22 abril, 2016

Incertidumbre guerrillera en montañas de Córdoba y Antioquia


Desde La Habana, Cuba, voceros de las Farc y los negociadores del gobierno nacional anuncian que un acuerdo de paz entre ambas partes está más cerca que nunca. Mientras tanto, en Colombia, los insurgentes rasos se preguntan qué pasará con sus vidas tras el histórico momento.
El reloj aún no marca las 8 de la mañana y en Saiza, un caserío incrustado en las estribaciones de la serranía de Abibe, en pleno corazón del Nudo de Paramillo, ya se siente un calor intenso y un aire impregnado de humedad.
El pueblo es pequeño, con dos hileras de casas antiguas y empedradas callejuelas que desembocan en una polvorienta plaza central. En medio de ella se erige un pequeño templo católico de paredes blancas curtidas por el polvo, que termina en un campanario sin campana y cuyos bordes se los come el moho. Los locales comerciales se resumen en dos billares, un restaurante, una tienda, una proveeduría y una miscelánea.
Es un domingo cualquiera, y a esa hora de la mañana solo el restaurante está abierto al público. Allí, una mujer se esmera en asear el lugar aprovechando que no hay comensales que atender. Dos niños entran y salen repetidamente del establecimiento. Junto a la cabecera del largo tablón que sirve de mesa está sentada una joven mulata de ojos vivaces que mira con detenimiento las puntas de sus rizos negros. Ninguno de ellos parece percatarse de la pistola color plomizo que hay sobre el tablón, metida en una funda color verde.
Tampoco hay mayores sobresaltos cuando aparece el dueño del arma. Es de Antonio*, un guerrillero del Frente 5 las Farc que la dejó allí mientras buscaba alimento para unas mulas que tendrán un largo viaje. Su presencia sobresale en aquel lugar. Su contextura maciza y su mediana estatura, su sudadera negra y su camiseta azul, contrastan con las figuras delgadas de los labriegos, que visten jeans desgastados y camisas roídas por el trajín propio del trabajo del campo.
El tipo no anda solo. Dos jóvenes, que visten de forma similar y que no parecen superar los 20 años, le ayudan con su faena: le dan de comer a los animales, revisan que sus herraduras estén en perfecto estado, amarran bien las monturas, equilibran bien la carga que llevarán monte adentro. Todos terminan bañados en sudor. El calor a las 9 y 30 de la mañana ya es insoportable. Antonio regresa por su arma, saluda con cortesía, pero a la vez con distancia, y cancela algunas deudas pendientes.
A una señal suya, se suben a las mulas y comienzan una larga jornada que los conducirá a un campamento insurgente, en algún lugar selvático del Nudo del Paramillo. A ellos los acompañan tres periodistas que pretenden conocer qué piensan del proceso paz los integrantes de los frentes 5 y 58 de las Farc desde su cotidianidad en los campamentos.
La presencia de los subversivos no toma por sorpresa a nadie en Saiza. Desde el mismo momento en que un puñado de colonos antioqueños que huían de la violencia partidista, a mediados de los años 40 del siglo XX, fundaron este pueblo en tierras del municipio cordobés de Tierralta, sus habitantes han tenido que lidiar con la presencia de hombres armados pertenecientes a todos los grupos, tanto ilegales como legales.
En su momento fue la guerrilla del Epl, que surgió en 1967 en el Alto Sinú cordobés, muy cerca de Saiza. A finales de la década del noventa fueron los paramilitares de los hermanos Castaño, responsables de que el caserío sea un triste recuerdo del esplendor que alguna vez tuvo. Ahora son las Farc, que desde la última tregua unilateral que decretaron, el 20 de julio de 2015, se mueven con mayor soltura en la región.
Un par de años atrás, por esos mismos caminos que ahora recorren Antonio y sus acompañantes, se movían las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo de Paramillo (Funup), adscrita a la VII División del Ejército Nacional, para combatir a los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, que erigieron en sus montañas un santuario que conocen al detalle. “Por todas las partes donde nos metimos, también se ha metido el Ejército”, cuenta el guerrillero.

