LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 16

Mapa de la Política de EE.UU.: Respaldo a la Verdad y Justicia
¿Cómo debería ser una política de Estados Unidos para estar más del lado de la verdad, justicia y una reparaciónintegral para las víctimas de la violencia
paramilitar—y para todas las víctimas? Los motores para que la verdad, la justicia
y la reparación sean una realidad no están fuera de Colombia—sino dentro de sus propias fronteras. Las víctimas que están reclamando justicia a viva voz aún a riesgo de sus vidas, las comunidades indígenas y afro-colombianas y las asociaciones de desplazados que están organizándose para lograr la devolución de sus tierras, los infatigables defensores de derechos humanos que denuncian abusos a los derechos humanos y acompañan a las víctimas y comunidades que están en riesgo, los jueces de la Corte Suprema y la Corte Constitucional que se ciñen a una interpretación fiel del derecho, el personal realmente dedicado de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, la pequeña franja de políticos que condenan el escándalo de la parapolítica, algunos periodistas resueltos.... la política de Estados Unidos puede elegir dar su apoyo a todas estas voces. Este respaldo puede y debería incluir financiación destinada a mejorar la justicia y proteger y brindar asistencia a las víctimas, pero las palabras—los esfuerzos diplomáticos estadounidenses—tienen igual o mayor importancia.

Esta clase de diplomacia internacional es crucial pues en algunos sectores de la sociedad colombiana aún sigue muy arraigada la convicción de que los paramilitares fueron un mal menor necesario—o incluso héroes—para poder hacer frente a la guerrilla. Estas actitudes de la sociedad deben cambiar si se quiere cerrar este ciclo de violencia.

Los cambios introducidos en el Congreso de Estados Unidos en 2007 para aumentar la asistencia para el sistema judicial, la asistencia para el desarrollo y la asistencia para las víctimas, dejan ver una tendencia positiva, y muchos de los programas de asistencia que se mencionan en estas recomendaciones ya comenzaron a ser ejecutadas por la USAID y el Departamento de Justicia. Pero estas tendencias deben perdurar en el tiempo y consolidarse, y deben estar sistemáticamente plasmadas en el mensaje diplomático de máximo nivel.

Finalmente, el deseo de un tratado de comercio que tiene la Administración no debe eclipsar su diplomacia por la democracia y los derechos humanos. Si el gobierno de Estados Unidos dedica sus mejores esfuerzos a una campaña publicitaria que vende a Colombia como un caso de éxito maravilloso, no hay forma de poder transmitir y llegar con un mensaje fuerte de derechos humanos.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 15

El Gobierno de EE.UU. y la Desmovilización Paramilitar
Cuando en 2002 la Administración Clinton se preparaba para lanzar un programa masivo de asistencia para la lucha contra el narcotráfico, conocido como el Plan Colombia, principalmente destinado a las fuerzas de seguridad de Colombia, el gobierno estadounidense tenía pleno conocimiento de los abusos perpetrados por paramilitares. La administración también había sido bien advertida por organizaciones de derechos humanos sobre la connivencia omnipresente que existía entre las fuerzas armadas y los paramilitares de Colombia.
Preocupadopor estos informes, y sin estar convencido de que el ejecutivo les prestaría atención suficiente, el Congreso estadounidense impuso condiciones de respeto a los de Estado, junto a las FARC y al ELN. Este impresionante aumento de asistencia del gobierno estadounidense coincidió con unos de los peores años violencia paramilitar. Aunque las organizaciones colombianas y estadounidenses de derechos humanos, a quienes el Departamento de Estado tenía que consultar cada 90 días sobre cuál era el grado de cumplimiento de Colombia con las condiciones de respeto por los derechos humanos, presentaron pruebas en cada consulta realizada durante el período 2000-2008 de que estas condiciones no se cumplían, ni en lo que respecta a la connivencia de las fuerzas armadas con los paramilitares ni con respecto a investigación y procesamiento de casos de violaciones directas de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, el Departamento de Estado certificaba a Colombia sistemáticamente.
Fueron las bien conocidas acusaciones de que los soldados asesinaron mujeres, hombres
y niños en la masacre de San José de Apartadó en 2005, y la presión que ejercieron en ese caso tanto legisladores como organizaciones no gubernamentales, así como las noticias que se conocían con cada vez más frecuencia sobre otros asesinatos de civiles a manos del ejército, lo que comenzó a hacer más difíciles estas decisiones. El Senador Patrick Leahy (demócrata por Vermont), miembro superior y luego presidente
de la subcomisión presupuestaria para cooperación externa del Senado, quien vigilara la situación de derechos humanos en Colombia con admirable atención y preocupación, recurrió a sus Administración Bush pidió financiación para los programas de reintegración para los ex combatientes.
El Congreso estadounidense, más escéptico sobre la desmovilización, impuso condiciones para la financiación con el fin de instar al desmantelamiento de las redes paramilitares. En 2007, el Congreso introdujo importantes cambios en el paquete de asistencia del presupuesto 2008 de la administración, respondiendo a las inquietudes acerca de la esencia eminentemente militar de ese paquete de asistencia y también para mejorar la implementación de la desmovilización Si el gobierno de Estados Unidos dedica sus mejores esfuerzos a una campaña publicitaria que vende a Colombia como un caso de éxito maravilloso, no hay forma de poder transmitir un mensaje fuerte de derechos humanos.
influencias para exigir al Departamento de Estado que hiciera cumplir esas condiciones. Respondiendo a esta presión, el Departamento de Estado y la embajada plantearon algunos casos específicos al gobierno colombiano, que muy probablemente hayan influido en parte en las condenas que se dictaron en unos pocos casos muy resonantes, como el de los tres sindicalistas asesinados por soldados en 2004, la masacre de San José de Apartadó y el caso Jaimundi en el que todo un grupo de policías antinarcóticos entrenados en EE.UU. fue acribillado por soldados. Pero la mayoría de los casos de connivencia ejército-paramilitares y de asesinatos de civiles por el ejército quedaron en la impunidad.

El gobierno estadounidense alentó con entusiasmo las negociaciones del gobierno colombiano con los paramilitares y la consiguiente desmovilización, que prometía terminar con un problema irritante en la relación EE.UU-Colombia. Cuando comenzó la desmovilización, la paramilitar. Estos cambios contemplaban mucha más financiación para investigaciones y procesamientos de jefes paramilitares en la Fiscalía en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y también para el procesamiento de delitos de violación a los derechos humanos en general. También incluyen asistencia a la Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, financiamiento para exhumaciones y asistencia para las víctimas.

Para 2008, debería haber sido claro para el gobierno de EE.UU. que algo realmente grave estaba pasando con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en vista de la poca cantidad de jefes paramilitares que seguían cooperando con la Fiscalía General de la Nación para poder acogerse a los beneficios de la ley, y la persistencia de grupos paramilitares no desmovilizados, re-armados y nuevos. No obstante, el empecinamiento de la Administración Bush por lograr un tratado de libre comercio con Colombia puso a un lado cualquiera consideración de derechos humanos.
Cuando la Secretaria de Estado Condoleezza Rice llevó las primeras de las seis delegaciones legislativas a Colombia para demostrar el progreso colombiano y así ganarse el apoyo demócrata para el tratado de comercio, su conferencia de prensa con el Presidente Uribe fue nada más que puros elogios hacia el gobierno, particularmente por la desmovilización paramilitar.

Colombia es un caso inspirador no sólo para el pueblo de esta región sino también para todos los pueblos del mundo que están tratando de superar años de conflictos civiles, que están tratando de superar sus diferencias y los que están tratando de hacerlo en un contexto democrático. Señor Presidente, usted y su Gobierno siempre fueron generosos, no sólo con su tiempo, sino también generosos de espíritu, en su transparencia, en hablar sobre circunstancias difíciles que están tratando de superar. Hemos podido hablar sobre derechos humanos, hemos podido hablar sobre derechos del trabajo, siempre vimos un Gobierno dispuesto a responder preguntas difíciles, y hoy vemos lo mismo….
La única mención a problemas de derechos humanos y del trabajo estuvo en la oración donde elogiaba la predisposición del gobierno al diálogo. En otro discurso ante figuras del sector privado, la Secretaria de Estado se deshizo en elogios, La historia de Colombia es inspiradora, inspiradora para la región e inspiradora para el mundo, porque hay tantos lugares alrededor del planeta que están tratando de superar conflictos civiles…. Y es extraordinario ver que el sistema de justicia realmente está empezando a castigar a los que están implicados en actos de violencia contra sus propios conciudadanos… Queremos que Colombia tenga éxito, Colombia es un caso inspirador. Y con nuestra asociación y la continuidad de nuestra asociación en el tiempo y con este tratado de libre comercio, podemos seguir haciendo de Colombia un caso inspirador para el futuro.

Para lograr el apoyo legislativo para el tratado de libre comercio, su retórica continuó en aumento: Secretaria de Estado Rice: Con una permanente política bipartidaria, el Plan Colombia y un fuerte liderazgo del democráticamente elegido Presidente Uribe, Colombia no sólo pudo regresar del abismo que la catapultaba a ser un Estado fracasado, sino que se está transformando en uno de los Estados más prósperos de América Latina. Este fundamental aliado de EE.UU. ha hecho todas las cosas bien para dar estabilidad, democracia y prosperidad a sus ciudadanos. Al mismo tiempo, el Gobierno de Colombia está registrando importantes progresos en términos de dar protección a sindicalistas y reducir la violencia laboral, luchar contra el terrorismo, desmovilizar paramilitares y ponerse en una posición fuerte frente a Estados y fuerzas latinoamericanas que son hostiles y anti-americanas.

