Sepultado por uribista del Senado El proyecto de Ley de Víctimas

Semana.El proyecto de Ley de Víctimas que buscaba la reparación integral de quienes han padecido por el conflicto armado fue sepultado este jueves por la mayoría de la bancada uribista del Senado. Desde el Ministerio del Interior, el gobierno convocó a los parlamentarios para pedirles que en la votación del informe hundieran la iniciativa. Argumentó que era demasiado costoso y que costaba 75 billones de pesos. Además la Presidencia emitió un comunicado para pedirle al Congreso que no votara la iniciativa y explicó sus razones.
(Vea le comunicado)
Sin embargo, para muchos observadores, la verdadera razón de pedir que la hundieran fue que el gobierno no podía aceptar la Ley como la había aprobado este miércoles la comisión de conciliación que adoptó el texto del proyecto original del Senado. Éste incluía en el universo de víctimas a las que han sido vulneradas por policías y militares y otro agentes del Estado, como los jóvenes desaparecidos y posteriormente ejecutados de Soacha.



Vea el artículo Un Luz para la Ley de Víctimas

Desde el comienzo de las discusiones, el gobierno mostró su desacuerdo con la iniciativa e intentó pasar un proyecto que excluía a las víctimas de agentes de Estado y no reconocía la responsabilidad de este por no haber garantizado la protección de sus derechos. Decía que si reparaba a las víctimas era por solidaridad, no por haber incumplido su promesa de protegerlas como reza la Constitución.

Durante la discusión de la votación de este proyecto el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que el proyecto no era viable fiscalmente y pidió su votación negativa.
Según él la iniciativa costaría tres veces más de lo que estaba presupuestado en la Ley propuesta por el gobierno, pero que fue derrotada en la conciliación. Es decir, 50 billones de pesos más.

Horas antes de que se negara la iniciativa, el presidente Álvaro Uribe pronunció estas palabras, durante un seminario de pobreza en Bogotá: "Aquella (ley) que no podemos aprobar costaría 80 billones, y además les daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas". En el mismo discurso defendió la necesidad de hacer sostenible la política de seguridad democrática a través de un nuevo impuesto. (Lea el discurso completo aquí)

No obstante, el argumento del costo de la Ley no convenció del todo a la bancada uribista. El senador Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana, por ejemplo dijo que esta cifra nunca fue mencionada en los debates. El senador de La U, Armando Benedetti quien fue uno de los firmantes del informe de conciliación también se mostró descontento porque el gobierno no quiso apoyar la reparación de las víctimas, sin discriminación en razón de quien fue el agresor.

En el mismo sentido el senador Liberal, Juan Fernando Cristo, quien fue el impulsor del proyecto desde el principio, dijo que al gobierno le interesaban más los victimarios que las víctimas y lo calificó de discriminatorio.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, dijo que el gobierno se comprometería a incluir un nuevo proyecto en la próxima legislatura, pero que fuera viable fiscalmente. Agregó que "no se pueden poner en igualdad de condiciones a los criminales con los agentes del Estado".

La posición del gobierno ha sido contraria a lo que han expresado organismos internacionales. Esta mañana durante la rueda de prensa que ofreció Philip Alston, relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, había advertido que era “imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley de víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad”.

No obstante, no valieron los aportes de las organizaciones de víctimas, ni recomendaciones de la oficina de derechos humanos de la ONU, ni las declaraciones de Alston para aprobar el proyecto.

En el fondo quedó la sensación de que toda la discusión del proyecto se trató de una pelea por imponer una visión ideológica sobre el conflicto colombiano, que según el gobierno, no es un conflicto armado, sino una “una amenaza terrorista” o un problema de delincuencia.

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Dadivas para los victimarios y corona de espinas para las victimas

Movice. Jueves 18 de junio de 2009, El pasado martes 16 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley denominado “Estatuto de las víctimas”. Iniciativa legislativa que tal y como fue aprobada por el Congreso, entra a engrosar el conjunto de normas que desconocen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de las víctimas de violaciones de DDHH e infracciones al DIH en Colombia.