En las entrañas del Nudo


En lo más profundo del Paramillo, la vegetación se torna exuberante y los caminos agrestes. Por momentos, se observan, desperdigadas, rústicas viviendas de madera habitadas por colonos e indígenas, quienes no tienen ningún impedimento para vivir en medio de las dificultades. Aunque pareciera que es tierra de nadie, en realidad se encuentran en terrenos del Parque Nacional Natural Paramillo, asunto que es bastante traumático para unos y otros. (Ver más en artículo: El Paramillo, un nudo difícil de entender)
Por cuenta de los avances de los diálogos de paz, en esta región hace rato no suenan las ráfagas de fusil. El Ejército retiró varios puestos de control, mientras los guerrilleros permanecen acuartelados. Nadie da motivos que preocupen a su enemigo. Por ahora.
El grupo que lidera Antonio lleva varias horas a lomo de mula. Al descender por una de las tantas estribaciones, aparece Duván*, guerrillero del Frente 58 de las Farc, quien se une al grupo. Tiene la particular destreza de manejar con una mano las riendas de la mula que cabalga y con la otra su fusil de dotación con una agilidad que sorprende.
Pocos kilómetros después, Antonio y el grupo arriban a una planicie donde ondean en la misma asta dos enormes banderas, una de Colombia y una blanca, de igual tamaño. Aparte del pabellón nacional y el símbolo por excelencia de la paz, allí solo se divisa una casa de madera levantada en palafitos, que si bien parece abandonada, el insurgente explica que es un aula de clase para los guerrilleros. “A veces hacemos las pedagogías ahí”, agrega.
Aunque Antonio es un hombre de palabras precisas y algo silencioso, cuenta que es oriundo de una vereda de Ituango, un pueblo en el norte de Antioquia donde las Farc son tan viejas como los deseos del empresariado antioqueño de construir allí la represa más grande del país, Hidroituango. Antes de cumplir 16 años, empujado por la convicción de que vivía en una tierra de no futuro y seducido por el poder que transmiten en esas tierras abandonadas un camuflado y un fusil, se incorporó al Frente 18. Allí estuvo hasta pocas semanas antes de la muerte de ‘Román Ruiz’, comandante de esa unidad guerrillera, quien perdió la vida tras ser bombardeado por el Ejército en zona selvática del municipio de Riosucio, Chocó, el 25 de mayo de 2015. Hoy integra el Frente 5, que comanda ‘Ariel Rodríguez’, y ya ajusta cerca de diez años en la insurgencia.
La historia de Duván es similar. Cuando tenía 11 años de edad murió su padre y, como el segundo hombre de una familia de siete mujeres, debió abandonar sus estudios para atender los asuntos de la finca paterna, ubicada en una vereda del corregimiento Ochalí, de Yarumal. Rápidamente sus hermanas comenzaron a dejar el hogar para resolver sus vidas y, viéndose solo, no tuvo más opción que buscar trabajo en fincas cafeteras de la región.
Dos años después, Duvan conoció una comisión de las Farc que apareció en la finca de Ituango donde se encontraba laborando. Los guerrilleros llegaron con un discurso contra la explotación laboral del jornalero que abunda en esos parajes. Pero no fue eso lo que lo motivó a ingresar a la guerrilla.
“Pa’qué, pero me gustaron las armas. Esa imponencia de esa gente con esos fusiles, sentí que podía estar ahí y por eso dije que me llevaran con ellos”. Luego de tres meses de espera, lo reclutaron para el Frente 18. Esas primeras semanas en la guerrilla no fueron lo que esperaba. “Mucho estudio”, recuerda Duván. Cómo tuvo que abandonar la escuela con apenas el primer año de formación, un guerrillero tuvo que enseñarle a leer los capítulos, artículos y parágrafos que componen el reglamento interno de las Farc, algo así como el código de deberes y de comportamiento que debe acatar un insurgente. El no hacerlo puede acarrear duros castigos.
Al cabo de seis meses, Duván comenzó a recibir entrenamiento militar. Su primer arma fue una escopeta; luego, una pistola; después, un fusil Galil. Y así, en medio de fierros y duros combates con los ‘paras’ y con el Ejército, se hizo adulto. Tras la muerte de ‘Román Ruiz’, pasó al Frente 58. Hoy tiene 20 años.


