El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, suscribió un acuerdo con Marta Juárez, representante de ACNUR en Ecuador, con el que, dijo, se demuestra "el fuerte compromiso del Gobierno en materia de refugiados, desplazados y fundamentalmente en términos migratorios".
El ministro explicó en rueda de prensa que el acuerdo de cooperación es para "redundar en todas las acciones y atribuciones de ACNUR en Ecuador y, de alguna forma, apoyar la ejecución del registro ampliado", por el cual el país pretende ampliar la condición de refugiados a unas 50.000 personas.
Ecuador apoya el registro ampliado "a fin de reconocer como refugiados a no menos de 50.000 personas con necesidades de protección internacional en la frontera norte que, hasta la actualidad, nunca han presentado una solicitud de protección", afirmó Falconí.
Según el canciller, estas personas no presentaron la solicitud de protección por desconocimiento de las normativas o por desconfianza en el Estado, esto último, "uno de los grandes problemas que hemos detectado en toda la frontera norte y en la Amazonía en general".
Por ello, Falconí indicó que el Gobierno pretende "dar paso a una nueva visión donde el Estado interviene, donde se institucionalizan los procesos (...) y en este caso lograr esa confianza en el Estado".
"Hay una importancia radical, tanto en el acuerdo como en la carta de entendimiento (con ACNUR), que ratifica la política exterior de Ecuador de garantizar los derechos de los perseguidos políticos", declaró Falconí.
"Vamos a ser los principales veedores para que esto se cumpla de una forma eficaz y eficiente", dijo al añadir que "se debe dar un salto cualitativo en términos diplomáticos", ya que "no sólo se trata de firmar un conjunto de acuerdos y convenios que se conviertan en letra muerta", sino de que se cumplan.
Por su parte, Juárez afirmó que el país tiene "la primera política de toda Latinoamérica en la cual (a los refugiados) no sólo se les da la posibilidad de acceder al territorio nacional, de recibir asilo", sino que es "una política inclusiva, de integración".
Además, Júarez resaltó que el plan de registro ampliado "ha sido calificado como un ejercicio donde Ecuador está una vez más a la vanguardia de la protección en Latinoamérica".