El proyecto de ley fue aprobado por un congreso, que adolece de una profunda crisis de ilegitimidad, en un ambiente que negó las más mínimas garantías para el debate y la deliberación, desconociendo frontalmente el querer de las victimas y de sus organizaciones, así como los estándares internacionales en materia de DDHH. Algunos de los gravísimos problemas del texto aprobado son:

1.Desconoce la existencia de victimas de crímenes de Estado, con lo cual, no solo vulnera el principio de igualdad y no discriminación frente a ellas sino que las victimiza nuevamente porque además de padecer injustamente el accionar criminal del Estado deben enfrentarse a nuevas trabas e impedimentos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Conforme al texto aprobado las victimas de agentes estatales tendrían que ser reconocidas en una sentencia judicial para acceder de las distintas medidas de asistencia, ayuda humanitaria y reparación establecidas en la ley.

2. Ignora la prevalencia de la restitución como medida de reparación ante el despojo de las tierras y el patrimonio de las víctimas. La ley excluye la posibilidad de que exista restitución de bienes inmuebles, y favorece la indemización y otras formas de reparación ante el despojo de las tierras, con lo que desconoce los derechos de los de 3 millones de desplazados y reafirma la consolidación de un modelo económico basado en el despojo violento de las tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos. El Congreso legisla, de esta manera, a favor de los propietarios de empresas nacionales y trasnacionales, beneficiarios económicos, del desplazamiento y el despojo violento promovido por los grupos paramilitares. Con ello, garantiza la consolidación de un modelo social, político y económicamente excluyente dominado por el paramilitarismo.

3. Apela al principio de solidaridad y no reconoce su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. De esta manera el Estado no se hace responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto de garantía de los derechos humanos y pretende escudar su responsabilidad en la solidaridad, convirtiendo los derechos de las victimas en simples favores y negando su participación directa y decidida en la comisión de cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos a través de sus agentes estatales o paraestatales.

El Estado pretende negar su responsabilidad en la creación y la consolidación de la estrategia paramilitar, argumento cada vez más insostenible si se escuchan las versiones libres de jefes paramilitares quienes reconocen en esta estrategia una política de Estado.

4. Desconoce las diferencias entre los servicios sociales del Estado, las medidas de reparación y las medidas de asistencia humanitaria. Las medidas de reparación son una consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, las medidas de asistencia humanitaria son simples ayudas, dadivas y servicios que debe ofrecer cualquier Estado frente a una calamidad o una emergencia no necesariamente, propiciada ni auspiciada por el mismo y los servicios sociales buscan superar exclusiones sociales y pobrezas de determinados sectores sociales en la búsqueda por alcanzar una igualdad material

Igualar estos tres conceptos constituye una ofensa para las victimas porque con ello se desconoce su condición de sujetos políticos y de derecho y además se niega la responsabilidad de Estado en materia de reparación. Además al contemplar las indemnizaciones en tablas que no pueden exceder los 40 salarios mínimos desconoce que la entidad de los daños y perjuicios causados por las violaciones a derechos humanos deben ser analizados con las particularidades de cada caso en concreto. La Ley aprobada también retoma lo establecido en el decreto 1290, (Reparación Administrativa) y establece que las indemnizaciones sean pagadas en sumas periódicas y durante 10 años. Ello desconoce la esencia de lo que debe ser una reparación, y sin duda será utilizado por el gobierno Nacional en su campaña por la segunda reelección.

Dadivas para los victimarios: la apuesta es por la impunidad

En esta misma dirección, el día anterior a la aprobación de éste proyecto de ley de víctimas, la Cámara de representantes aprobó la modificación del Código de Procedimiento Penal sobre principio de oportunidad.