Incertidumbre guerrillera

“Llegamos”, dice Antonio al arribar al primero de varios campamentos de las Farc esparcidos en un radio no mayor a cinco kilómetros. Es una desvencijada casa de madera; sobre la cima de un pequeño cerro, otro grupo pasa las horas en improvisados cambuches; y uno más está a varios cientos de metros más allá, en una explanada. En cada sitio no hay más de 20 combatientes.
En esos campamentos, las rutinas de los combatientes incluyen, además de los ejercicios físicos matutinos, buscar agua, hacer de comer y montar guardia, una sesión de estudio diaria, donde escuchan las últimas noticias del proceso en la voz del propio “camarada ‘Timochenko’”, máximo jefe del grupo insurgente.
“Todos los días nos levantamos a eso de las 5 de la mañana. Tomamos café, el comandante prende el radio y nos sentamos a escuchar al ‘camarada Timo’ que nos habla sobre el proceso de paz. Todos los días nos hablan de cómo va el proceso. También escuchamos noticias y las analizamos”, cuenta Duván.
Pese a esa inyección de conocimiento, este joven insurgente no oculta su escepticismo sobre el desarrollo de los diálogos: “Hasta ahora sabemos de unas garantías para los guerrilleros de las Farc, del problema con las zonas de concentración y de la dejación de armas y eso se ve duro todavía”.
Y es que entre más avanzan los diálogos de paz en La Habana, en la profundidad del Paramillo aumenta la incertidumbre entre los guerrilleros rasos. Duván, por ejemplo, se pregunta qué será de su vida si se desintegran las Farc: “Nos han dicho que vamos a convertirnos en un movimiento político. Pero la verdad es que muchos de los guerrilleros que estamos aquí, de política poco. Nos atrae más lo militar. Si lo del proceso de paz se da y dependiendo de las garantías que haya, me pongo a estudiar. Habrá que esperar a ver qué pasa”.
Su compañero de filas, Jairo*, también se pregunta lo mismo. Ingresó a las Farc en 1998, recién cumplió su mayoría de edad. La sed de venganza motivó su ingreso a la guerrilla. Por aquellos años, en su natal Dabeiba se movía con toda libertad un grupo paramilitar liderado por un temido hombre al que se le conocía como ‘Escalera’. No había vereda ni caserío, por alejado que fuera, donde no se hablara de su crueldad: que mataba a sus víctimas a golpes de bate de béisbol y descuartizaba sin piedad. Hasta que un día, mató a un hermano de Jairo. “O era morir a manos de los ‘paras’ o meterme a la guerrilla. Porque a mí que me maten peleando, no así. Por eso me metí a la guerrilla”, recuerda.
Desde entonces se convirtió en uno de los más fieros combatientes del Frente 58. Tanto, que tiene bajo su responsabilidad el manejo de un fusil M82, de alta potencia y precisión al que llaman “punto cincuenta”. Es un arma con alcance para derribar un helicóptero y que la guerrilla emplea para contrarrestar la supremacía aérea que tiene el Ejército.
Sin embargo, desde que las tropas farianas decretaron el cese al fuego y los combates con las fuerzas militares se han reducido ostensiblemente, Jairo le ha sacado tiempo a uno de sus pasatiempos predilectos: la guitarra, que aprendió a tocar mucho antes de saber cómo disparar un fusil. En la profundidad del Paramillo ha logrado componer 30 canciones a ritmo de guasca cuyo tema principal es el proceso de paz.
Y en todas ellas se advierte la misma preocupación: ¿Qué pasará una vez se firme un histórico acuerdo de paz con el gobierno nacional? “Todos los guerrilleros esperamos eso. Pero, ¿y si no hay garantías? Lo cierto es que no nos podemos desintegrar como movimiento porque, entonces, ¿pa’donde cogeríamos? Y tenemos que estar juntos para la transformación en movimiento político”, dice el músico.