Presidente Bush: Y les hablaré de otro problema. Dejando de impulsar el tratado de libre comercio con Colombia, le estamos dando nuestra espalda a un poderoso aliado de los Estados Unidos de América. Colombia tiene un Presidente que se llama Uribe y que tiene que enfrentar una difícil situación en su país porque tiene el problema de lo que llaman FARC, que es un grupo extremista que utiliza narcodólares para perpetuar la violencia y hacer circular sus productos— principalmente a este país. Y hay un hombre que dice, Yo los voy a enfrentar, Voy a ser duro con ellos. Y de repente, el Congreso de los Estados Unidos le da vuelta su espalda a ese hombre. ¿Qué clase de mensaje estamos enviando?

Las declaraciones de la Secretaria de Estado y del Presidente se dieron en el momento en que el escándalo de la parapolítica envolvía a aliados del Presidente Uribe en el Congreso y a algunos miembros de su administración,como de Estados Unidos, en las cuales se ventilaron evaluaciones críticas acerca del comportamiento del gobierno en materia de derechos humanos y esfuerzos por mejorar los programas de la AID para los derechos humanos. En apenas los ejemplos más recientes de expresiones de preocupación en el seno del Congreso acerca de
los derechos humanos en Colombia, 14 senadores, representados por los demócratas Christopher Dodd (Connecticut) y Russell Feingold (Wisconsin), instaron a la Secretaria Rice, en el mes de febrero de 2008, a congelar asistencia militar Para 2008, debería haber sido claro para el gobierno de EE.UU. que algo realmente grave estaba pasando con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz...mientras millones de dólares en asistencia militar de EE.UU. estaban congelados a la espera de la resolución de cuestiones de derechos humanos.

Estos discursos se contradecían con cierto reconocimiento que había dentro de la burocracia del Departamento de Estado, al igual que en el Congreso, de que había problemas de re-armamento paramilitar, amenazas generalizadas dirigidas contra defensores de derechos humanos y un grave problema como era la escalada de asesinatos de civiles por las fuerzas armadas tras la desmovilización de los paramilitares. La Dirección de Derechos Humanos y Laborales del Departamento de Estado, a cargo de Jonathan Farrar, escuchó atentamente estas inquietudes, intentó planteárselas a sus pares colombianos y las incluyó en el informe anual sobre derechos humanos de su Departamento. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hizo consultas sobre su programa de derechos humanos entre diversas agrupaciones civiles tanto de Colombia que estaba supeditada a condiciones
de derechos humanos hasta que se registraran avances en la investigación y procesamiento de supuestos asesinatos de civiles a manos del ejército. En la Cámara Baja, diputados representados por los demócratas Jim McGovern (Massachussets)
y Janice Schakowsky (Illinois) pidieron al gobierno colombiano, en abril de 2008, que investigue las amenazas y los ataques contra víctimas que denunciaban hechos de violencia paramilitar. El embajador William Brownfield se mostró preocupado por las amenazas contra defensores de derechos humanos tras la convocatoria del 6 de marzo. Pero el mensaje de máximo nivel, de la Secretaria Rice y del propio Presidente Bush, era que Colombia era un “caso inspirador”.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 14

Una Historia No Resuelta
Para el momento en que este informe va a impresión, todavía no se sabe la verdadera dimensión de lo que se dará a conocer sobre las conexiones de los paramilitares con la Administración Uribe, políticos, terratenientes y las fuerzas armadas. Vivimos un momento volátil. Actores importantes de Colombia—empezando por las víctimas, pero incluyendo tambien a las organizaciones de derechos humanos, periodistas, jueces, políticos, fiscales, iglesias—están corriendo nuevos riesgos para abrir la caja de secretos guardados.
La Administración Uribe está navegando por un proceso de desmovilización que en teoría incluye una cantidad, aunque limitada, de verdad y justicia. Pero al mismo tiempo, está tratando de usar sus influencias para impedir que se revele toda la verdad. Es así que el gobierno colombiano les dice a las víctimas que vengan y participen en las audiencias, y al mismo tiempo, el Presidente señala con el dedo, y hace derechos humanos para la entrega de asistencia a las fuerzas de seguridad colombianas. Estas condiciones establecieron que el Departamento de Estado debía certificar dos veces por año que el gobierno colombiano estaba realizando avances en romper los vínculos entre militares y paramilitares y en investigar y procesar a miembros de las fuerzas armados que estuvieran implicados en violaciones de derechos humanos o nexos con los paramilitares.
El 10 de septiembre de 2001, por una de esas extrañas vueltas que da la vida, las AUC comenzaron a figurar en la lista oficial de organizaciones terroristas del Departamento Pero las fuerzas que pretenden conocer la verdad están cobrando
impulso, y no todas se callarán. declaraciones intimidatorias contra, algunas
de las voces que más se levantan en busca de la verdad. Pero las fuerzas que pretenden conocer la verdad están cobrando impulso, y no todas se callarán.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 13

Los Periodistas Cuentan una Historia Peligrosa Muchos de los medios de comunicación colombianos, en especial la televisión, cubrieron poco de los problemas con la desmovilización paramilitar. Presentaban análisis poco críticos, muy pocas veces daban cabida a las víctimas de la violencia paramilitar, y en general no hablaban del resurgimiento de los grupos armados. Las organizaciones colombianas de derechos humanos siempre lamentan que los medios de comunicación no le den a la violencia paramilitar la misma atención que le dan a la violencia de la guerrilla. Pero, algunos periodistas empezaron a abrir la puerta para que pudiera hacerse la luz.

La revista Semana siguió de cerca el escándalo de la parapolítica y destapó la olla sobre cómo seguían controlando, vía teléfono celular, los jefes paramilitares encarcelados la violencia y el narcotráfico. El comentario de su directora María Teresa Ronderos dio espacio a las víctimas y brindó un análisis astuto sobre el desarrollo del proceso de Justicia y Paz. Las revistas Semana, El Tiempo y Cambio documentaron, todas ellas, el creciente dominio que ejercen los paramilitares sobre la política local, una historia peligrosa de contar.

El Tiempo publicó una extraordinaria serie sobre las fosas comunes. Como lo explicó su redactora Luz María Sierra, Cuando en El Tiempo decidimos hacer un informe especial sobre el fenómeno de las fosas comunes comenzó a repetirse una escena
en la sala de redacción: uno a uno, los reporteros que volvían de su labor, llegaban aterrados….
Los testimonios de paramilitares y los resultados de los equipos forenses permiten concluir que las Autodefensas Unidas de Colombia no solo diseñaron un método de descuartizar a seres humanos sino que llegaron al extremo de dictar cursos utilizando a personas vivas que eran llevadas hasta sus campos de entrenamiento.... ¿Y de la guerrilla? También se han encontrado fosas [con víctimas de la guerrilla] pero el 98 por ciento de las denuncias de las que se ocupa hoy la Fiscalía son de ‘paras’.
El Espectador publicó una columna periódica escrita por el líder del movimiento de víctimas, Iván Cepeda, dando así voz a un importante movimiento.

Y el periodista independiente Hollman Morris, a pesar de las amenazas, continuó con su ciclo televisivo, Contravía, que hizo más que cualquier otro programa para llevar a los hogares colombianos los rostros y las voces de las víctimas de la violencia. Su ciclo explora gráficamente la heroica lucha diaria de gente común para sobrevivir y tener justicia. En su programa sobre la comunidad de paz de San José de Apartadó, muestra a este grupo de campesinos organizando y debatiendo sobre sus problemas cotidianos. Más tarde, superpuso sus nombres y la fecha en que cada uno de ellos fue asesinado.

Este tipo de cobertura era la excepción más que la regla—pero fue heroica. Ver los ejemplos de las páginas 23, 28 y 42. Como muestra Hollman Morris (ver recuadro en página 30), los periodistas se arriesgaban en este cobertura. Según el Comité para la Protección de Periodistas, Colombia figura en el cuarto puesto en su índice de impunidad, que clasifica los asesinatos no resueltos de periodistas por cantidad de población, con periodistas “que están en la mira por su reportaje”.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 12

La Parapolítica Se Devela El escándalo parapolítico—la “parapolítica”—está quedando al descubierto por la dinámica iniciativa de unos pocos políticos valientes, la Corte
Suprema y algunos periodistas colombianos decididos. No surgió del proceso de Justicia y Paz, aunque una vez que comenzó a develarse el escándalo, las audiencias de Justicia y Paz aportaron valiosas pistas.

En 2005, el Senador Gustavo Petro del partido Polo Democrático Alternativo, empezó a denunciar públicamente que al menos un tercio de las bancas legislativas estaban ocupadas por políticos que habían negociado pactos secretos con los paramilitares. Al principio, Petro estaba bastante solo en sus denuncias. El Senador Rafael Pardo, un político de centro y notable crítico de la Ley de Justicia y Paz, también empezó a insistir persistentemente acerca del dominio de los paramilitares sobre la política.

Pero como reflexionara luego la periodista María Teresa Ronderos, todo esto habría “quedado muerto” si la Corte Suprema no hubiera comenzado a investigar los vínculos entre los paramilitares y los políticos. Fueron estas investigaciones—y la imagen de poderosos políticos llevados a la justicia y hasta encarcelados—más que cualquier consecuencia de la Ley de Justicia y Paz, lo que abrió los ojos a la sociedad colombiana y le hizo ver las estrechas conexiones que existían entre sus políticos y la violencia paramilitar. Las investigaciones de la Corte Suprema y las investigaciones periodísticas paralelas que hicieron algunos de los medios de comunicación más importantes de Colombia, que antes se ocupaban muy poco de este tema, comenzaron a reforzarse unas a otras.

Las investigaciones de la justicia dieron como resultado órdenes de captura para docenas de miembros del Congreso, de gobiernos locales y regionales, en su mayoría vinculados con el partido gobernante o con sus socios de la coalición. A la fecha, hay 63 políticos que están siendo investigados o están ya acusados o condenados por colaboración con paramilitares.

El hallazgo de una computadora del cabecilla paramilitar Jorge 40 intensificó el escándalo y dio un nuevo impulso a las acusaciones de Petro. La computadora tenía pruebas que vinculaban a miembros del Congreso, gobernadores y alcaldes con
redes locales de paramilitares. También tenía pruebas que comprometían al director de la agencia nacional de inteligencia, Jorge Noguera, por haber entregado a paramilitares, listados de sindicalistas y otras figuras que serían asesinadas. Cuando el escándalo envolvió a la ministro de relaciones exteriores de Colombia, Consuelo Araujo, y a su hermano, la funcionaria tuvo que renunciar.

