06 mayo, 2008

Reacción Intimidatoria de Alvaro Uribe hacia Ivan Cepeda

Bogotá, mayo 6 (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz). A través de una carta de rechazo al diario El Espectador, donde cuestiona la condición de familiar de víctima y de víctima de Iván Cepeda y en que se le acusa de animar la violación de derechos humanos, el presidente Álvaro Uribe Vélez pretende desestimar, desvirtuar, ocultar, tergiversar las opiniones que uno de los voceros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado escribió el 3 de mayo de 2008 en su columna quincenal bajo el título: "La prueba es Montería".

El artículo del Defensor de Derechos Humanos se basa en su reciente visita a Montería. Allí escuchó a las víctimas y constató, que la realidad es más tozuda que el discurso uribista en que se niega la existencia del paramilitarismo. En Córdoba está a la vista la persistencia de esta criminalidad en la Universidad de Córdoba, en la vida económica, social y política de la ciudad; en contraste la situación de las víctimas, sin mínimos derechos satisfechos, desalojados, despojados de toda condición material de vida digna.

No es la primera vez que se conoce de las propiedades colidantes de familiares o testaferros de los paramilitares y de Uribe; del desarrollo de obras carreteables a favor de Uribe o del nombramiento del Rector de la Universidad de Córdoba por orden de Mancuso o del poder económico y armado que esa casta regenta en la región. Sobre esta realidad del paramilitarismo ya había escrito Fernando Garavito, Felipe Zuleta, Gonzalo Guillen, Daniel Coronell. La situación de la Universidad ya había sido denunciada por Gustavo Petro.

No es la primera vez que esa verdad de a puño se dice, se escribe o se nombra diáfana y coherentemente. Y no es la primera vez que la casa de Nariño censura la libre expresión que sustentada con fundamento fácticos muestran las tinieblas que visten el poder presidencial.

Tampoco es la primera vez que la respuesta a las afirmaciones sea el denigrar del acusador, el mentir sobre las motivaciones de quién escribe. La respuesta de la Casa de Nariño en este caso censura sin dar respuesta a cada una de las afirmaciones del artículo, evade dar respuesta al fondo y acusa a Iván de calumniador.

En segundo término niega la autoridad de quién escribe, Iván Cepeda, pues dice de él que posa de víctima de violación de derechos humanos. Acaso, Uribe pretende ignorar que Iván es el hijo del senador Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado por fuerzas estatales en desarrollo de estrategias paramilitares. O el crimen de este dirigente nunca sucedió, es una invención de Iván. O Uribe pretende olvidar que en la misma Casa de Nariño, al lado de más de una decena de defensoras de derechos humanos, reconoció que Iván era una víctima de violaciones de derechos humanos. O también pretende olvidar que Iván y su esposa, estuvieron exiliados por varios años en Francia debido a la persecución de que ha sido objeto por exigir Verdad, Justicia y Reparación Integral en el caso de su padre.

Pero yendo más de este absurdo de incoherencias oficiales, que pretende decir Uribe Vélez a través de su vocero de prensa, César Mauricio Velásquez, que olvida los preceptos evangélicos que escuchó en la Universidad de la Sabana y los códigos deontológicos que emuló y pretendió hacer respetar en el Círculo de Periodistas de Bogotá, cuando se afirma que es un "hostigador a que se violen los derechos humanos".

Si se lee con atención el artículo de Iván no se invita ni se promueve a que agentes estatales violen la ley, atenten contra los ciudadanos, contra la vida e integridad de personas. En la Casa de Nariño se han olvido que son los derechos humanos, pues para ellos, es claro que no existen En ningún momento se lee en el artículo una invitación a torturar, a desaparecer, a asesinar, a desplazar, a masacrar, a judicializar injustamente.

¿Por qué entonces esa reacción de Uribe?