¿Y las armas? 

Son las 4 de la tarde de un martes en el que la selección Colombia de mayores juega en Barranquilla contra Ecuador, a miles de kilómetros de allí. En medio de una espesura donde no hay energía eléctrica, ni acueducto, mucho menos internet o señal de telefonía celular, un grupo de guerrilleros, junto a los tres periodistas, ven el partido en una casa de madera cercana al campamento.
“Funciona con paneles solares. Son capaces de generar energía de 12 voltios. O sea, para un televisor así pequeño y dos bombillas. ¿Qué cómo tenemos eso? Bueno, llegaron diciendo que si queríamos ensayar. ¿Quiénes? Pues, la verdad, eso no lo sé yo ¿La señal? Direct TV. Se recarga en Carepa y ya”, explica un joven campesino residente en la rústica casa.  
El triunfo de la tricolor inspira un partido de fútbol entre varios de los combatientes en una improvisada cancha junto a la desvencijada casa. En ella fueron puestos los fusiles de quienes le sacaron un rato al juego. Antonio no quiso jugar, tampoco soltar su fusil, que lo acompaña día y noche a donde vaya.
- ¿Y por qué no lo dejas, si estás con tu gente? - le pregunta uno de los periodistas.
-La costumbre. Es lo primero que agarro cuando me levanto.
- Y entonces, cuando llegue el momento de dejar las armas, ¿qué harás?, pregunta nuevamente el periodista.
El largo silencio se torna incómodo. Antonio le da una larga calada a su cigarrillo y responde con desdén: “mmm, ahí sí la piensa uno”.
Y es que si hay tema que ponga a pensar a los guerrilleros de las Farc es la dejación de armas. Para muchos de ellos, es lo que le da sentido a su existencia. En las profundidades del Paramillo, un fusil da poder y por ello, lo que ordenan (cuidar las fuentes de agua, no talar ni quemar más bosque, sembrar o no sembrar coca) es acatado sin reparos por los campesinos.
Ahora que el proceso de paz entró en ese delicado punto de la desmovilización de la guerrilla, a muchos les cuesta imaginarse un futuro sin armas. “Yo, por lo menos, estoy de acuerdo con lo que decía el ‘camarada (Manuel) Marulanda’: es que las armas son de nosotros. Otra cosa es que las guardemos y no las usemos, pero, ¿entregarlas? Yo no estoy de acuerdo. Y menos al Ejército”, responde Duván, a quien lo asalta el mismo temor que a Antonio, Jairo y demás guerrilleros acuartelados allí, en el Paramillo: que una vez dejen las armas inicie contra ellos un proceso de exterminio sin piedad. “Listo, entregamos las armas, y si el gobierno nacional no da garantías y nos empiezan a matar a mansalva, ¿qué? Esa es la otra”.
- ¿Y te irías a trabajar con los ‘Gaitanistas’? - le pregunta uno de los periodistas
- Pues, no creo. Uno está aquí porque está peleando por algo. Ellos allá quien sabe porque están, por la plata será. Me preocupa más bien otra cosa- dice Duván al tiempo que reduce al mínimo el tono de su voz.
- ¿Y qué será?
- La gente. Muchos creen que apenas nos vayamos nosotros llegarán los ‘paras’ y los van a matar. De hecho, están por acá cerca y nadie está haciendo nada. Muchos nos han dicho que no dejemos los fierros. O que se los entreguemos a ellos para defenderse. Y si eso pasa, téngalo por seguro que yo vuelvo a coger las armas- sentencia.
Son las 5 de la mañana del miércoles. Antonio es el responsable de guiar nuevamente a los periodistas hasta Saiza, donde emprenderán su viaje de regreso a Medellín. Después de dos días de permanecer con ellos en el campamento, les indica cuál será el itinerario del día siguiente. Esta vez el camino es más escarpado, arduo, difícil, pero más corto. Y así como apareció de la nada, también, en determinado punto del trayecto, Duván se pierde sin dejar rastro. El grupo llega pasadas las 10 de la mañana. El pueblo luce desolado. Y Antonio también se ha ido sin dejar ningún rastro.
Para Salir de Saiza hay que tomar un vehículo que viaja por una trocha hasta llegar al sitio conocido como El Cerro y de ahí unas tres horas de viaje hasta Carepa. Es mediodía. Al llegar a este municipio del Eje Bananero, los periodistas se encuentran con una desagradable sorpresa: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) acaban de decretar un paro armado que iniciará a las cero horas del jueves. El último bus que despacharán para Medellín saldrá en 15 minutos.

