21 agosto, 2008

Comisión Interamericana investigará caso de amenazas y torturas al periodista Richard Vélez

Semana
Comisión Interamericana investigará caso de golpiza e intimidaciones a camarógrafo colombiano
Richard Vélez fue víctima de graves agresiones físicas y de amenazas que lo obligaron a salir del país a él y su familia. Nunca ha habido justicia en su caso y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibe su denuncia.
Por Juan Esteban Mejía, periodista de Semana.com
Fecha: 08/21/2008 -
Después de 11 años del ataque de militares al camarógrafo Luis Gonzalo Vélez, más conocido por sus amigos como Richard Vélez, no se ha investigado, ni juzgado, ni sancionado ni a un agresor. Su caso ha pasado por la justicia penal militar, la Procuraduría y la Fiscalía y no ha habido ninguna consecuencia jurídica. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha tomado la decisión de estudiarlo.

La historia de este camarógrafo se remonta al 29 de agosto de 1996. Ese día, campesinos del municipio de Morelia, Caquetá, hicieron una marcha para protestar contra la erradicación de los cultivos de coca. Vélez, que en ese entonces trabajaba para el noticiero Colombia 12:30, llegó con su cámara para cubrir la manifestación.

Según su relato, un tremendo aguacero se inició de repente y eso obligó a los campesinos a correr. Para encontrar un techo, debían cruzar un puente que estaba custodiado por soldados del Batallón de Infantería No. 36 de la Duodécima Brigada del Ejército. De acuerdo con la versión que Vélez da a la justicia, los militares, cuando vieron la avalancha de campesinos, les lanzaron gas lacrimógeno, los golpearon y hasta dispararon.

‘Richard’ grabó todo y por eso, dice, los soldados lo insultaron, le apuntaron con un arma en la cabeza y le exigieron que entregara la cinta de su cámara. Pero él se negó a dar el material y, según su versión, lo golpearon con los fusiles, le dieron patadas y le gritaron “entregue la maldita cinta”.

Como consecuencia, Vélez quedó inconsciente, su hígado quedó perforado y con una abundante hemorragia, se le destruyó un testículo, le fracturaron varias costillas, y quedó con heridas en el abdomen y las piernas. La cámara quedó destruida tras la golpiza, pero la cinta se salvó y luego fue difundida por cadenas de varios países.

Vélez permaneció hospitalizado dos días y estuvo incapacitado por otros 15. Pero al ser dado de alta, no terminó su tragedia. Al contrario, ésta apenas comenzaba. Según el testimonio que reposa en su expediente, cuando apenas estaba levantándose de nuevo, empezó a recibir llamadas telefónicas en las que lo amenazaban. “Va a morir, hijo de puta”, “usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas”, “va a morir, perro”, le decían.

A su familia también la amenazaron. Según cuenta, una voz le decía a su esposa que “es muy bonita, la voy a dejar viuda”. Y sobre sus dos pequeños hijos las intimidaciones se hacían diciéndole que “voy a quitarle ese par de bastardos”. Una vez, incluso, un hombre pasó en una moto por la escuela donde estudiaba su hijo y le tomó fotografías.

Finalmente, Vélez cuenta que fue víctima de un intento de desaparición forzada el 6 de octubre de 1997. Mientras caminaba hacia su trabajo, un taxi se detuvo a su lado y un hombre armado quiso obligarlo a subir al vehículo, pero él se negó y logró huir. Tuvo que salir del país.

Obviamente, ‘Richard’ denunció todo. Poco después del ataque en Morelia, la Fiscalía anunció públicamente que iniciaría una investigación penal. Sin embargo, el expediente fue a dar a la justicia penal militar.

En junio de 2006, el Juzgado 67 Penal Militar le informó a Vélez que desde el 3 de octubre de 1997 se había archivado el caso. Según los militares, el expediente se perdió durante una toma de las Farc al batallón donde estaba el documento.

La Procuraduría inició dos investigaciones disciplinarias en 1996 contra el comandante del Batallón de Infantería No. 36, general Néstor Ramírez. Pero el caso se archivó y Vélez nunca supo por qué. En la otra investigación que abrió la Procuraduría, sí fueron sancionados dos suboficiales, pero éstos apelaron a una segunda instancia y no se sabe qué pasó en ella, de acuerdo con el historial en que la CIDH sustenta su decisión.

El proceso en la Fiscalía tampoco tuvo buen fin. Según le dijo el camarógrafo a la Comisión, nunca se inició investigación alguna y jamás se acusó a ninguno de los presuntos responsables.

Pero el Estado sí quiso conciliar con ‘Richard’. En 1998 le ofreció a él y su familia una indemnización por 1.200 dólares para mitigar la golpiza y las posteriores amenazas, pero no se llegó a ningún acuerdo porque, para Vélez, el Estado no asumió la responsabilidad de los hechos y la suma de dinero fue insuficiente.