Las respuesta de Uribe sobre el artículo de Iván es intimidatoria, nada persuasiva, como se ha referido al caso de Yidis Medina; es acusadora y tergiversadora como lo ha hecho en radio Caracol y RCN respecto al Movimiento de Víctímas de Crímenes de Estado por su participación en un acto de censura ante la solicitud de asilo de su primo hermano Mario Uribe; es manipuladora como lo ha hecho respecto a las recientes amenazas de muerte de los integrantes de Arco Iris que han investigado las relaciones entre paramilitarismo y política; es evasiva sobre la responsabilidad del Estado en la creación del paramilitarismo y la situación que hoy se vive en Córdoba y en el resto del país; es encubridora de las verdaderas pretensiones que hay detrás de la institucionalización del paramilitarismo y de la simulación de verdad histórica que se está construyendo en las "confesiones" de los comandantes paramilitares.

El presidente debe rectificar pues su respuesta además de ser un acto claro de censura, de falsa acusación es un nueva expresión de la persecución, que puede ser calificada de sistemática, a la que ha sido sometido Iván Cepeda y con él los y las defensoras de derechos humanos. Desde ya sabemos que es poco probable que la rectificación sea posible, pero no por esto cesamos en la exigencia del derecho a saber, el derecho a la verdad y a la justicia, como lo ha venido haciendo Iván Cepeda.

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ


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Gustavo Petro y León Valencia dicen que asesor presidencial fue su cómplice

Por: Agencia EFE - Elespectador.com
El senador del Polo Democrático Alternativo, PDA, Gustavo Petro, y el analista político, León Valencia, coincidieron en señalar que el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, fue su "cómplice" político, cuando ellos eran guerrilleros.
Valencia aseguró a Caracol Radio que "José Obdulio era miliciano clandestino del PCML-EPL", al tiempo que se desempeñaba como abogado.

Con la sigla PCML-EPL se identificaba al Partido Comunista Marxista Leninista - Ejército Popular de Liberación, que después adoptaría el nombre Esperanza, Paz y Libertad.

En declaraciones a medios locales, el senador Petro dijo que entre los que podrían ser sus "cómplices" políticos está el asesor presidencial Gaviria.

Explicó que el asesor presidencial fue uno de los fundadores del un grupo denominado "Firmes", que pretendía actuar legalmente en la política y en el cual estaban altos cuadros del M19.

Precisó que aunque no conoció a Gaviria en ese momento, él recolectaba firmas para la creación de un partido de izquierda.

El fin de semana, el presidente colombiano Álvaro Uribe, pidió a Petro y a Léon Valencia, decir quiénes fueron sus cómplices en la políticas, cuando eran guerrilleros.

Petro es actualmente senador de la República por el Polo Democrático Alternativo. Fue guerrillero del desmovilizado M-19.

León Valencia, ex dirigente del disuelto grupo rebelde Corriente de Renovación Socialista, CRS, es analista político y dirige la organización no gubernamental de estudios "Corporación Nuevo Arco Iris". Ha sido autor o coautor de investigaciones sobre el conflicto y sobre los nexos entre paramilitares y políticos.


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El Estado no está haciendo todo lo que podría para garantizar que las 125 mil personas que han sufrido por el paramilitarismo accedan a asesoría legal

(Corporación Arcoiris)
El debate que tuvo lugar en la Comisión Primera del Senado el pasado 17 de abril, planteó los puntos neurálgicos en los que está fallando la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para garantizar lo que su artículo primero estipula “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

El debate no pretendió demostrar la capacidad de los paramilitares para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por el contrario, quería mostrar que el Estado a través de las instituciones a las que la Ley de Justicia y Paz les asignó funciones, no ha cumplido de forma eficaz y diligente con sus responsabilidades para garantizar los derechos de las víctimas. La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, y en particular la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por su expreso mandato, no les han cumplido a las víctimas o les han cumplido sólo parcialmente.

La representación judicial

Las cifras que se presentaron en el debate muestran que la representación judicial de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo está fallando y que esa entidad no puede seguir escudando su ineficacia en la falta de presupuesto. A dos años y ocho meses de vigencia de la Ley poder aún no ha podido brindarles a las víctimas una asesoría y representación judicial idónea, sobre todo cuando las denuncias de abogados particulares que las estafan son frecuentes. La reparación integral también se juega en este punto: en garantizar un acceso eficaz a la justicia que implique la defensa técnica para las víctimas.

