31 agosto, 2008

Por presiones renuncio Ramiro Alonso Marín Vásquez el superfiscal de la Parapolitica


SEMANA
El viernes pasado a las 10 de la mañana, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación del senador Mario Uribe Escobar presentó renuncia a su cargo. Como no se trata de un fiscal cualquiera, su renuncia abre un grueso cuestionamiento al riesgo que está corriendo la independencia de la justicia en el proceso de la para-política.

Ramiro Alonso Marín Vásquez es el hombre sobre el cual el fiscal general Mario Iguarán depositó algunas de las responsabilidades más delicadas de su cargo: es el coordinador de los 11 fiscales delegados ante la Corte, los que investigan a los congresistas de la para-política, es el encargado de proyectar las reasignaciones de procesos en todo el país y de decidir cuanta pena se descuenta por colaborar con la justicia.
Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación

Carta del Fiscal Ramiro Marín a SEMANA sobre el caso de Mario Uribe

Y renunció por un asunto de honor. A él le tocó la ‘papa caliente’ más complicada de la para-política. El caso del ex senador Mario Uribe, que ha sido la razón principal de la tormentosa pelea entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Marín decidió, en abril pasado, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel al primo del primer mandatario. La defensa del ex congresista apeló la decisión y hace dos semanas el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.

Marín es enfático en decir que no renuncia porque Mario Uribe haya sido dejado en libertad, sino porque en el proceso resultó lastimada la independencia judicial “y con ello mi honor personal, familiar y profesional”. Con gran dolor les reclama a los medios por dejarse manejar de sectores interesados y hacer eco de “altas fuentes de la Fiscalía” que lo acusaron de haber hecho una frágil investigación y de dejar la mesa servida para la revocatoria de la medida de detención.

Luego de 31 años dedicados a la Rama Judicial y de ser el maestro de muchos de los fiscales que hoy aplican el sistema acusatorio, este hombre, que nació hace 54 años en Segovia (Antioquia), lo único que pide es que se le respete su dignidad. Y con pruebas en la mano sustenta por qué ordenó la detención de Mario Uribe.

Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, no le ha aceptado todavía la carta de renuncia, él dijo que está decidido a irse.

SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.

SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en “disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas”.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda –porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no– que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.

SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.

SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: “Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios”. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.

SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?

SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?

SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.

SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.

SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.

SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.

SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.

SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.

SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.

SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor.

SEMANA: ¿Como por ejemplo?
R.M.V.: Lo que estábamos hablando de Eleonora. Para él, según me dice, el testimonio de Eleonora lo examiné con subjetivismos o de pronto muy superficialmente o con juicios abstractos. Lo abstracto son esas palabras que son componentes autoritarias del lenguaje. No lo que yo hice.

SEMANA: Esta Fiscalía ha descollado por sacar de la impunidad casos históricos como el de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia, pero en la para-política, por lo menos en términos de resultados, ha sido al contrario. Los congresistas terminan en preclusión o en el juicio también es difícil condenarlos. ¿Usted cree que vía judicial se está dando amnistía a los para-políticos?
R.M.V.: Yo aspiro a que con los casos que faltan, que son muchos, la Fiscalía le cumpla al país. No he visto un propósito de fallar en un sentido específico y aspiro a que no se cumpla esa lapidaria sentencia de que es mejor estar en las manos de la Fiscalía que en las de la Corte Suprema.

SEMANA: Pero los congresistas cada día están renunciando más. Ya van 21. La semana pasada fueron dos y la anterior otros dos. De los ocho casos que se han resuelto vía Fiscalía hay cuatro condenados pero porque se declararon culpables. Los otros tres fueron liberados y el otro es el caso Mario Uribe, a quien le revocaron la detención. ¿La Fiscalía está absolviendo?
R.M.V.: Yo creo que hay que darle la oportunidad a la Fiscalía.

SEMANA: Usted que fue el fiscal encargado de investigar uno de los casos más emblemáticos de la para-política, sólo contó con un investigador de apoyo y no tiene protección. ¿Le parece suficiente apoyo?
R.M.V.: Tuve una investigadora muy competente, leal y profesional. Inicialmente eran dos, al final sólo quedó una, que se fue porque la ascendieron a Justicia y Paz.

SEMANA: O sea que el caso Mario Uribe quedó sin investigadores. Y a la que ascendieron, según tengo entendido, renunció...
R.M.V.: Renunció a la Fiscalía el jueves pasado a raíz de la manera injusta y oprobiosa cómo se nos ha tratado a partir de la decisión de la segunda instancia.

SEMANA: En la Corte Suprema son 23 magistrados que respaldan un caso. Acá le tocó a usted acompañado de su investigador... le repito: ¿cree que contó con el apoyo necesario?
R.M.V.: Ahí hay una paradoja. El CTI es de la Fiscalía y le presta apoyo a la Corte para investigar. Entonces uno pensaría que acá no deberíamos tener problemas en materia de investigadores. Lo único que puedo decirle sobre ese tema es que me preocupa que la independencia y la autonomía del funcionario judicial, sea magistrado o fiscal, no vaya a seguir en una pendiente resbaladiza porque ese es un problema grave para el país. La rama judicial es el sustento del Estado de derecho.

SEMANA: ¿A qué se refiere con “pendiente resbaladiza”?
R.M.V.: A todos los inconvenientes que se han dado para el ejercicio de la función. No sólo en la Corte, sino también en la Fiscalía. Lo más sensato es que facilitemos la tarea de la administración de justicia y que de este proceso no vaya a salir sacrificada la independencia judicial, porque eso sí es grave para el país.

SEMANA: ¿En el caso de Mario Uribe estuvo en riesgo la independencia judicial?
R.M.V.: Yo hice la investigación y tomé la decisión. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando a raíz de una decisión contraria a los intereses del doctor Mario Uribe y con motivo de una apelación se trata de desprestigiar y de acabar moralmente al funcionario de primera instancia que tendría que seguir con la investigación, eso es atacar la independencia y la autonomía judicial. Y hay distintas maneras de hacer eso, unas más abiertas y otras más sutiles.

SEMANA: En una carta a SEMANA usted asegura que después de su providencia del 21 de abril se ha acopiado otra cantidad de pruebas “con mucha dificultad”. ¿En qué ha consistido esa dificultad?
R.M.V.: Me refiero a que es muy difícil acopiar pruebas para un fiscal ante la Corte que se desplaza con su fiel asistente a Córdoba y a municipios de Antioquia donde el peligro no es imaginación sino una realidad, o para una investigadora judicial que solitaria se desplaza a Córdoba para buscar documentos, viajando de incógnita en trasporte público como una medida de protección. Y es más difícil cuando la gente teme hablar, cuando el testigo teme llegar...

SEMANA: ¿En lo que han acopiado después de la medida de aseguramiento se ratifica o se desmiente que Mario Uribe hizo acuerdos con los paras?
R.M.V.: Eso sería valorar anticipadamente la prueba y no puedo hacerlo. Puedo decirle que se ha acopiado un importante material probatorio. No estamos frente a una investigación raquítica. Acá no estábamos quietos para facilitar la impunidad.

SEMANA: ¿Qué investigación recibió y qué investigación entrega?
R.M.V.: La investigación llegó de la Corte con dos cuadernos originales, tres discos compactos y dos anexos. Y entrego una investigación con 10 cuadernos originales, 25 anexos y ocho discos compactos con 26 horas de grabación de testigos. Si fuéramos a hacerle el favor a Mario Uribe, ¿usted cree que haríamos esta bobería?

SEMANA: Cuando se levante la reserva sumarial y el país lo conozca todo, ¿qué cree que se pensará?
R.M.V.: No sé cuándo será eso, pero para mí será tranquilizador. El país de pronto se puede llevar una sorpresa. La historia me entregará la satisfacción de que las cosas no eran como se quiso presentarlas. Me contento con ese dictamen tardío de la historia, así ahora esté padeciendo por las manifestaciones tan tendenciosas de las fuentes.

SEMANA: Varios analistas consideran que la para-política está herida de muerte.
R.M.V.: No está muerta, pero está amenazada. Si las cosas siguen como van, salvo que serenemos los espíritus, la independencia judicial va a salir muy lastimada.

SEMANA: Usted fue juez superior en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ahora coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. ¿Qué balance hace de sus 31 años en la justicia?
R.M.V.: Me queda una satisfacción enorme. Y una nostalgia de que en este último año como fiscal ante la Corte curiosamente comenzaron a atacarme cuando me toca el caso Mario Uribe. Nunca antes me había tocado. El problema es la forma, da la impresión de que por todos lados me están siguiendo a ver qué debilidades me encuentran. Tengo muchas como ser humano. Creo que desistieron de buscar delitos, corrupción y esas cosas porque nada me van a encontrar. Pero buscaron mucho. Me parece muy sintomático que este año una fiscal me haya denunciado que porque yo traté de presionarla. Nunca me había pasado eso. Nunca he presionado a nadie. Siento que cumplí mi deber.