Este principio, pensado para delitos de “bagatela”, puede ser ahora aplicado para garantizar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, pues en adelante, podrá ser utilizado para favorecer a los paramilitares a quienes no se les pudo aplicar el indulto y los beneficios equivalentes contemplados en el decreto 128 de 2003 y la ley 782 de 2002, luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de julio de 2007, en la que reconoció que la participación en grupos paramilitares no podría ser considerado un delito político de sedición y luego de la cual, la Fiscalía debió asegurar la captura, investigación y sanción de estos paramilitares en lugar de promover y apoyar iniciativas legislativas para garantizar la impunidad a través del principio de oportunidad, legislando para los victimarios y a favor de los responsables de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

La solución no fue entonces la implementación de medidas que garanticen la aplicación de una justicia ejemplarizante y responsabilizante para los perpetradores y beneficiarios de los crímenes permitidos y agenciados por el Estado, no se optó por la garantía de los derechos de las victimas a la verdad y a la justicia; por el contrario, la apuesta fue por la impunidad.

Este nuevo mecanismo de impunidad hace parte de un marco jurídico, encabezado por ley 975 de 2005, que establece un procedimiento de aparente y simulada justicia para impedir que los crímenes sean juzgados por la Corte Penal Internacional o por otros tribunales internacionales.

Este marco jurídico y las nuevas leyes fueron aprobados por un Congreso viciado por la ilegitimidad, que se hace evidente con la existencia de más de 80 congresistas procesados judicialmente por nexos con grupos paramilitares. Ante estos hechos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, manifiesta su profunda indignación y rechazo a las decisiones tomadas por el Congreso de la República. El MOVICE ha rechazado estas iniciativas desde sus inicios y presenta una vez más su constancia histórica frente a lo que considera otra burla a las víctimas y sus organizaciones, un desconocimiento de su querer y un silenciamiento de su voz.

Por último el MOVICE reafirma su decisión de seguir trabajando por la realización de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, como elementos esenciales en un verdadero Estado democrático y de derecho; y hace un llamado a la Corte constitucional, para reconozca que estas leyes son contrarias al orden constitucional colombiano, y en consecuencia declare su inexequibilidad.

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Ejecuciones en Colombia son una práctica sistemática : Relator de ONU

AP Las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de una barriada de Bogotá fueron una matanza "flagrante y obscena" que apenas revela la punta del iceberg de una "práctica sistemática", afirmó el jueves un demoledor informe preliminar del Relator de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias.

El australiano Philip Alston dijo que dentro de cuatro a cinco meses presentará su informe final, con las conclusiones y recomendaciones al gobierno del presidente Alvaro Uribe, tras realizar una visita a Colombia del 8 al 18 de junio por invitación de las autoridades de Bogotá.

"Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg", dijo Alston al presentar partes de sus observaciones preliminares sobre ejecuciones en Colombia.

Creo, agregó Alston en una conferencia de prensa en una sede local de Naciones Unidas, que el problema de las más recientes ejecuciones extrajudiciales denunciadas son el "resultado de una práctica sistemática dentro de los militares".

Las fuerzas armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, y después sus cadáveres fueron localizados en fosas comunes del noroeste del país como rebeldes muertos en combate con tropas del ejército.

El escándalo cobró la cabeza de una veintena de oficiales y suboficiales del ejército, entre ellos tres generales, destituidos por Uribe a fines de octubre del 2008. El entonces comandante del ejército, general Mario Montoya, renunció al cargo poco después de la mayor purga en las filas militares en años.

El gobierno de Uribe ha dicho que los casos de Soacha fueron productos de algunas "manzanas podridas" en las fuerzas militares y aseguró incluso que algunas de las víctimas eran ciertamente rebeldes. Alston, sin embargo, dijo en la jornada que aparte de "las afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido".

Por el caso de Soacha al menos dos coroneles, pasados a retiro en la purga de octubre, así como medio centenar de suboficiales y soldados profesionales, están detenidos y acusados por secuestro, desaparición forzada y homicidio agravado, según datos de la Fiscalía General que les investigó.

La Fiscalía lleva en total al menos 1.056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1.708 personas, incluyendo las víctimas de Soacha, en ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.

El relator Alston no ofreció cifras y sólo dijo que por los datos que le había suministrado el Ministerio de Defensa se habría reportado una reducción en el número de ejecuciones en los últimos nueve meses.

Alston dijo además que aún esperaba una respuesta oficial a su pedido de saber exactamente si estaban o no en vigencia órdenes internas del Ministerio de Defensa en torno al pago de incentivos en dinero, recompensas o el otorgamiento de días libres para militares que dieran "resultados positivos" en operaciones contra la insurgencia.