Centros no gubernamentales de investigación, como la Corporación Nuevo Arco Iris, con sus investigadores León Valencia y Laura Bonilla, investigadores independientes como Claudia López y Mauricio Romero, y el Indepaz, con analistas como Camilo González Posso hicieron, a través de sus minuciosos trabajos de investigación, contribuyeron un importante aporte para llegar a conocer a las redes paramilitares y su control sobre los partidos políticos, corriendo un riesgo considerable.

La Administración Uribe ha intentado presentar a la parapolítica como prueba
de su propia predisposición a purgar los
elementos corruptos—una muestra de caradurismo considerando que la gran mayoría de los políticos implicados son del partido del propio Presidente o de sus socios de la coalición. El Presidente Uribe nunca frenó definitivamente las investigaciones y durante este período dotó a la Corte Suprema de todos los recursos que necesitó. Sin embargo, el Presidente usó su influencia para disuadir de que se realicen investigaciones y para intimidar a la justicia. Uribe convocó a la justicia a soltar de las cárceles a todos los que hubieran contado la verdad y no hubieran cometido violaciones graves a los derechos humanos—una propuesta dirigida principalmente a los políticos encarcelados por vínculos paramilitares o a empresarios que los habían apoyado.

Cuando los paramilitares amenazaron con volverse a armar, Uribe instó a que al paramilitarismo se lo calificara “un delito político”, algo que habría logrado frenar las acusaciones penales. Castigó públicamente al Juez de la Corte Suprema, Iván Velásquez, quien estuvo al frente del grupo a cargo de investigar el escándalo
de la parapolítica, acusándolo de presionar a un testigo paramilitar para implicar
a Uribe en la orden de asesinar a otro cabecilla paramilitar. Los jueces de la Corte Suprema consideraron renunciar, pero luego decidieron esperar, emitiendo una declaración a favor del Juez Velásquez y convocando al ejecutivo a respetar
la autonomía del poder judicial.

Este conflicto público fue muy perturbador para los jueces, debido en parte a que las condenas públicas lanzadas por funcionarios de gobierno de alto nivel en contra de periodistas, activistas de derechos humanos o miembros del poder judicial son a menudo seguidas de amenazas de muerte provenientes de grupos paramilitares.

En enero de 2008, el Presidente Uribe presentó cargos contra el Presidente de la Corte Suprema, César Julio Valencia Copete. Valencia había firmado el comunicado que emitió la Corte Suprema en favor de Velásquez. Más tarde, el Presidente llamó a Valencia y Valencia comentó al diario El Espectador que Uribe le había preguntado sobre su primo, Mario Uribe, uno de los políticos que está siendo investigado por la corte. El Presidente Uribe negó haber hecho eso y le inició una demanda por difamación.
Los jueces de la Corte Suprema prometieron respetar el derecho del Presidente a presentar cargos, pero defendieron a Valencia diciendo que “…ha estado orientado a preservar el imperio de la Constitución Política y la ley, así como a garantizar la autonomía de los jueces de la República, el postulado de separación de los poderes, el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”.

Cuando las investigaciones de la Corte Suprema terminaron en el dictado de una orden de captura incluso contra el primo del Presidente, el Presidente Uribe y sus aliados en el Congreso comenzaron a alertar sobre una crisis de “institucionalidad” debido a las decisiones de la Corte Suprema, y a hacer flotar la idea de una corte especial que sustituiría a la Corte Suprema y encontraría una solución a la “crisis”. Aún así, el Presidente Uribe seguía manejándose con cuidado, consciente de la mala imagen que daría a nivel nacional e internacional si intervenía en el poder judicial o en favor de su primo.

El 22 de abril de 2008, Mario Uribe, sobre quien pesaba una orden de captura por colaboración con los paramilitares, huyó a la embajada de Costa Rica para pedir asilo. Las víctimas se reunieron enfrente de la embajada, sosteniendo por encima de las vallas, estatuas de cartón de paramilitares y fotos de muertos y desaparecidos. La embajada le negó asilo, y el Presidente Uribe optó en esta ocasión por no intervenir. Pero, la intempestiva decisión del Presidente en el mes de mayo de extraditar a 14 cabecillas paramilitares a los Estados Unidos podría obstaculizar las investigaciones de la parapolítica.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 11

La Procuraduría General Defiende los Derechos de las Víctimas La Procuraduría General de la Nación recurrió a los medios a su alcance para recordar a los poderes ejecutivo, judicial y legislativo del gobierno el mayor respeto que se le debe a los derechos de las víctimas de la violencia. En junio de 2005, presentó un informe extraordinario de dos tomos, analizando el proceso de desmovilización y reinserción. Criticó la Ley 975, advirtiendo al gobierno que “la reconciliación nacional no justifica un modelo que se sustenta en negar la necesidad de la verdad histórica”.
En este informe y en sus declaraciones posteriores, la Procuraduría General
de la Nación convocó al gobierno a ampliar la categoría de víctimas para incluir también a los millones de desplazados colombianos y también el derecho fundamental a la devolución de tierras. El Procurador General Edgardo Maya estuvo al frente de un grupo de empleados estatales que asistieron a la convocatoria del 6 de marzo en repudio a la violencia paramilitar, aunque muchas otras figuras del gobierno nacional estuvieron ausentes. Durante este período, la Procuraduría General de la Nación parecía tomarse muy en serio su deber de recordar al gobierno que debían protegerse los derechos de los ciudadanos más vulnerables de Colombia

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 10

Las Iglesias: Los Ladrillos de la Verdad y Paz Las iglesias católicas y protestantes de Colombia y sus organizaciones de fe emprenden sus propias iniciativas para desenterrar la verdad, además de trabajar en pos de la paz y la reconciliación. Entre algunos de los muchos proyectos dignos de destacar están el TeVeré, de la Iglesia Católica, que recaba testimonios de víctimas, y su proyecto Rut, que documenta la experiencia de los desplazados de Esta base de datos, llamada Noche y Niebla, hace de una especie de base de datos colectiva para las agrupaciones colombianas de derechos humanos. La Comisión Colombiana de Juristas se vale de esta base de datos al igual que de otras fuentes de información para sus informes anuales sobre abusos.

Las iglesias católicas y protestantes, cada una por sí sola y también en forma mancomunada, que trabajan con asociaciones de víctimas, universidades y organizaciones no gubernamentales, están armando redes de paz y reconciliación en
las zonas más conflictivas del país. Algunas iglesias protestantes se convirtieron en “iglesias santuarios de paz”, defendiendo las iniciativas de paz y los derechos de las víctimas en zonas de conflicto. Estos proyectos reconocen, según el pastor menonita Ricardo Esquivia, que “sin verdad, no habrá reconciliación...Y la gente desea fervientemente la verdad, está dispuesta a dar su vida por ella. Pero llegar
a la verdad mientras continúa el conflicto, eso es complicado. Estamos tratando
de llegar a la verdad usando métodos creativos, sin poner en peligro la vida de
la gente”. Si hubiera una comisión de la verdad oficial, estos proyectos eclesiásticos, de los que sólo se mencionan unos pocos aquí, podrían ser unos de los ladrillos de ese esfuerzo.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 9

Las Organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, Impertérritas Las principales organizaciones de derechos humanos de Colombia se opusieron terminantemente a la Ley de Justicia y Paz mientras se abría camino por el Congreso. Impertérritas ante el mote que recibieron de obstruccionistas de la paz, estaban decididas a llevar a la luz las miles de reparaciones, alargando los plazos con que contaba la Fiscalía para investigar estos crímenes y mejorando el acceso de las víctimas a las actuaciones.

Las organizaciones de derechos humanos recurrieron a los instrumentos internacionales de justicia que tenían disponibles, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su preocupación porque la ley no cumplía con los patrones internacionales de derechos humanos, además de los problemas en su puesta en práctica, fue plasmada en informes elaborados tanto por la Comisión Interamericana como por En los días que precedieron y siguieron a la marcha, sus organizadores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y víctimas sufrieron una ola de amenazas de muerte y violencia como no lo habían tenido que soportar en muchos años.

formas en que los cabecillas paramilitares podían llegar a evadir la justicia. La Comisión Colombiana de Juristas analizó cada uno de los borradores de la ley y señaló cada una de sus lagunas jurídicas y cláusulas de escape.

Una vez aprobada la ley, las organizaciones de derechos humanos de Colombia se concentraron en dos puntos: las cortes más altas del país y el sistema internacional de justicia. Estas organizaciones de derechos humanos presentaron escritos amicus curiæ exhortando a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la
Ley de Justicia y Paz. Aunque la corte se negó a este pedido, lo que sí hizo fue dictar una resolución que cambió la aplicación de la ley, haciendo más responsables a los paramilitares por la confesión de sus crímenes y el pago de el Alto Comisionado.

Las críticas planteadas por las organizaciones de derechos humanos de Colombia a la Ley de Justicia y Paz las dejó ante un dilema una vez que la ley fue sancionada y se dio a conocer la decisión de la Corte Constitucional. Más de 125.000 víctimas decidieron probar suerte con el proceso de Justicia y Paz, aportando la información que tenían a la Fiscalía o a otros organismos. El gobierno colombiano no fue capaz de brindar ni por lejos el número de defensores públicos que necesitaban las víctimas para poder acceder a la justicia.

Las organizaciones de derechos humanos no estaban preparadas para este torrente de víctimas, ya que habían dedicado la mayoría de sus esfuerzos a cuestionar la ley. Las organizaciones de derechos humanos y algunos abogados privados hicieron lo que pudieron para brindar asesoramiento a las víctimas, pero muchas de éstas avanzaron
por su propia cuenta.