SEMANA: ¿Le da tristeza pensar que de pronto esta investigación vaya a la impunidad por su retiro?
R.M.V.: No, yo tengo la esperanza de que el fiscal general le pondrá atención a esa investigación para que llegue a feliz término, cualquiera sea el sentido de la calificación.

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más grato en estos 31 años para usted?
R.M.V.: Lo más grato es que nada me fue fácil. A mí me gustan los retos. Prefiero los casos difíciles sobre los fáciles. Lo más grato es que a pesar de mi origen, llegué a ser fiscal delegado ante la Corte Suprema y jefe de esta unidad de 11 fiscales.

SEMANA: Usted pensaba retirarse dentro de un año, ¿la situación no da para esperar ese tiempo?
R.M.V.: No, no da.




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A Colombia se la tomaron los Paramilitares, 30% del "Cerrejon", la mina de Carbon mas grande del mundo, les pertenece.

El Tiempo
Se trata de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias 'Barbie', quien a través de Inversiones Rodríguez Fuentes y su familia posee ese porcentaje de las casi 27.000 hectáreas de 'El Descanso'.

La mina acaba de lograr el permiso ambiental del Gobierno para su explotación.

Lo último que se supo de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes es que vive en un apartamento al este de Washington D.C. a la espera de finiquitar un histórico y discutido acuerdo con la justicia gringa, que lo pedía en extradición por narcotráfico.

El juez Reggie Walton no solo le autorizó un juicio rápido sino que además le otorgó libertad después de llegar a un preacuerdo judicial.

Fuentes cercanas al 'para' dicen que este habría entregado a cambio una gruesa suma de dinero que introdujo a ese país vía Puerto Rico, por donde él también ingresó tras hacerle el quite a la Ley de Justicia y Paz.

Los allegados del otrora ganadero añaden que, tras la favorable negociación, Rodríguez planeaba terminar sus días en E.U. Pero hace tres semanas encontró en sus propiedades en Colombia un millonario motivo para intentar arreglar también sus cuentas con la justicia colombiana, que lo acusa de ser coautor del asesinato de una jueza, de conformar grupos paramilitares, de desplazar a la fuerza a decenas de campesinos e, incluso, de participar en el secuestro de Elías Ochoa Daza, un caso que tiene empapelado al ex senador Álvaro Araújo Castro y fugitivo a su padre, el ex ministro Álvaro Araújo Noguera.

Los registros de propiedad

Tras el cruce de registros de tradición, cámaras de comercio y mapas del Instituto Agustín Codazzi, EL TIEMPO estableció que se trata de los predios Nueva Dicha, Villa Hermosa, Santa Marta, La Española, Campo Amor, Los Ángeles, Monserrate, Villa del Socorro y una hacienda más con la matrícula 020010100.

Aunque algunos ocupan otras concesiones en el Cesar, la Glencore y Coal Corp aseguraron que ningún predio de esa familia aparece en sus registros.

En todo caso, según las reglas de concesión minera, la empresa Drummond -que se ganó por licitación los derechos de explotación de El Descanso- tiene dos vías para hacerse a esos terrenos: comprarlos o expropiarlos, en caso de que los dueños no quieran vender o pidan precios muy altos.

Es más: en desarrollo de este panorama legal, el Ministerio de Minas le acaba de dar vía libre a la expropiación de cerca de 2.300 hectáreas de Rodolfo Campo Soto, gerente del Incoder, y de dos de sus familiares.

Negociación frustrada

En febrero del 2007, María Consuelo Pavajeau Castro, representante legal de Inversiones Rodríguez Fuentes, le dio poder al abogado Campo Elías López para que negociara con la Drummond esas tierras en nombre de Rodríguez y de su núcleo familiar. Pero dos factores frenaron los acercamientos: el desinterés de la carbonera, en razón de que la explotación solo tocaría esos predios en el 2016; y que las actividades de Hugues salieron a la luz pública.

Para entonces, la Fiscalía 33 de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado ya había ordenado la afectación de los bienes de Rodríguez, de su núcleo familiar y de Inversiones Rodríguez Fuentes.

Según un balance oficial, de los nueve predios de la familia Rodríguez que hay en El Descanso, tres son de la firma de 'Barbie' y hay otro más aún por identificar. No obstante, solo dos aparecen embargados por la Fiscalía 33: "Faltan dos por definirles situación. Y aunque hay cinco de familiares de Hugues, por ahora no hay nada en su contra", explica un investigador.

Batalla jurídica

En cualquier caso, Rodríguez no parece estár dispuesto a perder su participación en la mina y en otros 72 predios que están en la mira de la Fiscalía. Por eso, le dio poder al abogado Hernán Ramírez quien dijo que ni su cliente es narcoparamilitar ni sus bienes pueden ser extinguidos.

"Así no esté en Colombia, está respondiendo -expresó Ramírez-. Todos sus haberes fueron adquiridos legítimamente tras la sucesión por la muerte de su padre". Y agregó que su cliente no le ha quitado nada a nadie ni se ha enriquecido con tierras ajenas, como lo sindican decenas de campesinos: "Podemos demostrar que nada de eso es cierto", puntualizó.

Por ahora, el Incoder instauró una denuncia penal contra Rodríguez por el desplazamiento forzado, en el 2000, de parceleros del predio El Toco (Cesar). "Los adjudicatarios fueron intimidados y desplazados de sus tierras por grupos al margen de la ley de las Auc, quienes los obligaron a abandonar sus parcelas y estas fueron ocupadas por el ganadero, quien las explotó hasta el 2006 con cientos de cabezas de ganado", dice la denuncia.

Y voceros de la Drummond manifestaron que la multinacional esperará a que culminen los procesos en la Fiscalía antes de tomar una decisión sobre los predios de Rodríguez. Además, que en su nuevo cronograma, esas tierras solo serán explotadas en el 2032. Mientras tanto, el Comandante 'Barbie' seguirá viviendo en su apartamento al este de Washington D.C.

El prontuario de Hugues

Hugues Manuel Rodríguez Fuentes aparece en organigramas oficiales como lugarteniente de Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', y jefe de finanzas del llamado frente Mártires del Cesar de la Auc.

Su poder criminal quedó demostrado en el 2005, luego del asesinato de la jueza de Becerril, Marilis de Jesús Hinojosa Suárez, por el que 'Barbie' fue condenado en calidad de coautor.

En las pantallas de la Fiscalía General, aparece vinculado a 11 procesos penales por lavado de activos, homicidio, concierto para delinquir, falsedad ideológica, fraude a resolución judicial y entrenamiento en actividades ilícitas.

Con base en versiones de testigos, en el 2003 la Fiscalía llamó a juicio a Rodríguez Fuentes como presunto coautor del asesinato de la jueza y ordenó su captura por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y desplazamiento forzado.

El Gobierno ordena expropiar a Rodolfo Campo, gerente del Incoder

Este 10 de julio, el Ministerio de Minas dio vía libre a la expropiación de 2.300 hectáreas del gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto, y de dos miembros de su familia. La decisión se tomó luego que las negociaciones entre los Campo y la Drummond abortaron y la carbonera pidió que los terrenos se declararan de utilidad pública e interés social por estar en la mina El Descanso. La multinacional también negocia con otras familias y con 131 parceleros del predio Mechoacán, en cuya mesa de concertación participa el Incoder.

Hace un mes, EL TIEMPO consultó con funcionarios de la cartera de Agricultura y del Instituto si era impedimento que Campos, como cabeza del Incoder, conociera de las negociaciones dentro de un tema de su interés personal; además, de que un abogado negociador de varias familias -incluida la de 'Barbie'- trabajara con su defensa. La respuesta llegó dos semanas después: MinAgricultura nombró a Jairo Mesa gerente adhoc del Incoder en todo lo relacionado con las negociaciones de Drummond.

