Por presiones renuncio Ramiro Alonso Marín Vásquez el superfiscal de la Parapolitica

SEMANA
El viernes pasado a las 10 de la mañana, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia y encargado de la investigación del senador Mario Uribe Escobar presentó renuncia a su cargo. Como no se trata de un fiscal cualquiera, su renuncia abre un grueso cuestionamiento al riesgo que está corriendo la independencia de la justicia en el proceso de la para-política.

Ramiro Alonso Marín Vásquez es el hombre sobre el cual el fiscal general Mario Iguarán depositó algunas de las responsabilidades más delicadas de su cargo: es el coordinador de los 11 fiscales delegados ante la Corte, los que investigan a los congresistas de la para-política, es el encargado de proyectar las reasignaciones de procesos en todo el país y de decidir cuanta pena se descuenta por colaborar con la justicia.
Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación

Carta del Fiscal Ramiro Marín a SEMANA sobre el caso de Mario Uribe

Y renunció por un asunto de honor. A él le tocó la ‘papa caliente’ más complicada de la para-política. El caso del ex senador Mario Uribe, que ha sido la razón principal de la tormentosa pelea entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Marín decidió, en abril pasado, que había pruebas suficientes para llevar a la cárcel al primo del primer mandatario. La defensa del ex congresista apeló la decisión y hace dos semanas el vicefiscal general, Guillermo Mendoza, revocó la medida tomada por el fiscal Marín y dejó en libertad a Mario Uribe.

Marín es enfático en decir que no renuncia porque Mario Uribe haya sido dejado en libertad, sino porque en el proceso resultó lastimada la independencia judicial “y con ello mi honor personal, familiar y profesional”. Con gran dolor les reclama a los medios por dejarse manejar de sectores interesados y hacer eco de “altas fuentes de la Fiscalía” que lo acusaron de haber hecho una frágil investigación y de dejar la mesa servida para la revocatoria de la medida de detención.

Luego de 31 años dedicados a la Rama Judicial y de ser el maestro de muchos de los fiscales que hoy aplican el sistema acusatorio, este hombre, que nació hace 54 años en Segovia (Antioquia), lo único que pide es que se le respete su dignidad. Y con pruebas en la mano sustenta por qué ordenó la detención de Mario Uribe.

Aunque el fiscal general, Mario Iguarán, no le ha aceptado todavía la carta de renuncia, él dijo que está decidido a irse.

SEMANA: ¿Por qué renunció?
Ramiro Marín Vásquez: Yo renuncié porque se dijo que en el caso del senador Mario Uribe yo hice una investigación débil, de manera deliberada, para facilitar que en la decisión de segunda instancia él saliera libre. Esas afirmaciones fueron publicadas en SEMANA y en otros medios de comunicación, y como se citan fuentes de la Fiscalía, yo entiendo entonces que hay en la Fiscalía personas interesadas en manipular la información a los medios a costa del honor mío y a costa de la verdad de la investigación.

SEMANA: Pero no son los medios. La providencia del vicefiscal Mendoza Diago cuestiona su fallo diciendo, por ejemplo, que el testimonio de la ex congresista Eleonora Pineda no se debe analizar con base en “disquisiciones abstractas y subjetivas, mucho menos gratuitas”.
R.M.V.: ¡Qué paradoja! Yo puedo hacerle un ejercicio muy corto de por qué no es una disquisición abstracta. Eleonora Pineda dice que la reunión con Salvatore Mancuso y Mario Uribe fue después de las elecciones de Congreso de 2002. Mancuso, por el contrario, afirma sin ninguna duda –porque en otros puntos expresó una duda, pero en ese no– que la reunión para hacer el pacto electoral con Mario Uribe fue antes de esas elecciones. Mancuso dijo que había sido antes, porque Eleonora y Mario Uribe fueron a donde él para que avalara el acuerdo.

SEMANA: ¿Y a cuál de los dos se le cree?
R.M.V.: Yo voy a los resultados electorales, que no son manipulables por la palabra, y encuentro que en los cuatro municipios de Córdoba sobre los que se hizo el pacto (Montelíbano, Sahagún, Planeta Rica y Chinú), Mario Uribe había tenido poquísimos votos en 1998 y se disparó en 2002. Entonces sí parece que la reunión y el pacto fueron antes y no después, porque los resultados electorales así lo reflejan.