Al mismo tiempo que las organizaciones de derechos humanos enfocaban en criticar la Ley de Justicia y Paz, también intentaban brindar apoyo y visibilidad a las víctimas
de la violencia paramilitar. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por ejemplo, brindó asesoramiento y respaldo al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz acompaña diversas zonas de Colombia. Las consultas realizadas por Rut siguen siendo uno de los mejores registros históricos del sufrimiento que padecieron los desplazados y constituyen una de las pocas fuentes sistemáticas de anotación de tierras robadas que podría servir de base para las reparaciones y devoluciones de tierras.

El Centro Jesuita de Investigación, CINEP, lleva una valiosa base de datos sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional.

Si hubiera una comisión de la verdad oficial, estos proyectos eclesiásticos podrían ser unos de los ladrillos de ese esfuerzo. a algunas de las víctimas más excluidas
y marginadas en su lucha por develar la verdad u obtener justicia.

Las implacables críticas que plantearon las organizaciones colombianas de derechos humanos al proceso de Justicia y Paz sirvieron para convencer a los tribunales superiores sobre la necesidad de mejorar la ley, y generaron un mayor espacio para que las víctimas puedan hacer oír sus voces.
Su trabajo también sentó las bases para presentar futuras objeciones a la impunidad de los paramilitares y del gobierno en el campo internacional

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 8

El Cuento de las Dos Marchas
Más de 700 indígenas y afro-colombianos desplazados por la guerra, tiraron miles de flores al río Magdalena en Flandes, Tolima, en homenaje a todos aquellos cuyos
cuerpos habían sido arrojados por los paramilitares a los ríos de Colombia. Luego marcharon hacia Soacha, una barriada en las afueras de Bogotá, donde viven miles de desplazados por la violencia, donde fueron saludados por el Senador Juan Manuel Galán, hijo del candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado en ese mismo lugar en el año 1989.

Los organizadores de la marcha invitaron a Según José Darío Antequera, hijo de un dirigente de la Unión Patriótica, asesinado por paramilitares, marchaban “por los desaparecidos, por los desplazados, por los asesinados, afirmamos los derechos de las víctimas, pero también la posibilidad de que a través de su memoria, comprendamos que el problema de las violaciones a los derechos humanos no
es exclusivo de quienes las han sufrido directamente”.59 Víctimas de secuestros hechos por las FARC, que habían sido recién liberadas después de años de estar en cautiverio y familiares de los que aún estaban en cautiverio como la madre de Ingrid Betancourt, apoyaron o se plegaron a la marcha, al igual que lo hizo el grupo anti-secuestro País Libre. Al concluir marcha, su organizador Iván Cepeda remató, “Nos sentimos muy respaldados después de haber superado esta prueba de obstáculos que libramos”. Pero en la concentración del 6 de marzo se vio al rojo vivo las diferentes formas en que las víctimas de la violencia de la guerrilla y paramilitares eran tratadas por la sociedad, el gobierno y los medios de prensa colombianos.

Las agrupaciones de víctimas decidieron usar la concentración para cuestionar abiertamente este injusto tratamiento y para motivar a la sociedad
colombiana a defender su causa. Los organizadores de la marcha convocaron al gobierno a apoyar la concentración. Se reunieron con algunos de los principales diarios, radios y canales de televisión y les pidieron que apoyen la marcha, así como ellos habían apoyado la concentración del 6 de febrero, y que les den la misma cobertura.

Después de haber sido desafiados a hacerlo, algunos medios de prensa colombianos dieron una cobertura a la marcha y unos pocos la apoyaron. Pero el tratamiento nunca fue igual. Los comentaristas acribillaron a preguntas a los organizadores de la marcha: ¿su marcha es por venganza? ¿No va a ser vista como una competencia a la otra marcha? Esta marcha, ¿no va a polarizar aún más a la sociedad?—preguntas todas ellas que nunca se harían con respecto a una marcha en rechazo a los secuestros de las FARC.
Un periodista que se encontraba en uno de los actos relacionados con la marcha
dijo, “Tuve que discutir con mi editor para que me dejara cubrir este acto... pero para la marcha de febrero, nuestros jefes nos alquilaron buses para ir a cubrirla”.

El único reconocimiento a la marcha de parte del gobierno fue un comunicado distanciador donde expresó que el Gobierno Nacional, “…. aunque no comparte algunos términos de la convocatoria, garantiza a quienes quieran movilizarse el próximo 6 de marzo el ejercicio de ese derecho, y llama a los impulsadores de esa marcha para que sea pacífica y respetuosa de las instituciones y de la opinión ajena y constructiva”. El Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, deslizó que el gobierno daría su respaldo a la marcha si sus organizadores dejaran de hablar sobre la culpabilidad del gobierno o de los militares. “Esa marcha, por supuesto, tiene el respaldo del gobierno, pero se habla de crímenes de Estado y eso es inconveniente”.64 Los organizadores de la marcha contaron que a los empleados públicos, a quienes se les había dado el día libre para la marcha del mes de febrero
en repudio de las FARC, se les advirtió que se les impondrían medidas disciplinarias
si el día 6 de marzo no se encontraban en sus puestos de trabajo.

Uno de los principales asesores del Presidente Uribe, José Obdulio Gaviria, hizo una reveladora declaración a la radio colombiana cuando le preguntaron si participaría en la marcha en protesta contra los paramilitares convocada por el movimiento de víctimas. “Yo personalmente, no participaré, a diferencia de lo que hice con mucho entusiasmo por la marcha contra las FARC…. Difícilmente la sociedad colombiana participara en tal tipo de convocatoria, cuando precisamente estamos marchando contra los que convocan”.66 En vez de distanciarse de estos comentarios, el Presidente Uribe reafirmó el derecho a la libre expresión de su asesor. Tras la protesta internacional contra los comentarios de Gaviria, incluso una carta del Congreso de EE.UU., el Presidente Uribe se plantificó aún más en su postura, calificando públicamente a Cepeda como un “farsante de los derechos humanos” y una víctima falsa.

En los días que precedieron y siguieron a la marcha, sus organizadores, sindicalistas, defensores de derechos humanos y víctimas sufrieron una ola
de amenazas de muerte y violencia como no lo habían tenido que soportar en muchos años. Las organizaciones que respaldaban la convocatoria pensaban que los comentarios de Gaviria y la negativa del gobierno de distanciarse de ellos, propiciaban el clima que generaba esta violencia. Fueron asesinados seis sindicalistas, dos de los cuales eran organizadores locales de la convocatoria. Más de 50 personalidades y organizaciones de la sociedad civil recibieron amenazas de muerte, aparentemente de grupos paramilitares nuevos o rearmados como las Águilas Negras. La hija de 12 años de una activista del MOVICE, Ingrid Vergara,
fue interceptada por hombres que la amenazaron con matarla si su madre continuaba con sus actividades. La líder de los desplazados Blanca Nubia Díaz fue abatida a golpes por hombres que la venían siguiendo desde su participación en la marcha.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 7

Trasponer los Límites: Iniciativas para tener Más Verdad, Más Justicia
Movimientos de víctimas
Las asociaciones de víctimas de Colombia llevan años luchando por saber la verdad, tener justicia y tratando de ubicar a de secuestros; Asfamipaz trabaja con las
familias de soldados y policías que fueron capturados por la guerrilla, y muchas asociaciones de desplazados luchan por sus necesidades inmediatas y la devolución de sus tierras.
En tanto avanzaban las negociaciones del gobierno con los grupos paramilitares, víctimas de la violencia paramilitar comenzaron a congregarse para que sus voces no quedaran excluidas de este histórico momento. Temían que la verdad sobre la violencia paramilitar pudiera ser enterrada para siempre. El 25 de junio de 2005, lanzaron el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, cuatro días después de que el Congreso colombiano sancionara la Ley de Justicia y Paz. Iván Cepeda Castro, el hijo de un senador asesinado, es una de las caras de este movimiento.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) es una federación abierta de agrupaciones de Temían que la verdad sobre la violencia paramilitar pudiera ser enterrada para siempre. sus seres queridos que desaparecieron.
Solamente para dar unos pocos ejemplos, Asfaddes, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ayuda a familiares a buscar personas desaparecidas; Mujeres de la Candelaria agrupa a las madres de las víctimas de la violencia de todos los actores armados en demostraciones y convocatorias a la acción; muchas organizaciones indígenas y afro-colombianas, como la ONIC y Proceso de Comunidades Negras, expresan los reclamos colectivos de sus comunidades; Ruta Pacífica de la Mujer realiza actos simbólicos en pro de la paz, los derechos de las víctimas y los derechos de la mujer; País Libre aboga por las víctimas víctimas de todo el país. Nació “como un
llamado a la unidad de personas y grupos perseguidos por el Estado colombiano, para dejar a un lado el aislamiento, el olvido y el miedo, con el objeto de reivindicar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral”. Celebrando conferencias nacionales anuales que son precedidas por consultas regionales, da visibilidad a los reclamos de las víctimas. El movimiento, si bien cubre un amplio
espectro, no llega a representar a todas las víctimas de la violencia paramilitar.

Estas asociaciones de víctimas tomaron la consciente decisión de ser un movimiento de víctimas de “crímenes de Estado”, es decir, de la violencia de paramilitares y de
las fuerzas de seguridad de Colombia, más que ser un frente unido con víctimas de
la violencia de la guerrilla. Esta decisión es comprensible, una reacción directa a la negativa de la sociedad y del gobierno colombiano a enfrentar la realidad de la violencia paramilitar y la responsabilidad que cabe al gobierno y a las fuerzas de seguridad no sólo por permitir sino también por ser cómplices de esta violencia.