* Nombre cambiado por petición de la fuente


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Muerte de Eduardo Umaña Mendoza: un proceso que se estancó

Tras cumplirse 18 años de su asesinato, sin ningún avance en materia judicial que ayude a resolver las causas de su crimen y los implicados, y a dos años de caducar la investigación, un grupo de abogados solicitó a la Fiscalía que declare el crimen como de lesa humanidad. ¿Por qué no hay resultados?


El 18 de abril de 1998 la vida del abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza fue segada cuando tres sicarios, que se hicieron pasar por periodistas, lo asesinaron en su oficina en el barrio Nicolás de Federmán, en Bogotá. Las investigaciones para esclarecer su muerte se estancaron y 18 años después no hay ningún avance.
La de Umaña Mendoza fue una muerte anunciada y no atendida. Cuatro meses antes de su asesinato, se denunció el plan que tenían sectores de la Brigada XX del Ejército, funcionarios de Ecopetrol y de la Fiscalía para matarlo, pero las autoridades no hicieron nada para prevenirlo, aseguran los abogados Germán Romero y Jorge Eliecer Molano, quienes están al frente del objetivo de lograr que la Fiscalía General de la Nación lo declare como un crimen de lesa humanidad, con lo que se buscaría que no prescriba en el tiempo.
De los casos más importantes que adelantaba Umaña Mendoza se destacaba la denuncia contra integrantes de la Brigada XX del Ejército y su complicidad con directivos de Ecopetrol y la Fiscalía para inculpar a varios dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) con los atentados que sufría la infraestructura petrolera, la investigación del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, sobre la cual aseguró que la Central de Inteligencia Americana (CIA) estuvo detrás del magnicidio, y la defensa de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica.
También asumió desde 1985 la defensa de las familias de los desaparecidos del Palacio de Justicia, tras la cruenta toma de la guerrilla del M-19 y la posterior reacción de la Fuerza Pública. Umaña Mendoza siempre sostuvo la tesis de que el Ejército capturó civiles en la retoma del lugar, los interrogó, los torturó y los desapareció, sin verificar si eran o no culpables. Hasta su último día, luchó por tipificar el delito de desaparición forzada, hecho que llevo a juicio al coronel en retiro Alfonso Plazas Vega.
Pasados 18 años de su asesinato, familiares, amigos y compañeros de Umaña Mendoza reclaman justicia. Y no es para menos, según Germán Romero, uno de los abogados que representa el caso, solo el primer año de investigación se arrojaron posibles culpables y se emitieron capturas que terminaron siendo montaje.
“Se desvió la investigación a personas en la ciudad de Pereira. La Fiscalía desvió la atención de la investigación para dilatar el proceso. Desde entonces el proceso ha estado estancado y no se ha avanzado en lo absoluto, por el contrario, lo han dilatado”, aseguró Romero.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, a través de la cual se juzgó a los paramilitares que se desmovilizaron bajo los acuerdos con el gobierno nacional, se pensó que las declaraciones de Salvatore Mancuso, quien aseguró que el crimen se ordenó por Carlos Castaño, arrojarían elementos claves para dar con el paradero de los responsables del crimen. Sin embargo, sus abogados explicaron que sus solicitudes de entrevistas con varios exparamilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz no se consiguieron por dilación en el proceso.
De igual manera ocurrió con los crímenes que se cometieron contra los defensores de derechos humanos Jesús María Valle, en la ciudad de Medellín y los investigadores Elsa Alvarado y Mario Calderón del Centro de Investigaciones y Educación Popular (Cinep).
En la actualidad, y tal como van las investigaciones, solo se presume, a raíz de los testimonios y las investigaciones que reposan en los expedientes, que en todos ellos hubo complicidad de sectores del Ejército y organismos de seguridad del Estado, pero no hay nada probado.  
Héctor Abad Gómez: ¿crimen de lesa humanidad?
El caso quedó frenado en el 2001 cuando el entonces fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, terminó su periodo al frente del Ente Investigador. Para la fecha, aseguran los abogados, el asesinato de Umaña Mendoza era un caso muy difícil de resolver porque fue un crimen de Estado; de igual manera, reconocen que los pocos avances que logró la Fiscal 2 de derechos humanos, al enviar inspecciones judiciales a Ecopetrol y a distintas Brigadas del Ejército, quedaron en el aire ante la falta de garantías, “las trabas institucionales llegaron al punto que se le prohibía a la Fiscal entrar a las guarniciones militares, nunca la dejaron”.
La investigación está ahora en el despacho de la Fiscal de derechos humanos Ángela Neira Sierra, quien fue la encargada de llevar la investigación del asesinato de Jaime Garzón y determinar, en marzo pasado, que este homicidio fue un crimen de Estado, entre otras razones porque se demostró que hubo participación de miembros de la Fuerza Pública, entre ellos el general en retiro Mauricio Santoyo, condenado en Estados Unidos por sus nexos con grupos paramilitares.