SEMANA: Eso es significativo. Pero ¿suficiente?
R.M.V.: Sigo avanzando. Resulta que Mancuso me había dicho, en su declaración, que a raíz de los acercamientos de Eleonora con Mario Uribe, Miguel de la Espriella (candidato político de la región) le reclamó por eso. Lo dice exactamente: “Miguelito se estaba enojando. Yo le dije: tranquilo que para todos hay, porque a él sólo le vamos a dar el 5 o el 10 por ciento de la votación en unos municipios”. Y voy y reviso los resultados electorales de Miguel de la Espriella, que no es un secreto que era el candidato declarado de las autodefensas en Córdoba, y encuentro que en aquellos cuatro municipios, en los que Mario Uribe aumentó su votación, casi en la misma proporción, no matemática, pero similar, bajó la votación de Miguel de la Espriella. Entonces, más allá de los testimonios, los resultados electorales ratifican lo dicho por Mancuso.

SEMANA: Ese aparte en el que Mancuso habla de Miguel de la Espriella no aparece en la providencia de segunda instancia ¿Será que había una intención de tapar algo?
R.M.V.: No, yo no soy capaz de hacer imputaciones tan infames como las que a mí me hicieron. Pero ¿cree usted que lo que yo hice es subjetivismo?

SEMANA: Pero la segunda instancia reclama que el comportamiento de la votación de Mario Uribe fue igual en los municipios de Córdoba y en todo el país, que fue floja en 1998, subió en 2002 y cayó en 2006, y eso explicaría que no fue por intervención de las autodefensas, sino la dinámica electoral ¿qué opina?
R.M.V.: Sólo puedo decirles que ojalá los razonamientos de la segunda instancia sean de mejor calidad epistemológica que los míos. Cómo explico yo ese fenómeno. Si del 98 a 2002 en esos municipios de Córdoba se nota un salto grande en las votaciones de Mario Uribe y en 2006 descienden al mismo nivel del 98. ¿Será que, como alegó la defensa, la votación se incrementó por contagio por su parentesco con el candidato favorito a la Presidencia de la República? Entonces ¿por qué en 2006 no ocurre el mismo fenómeno, cuando todavía son primos, era una de las cabezas visibles de los congresistas que apoyaban al Presidente y el Presidente sacó su votación disparada?

SEMANA: Mario Uribe de todas maneras admite que estuvo reunido con Mancuso y nunca lo denunció ¿eso lo pondría en tela de juicio?
R.M.V.: Mario Uribe admite que estuvo en una reunión a la cual le llevó Eleonora, pero él dice que fue engañado. Yo demuestro que no fue engañado.

SEMANA: Y así fuera engañado, no lo denunció...
R.M.V.: No. Al contrario, en lugar de denunciar, lo que hizo después de eso fue en 2006 acoger en su movimiento Colombia Democrática a Eleonora Pineda y a Rocío Arias.

SEMANA: ¿Usted se sintió presionado durante la investigación de Mario Uribe?
R.M.V.: No me sentí presionado.

SEMANA: ¿Sintió que era distinta esta investigación por ser el primo del Presidente?
R.M.V.: No la sentí distinta desde el punto de vista jurídico procesal. Pero como yo me muevo es en este ambiente y en Colombia, sé que es un tema difícil.

SEMANA: En sus 31 años en la rama judicial ¿es este el caso más difícil que ha tenido?
R.M.V.: No. Jurídicamente no es el caso más difícil.

SEMANA: ¿Y políticamente?
R.M.V.: Sí, era un tema muy sensible.

SEMANA: ¿Era claro para usted que el doctor Mario Uribe merecía la detención?
R.M.V.: Sí. Para mí eran claras las pruebas que existían para la medida de aseguramiento.

SEMANA: ¿Usted leyó el fallo de segunda instancia?
R.M.V.: Antes de recibir la resolución de segunda instancia, me pusieron en la picota diciendo que yo había dejado frágil la investigación para que se facilitara la tarea del Vicefiscal, para que él no tuviera más que hacer sino revocar. Pero yo le digo una cosa: mi providencia no era débil. La prueba tampoco. Quien debilitó la prueba fue el vicefiscal con sus juicios de valor.

SEMANA: ¿Como por ejemplo?
R.M.V.: Lo que estábamos hablando de Eleonora. Para él, según me dice, el testimonio de Eleonora lo examiné con subjetivismos o de pronto muy superficialmente o con juicios abstractos. Lo abstracto son esas palabras que son componentes autoritarias del lenguaje. No lo que yo hice.