Pero Campo dice que no ve incompatibilidad: "Es un negocio privado y no ha habido forma de influencia de mi parte por estar en este cargo". En relación con la expropiación de sus tierras -que su abogado apeló argumentando que los representantes de la carbonera no tienen competencia- dijo que dejará que el proceso siga: "No estoy dispuesto a vender barato. Prefiero que expropien y que un juez diga el precio justo".
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Severo Antonio López Jimenez, alias Job, jefe de la oficina de cobro de medellin

IPC
El ex jefe paramilitar Severo Antonio López Jimenez, alias Job, el hombre que entró a la Casa de Nariño sin ser anotado oficialmente por los guardias de seguridad en los libros de registro del palacio presidencial, “continuaba siendo un pacifista de día y un “patrón” que ordena muertes y movimiento de armas y droga en las noches en los vehículos asignados para su movilización”.
Por ello, quienes conocieron a alias Job no entienden cómo fue que un comandante paramilitar, con plenas evidencias de su trabajo en la ilegalidad por parte de los organismos de seguridad del Estado, haya llegado sin problemas hasta la Casa de Nariño, su vista del pasado 23 de abril no haya sido registrada y hasta el propio Presidente de la República afirme que conocía de esas visitas.
En la mira de los Delincuentes
Las acciones ilegales de López Jiménez quedaron consignadas en un informe enviado desde Medellín al entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, y fechado el 8 de febrero de 2006, por investigadores que le hacían seguimientos al hombre de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna.

En el documento, conocido por la Agencia de Prensa IPC, también se advierte que alias Job había acumulado un gran poder delincuencial, y se había convertido en “un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios”.

López Jiménez se había convertido no sólo en el hombre más visible del proceso de desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino en el vocero nacional de los desmovilizados.

En el informe presentado al Vicefiscal, los investigadores señalaron: “Alias Job tiene controlados el centro de la ciudad, las comunas centro-oriental, nor-oriental, sur-occidental, lo que en resumidas cuentas le otorga un control casi total de la ciudad, lo que lo convierte en un hombre muy poderoso dentro de la estructura de las Auc”.

El documento presentado a la Fiscalía General de la Nación en el 2006 coincidió dos años después con las apreciaciones del alcalde de Medellín posteriores al asesinato de alias Job, ocurrido el lunes 28 de julio: "Hay informaciones de que esta persona siguió delinquiendo, yo denuncié hace tiempo las actividades ilícitas y acompañé a varias personas a la Fiscalía que lo acusaban de varios homicidios en la comuna 8".

Hablan desmovilizados

“Nosotros éramos los organizadores del barrio, nosotros organizábamos todo por acá, todo estaba en paz, nada de vacunas, nadie iba a una casa pobre a cobrar vacunas”, relata Orlando, desmovilizado del bloque Héroes de Granada, habitante del barrio Las Estancias, en la comuna 8 de Medellín, aquella donde alias Job habitó desde niño y donde mantenía un férreo control social y económico.

“Pero llegó Antonio López de la cárcel con ese cuento de que nos desmovilizáramos, y de ahí formó el conflicto acá en el barrio, quería acabar a todos los muchachos”, agrega Orlando.

De acuerdo con la versión de este desmovilizado y de otros más consultados, alias Job quería el barrio sólo para él: “que los que le hicieron daño a él que pagaran, y los acabó porque mató mucha gente y mando a matar mucha gente. Él vino fue a acabarnos el barrio, creíamos que iba a formar el barrio bien y que iba a acabar con una zozobra ahí y que todo el mundo viviera bien, pero no, vino fue a acabarlo”.

La estrategia de intimidación surgía de rumorar que algunos jóvenes eran “enemigos del proceso de reinserción de las Auc”, y que por ese hecho debían ser desterrados del barrio y si las decisiones eran más drásticas, se recurría al asesinato.

Quienes estaban siendo afectados por el poder de alias Job y sus lugartenientes, muchos de ellos tenderos de barrio y transportadores, denunciaron los atropellos: “Le pedimos protección a la OEA (Organización de Estados Americanos), a los funcionarios del programa de Paz. Todo el barrio fue a denunciar eso”, cuenta Orlando, asumiendo la vocería de los afectados.

Pese a la muerte de alias Job, en buena parte de la comuna 8, sobre todo en aquellos sectores donde había resistencia a su manera de promover el proceso de desmovilización de las Auc, aún temen que sus aliados más leales se infiltren en algunos barrios y tomen represalias.

“La comunidad quiere vivir en paz, no quiere vivir en guerra como hace años. Con don Antonio creíamos que iba a venir a formar una paz, pero no, no fue así. Por aquí mataron mucha gente”, concluye Orlando.
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Gobierno trata de “lavarse las manos” en genocidio contra la UP

En el homenaje a los mártires Leonardo Posada y Pedro Nel Jíménez, asesinados hace 22 años

Por Hernán Durango

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Bogotá.- Mario Upegui, presidente del movimiento político Unión Patriótica UP, denunció durante el homenaje a Leonardo Posada y Pedro Nel Jiménez, asesinados hace 22 años, que el gobierno trata de “lavarse las manos” y evadir su responsabilidad en los crímenes cometidos por sus esbirros contra los dirigentes de esta colectividad de izquierda. surgida en la década de los años ochenta tras los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC

El dirigente Upecista y ex concejal de Bogotá denunció además y condenó que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con el mayor cinismo desvía la atención y lanza versiones con el interés de descargar parte de la responsabilidad por el genocidio en la dirigencia de la UP o supuestas retaliaciones de las FARC para esconder la responsabilidad del estado.

Por eso tuvimos que romper los diálogos que adelantábamos en la mesa creada hace varios años a instancias de la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, donde cursa trámite la demanda impetrada por la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas a nombre de las direcciones de la UP y Partido Comunista Colombiano PCC, señaló Upegui al intervenir el viernes 29 de agosto en el acto conmemorativo de los 22 años del vil asesinato de los senadores de la UP Leonardo Posada Pedraza (Departamento de Santander) y Pedro Nel Jiménez (Departamento del Meta), realizado frente a la tumba en el Cementerio Central de la capital colombiana.

La muerte de los senadores Posada y Jiménez, ocurrida el 29 de agosto y 1 de septiembre del año 1986, respectivamente, abre el capitulo de sangre y muerte por obra del terror oficial contra parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes y los miembros de las direcciones regionales de la recién creada agrupación política. En medio de la ola de asesinatos y atentados cayeron los candidatos presidenciales de UP Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Se habla de mas de tres mil integrantes de la UP asesinados durante los últimos años. Muchos dirigentes e integrantes de la UP en varias regiones del país tuvieron que desplazarse a otros lugares dentro del territorio nacional o exiliarse para salvaguardar su integridad física. El terror contra los sectores de izquierda en Colombia no cesa, en Arauca fue asesinado el dirigente del PCC y UP, Luis Mayuza y hace exactamente un mes fue encontrado el cuerpo del sindicalista Guillermo Rivera Fúquene, quien fue torturado salvajemente hasta cegar su vida, por este crimen se acusa a elementos de la Policía Nacional. Según la Central Unitaria de Trabajadores la cifra de lideres sindicales en lo que va del año 2008 supera los 40.

Decenas de militantes y amigos del PCC y UP acompañaron a Reina de Posada e Iván Posada, madre y hermano, respectivamente, de Leonardo Posada. Como cada año se hace, llevándole flores a la tumba del dirigente juvenil universitario de U. Nacional que se trasladó a la ciudad petrolera de Barrancabermeja donde es apoyado por la comunidad y lo elige para importantes cargos públicos llegando a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. En el Puerto petrolero es baleado por sicarios al servicio del gobierno.

No descansaremos en nuestra exigencia de real justicia, que exista la verdad y reparación integral para las víctimas de este genocidio político cometido por el terrorismo del estado colombiano, aseguró Mario Upegui.

Durante el acto también participó el Representante a la Cámara por el Polo Democrático, Wilson Borja Diaz, quien hizo un recuento acerca del surgimiento del paramilitarismo en Antioquia con el respaldo de las autoridades, partidos de la derecha, algunos ganaderos y terratenientes, grupos narcotraficantes y mandos militares y policiales. Situación ésta que se expandió siendo Gobernador de ese departamento el hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
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“Si aplican la ley, habrá paz” Luis Moreno Ocampo Fiscal de la Corte Penal Internacional

“Si aplican la ley, habrá paz”
El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo dice que cualquier a que tenga responsabilidad en los crímenes, sea comandante , financiador o cómplice político, deber ser investigado.
SEMANA
La Corte Penal Interna-cional (CPI), de la que es fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo, existe apenas hace cinco años. No obstante, Moreno Ocampo tiene ya una rica experiencia en aplicar justicia en casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Fue fiscal adjunto en el juicio a la cúpula militar que gobernó su país en los 80 y desde la CPI, acusó a Omar al-Bashir, el dictador sudanés, por el genocidio.
Vino a Colombia la semana pasada SEMANA lo entrevistó.

SEMANA: ¿Cómo puede ayudar la Corte Penal Internacional a que haya justicia en Colombia?
LUIS MORENO OCAMPO: Cuando empecé mi tarea, los casos más críticos en mi jurisdicción eran Colombia y Congo. Paradójicamente, Colombia tiene niveles de violencia muy elevados pero, a diferencia del Congo, instituciones que funcionan y en las que la gente confía. Mi tarea aquí es analizar sus esfuerzos por hacer justicia, y en la medida en que haga los procesos a los máximos responsables, mi deber es no intervenir; si no los hace, es intervenir, según lo acordó Colombia en el Tratado de Roma.