No obstante, las víctimas de todos los actores armados están pagando el costo
de no poder, en este momento, armar un frente común. Hubo veces en que se salvaron estas diferencias; por ejemplo, instancias en que agrupaciones que representaban a víctimas de la violencia paramilitar y del ejército apoyaron los reclamos de familiares de víctimas de secuestrados y de soldados y policías capturados por la guerrilla por un “acuerdo humanitario” con las FARC, y grupos anti- secuestro que marcharon con las víctimas de la violencia paramilitar. Pero el abismo que separa a las víctimas de la violencia es profundo, al punto de que muchas veces una agrupación no logra comprender y reconocer totalmente el sufrimiento que está pasando la otra. “¿Cómo podremos encontrar la manera de unir las dos verdades?”, preguntó el Padre Mauricio García Durán, director del Centro Jesuita de Investigación CINEP. Las organizaciones agrupadas en MOVICE ayudaron a visualizar y amplificar las voces de las víctimas de la violencia paramilitar, que de lo contrario habrían estado prácticamente ocultas de la vista del público. El movimiento denunció la Ley de Justicia y Paz y mantiene abiertamente su oposición, pero también sigue presionando para que su aplicación sea mejor y reconoce los esfuerzos de la Corte Constitucional y la Corte Suprema. Ha rechazado a viva voz las reparaciones que son dádivas o totalmente monetarias, emuchos políticos locales. En la página se transcriben algunas secuencias de las audiencias de San Onofre. El movimiento también convocó una “comisión ética” de organizaciones internacionales de derechos humanos y víctimas como las Madres de Plaza de Mayo de Argentina, para escuchar testimonios y emitir declaraciones, como paso previo para después llegar a una comisión de la verdad.

El movimiento tiene previsto crear un catastro alternativo de tierras robadas mediante el uso de la violencia. Si bien su instrumentación completa será técnicamente imposible, podría servir para despertar una mayor voluntad política
en el gobierno y decidirlo a apoyar esta crucial tarea. El movimiento también dio
su respaldo a un proyecto de ley destinado a impedir el surgimiento de nuevos grupos

“La muerte violenta solo deja dolor. Pero las luchas a las que se entregaron nuestros padres son alegres, ellas son nuestra motivación constante”, dijo Oscar Pedraza, hijo del desaparecido abogado Alirio Pedraza.insta a que haya reparaciones que protejan, y no sean sustitutas de, la verdad y justicia.

A la vez que intenta mejorar el proceso oficial, el movimiento de víctimas pone un mayor hincapié en generar mecanismos alternativos de verdad, justicia y reparación. Instauró audiencias alternativas de comisiones de la verdad en zonas del país que fueron más asoladas por el terror paramilitar. Sin la clase de protección que podría ofrecer una comisión de la verdad tipo ONU, el movimiento osó organizar una audiencia pública en San Onofre, un pueblo en el cual los paramilitares habían instalado campos de exterminio donde llevaban a las víctimas para torturarlas, matarlas y enterrarlas en fosas comunes, y en el cual los paramilitares gozaban del apoyo de paramilitares regulando la seguridad privada y disponiendo otras medidas.

“Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad”, que representa a una
generación de jóvenes que perdieron a sus padres a manos de la violencia, añade un sabor nuevo al movimiento de víctimas, aportando una expresión artística, reflexión personal y un toque de alegría. “No sólo queremos levantar la foto de nuestros padres muertos, también queremos festejar sus vidas”, dijo Diana Gómez, hija del asesor del Senado Jaime Gómez, asesinado. “La muerte violenta solo deja dolor. Pero las luchas a las que se entregaron nuestros padres son alegres, ellas son nuestra motivación constante”, dijo Oscar Pedraza, hijo del desaparecido abogado especialista
en derechos humanos, Alirio Pedraza.
Según Daniel Chaparro, hijo del asesinado periodista Julio Daniel Chaparro, “me di cuenta que [la muerte de mi papá] no era un asunto personal. Era la historia viva
del país…. Lo que pasó no merece esta negación profunda que te parte en dos”.

Cuando los cabecillas paramilitares se presentaron a debatir en el Congreso colombiano cuando se estaban ultimando los participantes a sumar sus testimonios
en un libro abierto. “Pero como lo dijo una mujer sin dientes y con un vestido harapiento, ‘No hay suficientes páginas para describir lo que he sufrido’”.58

Tanto en Bogotá como en muchas ciudades y pueblos de toda Colombia y en unas 60 ciudades alrededor del mundo, cientos de miles de personas se plegaron
al reclamo de la violencia paramilitar. Quizás la mayor virtud de este movimiento sea la sensación de que las víctimas ya no están solas. los detalles de la Ley de Justicia y Paz, Iván Cepeda permanecía en silencio en la sede del Congreso con una foto de su padre asesinado. Fuera del edificio, grupos de simpatizantes paramilitares traídos desde zonas rurales en autobuses festejaban la llegada de sus jefes. Estas fueron las reflexiones posteriores de Cepeda, “El tiempo que estuvimos ahí en el Congreso, nos sentimos completamente solos”Quizás la mayor virtud de este movimiento sea la sensación que transmite de que las víctimas ya no están solas

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 6

El Derecho al “Nunca Más”
Las asociaciones de víctimas y derechos humanos de Colombia no sólo hablan del derecho a la verdad, justicia y reparación, sino también del derecho a la “no repetición”. Esto significa el derecho de las víctimas a gozar de una garantía de que las violaciones no vuelvan a ocurrir nunca más. Vista desde este ángulo, la desmovilización paramilitar también fracasa.

El poder paramilitar está lejos de estar quebrado. La misión observadora de la OEA documentó la aparición de algo así

práctica paramilitar de amenazar a líderes sindicales, comunitarias y estudiantiles.
En algunas zonas, siguen recibiendo apoyo de integrantes de las fuerzas armadas colombianas. Hasta los pocos cabecillas paramilitares cómodamente instalados en
la cárcel de Itagüí, según una investigación de Semana, siguieron usando sus teléfonos celulares para “ordenar asesinatos, continuar traficando drogas y rearmar a sus hombres”.

Desde el comienzo del pacto de cese del fuego entre el gobierno colombiano y las fuerzas paramilitares en diciembre de 2002 hasta el 30 de junio de 2007, la Comisión Colombiana de Juristas lleva documentados al menos 3.530 asesinatos y desapariciones a manos de paramilitares (fuera de combate). Estos asesinatos y desapariciones, si bien están disminuyendo, dejan ver que muchos paramilitares no se han desmovilizado completamente (1.225 asesinatos y desapariciones entre julio de 2003 y junio de 2004, y 233 entre julio de 2006 y junio de 2007). Las guerrillas (FARC y ELN) que no se “desmovilizaron” y que no firmaron un pacto de cese del fuego con el gobierno, fueron responsables de 1.805 asesinatos y desapariciones de civiles durante casi el mismo período (julio de 2002 a junio de 2007). Los paramilitares, en un período de cese de fuego y desmovilización, mataron y hicieron desaparecer a casi el doble de civiles que las guerrillas, que aún estaban en combate activo.

El gobierno colombiano prefiere hablar de los nuevos paramilitares no en esta zona ya no había más grupos paramilitares, por lo que debemos haber estado inventándolo”.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) fue creada mediante la Ley de Justicia y Paz para resolver las necesidades tanto de las víctimas como de los combatientes desmovilizados. Cuenta “La reparación no se da con la mera entrega de un cheque o con la erección de un monumento, sino con el discurso publico oficial y la construcción simbólica que implican las expresiones materiales de la reparación.”

desmovilizados o rearmados como un problema de “grupos delincuentes”, pero esta definición minimiza la dimensión con que los grupos paramilitares siguen ejerciendo poder y cometiendo abusos. Según el International Crisis Group, “Si bien el sacar del conflicto a alrededor de 32.000 integrantes de las AUC ciertamente ha modificado el paisaje de violencia, existen cada vez más pruebas de que hay nuevos grupos armados que son más que las simples‘grupos delincuentes’ de las que habla
el gobierno. Algunos de ellos se parecen cada vez más a la próxima generación de paramilitares y requieren una respuesta más inmediata y más integral de parte del gobierno”.45 La insistencia del gobierno colombiano de que los paramilitares ya están en su mayor parte desmovilizados, en algunos casos hace aún más difícil conseguir protección o asistencia para las víctimas. Dijo un dirigente comunitario cuando intentaba conseguir ayuda para gente que había sido desplazada hacía poco tiempo por la violencia paramilitar, “El gobierno se negó, porque dijo que con 13 comisionados, cinco miembros elegidos por el presidente, de esferas ajenas al gobierno, dos representantes de asociaciones de víctimas y seis delegados del gobierno. La CNRR está a cargo de controlar y otorgar programas de desmovilización y reintegración a ex combatientes pero lleva invertida mucha más energía en cumplir con su mandato de asistir a ex combatientes que de prestar servicios directos a las víctimas.