De lesa humanidad


En el documento entregado por parte de los abogados de la familia de Umaña Mendoza a la Dirección de Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, se exponen los argumentos por los cuales consideran que el asesinato de este jurista y defensor de derechos humanos se inscribe en lo contenido en el Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998, que definió como crimen de lesa humanidad cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.
Tales aspectos fueron consignados en la Directiva 002 del 27 de marzo de 2016 expedida por el Fiscal General de la Nación, la cual señala que el Estado colombiano contribuye al cumplimiento de las obligaciones internacionales para la lucha contra la impunidad y la garantía efectiva de los derechos humanos en materia de graves violaciones y crímenes internacionales.
El documento enviado por los abogados de la familia Umaña Mendoza hace un recuento desde la década del sesenta sobre la persecución política contra los líderes de izquierda y los defensores de derechos humanos. En la primer parte del documento se explica cómo la doctrina del “enemigo interno” definió como objetivos  a los líderes sociales y justificó sus asesinatos con base a supuestos vínculos o relaciones con la insurgencia.
En relación a ello, el requerimiento asegura que “los calificativos empleados en las diferentes manifestaciones (hechas por agentes del Estado, por particulares vinculados como oficiales de la reserva o desde numerosos medios de comunicación), fueron generando un estigma público y social, en medio del cual fueron siendo objeto de acciones sistemáticas de asesinato, desaparición forzada, atentados, detenciones y torturas entre otros crímenes”.  
En diálogo con VerdadAbierta.com, el abogado Jorge Eliecer Molano explicó que esa doctrina de “enemigo interno” llevó a que existiera una sistematicidad en los crímenes contra los defensores de derechos humanos entre las décadas de los ochenta y noventa, lo cual, a su juicio, se traduce en las cifras de agresiones, según las cuales desde 1988 hasta  abril de 1998  se reportaron 729 agresiones, donde 568 fueron asesinatos, 62 desapariciones forzadas, 65 amenazas, 10 atentados, nueve torturas, ocho detenciones arbitrarias, cuatro heridos y tres secuestros.
El documento resalta que está probado que las amenazas contra Umaña se dieron por la defensa de los derechos humanos y la persistencia en la protección de los derechos fundamentales de líderes de izquierda. Según Molano, “fue precursor de la aplicación en Colombia del derecho internacional de los derechos humanos positivo y consuetudinario, y defensor en casos de injusta persecución del sistema penal contra sindicalistas”.
Situación que se corroboró  años más adelante Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, con un testimonio sobre el cual el documento asegura que las declaraciones “identifican la existencia no solo del ánimo subjetivo sino de un plan criminal edificado por una estructura o grupo organizado donde la legalidad y la ilegalidad estaban fundidas, donde el apoyo y coparticipación de agentes estatales está probado, incluso fue denunciada días antes por la misma víctima, la presencia activa de agentes de la Brigada XX, de funcionarios de la Fiscalía y de Ecopetrol en el plan de asesinato”.
El texto concluye que el material probatorio es suficiente para declarar el crimen de Eduardo Umaña Mendoza como de lesa humanidad, al comprobarse  que su asesinato fue parte de un ataque sistemático en contra de los  defensores de derechos humanos, “bajo la existencia de un trato oficial como enemigo de este colectivo poblacional y la ejecución de un plan criminal donde confluían agentes estatales y la disposición de recursos públicos sustanciales, articulando con agentes ilegales, con el fin de desmovilizar, acallar y evitar la defensa de derechos humanos en Colombia”.