El Ejército argumentó que la Brigada 13 tenía la tarea de garantizar el curso pacífico de la marcha y por eso intervino. La CIDH en el informe donde notifica su admisión de la denuncia de ‘Richard’, explicó que según la defensa de los militares, “el contexto en el que se dio el ataque contra el señor Vélez Restrepo fue enmarcado en un espectro de legalidad y cumplimiento de los miembros de la Fuerza Pública de sus deberes constitucionales”.

Los militares además adujeron que previo a la marcha de los campesinos, se había obtenido información sobre la infiltración de integrantes de la guerrilla de las Farc entre los marchantes y por eso los soldados hicieron presencia permanente en la manifestación. Pero también aclaró que los soldados encargados de esa labor tenían prohibido utilizar armas y sólo podían usar gases lacrimógenos. De acuerdo con su defensa, el Ejército reprochó públicamente la orden de incautar la cámara de Vélez y luego se investigó y sancionó disciplinariamente a los responsables.

Sin embargo no hubo investigación penal formal, porque según lo dictaminó la justicia las pruebas no permitieron deducir si los militares tuvieron algo que ver. Esto a pesar de que los sucesos de ese día tres civiles fueron muertos y varios heridos.

Sobre las agresiones contra Vélez, el Ejército ha dicho que se trata de un hecho aislado, porque otros periodistas pudieron hacer el cubrimiento de la manifestación y salieron ilesos.

Después de conocer ese historial, la CIDH encontró que la justicia colombiana presenta un “retardo injustificado” para tomar decisiones frente al caso y por ello aceptó la denuncia de ‘Richard’.

Ahora la Comisión deberá investigar para establecer si se violaron los derechos a la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, la protección a la familia, a la circulación y residencia, los de protección y garantías judiciales y los derechos del niño. Si la CIDH encuentra que hubo una posible infracción a éstos, hará una investigación profunda sobre el caso para castigar a los responsables de la golpiza y las intimidaciones a ‘Richard’ y su familia.



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Destituido el hermano del ministro de interior y justicia Guillermo León Valencia Cossio

Cambio
El lunes 23 de junio, muy temprano, el presidente Álvaro Uribe se reunió con la cúpula de las Fuerzas Armadas y las autoridades regionales en la base de la FAC en Rionegro, Antioquia, para adelantar un consejo de seguridad cuyo objetivo era evaluar dos temas de orden público que lo tenían especialmente preocupado: la expansión de las llamadas bandas emergentes en el noroccidente del país y la ola de violencia que han desatado reductos criminales asociados al narcotráfico en Medellín y su área metropolitana.

Varias horas duró el consejo de seguridad durante el cual las autoridades militares regionales le presentaron al Presidente el organigrama del grupo delictivo de Daniel Rendón, 'Don Mario', con los nombres, los alias y los cargos de los cabecillas de la banda de 250 integrantes que se apoderó de los espacios que dejaron los paramilitares desmovilizados en Antioquia, que ha extendido sus tentáculos a Córdoba y que este año ha dejado 530 muertos y 25 secuestrados, algunos de ellos desmovilizados que trabajaban para Diego Fernando Murillo, 'Don Berna'. Uribe mostró particular interés en tres nombres -'el Guerrillo', 'Mauricio' y 'Camila'- y exigió multiplicar esfuerzos para lograr la captura de 'Don Mario' y sus lugartenientes.

Al terminar el consejo, el Presidente aseguró en público que ya estaban identificados los miembros de la tenebrosa banda de 'Don Mario' y que las autoridades tenían la información necesaria para detenerlos. "Antes se hablaba de la 'Oficina de Envigado' y se sabía que extorsionaban, secuestraban y asesinaban pero no se sabía quiénes la integraban, ahora sí sabemos", remató Uribe.

El Presidente regresó en la tarde a Bogotá sin saber que en el organigrama que le habían mostrado hacía falta un nombre clave: el de John Fredy Manco Torres, 'el Indio', un desmovilizado de las Auc que se convirtió en el segundo de 'Don Mario' y que, como por arte de magia, desapareció de la lista de los cabecillas de la tenebrosa organización.

Pero lo que el Presidente y las autoridades que asistieron al consejo de seguridad ignoraban, lo conocía un fiscal de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía, Unaim, que en el curso de una investigación adelantada con el apoyo de una agencia extranjera se dio cuenta de la maniobra para borrar a 'el Indio' del organigrama.

La investigación

Todo empezó en junio de 2006, cuando el fiscal antinarcóticos estableció que 'Don Mario', 'el Indio' y otros narcotraficantes hacían parte de una red que exportaba cocaína desde Turbo hacia Europa. La organización tenía enlaces colombianos en el exterior, entre ellos Juan David Naranjo, hermano del director de la Policía, general Óscar Naranjo, y quien fue capturado el 27 de abril de 2006 en Alemania.