La CNRR tiene varias responsabilidades para las víctimas y para proteger sus derechos a la verdad, justicia y reparación: informarles de sus derechos en el proceso de Justicia y Paz, registrarlas como víctimas, devolver tierras por intermedio de las comisiones regionales de tierras, informar a las víctimas dónde pueden recibir asistencia legal y psicológica, realizar actos simbólicos de reparación, propiciar proyectos de reconciliación y orientar a los organismos del Estado sobre cuáles son sus obligaciones de prestar servicios a las víctimas. La CNRR manifiesta que, en los dos años desde su creación, se ha ocupado de alrededor de 35.000 víctimas. Sin embargo, esta cifra incluye reuniones donde se les explica a las víctimas las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz o donde se les informa dónde pueden obtener servicios del gobierno—no tanto servicios directos. La ausencia de avances en el tema de las reparaciones y tierras deja a las oficinas regionales de la CNRR con muy poco por hacer.
Sin nada de qué ocuparse, según un eclesiástico de la zona de Sucre/ César, “las oficinas están pero no tienen ninguna función”. La lista de tareas que tiene asignada la CNRR es imposible de cumplir, en especial sin el apoyo de todos los correspondientes organismos de gobierno. Pero estas dificultades de logística se ven agravadas por el sabor amargo que dejó la falta de consulta con las víctimas y la sociedad civil acerca de la Ley de Justicia y Paz y la creación de la CNRR. La CNRR cuenta con la participación de algunas personalidades de la sociedad civil con sobresalientes actuaciones en el campo de los derechos humanos y la paz, como por ejemplo Ana Teresa Bernal, Regulo Madero y Patricia Buritica. Según un líder comunitario que trabaja en proyectos de reconciliación, “Son gente maravillosa—maravillosa. Pero el sólo hecho de que hayan sido elegidos por el Presidente erosiona la confianza que la gente les tenía”. El director de la CNRR, Eduardo Pizarro, aparece muchas veces como tratando de bajar las expectativas de conseguir verdad, justicia y reparación, en lugar de sentir su función como un deber de estimular a la sociedad colombiana a conseguir más. Y los actos de relaciones públicas de la CNRR en nombre del gobierno podrían debilitar su función de defensora de las víctimas. Por ejemplo, sin haber conseguido casi ninguna reparación o devolución de tierras, en abril de 2008 la CNRR se jactaba en su sitio en Internet que “…Colombia ‘rompería el record mundial de reparación a sus víctimas’ pues casos internacionales demuestran que el promedio de tiempo para empezar los procesos de reparación es, en promedio, entre 10 y 15 años”.50 Esta postura, y la manera en que el CNRR fue creado sin consulta amplia con las víctimas, llevó a algunas asociaciones de víctimas, como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, a decir: “El CNRR no nos representa”. Cuanto menos, la falta de independencia de la CNRR limita los valiosos servicios que podría ofrecer a las víctimas.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 5

Reparaciones
En tanto el proceso de Justicia y Paz ha generado algunas oportunidades de tener verdad y justicia, las reparaciones son nulas hasta la fecha. Como condición para su desmovilización, los paramilitares deben informar los activos obtenidos ilegalmente. Estos activos supuestamente deben canalizarse hacia un Fondo Nacional de Reparaciones administrado por la CNRR. Pero hasta los paramilitares considerados inmensamente ricos se declararon pobres.

El temido jefe Don Berna, quien según se dice dirigió las actividades ilícitas de Medellín con puño de hierro, declaró: “Soy dueño de una casa en Medellín, de una finquita y de algunas cabezas de ganado”.
Los fiscales de Colombia no han intentado hasta ahora presionar a los paramilitares para que cumplan con este requisito básico de la ley—hasta el día de hoy, apenas un poco más de doce personas han devuelto alguna propiedad.

Aunque se cree que los paramilitares consiguieron, mediante la violencia, extorsión y narcotráfico, enormes riquezas, entre las que estaría gran parte de las 5 a 6
millones de hectáreas de tierras robadas a las casi 4 millones de personas desplazadas del país, esto es lo que se ha devuelto al Fondo Nacional de Reparaciones:
predios rurales con una superficie de 5.439 hectáreas, 7 lotes urbanos, prendas de
vestir, 4.666 vacas y caballos, 8 vehículos, 2 helicópteros, 739 millones en efectivo, 70 pares de zapatos y un televisor en mal estado de funcionamiento.

Pero a las víctimas se les ha devuelto aún menos en realidad. Para obtener reparaciones económicas, ha sido la víctima quien ha tenido la carga de la prueba. La víctima tendría que saber quién fue el autor del crimen y aportar
pruebas de lo que le hubiera sido robado, incluso entregar el título de dominio de sus tierras, lo que de por sí excluiría a muchos agricultores pobres que trabajan desde hace décadas en sus tierras sin tener ningún título válido.

La Ley de Justicia y Paz no define con claridad las reparaciones, sólo dice “El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización,rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas”.
La ley contempla reparaciones económicas y simbólicas, individuales y colectivas. Deja abierta la posibilidad de que los programas sociales del gobierno puedan ser considerados reparaciones, un concepto criticado por el Procurador General y la CIDH como una licencia dada al gobierno de rotular de reparaciones a las prestaciones mínimas que ya tenía la obligación de brindar a sus ciudadanos.

El gobierno colombiano anunció que los desmovilizados podían participar en proyectos productivos en beneficio de ellos mismos, de los desplazados y de otros pequeños agricultores—y que esto constituiría una reparación. Esta posibilidad horrorizó a las asociaciones de víctimas, quienes la criticaron diciendo que era un plan de reconciliación forzosa que obligaría a los desplazados a convivir con sus victimarios y a depender de ellos.

Reconociendo que el plan de reparaciones financiado por los paramilitares estaba en

un punto muerto, el gobierno colombiano emitió un decreto para que las reparaciones sean concedidas “administrativamente”.
Esto quiere decir que el gobierno dará reparaciones en forma directa en lugar de recurrir para ello a los tribunales, y que los recursos vendrán principalmente del presupuesto del gobierno y de donaciones internacionales, y no de las ganancias mal habidas de los paramilitares.

Las organizaciones de derechos humanos y víctimas criticaron este plan, planteando una serie de objeciones. En primer lugar, el decreto beneficiaría a las víctimas
de la violencia paramilitar y guerrillera, pero excluye específicamente a los que fueron perjudicados directamente por el Estado, como los familiares de los civiles asesinados por el ejército. En segundo lugar, no está vinculado de manera integral a un proceso de verdad y justicia. “La experiencia nos enseña que la reparación no se da con la mera entrega de un cheque o con la erección de un monumento, sino con el discurso publico oficial y la construcción simbólica que implican las expresiones materiales de la reparación”, comenta Catalina Díaz del Centro Internacional para la Justicia de Transición. Si bien muchas víctimas de escasos recursos sin duda aceptarán una reparación económica, aunque sea insuficiente, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado expresó su preocupación por el hecho de que,
si las reparaciones no se vinculan con esfuerzos sistemáticos de llegar a la verdad
y justicia, “un programa de reparaciones administrativas puede terminar siendo una herramienta utilizada para intentar comprar el silencio de las víctimas”.

El problema más palmario que presenta esta solución administrativa es que admite tácitamente que los paramilitares no devolverán los millones de hectáreas de tierra que consiguieron por medio de la violencia. Desde el comienzo, la Administración Uribe se mostró reticente a la idea de que las reparaciones incluyan la devolución o una compensación por las tierras robadas. Asociaciones de víctimas y desplazados reclamaron con firmeza que los casi 4 millones de desplazados colombianos están entre las principales víctimas del conflicto, y que la restitución debe incluir las tierras. A ellos se les unió la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, quienes instaron a los organismos de gobierno a reconocer la responsabilidad que le cabe al Estado por la devolución de las tierras así como de asistir a los desplazados. Aunque después de muchas presiones el gobierno aceptó incluir a los desplazados como víctimas con derecho a reparación, recibirán sumas menores a las de otras víctimas, que para nada se acercan al valor de las tierras que perdieron.

El gobierno colombiano hizo muy pocos intentos para siquiera identificar, mucho menos
devolver, las enormes cantidades de tierras que fueron apoderadas por medio de la violencia. Según el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), durante
la Administración Uribe, se devolvieron a 4.653 familias 54.565 hectáreas de tierra (de las alrededor de 5 millones de hectáreas que se le robaron a los más de 4
millones de desplazados).

En febrero de 2008, el Congreso sancionó un proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo, que simplificaba el trámite de legalización de tierras que hubieran estado en poder de personas por más de cinco años. En cualquier otro contexto más pacífico, una propuesta similar de legalización de tierras a favor de pequeños agricultores sería progresista—en América Latina, muchos minifundistas todavía explotan sus tierras sin ser dueños de ellas. Pero en la conflictiva Colombia, esos cinco años coinciden con el período de expansión paramilitar y expulsión violenta de pequeños agricultores y poblaciones afro-colombianas e indígenas de sus tierras. Dada la ventaja de poder con la que cuentan los paramilitares desmovilizados

sobre los agricultores pobres, representada por amenazas, mayor acceso a recursos y asesoramiento legal, incluso con salvaguardas en la ley para excluir tierras tomadas por la fuerza, es probable que esta ley termine ayudando a los paramilitares a legalizar las tierras que robaron.

La extradición en masa de los jefes paramilitares también dejó flotando la pregunta de qué pasará con las tierras robadas por los paramilitares. ¿Restaría aún más los ya pocos incentivos que como 22 grupos armados ilegales, como producto del “reciclado” y reagrupación de los paramilitares en unidades nuevas y más pequeñas, pero todavía mortales. Estos grupos, con una composición estimada de entre 3.000 y 9.000 miembros, están apoderándose de las rutas del comercio de drogas, operaciones de lavado de dinero y actividades de extorsión. Si bien muchos de estos grupos nuevos o reciclados se dedican a actividades criminales, algunos de ellos, como los que llevan el nombre de “Águilas Negras”, continúan con la El temido jefe Don Berna declaró: “Soy dueño de una casa en Medellín, de una fiquita y de algunas cabezas de ganado.”

tienen estos paramilitares para declarar las propiedades que robaron? ¿Será que el proceso en EE.UU. permitirá que se realicen investigaciones sobre estas propiedades y la devolución de estas tierras a los desplazados?
Lo que sí está claro es que: Cerca de tres años después de la sanción de la Ley de Justicia y Paz, las reparaciones han sido prácticamente nulas y las devoluciones de tierras, casi inexistentes.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 4

Justicia
Los funcionarios del gobierno colombiano alegan que el proceso de Justicia y Paz brinda más posibilidades de llevar a la justicia a los criminales que muchos otros procesos de paz anteriores. Y es verdad. Pero las organizaciones de derechos humanos argumentan que el castigo es mínimo aún en el caso de delitos de lesa humanidad y la forma en que viene planteándose hasta ahora tiene errores funestos. Aún no sabe la magnitud de justicia que aportará el proceso—pero no será suficiente.

El proceso posibilitó que la gran mayoría de paramilitares se desmovilizaran y reciban beneficios sin ningún castigo. Durante un año y medio mientras se estaban ultimando los detalles de la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares al igual que las guerrillas se desmovilizaron en el marco
de la ley anterior sobre desmovilizaciones individuales y colectivas. Una vez en vigor, la Ley de Justicia y Paz permitió a todos los paramilitares que no tuvieran causas legales en su contra, siempre que no hubieran reincidido en sus crímenes, quedar libres de culpa y cargo y adherir a los programas de reintegración. Sólo aquéllos que tuvieran causas en trámite o que pensaran que sus crímenes serían descubiertos, buscaron las reducciones de sentencias dispuestas en la ley—un total de 3.127 paramilitares.