SEMANA: Esta Fiscalía ha descollado por sacar de la impunidad casos históricos como el de Luis Carlos Galán y el del Palacio de Justicia, pero en la para-política, por lo menos en términos de resultados, ha sido al contrario. Los congresistas terminan en preclusión o en el juicio también es difícil condenarlos. ¿Usted cree que vía judicial se está dando amnistía a los para-políticos?
R.M.V.: Yo aspiro a que con los casos que faltan, que son muchos, la Fiscalía le cumpla al país. No he visto un propósito de fallar en un sentido específico y aspiro a que no se cumpla esa lapidaria sentencia de que es mejor estar en las manos de la Fiscalía que en las de la Corte Suprema.

SEMANA: Pero los congresistas cada día están renunciando más. Ya van 21. La semana pasada fueron dos y la anterior otros dos. De los ocho casos que se han resuelto vía Fiscalía hay cuatro condenados pero porque se declararon culpables. Los otros tres fueron liberados y el otro es el caso Mario Uribe, a quien le revocaron la detención. ¿La Fiscalía está absolviendo?
R.M.V.: Yo creo que hay que darle la oportunidad a la Fiscalía.

SEMANA: Usted que fue el fiscal encargado de investigar uno de los casos más emblemáticos de la para-política, sólo contó con un investigador de apoyo y no tiene protección. ¿Le parece suficiente apoyo?
R.M.V.: Tuve una investigadora muy competente, leal y profesional. Inicialmente eran dos, al final sólo quedó una, que se fue porque la ascendieron a Justicia y Paz.

SEMANA: O sea que el caso Mario Uribe quedó sin investigadores. Y a la que ascendieron, según tengo entendido, renunció...
R.M.V.: Renunció a la Fiscalía el jueves pasado a raíz de la manera injusta y oprobiosa cómo se nos ha tratado a partir de la decisión de la segunda instancia.

SEMANA: En la Corte Suprema son 23 magistrados que respaldan un caso. Acá le tocó a usted acompañado de su investigador... le repito: ¿cree que contó con el apoyo necesario?
R.M.V.: Ahí hay una paradoja. El CTI es de la Fiscalía y le presta apoyo a la Corte para investigar. Entonces uno pensaría que acá no deberíamos tener problemas en materia de investigadores. Lo único que puedo decirle sobre ese tema es que me preocupa que la independencia y la autonomía del funcionario judicial, sea magistrado o fiscal, no vaya a seguir en una pendiente resbaladiza porque ese es un problema grave para el país. La rama judicial es el sustento del Estado de derecho.

SEMANA: ¿A qué se refiere con “pendiente resbaladiza”?
R.M.V.: A todos los inconvenientes que se han dado para el ejercicio de la función. No sólo en la Corte, sino también en la Fiscalía. Lo más sensato es que facilitemos la tarea de la administración de justicia y que de este proceso no vaya a salir sacrificada la independencia judicial, porque eso sí es grave para el país.

SEMANA: ¿En el caso de Mario Uribe estuvo en riesgo la independencia judicial?
R.M.V.: Yo hice la investigación y tomé la decisión. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando a raíz de una decisión contraria a los intereses del doctor Mario Uribe y con motivo de una apelación se trata de desprestigiar y de acabar moralmente al funcionario de primera instancia que tendría que seguir con la investigación, eso es atacar la independencia y la autonomía judicial. Y hay distintas maneras de hacer eso, unas más abiertas y otras más sutiles.

SEMANA: En una carta a SEMANA usted asegura que después de su providencia del 21 de abril se ha acopiado otra cantidad de pruebas “con mucha dificultad”. ¿En qué ha consistido esa dificultad?
R.M.V.: Me refiero a que es muy difícil acopiar pruebas para un fiscal ante la Corte que se desplaza con su fiel asistente a Córdoba y a municipios de Antioquia donde el peligro no es imaginación sino una realidad, o para una investigadora judicial que solitaria se desplaza a Córdoba para buscar documentos, viajando de incógnita en trasporte público como una medida de protección. Y es más difícil cuando la gente teme hablar, cuando el testigo teme llegar...

SEMANA: ¿En lo que han acopiado después de la medida de aseguramiento se ratifica o se desmiente que Mario Uribe hizo acuerdos con los paras?
R.M.V.: Eso sería valorar anticipadamente la prueba y no puedo hacerlo. Puedo decirle que se ha acopiado un importante material probatorio. No estamos frente a una investigación raquítica. Acá no estábamos quietos para facilitar la impunidad.