"Sí considero que algunos (militares) fueron motivados" a actuar o cometer esos asesinatos debido a esos beneficios ofrecidos, dijo el relator al ser consultado sobre qué rol han jugado esos beneficios en los casos de ejecuciones.

Alston dijo que no tenía utilidad comparar la situación de Colombia con los de otros países sobre si la situación era más grave aquí o en otras regiones. "Lo que pasa en Colombia, pasa en otros países", indicó Alston al preguntársele sobre cómo comparaba la gravedad de los hechos de Soacha con otros que conociera.

El relator admitió que a muchos opositores de Uribe no les gustaría su posición en torno a que carecía hasta ahora de "pruebas que indiquen que estas ejecuciones (de Soacha) se llevaron a cabo como política oficial del gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de Defensa".

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Ex rehén de las FARC dice que la paz está más cerca que nunca

El Tiempo. Hace dos años, el 18 de junio de 2007, la guerrilla masacró en las selvas del suroccidente colombiano a 11 de los 12 diputados del Valle del Cauca, a quienes secuestraron cinco años atrás.
Para el ex diputado Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre, la acción de las Farc contra la Asamblea del departamento, el 11 de abril de 2002, fue el comienzo de un difícil cautiverio que tuvo su punto más álgido durante los meses siguientes a la muerte de sus compañeros y que finalizó el pasado 5 de febrero cuando fue liberado, durante un proceso que lideró la organización Colombianas y Colombianos por la Paz, encabezada por la senadora Piedad Córdoba, y que contó con el apoyo logístico de Brasil y la Cruz Roja Internacional.

Aproximadamente tres meses después de la masacre, las Farc revelaron a una comisión humanitaria la ubicación de los cuerpos de Juan Carlos Narváez, Jairo Hoyos, Alberto Quintero, Edison Pérez, Héctor Fabio Arizmendi, Javier Giraldo, Ramiro Echeverri, Rufino Varela, Carlos Charry, Carlos Barragán y Nacianceno Orozco. Una comisión de la OEA determinó que "murieron a tiros propinados a corta distancia".
"Ellos (los diputados) fueron mis hermanos, pero tenemos que seguir adelante y lograr que ese asesinato tan perverso, tan vil, nos sirva para expresar todo nuestro repudio a la violencia", afirma López.

Ahora, la academia y la política son los proyectos a corto plazo que tiene este político de 45 años, oriundo de Zarzal (Valle del Cauca), y quien ahora intenta seguir adelante con el apoyo y el amor de su familia. Eltiempo.com habló con él.



ELTIEMPO.COM: Se conmemoran dos años del asesinato de sus compañeros. ¿Qué tipo de actos se van a realizar

Sigifredo López: Va a haber un acto muy sencillo. Es la entrega de un parque que se llamará 'Parque de los diputados'. Estará acompañada por una misa que celebrará el padre José González, de la Arquidiócesis de Cali. En Bogotá, el viernes, se va a realizar algo parecido con la Alcaldía de Bogotá. Se va a entregar un parque al frente del Planetario.

Ya son casi cuatro meses en libertad. ¿Cómo ha sido este proceso?

Ha sido un proceso bastante bonito, pero difícil. La idea es lograr esa restauración afectiva tan necesaria para seguir adelante. Insisto en que ha sido difícil, pero con amor todo es más fácil.

¿Lo veremos pronto en la política?

Tengo que volver a lo que siempre he hecho, para lo que me he preparado toda la vida, que es la docencia universitaria y la política. Vuelvo a ambas. En julio arranco en la universidad. He sido profesor desde el año 1992, con excepción de los siete años que estuve secuestrado, y regreso también a la política, muy probablemente al Senado, pero esa es una campaña que arrancará en septiembre, antes no. Por ahora estoy escuchando a la gente, conociendo y estudiando algunas propuestas que escribí en cautiverio, pero que quiero reescribir para presentárselas a la ciudadanía.