Para procesar a este pequeño subgrupo se presentan obstáculos enormes. En la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay solamente 23 fiscales encargados, cada uno de ellos con 3 a 4 investigadores y 2 a 3 asistentes legales. Desde sus sedes de Bogotá, Barranquilla y Medellín, tienen la función de cubrir todo el territorio nacional, incluso muchas zonas que siguen en conflicto. Se enfrentaron con el obstáculo de que existe una cantidad limitada de investigaciones contra paramilitares antes de la desmovilización. De los 3.127 paramilitares que pretendieron acogerse a los beneficios de la reducción de penas, la gran mayoría tiene todavía que terminar
sus versiones libres, y muchos de estos parecen haber desistido del proceso.

Según la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para el 19 de diciembre de 2007, la Fiscalía ya había recibido 1.057 declaraciones voluntarias, 941 de las cuales fueron cerradas pues los paramilitares desmovilizados no ratificaron su voluntad de acogerse a los beneficios de la ley, y no hubo ningún llamamiento a juicio. En esencia, hasta los paramilitares que en un principio pensaron que sus crímenes justificaban acogerse a los beneficios de la ley, ahora en cambio confían en las ineficiencias del sistema de justicia colombiano, apostando que terminarán no siendo procesados.

Y la extradición en masa de jefes paramilitares por los Estados Unidos plantea ahora nuevos obstáculos para tener justicia. Si bien sus consecuencias podrían ser mayores penas de prisión para los 14 jefes paramilitares, es posible que ponga en riesgo la posibilidad de hacer justicia
con sus crímenes de lesa humanidad y que complique el procesamiento de otros jefes paramilitares y de los políticos y oficiales militares que colaboraron con ellos. Una de las señales más visibles de los avances en el frente judicial son las exhumaciones de fosas comunes. Según la Fiscalía, al mes de abril de 2008, se llevan descubiertas 1.207 fosas con 1.452 cuerpos. Aún así, expertos forenses dicen que muchas exhumaciones se hicieron con métodos que no permiten obtener todas las pruebas posibles. Por ejemplo, el gobierno no trabajó cuidadosamente con los parientes de los desaparecidos para poder crear un buen registro de personas desaparecidas, y por consiguiente se perdió la oportunidad de identificar los cuerpos y poner algún tipo de broche de cierre para sus familias. Hasta la fecha, se han podido identificar sin lugar a dudas 169 cuerpos solamente.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 3

El gobierno desaprovechó la primera oportunidad que se presentó para dar a conocer los detalles de las operaciones paramilitares durante los procesos de matriculación con la que las autoridades registraron a los desmovilizados—el único momento en que se entrevistó a todos los combatientes desmovilizados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los fiscales que se ocuparon de este registro no tuvieron capacitación especial previa y utilizaron un cuestionario que no estaba bien preparado para sacar detalles sobre los delitos cometidos.11 El gobierno colombiano reconoció luego que el trámite “no tenía como objetivo lograr que los desmovilizados delataran a miembros de la organización, y menos que reconocieran los delitos cometidos”.

12 De acuerdo con la CIDH, alrededor del 90 por ciento de las 28.000 personas procesadas no aportó “…datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por los bloques paramilitares a los que pertenecían”.13 La gran mayoría de los paramilitares simplemente se iba sin dejar ninguna confesión sobre abusos ni ninguna información sobre las estructuras de sus agrupaciones, actividades de narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades delictivas.

La segunda oportunidad de conocer la verdad es con las declaraciones hechas por los paramilitares que, después de haber cometido delitos graves, pretenden acogerse
a los beneficios de la ley para tener una pena menor. Los paramilitares que pretendan ampararse en la Ley de Justicia y Paz deben hacer una declaración—confesión—sobre su participación en delitos. Las víctimas tienen derecho a participar en estas audiencias de confesión, pero su participación se ve limitada por la falta de información y el temor. Al menos quince de las víctimas que participaron en este proceso fueron asesinadas (ver recuadro en página

7). Según el abogado Alirio Uribe, “algunas víctimas recibían amenazas telefónicas
antes o después de una audiencia o se les acercaba gente sospechosa diciéndoles que no fueran a los llamados juicios de Justicia y Paz, o que si iban a las audiencias les iba a pasar lo mismo que le pasó a su familia”.14 El muy publicitado asesinato de Yolanda Izquierdo después de testificar en la audiencia del jefe paramilitar Salvatore Mancuso aterrorizó a muchas víctimas. Muchas veces, las víctimas no reciben una notificación a tiempo de estos procesos,que se realizan sólo en unos pocos lugares. Si bien se publican en Internet y en el diario nacional El Tiempo, las notificaciones no tienen mucha difusión por radio, que es el medio de comunicación más común en el campo, que es donde tuvo lugar gran parte de la violencia. La estrategia de difusión no tiene en cuenta que muchas víctimas fueron desplazadas de los lugares donde se produjeron los hechos de violencia.15 Además, muchas de ellas no saben el nombre del autor de los crímenes que padecieron, por lo que mal podrían saber a qué audiencia asistir.

E incluso las víctimas que sí participan tienen un acceso muy limitado al proceso; según un abogado de derechos humanos,la metodología es “terrible”.16 Las víctimas, que están sentadas en una sala distinta a la del fiscal y paramilitar, no pueden interrogar al acusado directamente. Tienen que entregar sus preguntas al fiscal de antemano. El fiscal puede optar por hacer o ignorar las preguntas, y a la víctima no se le permite cruzar palabra con el fiscal después de escuchar las respuestas para poder mejorar la contrainterrogación.

Aunque las víctimas supuestamente pueden recurrir a un defensor público, en la práctica la Defensoría del Pueblo no ha brindado representación suficiente. Un senador del partido pro-Uribe “La U”, Armando Benedetti, reveló en abril de 2008 que sólo 8.634 víctimas de las más de 125.000 que se habían registrado habían realmente participado en las audiencias de Justicia y Paz, y que sólo 10.716 habían tenido representación legal de la Defensoría del Pueblo. Con un plantel de 68 defensores públicos a disposición de las víctimas en el proceso de Justicia y Paz, cada defensor público atendió a 815 víctimas. Además, de las 125.368 víctimas que se presentaron, solamente un poco más de la mitad, unas 69.027, fueron aceptadas por el gobierno.

17 Y lo que es más descorazonador, algunas audiencias se convirtieron en un triste espectáculo en el cual, el autor del crimen estaba rodeado de su propio público que lo aplaudía mientras las víctimas quedaban relegadas a los costados (ver recuadro en página 10). Según la misión observadora de la Organización de Estados Americanos, “En las audiencias, las declaraciones de los ex comandantes han tenido un sesgo claramente político. La misión observadora, que asistió a más de la mitad de las audiencias de declaraciones voluntarias, pone de relieve que muy pocas de las personas que declaran asumen su responsabilidad por hechos concretos, mientras que otras prefieren no divulgar los nombres o las instituciones involucradas, y otras dicen que se olvidaron”.

18 Y aún así, a medida que continuaban las audiencias, comenzaban a salir a la luz algunos pedazos de la horrenda verdad. Salvatore Mancuso confesó descaradamente haber participado en la matanza de 336 personas y dijo que tanto la policía como efectivos del ejército estaban aliados con fuerzas paramilitares. Pero, varios de los oficiales de alto nivel que nombró estaban muertos.Pero la limitación más grave para la búsqueda de la verdad es la falta de una comisión de la verdad. En la Ley de Justicia y Paz, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación se le asignó la tarea de elaborar un informe público “sobre las razones de porqué nacieron y se fueron desarrollando los grupos armados ilegales”,

una escueta frase que hace de objetivo único del informe. Bajo la dirección del distinguido profesor Gonzalo Sánchez, este informe podría aportar un análisis esclarecedor de la violencia que asola a Colombia. Pero estará muy lejos de ser una comisión de la verdad, representativa e independiente, como se reconoce en el sitio web de la propia CNRR.

31 En el momento en que se mandaba a imprimir este informe, Estados Unidos extraditó a su territorio, en una sorpresiva decisión, a 14 cabecillas paramilitares, entre ellos Mancuso, Jorge 40 y Don Berna. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia adujeron, como razón de la extradición, la inobservancia de estos cabecillas de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz. Esta extradición podría significarles condenas de prisión más largas que las que contempla la ley de Justicia y Paz. Pero, las organizaciones de derechos humanos, asociaciones de víctimas y varios fiscales involucrados en estos procesos están preocupados por la posibilidad de que esta controvertida decisión termine frenando los avances que se habían venido registrando en las audiencias de Justicia y Paz y, en particular, en las investigaciones de la Corte Suprema sobre la parapolítica.

El gobierno de Colombia tenía la opción de enviar a los cabecillas paramilitares que no hubieran colaborado al sistema ordinario de justicia donde pudieran pagar más caro sus crímenes de lesa humanidad—pero optó en cambio por exportarlos a Estados Unidos. “Justo cuando los fiscales locales estaban empezando a desenmarañar a red de vínculos paramilitares con prominentes políticos, el gobierno decidió sacar del país a los hombres que tienen casi toda la información”, comentó Human Rights Watch.