SEMANA: ¿Qué investigación recibió y qué investigación entrega?
R.M.V.: La investigación llegó de la Corte con dos cuadernos originales, tres discos compactos y dos anexos. Y entrego una investigación con 10 cuadernos originales, 25 anexos y ocho discos compactos con 26 horas de grabación de testigos. Si fuéramos a hacerle el favor a Mario Uribe, ¿usted cree que haríamos esta bobería?

SEMANA: Cuando se levante la reserva sumarial y el país lo conozca todo, ¿qué cree que se pensará?
R.M.V.: No sé cuándo será eso, pero para mí será tranquilizador. El país de pronto se puede llevar una sorpresa. La historia me entregará la satisfacción de que las cosas no eran como se quiso presentarlas. Me contento con ese dictamen tardío de la historia, así ahora esté padeciendo por las manifestaciones tan tendenciosas de las fuentes.

SEMANA: Varios analistas consideran que la para-política está herida de muerte.
R.M.V.: No está muerta, pero está amenazada. Si las cosas siguen como van, salvo que serenemos los espíritus, la independencia judicial va a salir muy lastimada.

SEMANA: Usted fue juez superior en Medellín, magistrado auxiliar de la Corte Suprema y ahora coordinador de los fiscales delegados ante la Corte. ¿Qué balance hace de sus 31 años en la justicia?
R.M.V.: Me queda una satisfacción enorme. Y una nostalgia de que en este último año como fiscal ante la Corte curiosamente comenzaron a atacarme cuando me toca el caso Mario Uribe. Nunca antes me había tocado. El problema es la forma, da la impresión de que por todos lados me están siguiendo a ver qué debilidades me encuentran. Tengo muchas como ser humano. Creo que desistieron de buscar delitos, corrupción y esas cosas porque nada me van a encontrar. Pero buscaron mucho. Me parece muy sintomático que este año una fiscal me haya denunciado que porque yo traté de presionarla. Nunca me había pasado eso. Nunca he presionado a nadie. Siento que cumplí mi deber.

SEMANA: ¿Le da tristeza pensar que de pronto esta investigación vaya a la impunidad por su retiro?
R.M.V.: No, yo tengo la esperanza de que el fiscal general le pondrá atención a esa investigación para que llegue a feliz término, cualquiera sea el sentido de la calificación.

SEMANA: ¿Qué ha sido lo más grato en estos 31 años para usted?
R.M.V.: Lo más grato es que nada me fue fácil. A mí me gustan los retos. Prefiero los casos difíciles sobre los fáciles. Lo más grato es que a pesar de mi origen, llegué a ser fiscal delegado ante la Corte Suprema y jefe de esta unidad de 11 fiscales.

SEMANA: Usted pensaba retirarse dentro de un año, ¿la situación no da para esperar ese tiempo?
R.M.V.: No, no da.

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A Colombia se la tomaron los Paramilitares, 30% del "Cerrejon", la mina de Carbon mas grande del mundo, les pertenece.

El Tiempo
Se trata de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias 'Barbie', quien a través de Inversiones Rodríguez Fuentes y su familia posee ese porcentaje de las casi 27.000 hectáreas de 'El Descanso'.

La mina acaba de lograr el permiso ambiental del Gobierno para su explotación.

Lo último que se supo de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes es que vive en un apartamento al este de Washington D.C. a la espera de finiquitar un histórico y discutido acuerdo con la justicia gringa, que lo pedía en extradición por narcotráfico.

El juez Reggie Walton no solo le autorizó un juicio rápido sino que además le otorgó libertad después de llegar a un preacuerdo judicial.

Fuentes cercanas al 'para' dicen que este habría entregado a cambio una gruesa suma de dinero que introdujo a ese país vía Puerto Rico, por donde él también ingresó tras hacerle el quite a la Ley de Justicia y Paz.

Los allegados del otrora ganadero añaden que, tras la favorable negociación, Rodríguez planeaba terminar sus días en E.U. Pero hace tres semanas encontró en sus propiedades en Colombia un millonario motivo para intentar arreglar también sus cuentas con la justicia colombiana, que lo acusa de ser coautor del asesinato de una jueza, de conformar grupos paramilitares, de desplazar a la fuerza a decenas de campesinos e, incluso, de participar en el secuestro de Elías Ochoa Daza, un caso que tiene empapelado al ex senador Álvaro Araújo Castro y fugitivo a su padre, el ex ministro Álvaro Araújo Noguera.