¿Qué opina del proceso de liberación del suboficial Pablo Emilio Moncayo, la cual se encuentra estancada?

Es muy lamentable que esto esté ocurriendo. Yo comprendo el dolor de las familias, lo que está sintiendo la familia Moncayo en este momento, yo lo viví. No es posible que después de dos meses de anunciada la liberación (de Pablo Emilio Moncayo) aún se le esté propinando este sufrimiento a su familia. Pablo Emilio Moncayo merece regresar a la vida, no se le puede condenar a que continúe en la selva.

Todas las familias de Colombia están esperando a que el señor Presidente (Álvaro Uribe Vélez) se conduela y autorice que la senadora Piedad córdoba vaya por Pablo Emilio. El problema no es de quién vaya por él, el problema es que llegue. Eso es lo que nos interesa a todos los colombianos y pienso que el Presidente se está equivocando en eso. Esperamos que por favor rectifique, es un acto de humanidad.

¿Las familias de sus compañeros participarán de los actos conmemorativos?

Esta fecha para ellos es terrible. Es reconfirmar que podrían estar hoy en libertad con sus seres queridos y hoy no los tienen. De modo que es comprensible que ellos en este día quieran estar recogidos, conmemorar en la intimidad con una misa en familia. Ellos no quieren participar de nada. Detrás de cada uno de ellos hay una historia de gran dolor. Estoy con ellos. Sus hijos, esposos y padres fueron mis hermanos, pero tenemos que seguir adelante todos y lograr que ese asesinato tan perverso, tan vil, nos sirva para expresar todo nuestro repudio a la violencia y evitar que esos actos sigan repitiéndose.

El pasado 29 de mayo, las Farc intentaron realizar una acción similar a la efectuada contra la Asamblea del Valle en 2002, esta vez, en el municipio de Garzón (Huila). En este hecho fue secuestrado el concejal Armando Acuña.

Sí, es un hecho lamentable. Las Farc no han entendido que tienen que reconciliarse con la sociedad colombiana y que con esas prácticas están generando el rechazo absoluto. Los colombianos no soportamos una acción más de violencia. Aprovecho para expresar mi solidaridad a la familia del concejal secuestrado, sé perfectamente lo que ellos están viviendo. Las Farc tienen que buscar caminos de paz y reconciliación y no insistir más en estos hechos de violencia.

El secuestro

¿Cuándo y por qué fue separado del grupo?

Fui separado el jueves 14 de junio (de 2007). Nos habían prohibido hablar y a mí se me olvidó. Hablé normal y esto provocó la reacción de un guerrillero, yo exigí respeto. Una hora más tarde, fui encadenado y separado del grupo.

El 18 de junio (de 2007), hacia las once de la mañana se escucharon las ráfagas. Yo no supe realmente qué había pasado. Nunca me imaginé que en ese momento hubieran matado a mis compañeros. Finalmente, el 28 de junio (de 2007) me enteré de su muerte por la radio, a las cuatro de la mañana, cuando Fabiola Perdomo, la viuda de mi compañero Juan Carlos Narváez, daba la noticia al mundo.

¿Por qué las Farc decidieron asesinar a sus compañeros?

Todo fue una confusión. Ellos (los guerrilleros) pensaron que el Ejército había ingresado al campamento y quienes habían ingresado eran guerrilleros del frente 26 de las Farc. Esa decisión fue la que llevó al comandante del frente 60, quien era el responsable de nosotros, a ordenar el asesinato. Ellos estaban paranoicos y cobardes.

En ese sentido, ¿el rescate no es una posibilidad para quienes están cautivos?

Hablar de rescate es equivocado, hablar de rescate significa la muerte de los secuestrados. Más aún, cuando la intención de rescate se anuncia y se acaba el elemento sorpresa. Cuando se habla de rescate se produce paranoia en los captores y esa paranoia lleva a que en cualquier momento asesinen a los secuestrados.

Tras la muerte de sus compañeros, ¿cómo fue el cautiverio?

Los cuatro meses siguientes a enterarme de la muerte de mis compañeros fueron los más difíciles de mi cautiverio. Entré en una profunda depresión. Pensé en el suicidio, pero hice algunas reflexiones y logré superar el tema.