32 Esta decisión turba el proceso de Justicia y Paz. A los jueces y fiscales los tomó desprevenidos esta decisión de máximo nivel. Las acusaciones de EE.UU. tienen
que ver exclusivamente con el narcotráfico, por lo que el proceso judicial en EE.UU. no incluirá crímenes de derechos humanos. Aunque los gobiernos declamaban que los fiscales colombianos tendrían algo de acceso a los cabecillas paramilitares, que ahora están dispersados en cinco ciudades de Estados Unidos, en realidad no se elaboró de antemano ningún pacto específico para que los fiscales colombianos tengan realmente ese acceso, ni qué decir del acceso que podrían tener las víctimas y sus representantes. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió, “las extradiciones podrían debilitar las posibilidades de avanzar, en tiempo y forma, con la lucha contra la impunidad de los que cometieron graves violaciones a los derechos humanos”.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES. parte 2

“Saltaron como liebres del sombrero del mago nombres
de empresarios, militares y otros cómplices de la barbarie paramilitar...”

María Teresa Ronderos

los límites y arrancar, aunque no sea reparación y justicia, al menos algo más de verdad de todo este proceso.
Los límites a la verdad que imponía el marco oficial comenzaron a trasponerse ya que muchos y diferentes protagonistas colombianos comenzaron a tirar de la tensa cuerda que la sujetaba. Alrededor de 125.000 personas intentaron registrarse como víctimas en distintos organismos del gobierno. Grupos de víctimas, muchos de ellos denunciando a viva voz el proceso oficial, comenzaron a realizar sus propias audiencias por la verdad, a simular juicios y crear catastros alternativos de tierras robadas. Las organizaciones de derechos humanos se abalanzaron sobre los obstáculos que impiden obtener justicia mediante la ley de desmovilización, y redoblaron sus esfuerzos para documentar nuevos abusos perpetrados por los militares y el re-armamento de grupos paramilitares. Los periodistas publicaron casos de investigación y reflexivas columnas de
esclarecedora… como para que este año pase a la historia como aquél en el que se empezó a descubrir la verdad”.

3 El proceso oficial
En 2003, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con los jefes de la agrupación paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En ese acuerdo, el gobierno prometió no procesar a integrantes paramilitares exclusivamente por el hecho de pertenecer a un grupo armado ilegal y a fijar penas menores para aquellos paramilitares que habían cometido delitos graves. En julio de 2005, el Congreso colombiano sancionó la Ley 975, también conocida como la ley de “Justicia y Paz”.

Esta ley permitía a los combatientes desmovilizados que hubieran cometido delitos, peticionar los beneficios de la ley, entre los que se incluían penas menores. La pena máxima, aún en el caso de los crímenes más brutales de lesa humanidad, era de ocho años. La ley permitía que a las penas también se les descontara el tiempo que se pasaba en zonas pre-establecidas donde se reunían los paramilitares durante el largo período de negociación. Los paramilitares que pretendan acogerse a los beneficios de la ley tienen que pertenecer a un grupo que se haya desmovilizado, aportar información sobre activos obtenidos en forma ilegal, entregar soldados
menores de edad, liberar secuestrados, dejar de interferir con el libre ejercicio de los derechos políticos y abandonar otras actividades delictivas.

La ley creó una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con el supuesto objetivo de garantizar los derechos de las víctimas y propiciar la reconciliación, pero lejos estaba de ser una comisión oficial de la verdad.

La Ley de Justicia y Paz fue duramente criticada por organizaciones colombianas
e internacionales de derechos humanos por legislar impunidad. La Comisión Colombiana de Juristas declaró que la ley no significaría “ni justicia ni paz”.
El director de Human Rights Watch Americas, José Miguel Vivanco, dijo que “era una burla a los principios básicos de derechos humanos”. Detrás de estas críticas estaba la enorme duda de que
la desmovilización paramilitar sea una farsa, y que los paramilitares continuarían asesinando, amenazando, narcotraficando y desplazando a la gente de sus tierras. El reclamo de una justicia más rigurosa se debía no sólo a una noción abstracta o ideal de justicia sino del temor de que sin justicia, la violencia terminaría inexorablemente instalándose.

Las organizaciones colombianas de derechos humanos cuestionaron la constitucionalidad de la ley. El 13 de julio de 2006, la Corte Constitucional declaró
que la ley era constitucional pero estableció importantes pautas para su aplicación. La corte aclaró que las sentencias alternativas eran aceptables pero que no se les podía descontar también el tiempo insumido por las negociaciones. Amplió los plazos que tenían los fiscales para investigar
delitos cometidos por ex-combatientes que pretendían acogerse a los beneficios de la ley. Y como aspecto de gran significación, estableció mayores incentivos para que los paramilitares dijeran la verdad, negándoles los beneficios de la ley toda vez que luego se descubra que alguno de ellos había mentido. Dispuso que los paramilitares tendrían que pagar las reparaciones a las víctimas, nosólo con los activos que hubieran obtenido ilegalmente, sino con todos sus bienes. Finalmente, dispuso un mayor acceso a las actuaciones para las víctimas.4 Si bien la sentencia de la Corte Constitucional fue bien recibida por las organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Colombia por las posibilidades que abre para mejorar la aplicación de la ley, el poder ejecutivo parece no estar de acuerdo con instrumentar la decisión de la Corte en su total magnitud.

5¿Cuál ha sido hasta ahora el aporte hecho por el proceso de Justicia y Paz en defensa, como lo prometió, de “los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”?


Verdad
Si bien el marco oficial ofrece más oportunidades de justicia que muchos procesos de paz, también brinda menos garantías para la verdad. Lo que es más notable es que no hay ninguna previsión de crear una comisión de la verdad con gente independiente (como las comisiones de la verdad auspiciadas por la ONU). Esto tiene serias consecuencias, especialmente por la posibilidad de revelar las conexiones que existían entre los paramilitares y las autoridades del gobierno, legisladores, fuerzas de seguridad, y miembros de la elite empresarial. La verdad que está asomando viene más por otros caminos—la Corte Suprema, los medios de prensa, las víctimas—que por el esquema de Justicia y Paz.

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LA CARA OCULTA DE LA JUSTICIA Y REPARACIÓN PARA LAS VICTIMAS DE LOS PARAMILITARES parte 1

En busca de Verdad, Justicia y Reparación para las
Víctimas Colombianas de la Violencia Paramilitar

“La única manera de cambiar el destino de la nación es ayudando a las
víctimas a que nos cuenten lo que pasaron”.

Hollman Morris.
El 4 de febrero de 2008, hubo una marcha de millones de colombianos en demostración de su terminante rechazo a la violencia de las FARC. Se trató de un auténtico e inspirador reclamo de colombianos cansados de las horrorosas tácticas de la guerrilla y una muestra de solidaridad con el sufrimiento de los muchos colombianos cautivos en manos de las FARC durante años. Aunque esta marcha fue una iniciativa ciudadana, contó con el decidido respaldo del gobierno, cuyo Presidente Álvaro Uribe manifestó “nuestra voz de gratitud a todos los colombianos que hoy han expresado con dignidad y con fortaleza el rechazo al secuestro y a los secuestradores”.

1 Para muchas de las víctimas de la violencia paramilitar, la enorme dimensión de esta marcha les planteó la pregunta de por qué esa misma sociedad colombiana que se mantuvo tan unida en apoyo de las víctimas de las FARC les negaba su respaldo. ¿Por qué a tan pocos de ellos parecía importar las familias de las miles de personas que habían sido asesinadas o desaparecidas por los paramilitares, las fosas comunes que había en el campo,los cuerpos que habían sido arrastrados a las márgenes de los ríos o las miles de personas que habían sido forzadas a dejar sus hogares, muchas de ellas
por la violencia paramilitar? ¿Por qué el gobierno daba su apoyo y credibilidad a esta marcha, pero nada dice sobre los crímenes cometidos por las fuerzas paramilitares? Las víctimas convocaron a una segunda marcha un mes después, en rechazo a la violencia de las fuerzas paramilitares y también a los actos de los soldados y políticos que las habían apoyado. Como explicara el activista Iván Cepeda, las víctimas querían que la sociedad colombiana “…le rinda un muy justo homenaje a los desplazados, a los desaparecidos, a los familiares de los asesinados y masacrados…No sólo queremos que sea un momento de hacer memoria, sino de solidaridad”.

2 Pero, mientras la sociedad colombiana se mostraba dividida en cuanto a la idea de participar, el gobierno se distanció de esta marcha y sus organizadores se enfrentaron con una ola de amenazas de muerte y violencia.

El cuento de las dos marchas sirve para explicar porqué fue tan controvertido un proceso que desmovilizó a miles de paramilitares, integrantes de un grupo armado asesino. Después de un pasmoso período de violencia, las víctimas aguardan y demandan no sólo el fin de la violencia, sino una medida más concreta de verdad, justicia y reparación. Pero las víctimas de la violencia paramilitar aún esperan el tan ansiado reconocimiento de parte del gobierno y de la sociedad colombiana:
que reconozcan lo que sufrieron, que admitan el rol que tuvieron las autoridades de gobierno, los políticos y miembros de las fuerzas armadas de Colombia en ayudar e instigar las atrocidades de las autodefensas, y que digan: “Nunca más”.

Hay un temor palpable de que la desmovilización sea una farsa—de que haya grupos que en realidad nunca se desmovilizaron, de que otros estén volviendo a armarse, mientras el poder paramilitar sigue dominando a la política nacional y las comunidades locales.
En este informe se analizará el marco oficial para la desmovilización de los paramilitares y las escasas oportunidades de conseguir la verdad, justicia y reparación que viene ofreciendo el gobierno. Luego, se destacarán algunos de los intentos muchas veces heroicos de diversos sectores de la sociedad—activistas de derechos humanos, periodistas, miembros del poder judicial, y especialmente las víctimas—de traspasar

opinión que encendieron el debate público sobre un tema que desde hacía mucho tiempo era mantenido en silencio. Los tribunales supremos de Colombia abrieron sus puertas para dar más justicia de la que contemplaba el ejecutivo, imponiendo algunos patrones mínimos para aplicar la ley de desmovilización y llevando a la justicia a los políticos que protegían a paramilitares. Para fines de 2007, la columnista de la revista Semana, María Teresa Ronderos, decía “Saltaron como liebres del sombrero del mago nombres de empresarios, militares y otros cómplices de la barbarie paramilitar…. La verdad que emergió este año ha sido lo suficientemente

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