Los registros de propiedad

Tras el cruce de registros de tradición, cámaras de comercio y mapas del Instituto Agustín Codazzi, EL TIEMPO estableció que se trata de los predios Nueva Dicha, Villa Hermosa, Santa Marta, La Española, Campo Amor, Los Ángeles, Monserrate, Villa del Socorro y una hacienda más con la matrícula 020010100.

Aunque algunos ocupan otras concesiones en el Cesar, la Glencore y Coal Corp aseguraron que ningún predio de esa familia aparece en sus registros.

En todo caso, según las reglas de concesión minera, la empresa Drummond -que se ganó por licitación los derechos de explotación de El Descanso- tiene dos vías para hacerse a esos terrenos: comprarlos o expropiarlos, en caso de que los dueños no quieran vender o pidan precios muy altos.

Es más: en desarrollo de este panorama legal, el Ministerio de Minas le acaba de dar vía libre a la expropiación de cerca de 2.300 hectáreas de Rodolfo Campo Soto, gerente del Incoder, y de dos de sus familiares.

Negociación frustrada

En febrero del 2007, María Consuelo Pavajeau Castro, representante legal de Inversiones Rodríguez Fuentes, le dio poder al abogado Campo Elías López para que negociara con la Drummond esas tierras en nombre de Rodríguez y de su núcleo familiar. Pero dos factores frenaron los acercamientos: el desinterés de la carbonera, en razón de que la explotación solo tocaría esos predios en el 2016; y que las actividades de Hugues salieron a la luz pública.

Para entonces, la Fiscalía 33 de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado ya había ordenado la afectación de los bienes de Rodríguez, de su núcleo familiar y de Inversiones Rodríguez Fuentes.

Según un balance oficial, de los nueve predios de la familia Rodríguez que hay en El Descanso, tres son de la firma de 'Barbie' y hay otro más aún por identificar. No obstante, solo dos aparecen embargados por la Fiscalía 33: "Faltan dos por definirles situación. Y aunque hay cinco de familiares de Hugues, por ahora no hay nada en su contra", explica un investigador.

Batalla jurídica

En cualquier caso, Rodríguez no parece estár dispuesto a perder su participación en la mina y en otros 72 predios que están en la mira de la Fiscalía. Por eso, le dio poder al abogado Hernán Ramírez quien dijo que ni su cliente es narcoparamilitar ni sus bienes pueden ser extinguidos.

"Así no esté en Colombia, está respondiendo -expresó Ramírez-. Todos sus haberes fueron adquiridos legítimamente tras la sucesión por la muerte de su padre". Y agregó que su cliente no le ha quitado nada a nadie ni se ha enriquecido con tierras ajenas, como lo sindican decenas de campesinos: "Podemos demostrar que nada de eso es cierto", puntualizó.

Por ahora, el Incoder instauró una denuncia penal contra Rodríguez por el desplazamiento forzado, en el 2000, de parceleros del predio El Toco (Cesar). "Los adjudicatarios fueron intimidados y desplazados de sus tierras por grupos al margen de la ley de las Auc, quienes los obligaron a abandonar sus parcelas y estas fueron ocupadas por el ganadero, quien las explotó hasta el 2006 con cientos de cabezas de ganado", dice la denuncia.

Y voceros de la Drummond manifestaron que la multinacional esperará a que culminen los procesos en la Fiscalía antes de tomar una decisión sobre los predios de Rodríguez. Además, que en su nuevo cronograma, esas tierras solo serán explotadas en el 2032. Mientras tanto, el Comandante 'Barbie' seguirá viviendo en su apartamento al este de Washington D.C.

El prontuario de Hugues

Hugues Manuel Rodríguez Fuentes aparece en organigramas oficiales como lugarteniente de Rodrigo Tovar Pupo, 'Jorge 40', y jefe de finanzas del llamado frente Mártires del Cesar de la Auc.

Su poder criminal quedó demostrado en el 2005, luego del asesinato de la jueza de Becerril, Marilis de Jesús Hinojosa Suárez, por el que 'Barbie' fue condenado en calidad de coautor.

En las pantallas de la Fiscalía General, aparece vinculado a 11 procesos penales por lavado de activos, homicidio, concierto para delinquir, falsedad ideológica, fraude a resolución judicial y entrenamiento en actividades ilícitas.

Con base en versiones de testigos, en el 2003 la Fiscalía llamó a juicio a Rodríguez Fuentes como presunto coautor del asesinato de la jueza y ordenó su captura por concierto para promover grupos armados al margen de la ley y desplazamiento forzado.