En desarrollo de la investigación, el Fiscal pidió autorización para interceptar las comunicaciones telefónicas de decenas de sospechosos y muy pronto aparecieron en el radar de los investigadores los nombres de Camilo Torres, 'Fritanga'; John Manco Torres, 'el Indio', y Juan Felipe Sierra, un empresario de Medellín socio mayoritario de Control Total Ltda., una empresa de vigilancia y seguridad que funciona en Envigado con una nómina de más de 1.000 personas.

A comienzos de este año, surgió un nuevo nombre que dejó perplejos a los investigadores: Guillermo León Valencia Cossio, director seccional de la Fiscalía en Antioquia. Aparecía como interlocutor de Sierra en numerosas conversaciones sobre fincas, viajes, dinero, mujeres, envío de documentos y en tres de las cuales se mencionaba a Fabio Valencia Cossio, el nuevo ministro del Interior.

Los diálogos eran tan escandalosos, que el lunes 4 de agosto la Fiscalía decidió actuar y en una operación relámpago capturó en Cartagena, Medellín y Montería a Sierra, a Torres y a Manco. Una vez detenidos, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación contra el fiscal Valencia, quien ese mismo día fue trasladado a la Fiscalía de Tunja.

Las grabaciones

CAMBIO tuvo acceso a cerca de 120 de las conversaciones interceptadas por los investigadores de la Unaim, que no dejan duda de la cercanía entre 'Don Mario', el fiscal Valencia y miembros de la fuerza pública de Antioquia.

En una de ellas, grabada el pasado 13 de junio, 10 días antes del consejo de seguridad en Rionegro, Sierra le dice a Valencia Cossio que John Manco Torres, 'el Indio', está furioso porque su nombre aún aparece en el organigrama de 'Don Mario'. "Oiga hermano, ¿sabe con quién estamos caídos?", le pregunta Sierra a Valencia. El Fiscal le repregunta que con quién y Sierra responde: "Con 'el Indio' porque no hemos hecho eso que dijimos que íbamos a hacer y él supo que repartieron eso por allá. Hay que hacerle a eso" (ver grabación 1).

Una semana después, el 20 de junio, Sierra habla en tres ocasiones con Valencia Cossio. En la primera, el Fiscal le pregunta por la identidad del número tres de la organización de 'Don Mario' (a juicio de los investigadores, lo hace con la intención de "ascenderlo" y sacar a 'el Indio').

Cinco minutos más tarde, Sierra y Valencia vuelven a hablar. Sierra pregunta sobre la gestión para eliminar a 'el Indio' de la estructura de 'Don Mario' y Valencia le responde: "Listo, todo listo. Yo mismo estaba ahí cuando lo sacaron y coincidió con la llegada de un coronel de esos de Inteligencia y reconfirmó lo que nosotros decíamos. Es para que le diga al muchacho (...) quedamos como unos príncipes" (ver grabación 2). Poco después, Sierra se comunica con Valencia y le dice que 'el Indio' le agradece el favor y le envía abrazos.

Entre la segunda y la tercera conversaciones de Sierra con el fiscal Valencia, este habla con 'el Indio' y le informa que Valencia Cossio logró sacarlo del organigrama. "Eso quedó espectacular y lo mejor es donde lo van a presentar el lunes, hermano -dice Sierra-. Es que el lunes va a estar todo el mundo, desde el Presidente para abajo". Al final de la conversación, 'el Indio' le dice a Sierra que salude a Valencia y le diga que la cuatrimoto ya está en su finca (ver grabación 3).

Los investigadores quisieron saber qué era lo de la cuatrimoto y pronto descubrieron que el fiscal Valencia Cossio había recibido una moto de cuatro ruedas avaluada en 40 millones de pesos, pues en una conversación Valencia dice dónde está localizada su finca en Caucasia para que le lleven el aparato (ver grabación 4).

Al tiempo que le seguían la pista a los integrantes de la organización de 'Don Mario', cuyas comunicaciones se referían con mucha frecuencia a embarques de cocaína, los investigadores empezaron a ver cada vez más comprometido al fiscal Valencia Cossio con el empresario Sierra. En muchas de las conversaciones el fiscal y el empresario hablaban de temas que los investigadores calificaron de "incómodos", pues involucraban al hermano del fiscal, el actual ministro del Interior Fabio Valencia Cossio.

En una de ellas, que dura tres minutos, el Fiscal le dice a Sierra que va a viajar a Bogotá a la posesión de su hermano Fabio: "Voy el miércoles por la noche con mis hermanos para Bogotá y a las nueve es la posesión. De ahí salgo a Pereira a llevar los documentos que vos sabés y regreso el viernes a primera hora para irme al mediodía para Caucasia".