¿Qué viene?

De ser declarado crimen de lesa humanidad la investigación pasa a ser imprescriptible, es decir que la justicia va a operar hasta dar con los responsables del asesinato, quién lo ordenó y las razones, de igual manera de dar con el paradero de  los implicados estos no tendrán beneficios y por el contrario deberán inculpar a los terceros responsables.
“La historia va mucho más allá del crimen de Umaña, se deben identificar a los terceros responsables del asesinato, no quienes lo mataron sino quién estuvo detrás de orden. Dentro de ellos no se puede dejar atrás los elementos probatorios en contra de algunos integrantes de la Brigada XX del Ejercito quienes días antes del crimen lo persiguieron y estuvieron en los alrededores de su oficina”, aseguró el abogado Germán Romero.
Para los abogados que impulsan esta causa, el Estado debe reconocer que Umaña fue asesinado por su labor de defensa de los derechos humanos, para lo cual se deben desclasificar los archivos del Ejército y tener acceso a los documentos que permitan mostrar el plan que tenían en su contra, con lo cual se identificarían a los responsables y se podría avanzar en materia judicial. De igual manera, Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica y quien fue amiga de Umaña Mendoza, planteó que aparte de resolverse los móviles del asesinato las investigaciones que él venía adelantando se deben re abrir y esclarecer.
A  su juicio, masacres como la de Fusagasugá, el 21 de agosto de 1991, en la cual asesinaron a Juan Antonio Palacios Urrea, un campesino de 65 años militante de la UP y a su familia deben ser objeto de investigación. “El ejemplo de la justicia colombiana es esa, al día de hoy ni esos asesinatos han sido esclarecidos”, concluyó Avella.









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10 abril, 2016

Yldefonso Finol, servidor venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dirige la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y es responsable de brindar protección a todos los ciudadanos que por razones de raza, sexo, pertenencia determinada a un grupo social, religión, nacionalidad u opinión política son perseguidos en su país de origen y entran a territorio venezolano solicitando amparo como medida humanitaria, el 98% de ellos colombianos.
Defensor de Derechos Humanos y amplio conocedor del tema fronterizo, Finol ha sido frontal en su postura contra las organizaciones criminales que infunden terror en Colombia y que a su paso han generado más de 7 millones de víctimas. A su juicio, el paramilitarismo causó la mayor tragedia humanitaria ocurrida en el continente americano desde la invasión europea del siglo XV.
En Venezuela, mas de 6 mil colombianos cuentan con el estatus legal de refugiados, dejando atrás el temor generado por el conflicto interno de su territorio. El gobierno bolivariano, a través de la Conare les concedió la oportunidad de vivir en paz, con todos sus derechos fundamentales garantizados.