El Gobierno ordena expropiar a Rodolfo Campo, gerente del Incoder

Este 10 de julio, el Ministerio de Minas dio vía libre a la expropiación de 2.300 hectáreas del gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto, y de dos miembros de su familia. La decisión se tomó luego que las negociaciones entre los Campo y la Drummond abortaron y la carbonera pidió que los terrenos se declararan de utilidad pública e interés social por estar en la mina El Descanso. La multinacional también negocia con otras familias y con 131 parceleros del predio Mechoacán, en cuya mesa de concertación participa el Incoder.

Hace un mes, EL TIEMPO consultó con funcionarios de la cartera de Agricultura y del Instituto si era impedimento que Campos, como cabeza del Incoder, conociera de las negociaciones dentro de un tema de su interés personal; además, de que un abogado negociador de varias familias -incluida la de 'Barbie'- trabajara con su defensa. La respuesta llegó dos semanas después: MinAgricultura nombró a Jairo Mesa gerente adhoc del Incoder en todo lo relacionado con las negociaciones de Drummond.

Pero Campo dice que no ve incompatibilidad: "Es un negocio privado y no ha habido forma de influencia de mi parte por estar en este cargo". En relación con la expropiación de sus tierras -que su abogado apeló argumentando que los representantes de la carbonera no tienen competencia- dijo que dejará que el proceso siga: "No estoy dispuesto a vender barato. Prefiero que expropien y que un juez diga el precio justo".

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Severo Antonio López Jimenez, alias Job, jefe de la oficina de cobro de medellin

IPC
El ex jefe paramilitar Severo Antonio López Jimenez, alias Job, el hombre que entró a la Casa de Nariño sin ser anotado oficialmente por los guardias de seguridad en los libros de registro del palacio presidencial, “continuaba siendo un pacifista de día y un “patrón” que ordena muertes y movimiento de armas y droga en las noches en los vehículos asignados para su movilización”.
Por ello, quienes conocieron a alias Job no entienden cómo fue que un comandante paramilitar, con plenas evidencias de su trabajo en la ilegalidad por parte de los organismos de seguridad del Estado, haya llegado sin problemas hasta la Casa de Nariño, su vista del pasado 23 de abril no haya sido registrada y hasta el propio Presidente de la República afirme que conocía de esas visitas.
En la mira de los Delincuentes
Las acciones ilegales de López Jiménez quedaron consignadas en un informe enviado desde Medellín al entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, y fechado el 8 de febrero de 2006, por investigadores que le hacían seguimientos al hombre de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna.

En el documento, conocido por la Agencia de Prensa IPC, también se advierte que alias Job había acumulado un gran poder delincuencial, y se había convertido en “un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios”.

López Jiménez se había convertido no sólo en el hombre más visible del proceso de desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, sino en el vocero nacional de los desmovilizados.

En el informe presentado al Vicefiscal, los investigadores señalaron: “Alias Job tiene controlados el centro de la ciudad, las comunas centro-oriental, nor-oriental, sur-occidental, lo que en resumidas cuentas le otorga un control casi total de la ciudad, lo que lo convierte en un hombre muy poderoso dentro de la estructura de las Auc”.

El documento presentado a la Fiscalía General de la Nación en el 2006 coincidió dos años después con las apreciaciones del alcalde de Medellín posteriores al asesinato de alias Job, ocurrido el lunes 28 de julio: "Hay informaciones de que esta persona siguió delinquiendo, yo denuncié hace tiempo las actividades ilícitas y acompañé a varias personas a la Fiscalía que lo acusaban de varios homicidios en la comuna 8".

Hablan desmovilizados

“Nosotros éramos los organizadores del barrio, nosotros organizábamos todo por acá, todo estaba en paz, nada de vacunas, nadie iba a una casa pobre a cobrar vacunas”, relata Orlando, desmovilizado del bloque Héroes de Granada, habitante del barrio Las Estancias, en la comuna 8 de Medellín, aquella donde alias Job habitó desde niño y donde mantenía un férreo control social y económico.

“Pero llegó Antonio López de la cárcel con ese cuento de que nos desmovilizáramos, y de ahí formó el conflicto acá en el barrio, quería acabar a todos los muchachos”, agrega Orlando.

De acuerdo con la versión de este desmovilizado y de otros más consultados, alias Job quería el barrio sólo para él: “que los que le hicieron daño a él que pagaran, y los acabó porque mató mucha gente y mando a matar mucha gente. Él vino fue a acabarnos el barrio, creíamos que iba a formar el barrio bien y que iba a acabar con una zozobra ahí y que todo el mundo viviera bien, pero no, vino fue a acabarlo”.