Entre todas las víctimas que están registradas en Justicia y Paz (125.368), solo se han acreditado el 55.06% (69.027). La Defensoría del Pueblo ofrece representación judicial a 10.716 víctimas, es decir, al 9% de las víctimas. El Ministro del Interior, Carlos Holguín afirmó en el debate al referirse a la participación de las víctimas en Justicia y Paz que “no están todos los que son ni son todos los que están”. A casi tres años de vigencia de la ley, se esperarían respuestas más contundentes.

La atención psicosocial

También es preocupante lo que está ocurriendo con el acompañamiento psicosocial. La Defensoría cuenta con un equipo de 12 psicólogos para desarrollar la estrategia de Ruta Psicojurídica que la Unidad de Justicia y Paz de dicha entidad implementó a mediados del 2007. Tan sólo 2263 víctimas han asistido a talleres de orientación psicosocial, 1997 han sido beneficiarias de orientación psicosocial individual, y 1319 han presenciado talleres psicosociales. Esto demuestra que sólo el 23% de las víctimas de todas (que hasta ahora suman 8.634) las que participaron de las versiones libres y escucharon el relato de crímenes atroces por parte de los perpetradores fueron beneficiarias de la orientación psicosocial individual.

Estudios chilenos y argentinos sobre los efectos del conflicto en la salud mental concluyen que las víctimas del conflicto armado no pueden equipararse a las de los efectos de desastres naturales. Las víctimas de conflictos armados saben que su agresor sigue presente y por eso sienten más miedo, vulnerabilidad, e impotencia.

La ruta psicojurídica está teniendo un efecto de “primeros auxilios emocionales” que lo que termina haciendo es preparando a la persona para que sea funcional en el proceso jurídico, pero que no profundizan en la condición de su salud mental y no permite valorar los daños. Por eso es necesario un acompañamiento psicosocial desde el inicio de los procesos penales para que las víctimas no vuelvan a ser victimizadas y se asegure una defensa eficaz de sus derechos.

Ni qué hablar del tratamiento sicológico en comunidades que han sido víctimas de masacres. Es urgente mejorar la oferta de programas estatales y diseñar protocolos de atención para valorar el daño colectivo a las comunidades, de modo que se remita a las instituciones especializadas. Es importante considerar que las víctimas no sólo hacen duelo por los seres queridos muertos o desaparecidos sino también por su proyecto de vida, por ello esta atención al daño colectivo es fundamental para la reconstitución del tejido social de las comunidades.

Restitución de bienes

La Ley 975 de 2005 no estipula literalmente un momento expreso para la entrega de bienes a las víctimas y esta podría llegar a realizarse hasta el final del proceso jurídico, en la audiencia de verificación de cargos. Frente a esto, no se conocen acciones concretas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que la entrega de bienes se realice en las etapas iniciales del proceso. Si esto no ocurre los bienes pueden pasarse a terceros o deteriorarse, como se comprueba en el listado de bienes de Acción Social. Entonces, si lo que prima en la función de la CNRR es la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, una acción diligente frente a la entrega de bienes podría garantizar que existan mejores condiciones para una reparación integral.

Si bien el Ministro Carlos Holguín reconoció que “es una vergüenza lo de bienes, es mínimo”, cosa que ya el Presidente había afirmado el día anterior, tampoco se puede aceptar que estas instancias digan que están dando los primeros pasos. Para entender la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, un procedimiento diseñado sin contar con la estructura institucional adecuada para llevarlo adelante, podría apelarse a la sabiduría campesina que recuerda que “primero hay que comprar las bestias para ensillarlas”.

Pero el Ministro también afirmó que “el esfuerzo del Estado es descomunal” y que lo que hizo fue “lo más y lo mejor”, cuando se conoce por diversas fuentes de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que han asesinado a 15 víctimas vinculadas al proceso de Justicia y Paz y que hay 92 víctimas amenazadas. Entonces si esto ha sido “lo más y lo mejor”, cabe preguntarse ¿qué tal hubiera sido lo menos y lo peor?

El debate permitió situar en el escenario público un tema que es muy relevante en la coyuntura actual. Si como sociedad colombiana no estamos dispuestos a asumir el problema de las víctimas del conflicto armado como un problema que nos involucra a todos y todas, difícilmente alcanzaremos la verdad, la justicia y la reparación necesarias para el tránsito hacia la paz sostenible.

Texto publicado en Semana.com


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