SEMANA: ¿Le preocupa que los poderosos aliados de los paramilitares queden impunes?
L.M.O.: El tema de que existan dirigentes políticos aliados o financistas de esas operaciones es también importante de investigar. Saber quiénes son los máximos responsables sólo se va a develar en el desarrollo de los procesos judiciales; las evidencias van a surgir de allí. Por eso, por ahora lo que estamos haciendo es recibir información y ver quiénes fueron responsables operativos, cuáles los responsables políticos y los financieros, cómo se articulaban. Develar cómo se armó esto es una importante herramienta preventiva y ese es uno de los objetivos centrales de mi mandato: no permitir impunidad para contribuir a la prevención de crímenes, eso es lo que la ley dice.


SEMANA: Definir quiénes son los máximos responsables y procesar por lo menos a éstos…
L.M.O.: Aquí en Colombia hay un problema enorme: la masividad de los crímenes. Es lo que discutimos con los fiscales colombianos. Nuestra tradición judicial no permite que se desechen casos y se escojan otros. Pero sí se puede establecer prioridades, y esa es una de las difíciles tareas de los fiscales colombianos: definir prioridades y terminar unos procesos. Si pueden hacer algunos juicios y la gente ve las condenas, eso es central…

SEMANA: ¿Pueden también personas sin responsabilidad pública, como empresarios o ganaderos, ser juzgados por la CPI si en Colombia no son investigados?
L.M.O.: Cualquier persona que tenga responsabilidad en los crímenes, sea porque fuese comandante operativo o porque brindó apoyo económico, podría ser investigada por la Corte.

SEMANA: Cree que la extradición de 15 ex jefes paramilitares puede obstaculizar el proceso de Justicia y Paz o de para-política?
L.M.O.: Hay mucha gente que considera que la extradición es un problema que obstaculiza las investigaciones. El Fiscal y el gobierno dicen que tienen un acuerdo con los fiscales estadounidenses, pero que depende también de que los acusados quieran, voluntariamente, declarar. Los fiscales tienen confianza de que algunos van a hacerlo. Habrá que esperar a ver.

SEMANA: Presenció una semana tensa por las denuncias de que el Ejecutivo estaría interfiriendo en la labor de la Corte. ¿Le habló la Corte de esto?
L.M.O.: Yo les pregunté específicamente a los miembros de la Corte si se consideraban capaces de llevar las investigaciones, y ellos me dijeron que sí. Mi tarea no es política, sino jurídica; básicamente seguir los procedimientos judiciales. El resto es de los colombianos.

SEMANA: ¿Cree usted que tener la CPI como espada de Damocles, esperando caer si no se hace la justicia, favorece la paz en Colombia? L.M.O.: Colombia tiene un proyecto muy ambicioso y si logra terminarlo correctamente, juzgando a quien tenga que juzgar, dando verdad a las víctimas, compensándolas, desmovilizando y que termine con la violencia, será un ejemplo para el mundo. Ha avanzado bastante. Nunca como ahora veo tanto consenso alrededor de la idea de que la violencia política es inadmisible y eso es un enorme logro de la sociedad colombiana.

SEMANA: Sì hay ese consenso, pero aún falta mucho para creer que la obediencia a la ley traerá la paz…
L.M.O.: Si alguien violó a mi hija, nadie puede obligarme a reconciliarme con el violador, pero pueden obligarme a no matarlo. Entonces yo sí creo que la ley es la herramienta de convivencia pacífica; permite convivir a personas que se odian. Por eso me parece que si la ley es respetada en Colombia, si logra demostrar que nada está por encima de la ley, que diferentes grupos, diferentes ideologías, son todos tratados igualmente, y si además las víctimas sienten que en realidad las protegen, eso daría una sólida base de paz para el futuro de Colombia. Y si nosotros pudiéramos participar de alguna manera en eso, sería muy positivo no sólo para Colombia, sino para el mundo.
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30 agosto, 2008

"El DAS le debe una Explicación al País"

El Espectador
El magistrado Francisco Javier Ricaurte ha tenido una de las semanas más agitadas desde cuando asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el lunes pasado resolvió dejar a un lado su tono prudente y sus palabras medidas, para afirmar, de frente al país, que desde la Casa de Nariño se estaba fraguando un complot contra la Corte por parte de algunos coequiperos del presidente Uribe. Desde ese momento no ha dejado de recibir llamadas para expresarle su rechazo o su respaldo.

El tema de controversia sigue siendo el curso que han tomado las investigaciones de la denominada parapolítica, asunto que el presidente Álvaro Uribe cuestiona con un término de confrontación: hay un cartel de testigos. Sobre este y otros temas de actualidad que ya han trascendido el ámbito nacional y preocupan a la justicia internacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, en diálogo con El Espectador, rompió su silencio.

Esta es una más de las actuaciones extrañas e irregulares del DAS, que merecen una explicación al país

¿Por qué dijo usted que había un complot contra la Corte Suprema de Justicia?

Es evidente que desde hace algún tiempo existe una estrategia deliberada para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y, por ese camino, deslegitimar las decisiones que viene adoptando en el proceso conocido como la parapolítica. Para ello se han utilizado ataques verbales de algunos funcionarios del Gobierno que han tildado a los magistrados de la Corte de prevaricadores, golpistas o cohonestadores del terrorismo, o de que sus decisiones son una especie de pesca milagrosa y que además están aderezadas con un sesgo ideológico. A todo esto, se suma el montaje en el caso del testigo Tasmania contra la Corte Suprema de Justicia.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿de qué otra manera se puede calificar que en el corazón de Palacio se reciba de manera subrepticia a un reconocido criminal que dice tener pruebas contra la Corte Suprema? Estos hechos, que no fueron puestos en conocimiento de las autoridades, como era el deber legal de los funcionarios que se reunieron con alias Job, sino que se filtraron de manera sigilosa a la prensa, no permiten calificar de otra forma este oscuro episodio.

¿Se imaginan si hubiera sido al contrario y que el Presidente de la Corte hubiera recibido de forma clandestina a este reconocido criminal, porque tenía pruebas contra un alto funcionario del Gobierno? La forma como se procedió en este oscuro caso muestra cierta convivencia de algunos funcionarios de Palacio con reconocidos delincuentes y un afán de encontrar con ellos pruebas contra la Corte.

¿Pero acaso no recibe usted solicitudes de personas con antecedentes judiciales que dicen tener información de supuestos hechos delictivos?

Cuando esas solicitudes son de competencia de la Corte Suprema, yo les doy traslado a la Sala Penal o a la Fiscalía cuando es de su resorte. Es más, en estos días me llegó una comunicación del señor Pedro Pablo Montaña, alias Rojas, donde me pide una entrevista para informarme de unos hechos delictivos, a cambio de que yo le colabore con la protección suya y de su familia. De esta petición le di traslado a la Fiscalía y le informé al detenido de mi imposibilidad para recibirlo de acuerdo con la ley y el reglamento de la Corte. Yo no puedo recibir a personas con estas condiciones, sino que esa función legal le corresponde a la Fiscalía.

¿Usted dice que el Gobierno no puso en conocimiento de las autoridades la reunión de alias Job con los funcionarios del Gobierno, pero estuvo presente un representante del DAS?

Pero no existe prueba de que este funcionario estuviera actuando en ejercicio de un deber legal, sino por invitación de unos funcionarios de Palacio que no tienen ninguna atribución legal para indagar sobre denuncias de hechos que puedan constituir delitos. Esta es una más de las actuaciones extrañas e irregulares del DAS, que merecen una explicación al país, porque todavía no ha quedado clara la participación de este organismo en este caso ni en el complot del testigo Tasmania contra la Corte Suprema. Ya es hora de que el DAS le explique al país en qué anda.

¿Cómo ve la situación del ministro Fabio Valencia, teniendo en cuenta que está a punto de empezar la discusión sobre la reforma a la justicia?

Yo le he expresado al Ministro del Interior mi solidaridad por estos dolorosos y difíciles momentos familiares por los que atraviesa. Creo que los funcionarios públicos no pueden responder por supuestos hechos delictivos en los que puedan estar involucrados sus familiares. Pero el ministro Valencia tendrá que evaluar si la situación en que se encuentra actualmente hace difícil el cumplimiento de sus funciones como Ministro de la Justicia y será él quien tome la decisión que más le convenga al país.

¿Cuál es su opinión, como presidente de la Corte, de la polémica reforma a la justicia?