La estrategia de intimidación surgía de rumorar que algunos jóvenes eran “enemigos del proceso de reinserción de las Auc”, y que por ese hecho debían ser desterrados del barrio y si las decisiones eran más drásticas, se recurría al asesinato.

Quienes estaban siendo afectados por el poder de alias Job y sus lugartenientes, muchos de ellos tenderos de barrio y transportadores, denunciaron los atropellos: “Le pedimos protección a la OEA (Organización de Estados Americanos), a los funcionarios del programa de Paz. Todo el barrio fue a denunciar eso”, cuenta Orlando, asumiendo la vocería de los afectados.

Pese a la muerte de alias Job, en buena parte de la comuna 8, sobre todo en aquellos sectores donde había resistencia a su manera de promover el proceso de desmovilización de las Auc, aún temen que sus aliados más leales se infiltren en algunos barrios y tomen represalias.

“La comunidad quiere vivir en paz, no quiere vivir en guerra como hace años. Con don Antonio creíamos que iba a venir a formar una paz, pero no, no fue así. Por aquí mataron mucha gente”, concluye Orlando.

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Gobierno trata de “lavarse las manos” en genocidio contra la UP

En el homenaje a los mártires Leonardo Posada y Pedro Nel Jíménez, asesinados hace 22 años

Por Hernán Durango
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Bogotá.- Mario Upegui, presidente del movimiento político Unión Patriótica UP, denunció durante el homenaje a Leonardo Posada y Pedro Nel Jiménez, asesinados hace 22 años, que el gobierno trata de “lavarse las manos” y evadir su responsabilidad en los crímenes cometidos por sus esbirros contra los dirigentes de esta colectividad de izquierda. surgida en la década de los años ochenta tras los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y las FARC

El dirigente Upecista y ex concejal de Bogotá denunció además y condenó que el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con el mayor cinismo desvía la atención y lanza versiones con el interés de descargar parte de la responsabilidad por el genocidio en la dirigencia de la UP o supuestas retaliaciones de las FARC para esconder la responsabilidad del estado.

Por eso tuvimos que romper los diálogos que adelantábamos en la mesa creada hace varios años a instancias de la Comisión Interamericana de derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos OEA, donde cursa trámite la demanda impetrada por la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas a nombre de las direcciones de la UP y Partido Comunista Colombiano PCC, señaló Upegui al intervenir el viernes 29 de agosto en el acto conmemorativo de los 22 años del vil asesinato de los senadores de la UP Leonardo Posada Pedraza (Departamento de Santander) y Pedro Nel Jiménez (Departamento del Meta), realizado frente a la tumba en el Cementerio Central de la capital colombiana.

La muerte de los senadores Posada y Jiménez, ocurrida el 29 de agosto y 1 de septiembre del año 1986, respectivamente, abre el capitulo de sangre y muerte por obra del terror oficial contra parlamentarios, diputados, concejales, alcaldes y los miembros de las direcciones regionales de la recién creada agrupación política. En medio de la ola de asesinatos y atentados cayeron los candidatos presidenciales de UP Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Se habla de mas de tres mil integrantes de la UP asesinados durante los últimos años. Muchos dirigentes e integrantes de la UP en varias regiones del país tuvieron que desplazarse a otros lugares dentro del territorio nacional o exiliarse para salvaguardar su integridad física. El terror contra los sectores de izquierda en Colombia no cesa, en Arauca fue asesinado el dirigente del PCC y UP, Luis Mayuza y hace exactamente un mes fue encontrado el cuerpo del sindicalista Guillermo Rivera Fúquene, quien fue torturado salvajemente hasta cegar su vida, por este crimen se acusa a elementos de la Policía Nacional. Según la Central Unitaria de Trabajadores la cifra de lideres sindicales en lo que va del año 2008 supera los 40.

Decenas de militantes y amigos del PCC y UP acompañaron a Reina de Posada e Iván Posada, madre y hermano, respectivamente, de Leonardo Posada. Como cada año se hace, llevándole flores a la tumba del dirigente juvenil universitario de U. Nacional que se trasladó a la ciudad petrolera de Barrancabermeja donde es apoyado por la comunidad y lo elige para importantes cargos públicos llegando a ocupar una curul en la Cámara de Representantes. En el Puerto petrolero es baleado por sicarios al servicio del gobierno.