A pesar de este logro, Yldefonso Finol enfrenta una brutal campaña de descredito liderada por las transnacionales de la comunicación NTN24 y RCN, cadenas altamente vinculadas con los intereses de la derecha colombiana. Con la presentación de supuestas pruebas que vinculan al servidor con la captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe intentan levantar una fuerte distracción que desvíe la atención de la crisis política que vive el país vecino .
Se le acusa de manipular el testimonio del Mayor de la policía Nacional neogranadina Juan Carlos Meneses Quintero, testigo clave en el arresto de Santiago Uribe, imputado por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Vale destacar, que Meneses presentó en 2012 ante la Conare una solicitud para refugiarse en Venezuela por sentirse amenazado en su país. El requerimiento nunca se formalizó, el funcionario colombiano volvió a su país para saldar deudas con la justicia local.
Al respecto Finol explicó que la cruzada en su contra es de vieja data y se intensifica cuando Meneses solicita protección del Estado venezolano. “Este es un hecho que en Venezuela ha sido completamente invisibilizado, no se las razones. Yo he tenido informada a la parte institucional de esta situación que vivo desde 2012, porque desde ese año el señor Álvaro Uribe Vélez , hoy expresidente de Colombia publicó en su cuenta twitter y en su página web oficial y en la de su partido un supuesto correo electrónico donde él dice que estamos manipulando testigos falsos en contra de su hermano Santiago por la acusación que pesa sobre él por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles”
Dijo que la intención de “embarrarlo” es clara, quieren destruir a la revolución bolivariana y la reputación del presidente Maduro. Alega que la denuncia formal contra Santiago Uribe no tuvo nada que ver con él, “fue una denuncia pública hecha en 2010 en Argentina, ante un fiscal y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, incluso publicaron un libro. La periodista colombiana Olga Behar publicó un libro que se llama El Clan de los 12 Apóstoles, fue un Best Seller en Colombia. Entonces ¿cómo es eso que dicen que nosotros estamos manipulando a su testigo?, si todo pasó antes de que pudiera haber venido a Venezuela”.
“Los medios de la guerra” como los califica solo buscan montar una campaña sucia que de pie a destruir a Venezuela y su gobierno. “No estamos en presencia de cualquier cosa, ésta jugada de vincularme con la detención de Santiago Uribe es seria. Yo me siento amenazado, me están molestando, por correo, redes sociales, temo por mi integridad”, expresó Finol.
Cuenta que en agosto de 2013 fue víctima de amedrentamiento cuando retornaba de un operativo especial en el sector La Guacamaya del municipio Jesús María Semprúm a orillas del río Tara. “Estábamos atendiendo a casi 900 personas que entraron del Catatumbo colombiano cuando ocurrió la huelga campesina. De regreso a Maracaibo, fui abordado por unos motorizados que evidentemente estaban conectados con gente que nos estaba pillando en el operativo. Ellos me amenazaron con pistolas modernas y llevaban un cartel que decía “paraco”.
Entiende que por su labor hay gente que lo aprecia y quien lo repudia. Acusa directamente a la derecha colombiana de lo que pueda pasarle. “Estoy amenazado por el paraco mayor, estoy amenzado por Álvaro Uribe Vélez y yo espero que mi gobierno
reaccione ante esto”.
Resaltó que a su parecer el “detalle” sobre la solicitud de refugio de Meneses intenta menospreciar las denuncias que pesan sobre el hermano menor del expresidente. “Los Uribe tienen sus cuentas pendientes con la justicia y sobran los testimonios y las pruebas en su contra, pero ese es un asunto que ya las autoridades colombianas ha tomado en sus manos y nosotros respetamos eso, pero si quieren involucrarnos ajuro, nosotros tenemos mucho que decir, porque somos nosotros quienes recibimos a las víctimas, somos testigo de los crímenes de lesa humanidad que han cometido los paramilitares con la condescendencia del Estado colombiano”.
Finalmente, manifestó que seguirá adelante en la lucha por dar una mejor calidad de vida a los refugiados y agradeció la solidaridad del Foro Internacional de Refugiados por hacer pública su denuncia. De igual forma, solicitó a las autoridades venezolanas fijar una posición política en torno a este caso. “La campaña que adelantan los medios de guerra de Colombia significa una amenaza seria para mi integridad y de mi familia, me siento amenazado, me tienen en la mira” enfatizó.
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