Mauricio Aragón Hernández

Bogotá, 18 jun (EFE).- El único superviviente de la masacre de diputados cometida por las FARC hace dos años, Sigifredo López, dijo hoy que la paz está "más cerca que nunca" en Colombia porque esta guerrilla necesita "una salida digna" a sus 45 años de lucha armada.
Ex rehén de las FARC dice que la paz está más cerca que nunca Ampliar fotografía


López fue liberado el pasado mes de febrero, cuando ofreció su testimonio sobre lo ocurrido en aquella masacre, en la que murieron once diputados regionales cautivos y solo él se salvo, hechos de los que precisamente hoy se cumplen dos años.

"A pesar de posiciones radicales, la paz está más cerca que nunca. Le corresponde hacerla al próximo presidente de Colombia, sea quien sea, porque las condiciones están dadas, ahora más que nunca", insistió el ex diputado en una entrevista con Efe, al aludir a las elecciones que tendrán lugar el año próximo en este país.

"Esta insensatez en la que estamos atrapados desde hace más de medio siglo no puede continuar", subrayó.

López y otros once diputados fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 11 de abril de 2002 en la misma sede del Legislativo regional de Cali, capital del departamento suroccidental del Valle del Cauca.

Cinco años después, aquel fatídico 18 de junio de 2007, López se salvó de morir en la masacre, porque había sido castigado y encadenado en un lugar apartado días antes por elevar la voz en una discusión con otro cautivo.

Cuando fue liberado, el pasado 5 de febrero, contó que sus once compañeros fueron asesinados por las FARC y que no murieron en un supuesto operativo militar de rescate, tal y como dijeron los guerrilleros al informar de la masacre el 28 de junio de 2007.

Las investigaciones de la matanza, en las que participó un equipo forense independiente conformado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a petición del Gobierno colombiano, concluyeron que los ex legisladores regionales perdieron la vida por disparos de fusil a corta distancia.

La de hoy "es una fecha muy dolorosa", pero "debe conmemorarse para que no se olvide", insistió López a Efe.

En los mismos términos se expresó hoy Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, uno de los once ex diputados asesinados, para quien es importante "que no se pierda" el recuerdo de lo ocurrido hace dos años en la selva.

También exigió que las FARC "se responsabilicen del crimen y pidan perdón".

Por eso, entre hoy y mañana se celebrarán en Cali y Bogotá concentraciones y marchas, y se inaugurará un parque en cada una de estas ciudades en homenaje a las víctimas.

En una rueda de prensa, Giraldo adelantó que mañana se instalará en Bogotá el "reloj de la infamia", que contará el tiempo transcurrido desde la toma por las FARC del cerro de Patascoy (21 de diciembre de 1997) y permanecerá activo hasta que el último de los secuestrados recupere la libertad.

Ese 21 de diciembre fueron capturados el cabo Pablo Emilio Moncayo y el suboficial José Libio Martínez, los dos rehenes más antiguos en poder de esa guerrilla.

Sigifredo López se dedica ahora a recorrer Colombia "clamando" por la liberación de Moncayo, anunciada hace dos meses por las FARC, pero que todavía no se ha concretado por las condiciones impuestas tanto por los rebeldes como por el Gobierno.

"La paz es posible", reiteró López al defender el polémico intercambio humanitario de secuestrados considerados "canjeables" por guerrilleros presos, una vía que -a su juicio- serviría "para ganar la confianza necesaria e iniciar un diálogo" y que ha sido planteada por las FARC.

Con la liberación unilateral de una docena de rehenes en el último año y medio, "por primera vez en tres décadas las FARC han empezado a demostrar que necesitan buscar una salida digna a 45 años de lucha", argumentó López.

Sobre su regreso a la libertad después de casi siete años de cautiverio, el ex diputado admitió que se ha ido "adaptando muy bien gracias al amor de la familia".

López, que ahora planea volver a la docencia universitaria y a la política, arrastra aún secuelas: "A veces siento mucha presión y quisiera estar más tranquilo y tener más pausa para pensar", concluyó.

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