La reforma está siendo estudiada por la Corte Suprema y próximamente se fijará una posición. Lo que sí es evidente es que en estos momentos resulta inconveniente e inoportuno que se modifiquen y supriman competencias de la Corte en materia penal cuando se está investigando a congresistas. Además, la reforma no propone una solución a los reales problemas a la justicia, sino que apunta a debilitarla.

¿Henry Anaya, el hombre que se reunió con el abogado de ‘Job’, dijo que tenía contactos con la Corte Suprema de Justicia. Eso es cierto?

A raíz de las denuncias de la revista Semana he solicitado al Fiscal y al Procurador que se investiguen las reuniones que sostuvieron el Secretario Jurídico y el Jefe de Prensa con alias Job, así como la actuación del señor Henry Anaya en esos episodios, porque este señor registra cinco entradas a la oficina del magistrado auxiliar Iván Velásquez. Pero dejo claro que Anaya no tiene ninguna relación con la Corte Suprema ni con sus magistrados titulares.

¿A qué vino, qué tema trató con el magistrado Velásquez?

El magistrado Velásquez ha manifestado que vino como miembro de una Red de Veeduría Ciudadana a suministrar información sobre investigaciones que adelanta la Comisión de Apoyo Investigativo sobre el tema de la parapolítica. La información ofrecida por Anaya fue sometida a riguroso examen probatorio y ha resultado ser cierta.

Pero el magistrado Iván Velásquez se ha convertido en vocero de la Corte.

Iván Velásquez no es vocero de la Corte. El único vocero de la Corte es su presidente. Iván Velásquez es un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.

Se ha especulado mucho sobre el fin de la parapolítica. ¿Está cerca?

La Corte continuará adelantando las investigaciones que están en curso, sin temor y brindándoles garantías a los procesados. Claro está que debe advertirse que se han presentado dificultades en el desarrollo de las investigaciones como consecuencia de la imposibilidad de recaudar testimonios de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos. Esperamos que el acuerdo de colaboración suscrito entre Colombia y Estados Unidos nos permita encontrar una salida para llevar a cabo estas pruebas lo más pronto posible.

¿Qué pasa si los 14 jefes paramilitares no colaboran con los procesos de la parapolítica?

Eso constituiría un grave obstáculo para saber la verdad y hacer justicia.

¿Usted cree, debido a la parapolítica, que la legitimidad del Congreso está en duda?

La legitimidad de las instituciones está por encima de los hombres que hagan parte de ellas. No podemos poner en entredicho al Congreso porque algunos de sus miembros estén siendo investigados por sus presuntos vínculos con grupos al margen de la ley.

¿La Corte Suprema de Justicia quiere tumbar al Presidente?

Esos comentarios carecen de fundamento y hacen parte de la estrategia para justificar los ataques encaminados a desacreditar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. La Corte nunca ha investigado al Presidente de la República porque no tiene competencia para hacerlo.

¿En qué va la farcpolítica?

La Corte está adelantando las investigaciones previas.

¿Cómo interpreta el hecho de que la Fiscalía deje libre a políticos que ustedes llevaron a la cárcel?

La Corte es respetuosa de las decisiones que adopta la Fiscalía. Si alguno de los sujetos procesales en esos juicios tiene inconformidad con esas decisiones, deberá plantearlos en los medios de impugnación legales.

¿Acepta usted la bandera de la paz propuesta por el vicepresidente Francisco Santos?

Si esa bandera se refiere a cesar los ataques de desprestigio y deslegitimación de las decisiones de la justicia, bienvenida sea. Lo único a lo que aspira la Corte es a que se respeten sus decisiones porque están ajustadas a la Constitución y a la ley.
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Ban Ki-moon, aplaudió hoy la decisión del Gobierno de Zimbabue de levantar la prohibición de que las organizaciones de ayuda humanitaria actúen...

Nueva York, 29 ago (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aplaudió hoy la decisión del Gobierno de Zimbabue de levantar la prohibición de que las organizaciones de ayuda humanitaria actúen en el país, algo que tenían vetado desde la segunda vuelta de las elecciones del pasado 27 de junio.
Ban considera que esta decisión "ayudará a que las personas de Zimbabue reciban una asistencia humanitaria neutral e imparcial", dijo la portavoz de la Organización Naciones Unidas (ONU), Marie Okabe.


A través de su portavoz, el secretario general de la ONU hizo hincapié en "la importancia de garantizar que la gente necesitada tenga pleno acceso a la asistencia humanitaria, esencial para su salud y bienestar".

Ban también consideró necesario asegurarse de que "las organizaciones humanitarias pueden acceder sin obstáculos a las poblaciones vulnerables con el objetivo de llevar a cabo operaciones vitales de socorro".

El Gobierno de Zimbabue anunció hoy esa medida, que es "de efecto inmediato", para las organizaciones que ofrecen ayuda humanitaria y alimentaria, reconstrucción y desarrollo, sanidad infantil, ayuda a los discapacitados y a enfermos de sida, entre otros servicios sanitarios y de distinto tipo.

El secretario general de la ONU había pedido a las autoridades de Harare y al presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que levantaran la suspensión a las organizaciones humanitarias, proscritas por el Gobierno tras acusarlas de colaborar con la oposición.

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29 agosto, 2008

"El simple hecho de ejercer el derecho es percibido como una acción subversiva, porque muchos de nuestros colegas han sufrido hostigamiento hasta ..."


Bogotá, 28 ago (EFE).- Una Caravana Internacional formada por 50 juristas verificó durante una visita a Colombia "la incapacidad de abogados y defensores a tener acceso a la Justicia" y la violación generalizada de derechos humanos que se vive en el país, expusieron hoy en Bogotá.
"El simple hecho de ejercer el derecho es percibido como una acción subversiva, porque muchos de nuestros colegas han sufrido hostigamiento hasta la muerte y amenazas", advirtió el abogado canadiense Denis L'Anglais, representante de Abogados Sin Fronteras.
"Lo que hemos constatado es que el debido proceso no funciona porque no hay posibilidad de los abogados de tener acceso a la Justicia, y no hay posibilidad de damnificados y víctimas de acceder a la Justicia", lamentó.

Los letrados visitaron las regiones del Eje Cafetero (centro oeste), Antioquia (noroeste), Valle del Cauca (suroeste), Bucaramanga (nordeste) y la Costa Caribe (norte), lugares en los que se reunieron con organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de víctimas del conflicto.

También se reunieron con entidades estatales como la fiscalía, la judicatura y la procuraduría.

La representante del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, Sara Chandler, exhibió ante los periodistas amenazas de muerte enviadas por parte de paramilitares de ultraderecha de las Águilas Negras en las que se lista a dieciséis abogados y sus familiares como objetivos militares.

"Aquí no se cumplen los requisitos mínimos de los estándares internacionales de la protección y la independencia de la profesión legal y del estado derecho. Sin esos mínimos requisitos no hay estado de derecho", criticó Chandler.

"Los abogados británicos que están visitando Colombia están muy preocupados de los informes recibidos sobre el tratamiento de los juristas y la violación de los derechos humanos", señaló la letrada.

Y añadió "llamamos a los órganos del estado, responsables de las libertades civiles y los derechos humanos, a tomar acción urgente y remediar esta situación".

La principal denuncia que realizaron los juristas fue la "impunidad" que impera en la persecución de ciertos crímenes en Colombia, como lo demuestra el hecho de que entre 1996 y 2006 un total de 125 letrados fueron asesinados en el país, sin que en muchos casos se produjera condena alguna.

A modo de ejemplo citaron el caso de la ciudad de Cali (suroeste), donde en 2004 murieron 24 abogados, tres de ellos frente al Palacio de Justicia, sin que haya habido pronunciamiento judicial.

Por su lado, Peter Burbridge, abogado y profesor de la Universidad de Westminster, insistió en que "no sólo los defensores de derechos humanos sino toda la profesión está amenazada cuando su cliente es considerada de un grupo considerado 'malo', porque los abogados está identificados con sus clientes, son estigmatizados y entran en peligro".

El representante de la Asociación de Abogados Libres de Madrid, Endika Zulueta, puso de relieve la carencia de medios que afecta a un país con 4 millones de refugiados, en los que en regiones como Antioquia un abogado público lleva una media de 700 casos de víctimas y es incapaz de proporcionar una defensa efectiva.

En su opinión, es necesaria la creación de un Colegio de Abogados colombiano - ya existe un proyecto de ley - para proteger al colectivo y articular una defensa apropiada de sus miembros.

