Luego de la desmovilización y los procesos de paz con los grupos guerrilleros del EPL y el M-19 a comienzos de la década de los noventa, las autodefensas se someten por primera vez a la justicia y decretan una tregua. Sin embargo, regresarían a mediados de esta década con una estructura más poderosa y violenta.
En la administración de Cesar Gaviria (1990-1994), las autodefensas, que habían crecido de la mano del narcotráfico, se sometieron a la justicia y en varias regiones hicieron entrega de armas, acogiéndose a los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991, que contemplaban reducción de penas de la mano con una confesión voluntaria. En este momento, fueron tres los grupos que se sometieron a la justicia: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de Rodríguez Gacha en Pacho (Cundinamarca), el que actuó en Puerto Boyacá, al mando de Ariel Otero, con cerca de 400 integrantes y el de Fidel Castaño que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá.
En consecuencia, a partir de 1992, se observa una importante reducción de los asesinatos de civiles, atribuidos a las autodefensas en los años anteriores.
Pese a que la reducción de las víctimas de la violencia organizada es marcada, los asesinatos cometidos por la guerrilla comienzan a recaer en dirigentes y militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, quienes se hallaban en proceso de desmovilización fruto de las negociaciones entre el gobierno y el Ejército Popular de Liberación (Epl). Estos hechos se concentraron en Córdoba y Urabá.
Pese a los grandes esfuerzos realizados en los primeros años de la década del noventa para lograr la desintegración de las estructuras más poderosas y con mayor cubrimiento territorial, los grupos paramilitares tuvieron un nuevo impulso.
Fue así como, con posterioridad a la muerte de Pablo Escobar en 1993, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), bajo el mando de Fidel y Carlos Castaño, comenzaron a registrar una significativa expansión, con el apoyo de desmovilizados del Epl, asediados en ese momento por las Farc y la disidencia de Francisco Caraballo.
Entre tanto, los grupos del Magdalena Medio, pese a haber protagonizado actos de dejación de armas, no se desactivaron, optaron por frenar su expansión, -excepto en el sur del Cesar-, no llamar la atención con actos de violencia y, ante todo, defender territorios fundamentales para el narcotráfico.
En el gobierno Samper 1994-1998 la avanzada liderada por las ACCU se manifiesta, inicialmente, en el norte de Urabá. En 1995 se lleva a cabo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, Occidente y Oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Magdalena y Cesar.
Hacia finales de 1996, el avance de las autodefensas se traduce, por una parte, en que las guerrillas registran pérdidas territoriales muy significativas y, por otra, en que estos grupos tienen que concentrar mayores esfuerzos para contener a las estructuras de signo contrario.
En este contexto, tanto los paramilitares como las guerrillas, en competencia por el dominio del territorio, convirtieron a la población civil en blanco de su acción, dando una clara demostración del alto nivel de degradación que comienza a experimentar el conflicto armado.
Fuentes:
- Comisión Verificadora de los Actores Violentos en Urabá (1995), "Informe Final", Apartadó, pp 37-40 y Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz (1995) "Tendencias en el Desarrollo Municipal y Violencia en Colombia", Cap. 3. Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.
- Gustavo Salazar, (1999). Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 – 1999, Bogotá, Presidencia de la República.
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