para darle a unos testigos que iba a presentar sobre la masacre de San José de Apartadó”, le narró Velosa García a los agentes de la Procuraduría. De acuerdo a sus explicaciones, ambos estaban solos en una oficina del Centro de Referencia y fue allí donde le dio el dinero.

“Me dijo que la plata era para dársela a unos testigos desmovilizados de las Farc que iban a declarar a Bogotá y que iban a decir que la masacre de San José de Apartadó la habían cometido las Farc, no recuerdo para qué mes del 2005, pero lo que sí recuerdo es que eso fue en ese año”.

Durante el 21 y el 22 de febrero de 2005, un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, 'Don Berna', protegidos por miembros de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 adscrita a la Brigada XVII del Ejército, asesinó a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra, de 11 años; Natalia Tuberquia, de 5 años, y Santiago Tuberquia, de apenas 21 meses de edad. Todos fueron desmembrados y enterrados en una fosa común.

La masacre causó gran impacto nacional e internacional porque la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida como tal desde el 23 de marzo de 1997 con el ánimo de mantenerse neutral en el conflicto, tiene medidas cautelares y provisionales impuestas al Estado colombiano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero 'HH' no sólo se refirió a la entrega del dinero. En su declaración, dejó claro que había una estrecha relación de las Auc con este coronel de la Brigada XVII del Ejército: “Duque era un colaborador nuestro en la zona de Urabá con quien coordinábamos y le presentábamos guías”, indicó Velosa García y precisó que él y algunos de sus mandos medios se reunían con el oficial en la finca La Florida, cerca al corregimiento Currulao, de Turbo, para coordinar movimientos de tropas, tanto de las Auc como del Ejército.

Incluso, en su declaración, 'HH' narró que a dos de sus hombres más cercanos, Miguel Ángel Serrano, alias 'Megateo', y Carlos Vásquez, 'Cepillo', el coronel Duque les había solicitado que asesinaran a Adriano José Cano, 'Melaza', porque en medio de una borrachera había dicho que sabía quiénes habían hecho la masacre de San José de Apartadó en La Resbalosa.

“Yo les dije que si lo hacían los denunciaba y hablé con el Comisario de la OEA, doctor Gustavo Pita, y le informé lo que estaba sucediendo”, indicó Velosa García.


¿A quiénes financiaron?

Uno de los falsos testigos que probablemente recibió parte del dinero que aportó el ex paramilitar Velosa García y recibió el coronel Duque López, fue Apolinar Guerra George, un campesino del corregimiento San José de Apartadó sindicado de pertenecer a la guerrilla de las Farc y quien el pasado 26 de junio se retractó de su versión inicial entregada a las autoridades el 1 de abril de 2005, en la que sindicó a esa organización guerrillera de cometer la masacre y a dos de sus víctimas de pertenecer a ese grupo subversivo.

Durante la ampliación de testimonio rendida ante la Unidad Segunda de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Guerra George admitió que a instancias del oficial Duque López, mintió en esa ocasión sobre los responsables de la masacre confiado en lograr beneficios económicos prometidos por este coronel del Ejército.

“Fui a declarar que esa masacre la había hecho la guerrilla porque el mismo coronel Duque me dijo que dijera que había sido las Farc. ¿Por qué hice yo esto? Porque estaba convencido de todas las promesas del coronel Duque me estaba haciendo y como yo no sabía nada de leyes y de los problemas que esto me traía, fui y yo decía todo lo que el coronel me indicaba”, le dijo Guerra George a los fiscales.

Durante varios meses del año 2005, la versión de este falso testigo fue sostenida en diversos escenarios nacionales e internacionales y recogida por diversos medios de comunicación. En ese momento, declaró incluso ante el Congreso de la República y delegaciones diplomáticas que las Farc habían cometido la masacre porque dos de los asesinados, Alejandro Pérez y Luis Eduardo Guerra, eran milicianos de ese grupo armado ilegal y tenían intenciones de abandonar esa comunidad. Además, aseguró que esta guerrilla tenía interceptadas las comunicaciones del caserío “y ordenaban cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan, o si no mire lo que les pasó a Luis Eduardo y a Alejandro".

Pero tras varios años en la cárcel, donde purga una condena por una falsa incriminación sugerida por el DAS de Apartadó al hacerse responsable de un ataque dinamitero ocurrido el 20 de mayo de 2004 en el establecimiento la Barra Cervecera, Guerra George decidió cambiar la versión y, según él, contar la verdad.

“Ahora que me encuentro preso y nadie me ayuda con nada quiero contar toda la verdad sobre este proceso y la pienso decir en estos momentos”, sostuvo el procesado. Según esta nueva versión, Guerra George y otros supuestos desmovilizados de las Farc que habitaban en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó recibieron instrucciones precisas del coronel Duque López.

“Primero que todo me dijo que dijera que yo antes de venirme de la guerrilla había escuchado decir de que había que matar a esos civiles porque eran informantes del Estado y que teníamos que decir eso porque se lo estaban achacando a la fuerza pública”, explico Guerra George. El propósito del oficial del Ejército era crear una versión creíble a partir de las falsas versiones con el fin de demandar a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

“Según el coronel Duque, él demandaba y había una indemnización, y que iríamos por partes iguales, no sólo yo sino todos los desmovilizados y ahí yo caí en todas las promesas que él hacía”, precisó este testigo. Pero el cambio de versión le ha traído problemas a Guerra George, quien desde hace varios meses se enfrenta a las intimidaciones que desde hace varios meses le viene haciendo el oficial del Ejército.

“Hace más o menos de dos a tres meses que hablé con él (con el coronel Duque) y me dijo que cómo eran las cosas, que yo estaba desvirtuando lo que yo había dicho antes y que eso le traería problemas a él, pero que si yo quería seguir con esas declaraciones que siguiera con ellas porque él no tenía miedo de lo que yo dijera”, narró Guerra George. “En pocas palabras trató de volverme a chantajear porque me dijo que si yo seguía con eso él tenía que tomar medidas drásticas”.

Y no sólo han sido amenazas veladas las que ha recibido este testigo. Además, contó a la Fiscalía que el coronel Duque iba a traer a otros desmovilizados para atestiguar a su favor desmentir esta nueva versión. Entre los nuevos “testigos” está Danis Daniel Sierra, alias Zamir, quien fue declarado por el Gobierno Nacional Gestor de Paz, tras desmovilizarse en diciembre de 2008.

De hecho, alias Zamir ya comenzó a hablar. A través del programa radial Las voces del silencio, en entrevista al ex ministro Fernando Londoño, en su programa La hora de la Verdad, y en conversación con el diario El Colombiano, este ex guerrillero aseguró que la Comunidad de Paz “es una fachada de las Farc”, y sindicó a varios de sus consejeros de integrar esta organización guerrillera.

Para Guerra George, hoy arrepentido, es clara la estrategia del coronel Duque contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó: “Va a traer a otros desmovilizados y ellos van a decir que lo que ellos han dicho es la verdad, cosa que en realidad son falsas, y van a seguir atestiguando que son realidad porque ellos todavía están comprados por el coronel Duque”.

Según consignó ante la Fiscalía, el cambio de versión lo ha puesto en peligro a él y a su familia, por lo que solicitó que se adopten medidas de especiales para protegerlos. Se espera entonces que no sólo lo protejan, sino que la justicia actúe y llame al coronel del Ejército Néstor Iván Duque López para que confronte lo dicho por Apolinar Guerra George y el ex jefe paramilitar




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