Los juristas se comprometieron a hacer un seguimiento de las violaciones constatadas durante este viaje y a prestar ayuda a sus colegas colombianos, en especial a la hora de agotar los recursos judiciales internos y acceder a la justicia internacional.
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28 agosto, 2008

Las Aguilas Negra amenazan a Colombia


Hicieron circular panfletos en seis barrios del sur de la ciudad para advertirles a trabajadoras sexuales y ladrones que si no abandonan la zona en las próximas 48 horas, los matarán.
Las amenazas están firmadas por un hombre que dice ser el comandante del "Bloque 40" de las "Águilas Negras", una organización criminal que surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Algunos testigos aseguraron que sujetos que se transportaban en una camioneta y en varias motos fueron quienes lanzaron los panfletos y luego desaparecieron sin dejar rastro.

“Llegaron unos peladitos y nos mostraron el papel que les habían tirado desde una camioneta, con manes en moto atrás”, relató un habitante del sector.

El mensaje de los panfletos es claro y aterrador: “Si su hijo es sano, acuéstelo temprano, y si es malo, cómprele el cajón”.

El temor se apoderó de los habitantes de los seis barrios, ante lo cual el coronel Óscar Pérez, comandante encargado de la Policía en el Atlántico, hizo un llamado a la calma.

“No deben sentirse atemorizados por ese documento, porque no obedece al direccionamiento de organización criminal alguna”, sostuvo el alto oficial.

La comunidad pidió que mientras se esclarece quién está detrás de las amenazas, las autoridades refuercen la vigilancia para evitar una tragedia.

Barranquilla (Atlántico)

Canal Caracol


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Javier Alfredo Valle Anaya ex- subdirector a Santa Marta. participo en el Asesinato del profesor Universitario Alfredo Rafael Correa D'Andreis

Semana
Alias "Don Antonio” implica a funcionario del DAS
Según testimonio del ex paramilitar, el ex subdirector del DAS en Santa Marta, Javier Alfredo Valle Anaya, el informe que usó el organismo de inteligencia para sustentar la captura del profesor Alfredo Correa, pudo haber sido el mismo en el que se basaron las Auc para asesinarlo luego.
En una madrugada de junio de 2004 un grupo de agentes del DAS y del CTI, por orden del entonces fiscal 36 de Cartagena, Demóstenes Camargo, ingresaron a la residencia del profesor universitario, escritor e investigador Alfredo Rafael Correa De Andreis, lo detuvieron y se lo llevaron de Barranquilla a esa ciudad donde le seguían un proceso acusado presuntamente de rebelión.

Dos meses después fue dejado en libertad porque las pruebas que tenían en su contra se fundaban en los testimonios de unos testigos que no conocían a Correa D'Andreis y que habían mentido, pues las fechas en las que ellos decían que el profesor había estado reunido con guerrilleros en la frontera con Venezuela, en realidad se encontraba reunido con su familia celebrando el cumpleaños de su padre en Barranquilla.

Sin embargo, a pesar de que la Fiscalía lo dejó en libertad por falta de pruebas, la orden de asesinarlo había sido dada. Así lo aseguró alias Don Antonio, el hombre del ex jefe paramilitar Jorge 40 en el Atlántico, ante un fiscal y otros funcionarios judiciales el pasado 14 de agosto.

Dijo además que las supuestas evidencias que tenían para matarlo se las dio el propio DAS y estaban consignadas, al parecer, en el mismo informe de inteligencia que le había servido al organismo para judicializarlo y detenerlo semanas antes de que fuera asesinado. Ese informe del DAS contenía, entre otras afirmaciones sin sustento, que Correa D'Andreis era el mismo "Eulogio", ideólogo del Eln.

El informe fue elaborado por Javier Alfredo Valle Anaya, quien se desempeñaba como investigador del DAS en Barranquilla, y a quien después trasladaron como subdirector a Santa Marta.

Don Antonio, dijo ante un fiscal y otros funcionaros judiciales, que el funcionario del DAS, Anaya lo transportaba a él y alias “Gonzalo” (exjefe político de las Auc en Atlántico), entre las ciudades de Santa Marta y Barranquilla, y entre estas ciudades y Valledeupar.

Don Antonio se acogió a sentencia anticipada y fue condenado el pasado 12 de agosto a 506 meses de prisión, sin embargo sólo pagará entre 60 y 84 meses, gracias a la desmovilización y a haberse acogido al proceso establecido en la Ley de Justicia y Paz.

Los siguientes son apartes de la última indagatoria de Don Antonio el pasado 14 de agosto de 2008 en la Cárcel Modelo de Barranquilla con funcionarios judiciales y su apoderado:

PREGUNTA EL FISCAL ¿Ha escuchado hablar de Javier Francisco Valle Anaya del DAS, de la Armada a Cristian y del Gaula a Eduard Abelardo Suárez Cuadros. En caso positivo, cuándo, cómo y qué sabe de ellos?
DON ANTONIO: A Javier Valle Anaya si lo he escuchado, era amigo de “Gonzalo”, que es Carlos Mario García, ex jefe político del frente José Pablo Díaz, y lo conocí porque alias “Gonzalo” me lo presentó, eso debió ser como A finales de 2004, comienzos de 2005. A los demás no los conozco.

F:: ¿En cuántas ocasiones observó usted a alias Gonzalo con Javier Valle Anaya.?
D.A.: : El día que me lo presentó, los vi a los dos.

F: ¿Sabe usted si Javier Valle Anaya trabajaba para las autodefensas?
D.A.: : Que trabajara directamente no. Lo que sí puedo decir es que colaboraba, le colaboraba a Gonzalo y a mí en algunas ocasiones.

F: ¿Explíquele al despacho en qué le colaboraba Javier Valle Anaya a alias Gonzalo y a usted?
D.A.: A mí en algunas ocasiones me desplazó o me movió desde Santa Marta hasta Barranquilla. A alias Gonzalo, creo que lo mismo, yo le escuché a Gonzalo que a él también lo movía de un municipio a otro, de una ciudad a otra.

F.: ¿Indíquenos si recuerda la fecha en la cual le colaboraba Valle Anaya a usted y a alias Gonzalo?
D.A.: No recuerdo, pero eso fue mientras se desempeñó como subdirector del DAS en Santa Marta.

F: ¿Indíquenos en qué vehículos Valle Anaya lo movilizaba a usted y a alias Gonzalo, indíquenos si lo hacía personalmente o le daba la orden a una tercera persona y si el vehículo era del DAS o personal de él?

D.A.: A mi él me movió personalmente. Las dos o tres veces que lo hizo fue personalmente, no sé si el vehículo era del DAS. A alias Gonzalo no sé.

F ¿En varias respuestas en esta diligencia ha indicado que usted vio a Valle Anaya, la ocasión que se lo presentó alias Gonzalo, y ahora ha manifestado que
él personalmente lo transportó como en dos o tres ocasiones, sírvase aclarar en cuántas ocasiones observó a Valle Anaya?

D.A.: Lo que dije fue que había visto juntos a alias Gonzalo y a Valle en una sola ocasión, eso fue lo que dije.

F:. ¿Sabe usted si alias Gonzalo tuvo participación en los hechos de Correa D´Andreis y su escolta?

D.A.: No tuvo ninguna participación.

F:. ¿Por qué Valle Anaya les movilizaba a usted y a alias Gonzalo?

D.A.: No sé, tendrá que preguntárselo usted.

F: ¿Usted y alias Gonzalo le requerían el servicio del transporte a Javier Valle Anaya?

D.A.: Sí, las dos veces que lo necesité sí le pedí el favor que me transportara.

F: ¿Cómo hacía contacto con Valle Anaya para solicitarle el servicio del transporte?

D.A.: Yo llamaba a alias Gonzalo y él lo llamaba a él.

F: ¿Por qué le solicitaba usted el servicio de transporte a Valle Anaya?

D.A.: : Por evadir a las autoridades.

F.: ¿En algún momento una persona le dijo a usted que Valle Anaya le podía colaborar para evadir las autoridades?

D.A.: : Sí, alias Gonzalo.

F: Explíquenos en qué términos le dijo alias Gonzalo que Valle Anaya le podía colaborar a evadir a las autoridades.

D.A.: Me dijo que él tenía un amigo en el DAS, que cuando necesitara moverme de Santa Marta a Barranquilla o de Santa Marta a Valledeupar, o de Barranquilla a
Valledeupar, él me podía colaborar.

F: En los correos electrónicos que aparecen en el
expediente menciona a “J. Valle”, y se dice que se está tratando de buscar un nombramiento para su esposa en la fiscalía de Barranquilla. Díganos si la persona que
allí aparece como “J. Valle”, es el mismo señor Javier Alfredo Valle Anaya, de quien estamos hablando?

D.A.: Sí, es el mismo.

F: ¿El señor Valle Anaya prestó algún tipo de colaboración o tuvo participación en los actos preparatorios y/o de ejecución del asesinato del profesor Correa D´Andreis y su escolta?