Poco antes de colgar, Sierra le dice a Valencia Cossio que tenga mucho cuidado ahora que su hermano es ministro. "Tenemos que hablar de eso, de la llevada de los documentos -le dice al Fiscal-. Con eso de Fabio no me parece que haya más entregas personales de documentos" (ver grabación 5).

La cercanía de Valencia Cossio con Sierra era tal, que hablaban en clave sobre las actividades de la organización de 'Don Mario' y el Fiscal revelaba detalles de conversaciones privadas con el fiscal Mario Iguarán sobre expedientes en trámite en Medellín y otros lugares de Antioquia, y operaciones contra grupos ilegales.

Otros enredados

En el mismo proceso aparecen otras grabaciones que comprometen a la directora seccional de Fiscalías de Córdoba, Perla Emperatriz Dávila Martínez, quien en varias ocasiones habla con el fiscal Valencia Cossio, con Felipe Sierra y un par de veces con el general Marco Antonio Pedreros, quien hasta el 20 de junio pasado fue comandante de la Policía Metropolitana de Medellín.

En una de las grabaciones conocidas por CAMBIO, la fiscal Dávila le comenta a Sierra sobre la fiesta de cumpleaños que le hicieron en una finca de Córdoba y luego le pide dinero para una intervención quirúrgica. "Gordito -le dice Dávila a Sierra-. Yo me voy a internar hoy a las cinco de la tarde porque mañana me operan... y quiero dejar todas mis cosas organizadas, ¿cómo hacemos?".

Entonces, Sierra le pide a la Fiscal que le envíe un mensaje de texto por el celular con el número de la cuenta para hacer una consignación de dinero (ver grabación 6).

Minutos después, el empresario recibe la llamada de alguien que se identifica como Leslie Burgos -al parecer fiscal de Montería-, quien le dice que espere el número de cuenta (ver grabación 7). Luego Sierra se comunica con una empleada de su empresa y la instruye para consignar cinco millones de pesos en la cuenta No. 612881955 a nombre de Leslie Burgos.

La situación del general Pedreros no es menos comprometedora, según puede deducirse de las conversaciones interceptadas por la Unaim. En una de ellas, del 14 de junio pasado, Sierra habla con el fiscal Valencia Cossio desde el teléfono fijo No. 0348308116 y le pasa a la fiscal Dávila que está almorzando con él.

En la grabación la Fiscal le dice a Valencia que lo espera en el Festival del Porro que coincide con su cumpleaños (el de ella), y que lo esperaba, además, con el general Pedreros. Por otra parte, Dávila le sugiere a Valencia Cossio que monte un operativo en el Nudo de Paramillo para justificar el viaje. Valencia le dice que ella es quien debe organizar una reunión de las entidades que combaten a las bandas criminales (ver grabación 8).

Las cosas no pintan fáciles para el fiscal Valencia Cossio. El voluminoso expediente que lo compromete con actividades non sanctas está en manos de la fiscal Ángela María Buitrago, la misma delegada ante la Corte que revivió el proceso del Palacio de Justicia y que hoy tiene tras las rejas a varios militares.
CAMBIO quiso conocer la versión de Guillermo Valencia y de Perla Dávila, pero dijeron que le responderán al fiscal que lleva el proceso.
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Alcalde del Carmen señala al ministro Santos, junto con el ejercito de haberlo secuestrado

Galo Torres señaló al Ejército de secuestrarlo durante 6 horas en el municipio de Ponedera (Atlántico). Dijo que le habían puesto una máscara de carnaval y le tomaron las huellas.
Aseguró que un periodista lo acompañaba ese día y que puede respaldar esa acusación. La acusación se dio durante un encuentro sobre gestión pública en Santa Marta.

Sus señalamientos fueron subiendo de tono y calibre cuando dijo que había una persecución del Gobierno y la intención de montarle una campaña como auxiliador de un movimiento chavista en los Montes de María justo cuando las relaciones entre Colombia y Venezuela estaban tensas.

También aseguró que unos militares se habían quedado con una plata que él sacó de su bolsillo para arreglar una vía.

El ministro Santos contestó que sobre Chávez no hablaría porque ese era un problema personal, y le recordó que el presidente Álvaro Uribe se quedó esperándolo en un consejo comunal que, de paso, intentó sabotear. Santos también se refirió a la audiencia de tres horas que le dio Uribe al mandatario para que hiciera las denuncias del caso.

Ante el tono subido con que le hablaba Torres, el Ministro le pidió respeto. Y el alcalde de Santa Marta, Juan Pablo Díaz Granados, le recordó a Torres que estaba frente a un auditorio y en una ciudad que merecían respeto.

El Ministro decidió abandonar el auditorio antes de terminar el evento.

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