D.A.: No doctor, ninguna.

F: Ha reiterado en ésta diligencia que el profesor Correa fue dado de baja. ¿Díganos si las Auc, bloque Norte, consideraban al sociólogo como su enemigo?

D.A.: : Sí, era enemigo de las autodefensas y de la sociedad.

F¿Nos podría usted argumentar o sustentar por qué consideraban a Correa enemigo de las Auc y de la sociedad?

D.A.: Porque era ideólogo de las Farc, era conocido con el alias de “Eulogio”, básicamente eso era lo que decía el informe de inteligencia que me hizo llegar
el comandante de inteligencia del frente José Pablo Díaz, que era alias “El Sarco”, no recuerdo su nombre, así como si se desmovilizó.

F: ¿Constató usted la veracidad del informe de inteligencia, elaborado por alias “El Sarco”, con relación a la condición de ideólogo de las Farc?

D.A.: No hacía parte de mis funciones verificar las informaciones obtenidas por la comisión de inteligenciA precisamente para eso fue creada, porque sus miembros
tenían la misión de recibir las informaciones y convertirlas en inteligencia.

F: El proceso penal por el delito de rebelión que cursó contra Alfredo Correa D´Andreis, tuvo como fundamento un informe de inteligencia elaborado por
JAVIER ALFREDO VALLE ANAYA, informe que corresponde exactamente con el informe de inteligencia, que según usted alias “El Sarco”, realizó sobre éste asunto. ¿Tiene usted alguna explicación para estas coincidencias?

D.A.: Es posible que alguien del DAS le haya entregado este informe al jefe de la comisión de inteligencia.


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"No, nos valla a Olvidar señor Fiscal, Luis Moreno Ocampo

En su visita a Colombia, para conocer de cerca el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, el escándalo de la ‘parapolítica’ y el conflicto con la guerrilla, entre otros temas, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, no dejó por fuera de su recorrido a las víctimas.

A pocas horas de abandonar el país, se reunió de manera privada con 11 representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes le expresaron estar preocupados por la situación de la población civil, le pidieron “no quitarle los ojos de encima” al asunto colombiano y, de manera audaz, le sugirieron que ponga a consideración de la CPI la posibilidad de abrir el expediente de algún político o militar de alto rango, “procesado por delitos de lesa humanidad, cuyo caso haya quedado impune”.
Video de CCAJAR

En el encuentro, que se realizó el pasado martes por la noche en un hotel al norte de Bogotá, y duró cerca de dos horas, los delgados de las ONG entregaron al jurista argentino varios documentos con cifras y testimonios que, en opinión de ellos, evidencian la realidad de Justicia y Paz. Puntualmente, le dijeron al funcionario que la extradición de los jefes ‘paras’ a Estados Unidos entorpece la reparación a las víctimas y que la debilidad en algunas investigaciones por ‘parapolítica’, sumada al enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, podría lesionar seriamente ese proceso.

“Le contamos que, desde el principio, la Ley de Justicia y Paz fue concebida para que los procesados gozaran de impunidad, y aunque eso lo corrigió en parte la Corte Constitucional con unas sentencias, el peligro sigue latente”, explicó el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.

En concepto de los activistas, es necesario algo más que la observación por parte de la CPI, por lo que le pidieron al organismo internacional que asuma “un caso representativo” que estimule para que los otros procesos sean resueltos en Colombia.

Y no sólo eso. También pusieron a consideración del fiscal Moreno la idea de que los políticos que tengan nexos comprobados con las autodefensas sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad.

Además, detallaron a Moreno los ataques del presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema; le hablaron de los supuestos complots en contra de los magistrados del alto tribunal y del riesgo que existe de que esta situación debilite el proceso de la ‘parapolítica’.

Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, le dijo a El Espectador que, en concreto, se habló de los casos del ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, quien recobró su libertad recientemente, debido a que la Fiscalía consideró que no había méritos suficientes para mantenerlo detenido, y del general retirado del Ejército Rito Alejo del Río, quien no se encuentra procesado pero ha sido mencionado en varias versiones libres de paramilitares que lo relacionan con esa organización ilegal. “Le manifestamos al Fiscal que, en ambos casos, las pruebas deberían ser objeto de verificación y valoración”.

Todos los activistas consultados coincidieron en que, ante cada palabra pronunciada en la reunión, el jurista guardó un “prudente silencio”, y sólo se limitó a decir que tomaría “atenta nota” de la información que le estaban suministrando.

“Nosotros le insistimos en que siga fijando su atención en Colombia. Es muy importante que la vigilancia de la CPI sea permanente”, expresó Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

El fiscal de la Corte Penal Internacional abandonó el país ayer, luego de un corto encuentro con Uribe en la Casa de Nariño. Aunque no respondió nada en concreto a los defensores de derechos humanos, éstos se quedaron con la promesa que hizo el lunes en Urabá: “no habrá impunidad”.
EL ESPECTADOR
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27 agosto, 2008

En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007

Agencia de Información Laboral ENS. 26 de agosto de 2008
En lo que va corrido del año, 40 sindicalistas han perdido la vida a manos de paramilitares y agentes del Estado, uno más que toda la cifra de 2007. Completo estudio de la ENS, que sumaba 38 sin contar a los trabajadores asesinados a bala simultáneamente en Santa Marta y Barranquilla el 24 de agosto, del sindicato de la Drummond.
Con el asesinato del lotero José Omar Galeano Martínez, Presidente Nacional de la Federación Colombiana de Loteros (FECOLOC), ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Buga, Valle, ya son 38 los sindicalistas (34 hombres y 4 mujeres) que este año han perdido la vida violentamente en Colombia, según datos de la Escuela Nacional Sindical.

Tal cifra da cuenta del preocupante incremento de este fenómeno en Colombia, toda vez que el número de sindicalistas asesinados en los 8 meses que van corridos de este año, es casi igual al registrado durante todo el año anterior, cuando se contabilizaron 39 casos en todo el país. Con un agravante: este año el porcentaje de dirigentes asesinados es mayor: 15, frente a 10 del año anterior.



La lista completa de sindicalistas asesinados en Colombia del 1° de enero de 2008 a la fecha, es la siguiente:

José Omar Galeano Martínez fue abatido por sicarios que le propinaron dos impactos de bala cuando, a las diez de la noche, se movilizaba en su motocicleta por las calles de Buga. Según información de la CUT, central sindical de la cual es filial la Federación Colombiana de Loteros, Galeano Martínez lideraba la lucha en defensa del derecho al trabajo de los loteros del país, quienes en forma unida se oponen a la entrega de las loterías nacionales a consorcios privados. Por tal razón, la CUT asegura que se trata de un crimen con móviles políticos.

Es el tercer sindicalista asesinado en este mes de agosto. El día 13, en Puerto Asís, Putumayo, había sido acribillado de 7 impactos Manuel Erminson Gamboa Meléndez, de 32 años y padre de tres niños, quien figuraba como vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo, y como miembro de la Junta Nacional de Fensuagro.

El 8 de agosto, en Saravena, Arauca, la víctima fue Luis Mayusa Prada, de 46 años de edad, quien ese día había salido a acompañar a uno de sus cuatro hijos a una cita médica. De regreso a casa, a las 8:00 de la mañana, fue baleado por sicarios, sin que hasta el momento se tenga información de sus identidades ni de los autores intelectuales. Mayusa se encontraba en Saravena desplazado del departamento del Meta, donde hasta días antes de su muerte se había desempeñado como integrante de la subdirectiva de la CUT en este departamento.

Casos más resonantes

Entre los 38 casos de sindicalistas asesinados este año, cabe mencionar, por la resonancia nacional que tuvieron, el de Guillermo Rivera Fúquene, Presidente de Sinservpub, cuyo cadáver apareció el 15 de julio en Ibagué, tres meses después de su desaparición en el sector del Tunal, en Bogotá; y el de Leonidas Gómez Roso, empleado del City Bank y dirigente de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB). Fue asesinado el 7 de marzo en Bogotá, un día después de la Marcha Nacional contra el paramilitarismo y todas las formas de Violencia, de la cual participó como activista.

También se recuerda el atentado ocurrido el primero de abril en el Valle del Guamez, Putumayo, donde murió Luz Mariela Díaz López, perteneciente a la Asociación de Educadores del Putumayo, quien al momento de su muerte se encontraba embarazada. Junto a ella también cayó asesinado el sindicalista Emerson Iván Herrera.

Los 38 asesinatos hacen parte del conjunto de 200 violaciones que en lo que va del año se han cometido contra la vida, la libertad y la integridad de trabajadores sindicalizados, y que comprenden también amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, atentados y otras formas de victimización.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha sido la más afectada por la racha de crímenes. 29 de los asesinados pertenecían a sindicatos afiliados a esta Central. Otros 5 pertenecían a sindicatos filiales de la CGT, y 4 a organizaciones no confederadas.

El sindicato más golpeado es Fensuagro (Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria), filial de la CUT, que registró 5 casos de homicidio. También el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutep), con 4 homicidios. La Asociación de Educadores del Norte de Santander y el sindicato de los trabajadores del IMPEC, registraron de a tres casos de asesinatos de afiliados.

Llama también la atención el grado de impunidad que, hasta el momento, ha rodeado estos crímenes, pues, según la información disponible, por estos hechos sólo han sido detenidas dos personas.

Preocupante situación en Santander, por amenazas

Otra circunstancia preocupante tiene que ver con el aumento de sindicalistas amenazados de muerte, sobre todo en el departamento de Santander. Mientras en el país en lo que va del año se han denunciado 125 casos de amenazas, en Santander el reporte es de 57 casos de sindicalistas amenazados, o sea casi la mitad del total nacional en este solo departamento.

Los otros departamentos más afectados por las amenazas son Antioquia, donde se han denunciado 22 casos, el Valle del Cauca con 9 casos, y Norte de Santander con 7.

Lista de sindicalistas asesinados en el 2008

La lista completa de sindicalistas asesinados en Colombia del 1° de enero de 2008 a la fecha, es la siguiente:


NOMBRE SINDICALISTA
FECHA
MUNICIPIO
SINDICATO

ZULUAGA MARIO
02-Ene-08
MEDELLIN
ASMEDAS

PÉREZ MONTES ISRAEL ANDRÉS
11-Ene-08
VALLEDUPAR

SINTRADRUMMOND
PÉREZ ZAPATA RAMIRO DE JESÚS
12-Ene-08
SAN JERONIMO
ADIDA

GONZÁLES ISRAEL
24-Ene-08
SAN ANTONIO
FENSUAGRO

SUÁREZ LEAL JOSÉ YEBRAIL
28-Ene-08
BELLO
SIGGINPEC

DUARTE ACERO JOSE MARTIN
02-Feb-08
LA MACARENA
SINTRAMBIENTE

MESA PASACHOA MARIA DEL CARMEN
08-Feb-08
TAME
ASEDAR

TRUJILLO MARIA TERESA
09-Feb-08
SANTANDER DE QUILICHAO
ASOINCA

BENAVIDEZ SAMBONI ARLEY
09-Feb-08
BALBOA
ANTHOC

GIRALDO MAMIÁN JOSÉ
09-Feb-08
LA VEGA
ASOINCA

CARVAJAL RAMÍREZ CARMEN CECILIA
04-Mar-08
OCANA
ASINORT

GOMEZ ALZATE GILDARDO ANTONIO
07-Mar-08
MEDELLIN
ADIDA

GÓMEZ ROZO LEONIDAS
08-Mar-08
BOGOTA
UNEB

MUÑOZ BENAVIDEZ VÍCTOR MANUEL
12-Mar-08
AGUSTIN CODAZZI
ADUCESAR

BURBANO CARLOS
12-Mar-08
SAN VICENTE DEL CAGUÁN
ANTHOC

JIMÉNEZ MANUEL ANTONIO
15-Mar-08
PUERTO ASIS
FENSUAGRO

QUIROZ JOSE FERNANDO
16-Mar-08
PUERTO ASIS
FENSUAGRO

ASTROS AMAYA JOSÉ GREGORIO
18-Mar-08
CARTAGO
ASEINPEC

GONZÁLEZ MONTES ADOLFO
22-Mar-08
RIOHACHA
SINTRACARBON

TROCHEZ PEÑA JULIO CÉSAR
22-Mar-08
SEVILLA
SUTEV

HERRERA RUALES EMERSON IVÁN
01-Abr-08
VALLE DEL GUAMUEZ
ASEP

DÍAZ LÓPEZ LUZ MARIELA
01-Abr-08
VALLE DEL GUAMUEZ
ASEP

LEAL MEDINA RAFAEL ANTONIO
04-Abr-08
ARMERO
AICA

ARIZA OMAR
07-Abr-08
SEVILLA
SUTEV

GUTIERREZ RUIZ LUIS ENRIQUE
15-Abr-08
TAUSA
SINDESENA

CABALLERO ARIZA JESÚS HEBERTO
18-Abr-08
BARRANQUILLA
SINDESENA

RIVERA FUNEQUE GUILLERMO
28-Abr-08
IBAGUE
SINSERVPUB BTA

CHIQUILLO PASCUALES TOMÁS ALBERTO
10-May-08
ALGARROBO
SINTRAPROACEITES
SUR DEL CESAR

GELVES LUIS ORLANDO
11-May-08
TAME
FENSUAGRO

VERGARA SÁNCHEZ MARCELO
05-Jun-08
BUGA
SUTEV

PELÁEZ CASTAÑO FAVIER DARIO
13-Jun-08
CAICEDONIA
ASEINPEC

RECALDE ORDÓÑEZ WALTER ANIBAL
19-Jun-08
BUGA
ASEINPEC

MUÑOZ GUARÍN JOSE HUMBERTO
22-Jun-08
RESTREPO
SUTEV

MENDOZA CARREÑO HALY MARTÍN
09-Jul-08
CUCUTA
ASINORT

PALOMEQUE VALENCIA JESÚS
05-Ago-08
CUCUTA
ASINORT

MAYUSA PRADA LUIS
08-Ago-08
SARAVENA
CUT

GAMBOA MELÉNDEZ MANUEL EMIRSON
13-Ago-08
PUERTO ASIS
FENSUAGRO

GALEANO MARTÍNEZ JOSÉ OMAR
23-Ago-08
BUGA
FECOLOT



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26 agosto, 2008

La ONU aseguró hoy haber encontrado "pruebas evidentes" de que 90 civiles, entre ellos 60 niños, perdieron la vida el pasado 22 de agosto en un ataque

Kabul, 26 ago (EFE).- La ONU aseguró hoy haber encontrado "pruebas evidentes" de que 90 civiles, entre ellos 60 niños, perdieron la vida el pasado 22 de agosto en un ataque aéreo de las fuerzas de EEUU desplegadas en Afganistán.

El enviado especial de la ONU en el país centroasiático, Kai Eide, explicó que un equipo de la Misión de Asistencia en Afganistán (UNAMA) ha investigado durante los últimos días el bombardeo, que tuvo lugar en el distrito de Shindand, en la provincia occidental de Herat.

"La destrucción que causó el ataque aéreo era muy evidente. Siete u ocho casas han sido totalmente destruidas y muchas otras han sufrido daños", relató Eide.


"Los lugareños fueron capaces de confirmar el número de víctimas, incluidos sus nombres, edades y sexo", añadió el enviado especial de la ONU.

"Las investigaciones de la UNAMA encontraron pruebas convincentes, basadas en el testimonio de los testigos, de que 90 civiles murieron, entre ellos 60 niños, 15 mujeres y 15 hombres", corroboró.

Las autoridades afganas también habían situado en 90 el número de muertos en el ataque aéreo de la coalición que lidera EEUU en Afganistán.

El mando militar estadounidense mantuvo que en el bombardeo murieron 30 supuestos talibanes, aunque un día después se comprometió a investigar lo ocurrido.

"Éste es un asunto de gran preocupación para la ONU. He dejado varias veces claro que la seguridad y el bienestar de los civiles tiene que ser considerado por encima de todo a la hora de planear y lanzar operaciones militares", advirtió Eide.

El enviado de la ONU criticó que ataques como éste "minan la confianza del pueblo afgano en los esfuerzos por construir un Estado justo, pacífico y respetuoso con la Ley".

Eide llamó a las fuerzas internacionales y afganas a "evitar" que se produzcan de nuevo "incidentes trágicos" y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

Aunque en ningún momento se refirió explícitamente a la coalición liderada por EEUU en Afganistán, Eide recordó a "todas las partes implicadas en el conflicto" que la protección de los civiles "tiene que ser su máxima preocupación".

Ayer el Gobierno afgano presidido por Hamid Karzai decidió "revisar" la presencia de las tropas internacionales en el país y "regular" su responsabilidad por medio de un acuerdo.

El Ejecutivo afgano constató en su comunicado haber discutido "repetidamente" el asunto de las bajas civiles con las fuerzas internacionales, a las que ha pedido "que detengan todos los bombardeos aéreos sobre objetivos civiles, especialmente en los pueblos afganos".

EEUU comanda una coalición en Afganistán que cumple la misión antiterrorista "Libertad Duradera" y cuenta con una gran mayoría de soldados estadounidenses (unos 15.000), que actúan independientemente de la misión de la OTAN (ISAF), bajo mandato de la ONU.

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