No descansaremos en nuestra exigencia de real justicia, que exista la verdad y reparación integral para las víctimas de este genocidio político cometido por el terrorismo del estado colombiano, aseguró Mario Upegui.

Durante el acto también participó el Representante a la Cámara por el Polo Democrático, Wilson Borja Diaz, quien hizo un recuento acerca del surgimiento del paramilitarismo en Antioquia con el respaldo de las autoridades, partidos de la derecha, algunos ganaderos y terratenientes, grupos narcotraficantes y mandos militares y policiales. Situación ésta que se expandió siendo Gobernador de ese departamento el hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

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“Si aplican la ley, habrá paz” Luis Moreno Ocampo Fiscal de la Corte Penal Internacional

“Si aplican la ley, habrá paz”
El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo dice que cualquier a que tenga responsabilidad en los crímenes, sea comandante , financiador o cómplice político, deber ser investigado.
SEMANA
La Corte Penal Interna-cional (CPI), de la que es fiscal el argentino Luis Moreno Ocampo, existe apenas hace cinco años. No obstante, Moreno Ocampo tiene ya una rica experiencia en aplicar justicia en casos de violaciones masivas a los derechos humanos. Fue fiscal adjunto en el juicio a la cúpula militar que gobernó su país en los 80 y desde la CPI, acusó a Omar al-Bashir, el dictador sudanés, por el genocidio.
Vino a Colombia la semana pasada SEMANA lo entrevistó.

SEMANA: ¿Cómo puede ayudar la Corte Penal Internacional a que haya justicia en Colombia?
LUIS MORENO OCAMPO: Cuando empecé mi tarea, los casos más críticos en mi jurisdicción eran Colombia y Congo. Paradójicamente, Colombia tiene niveles de violencia muy elevados pero, a diferencia del Congo, instituciones que funcionan y en las que la gente confía. Mi tarea aquí es analizar sus esfuerzos por hacer justicia, y en la medida en que haga los procesos a los máximos responsables, mi deber es no intervenir; si no los hace, es intervenir, según lo acordó Colombia en el Tratado de Roma.

SEMANA: ¿Le preocupa que los poderosos aliados de los paramilitares queden impunes?
L.M.O.: El tema de que existan dirigentes políticos aliados o financistas de esas operaciones es también importante de investigar. Saber quiénes son los máximos responsables sólo se va a develar en el desarrollo de los procesos judiciales; las evidencias van a surgir de allí. Por eso, por ahora lo que estamos haciendo es recibir información y ver quiénes fueron responsables operativos, cuáles los responsables políticos y los financieros, cómo se articulaban. Develar cómo se armó esto es una importante herramienta preventiva y ese es uno de los objetivos centrales de mi mandato: no permitir impunidad para contribuir a la prevención de crímenes, eso es lo que la ley dice.


SEMANA: Definir quiénes son los máximos responsables y procesar por lo menos a éstos…
L.M.O.: Aquí en Colombia hay un problema enorme: la masividad de los crímenes. Es lo que discutimos con los fiscales colombianos. Nuestra tradición judicial no permite que se desechen casos y se escojan otros. Pero sí se puede establecer prioridades, y esa es una de las difíciles tareas de los fiscales colombianos: definir prioridades y terminar unos procesos. Si pueden hacer algunos juicios y la gente ve las condenas, eso es central…

SEMANA: ¿Pueden también personas sin responsabilidad pública, como empresarios o ganaderos, ser juzgados por la CPI si en Colombia no son investigados?
L.M.O.: Cualquier persona que tenga responsabilidad en los crímenes, sea porque fuese comandante operativo o porque brindó apoyo económico, podría ser investigada por la Corte.

SEMANA: Cree que la extradición de 15 ex jefes paramilitares puede obstaculizar el proceso de Justicia y Paz o de para-política?
L.M.O.: Hay mucha gente que considera que la extradición es un problema que obstaculiza las investigaciones. El Fiscal y el gobierno dicen que tienen un acuerdo con los fiscales estadounidenses, pero que depende también de que los acusados quieran, voluntariamente, declarar. Los fiscales tienen confianza de que algunos van a hacerlo. Habrá que esperar a ver.

SEMANA: Presenció una semana tensa por las denuncias de que el Ejecutivo estaría interfiriendo en la labor de la Corte. ¿Le habló la Corte de esto?
L.M.O.: Yo les pregunté específicamente a los miembros de la Corte si se consideraban capaces de llevar las investigaciones, y ellos me dijeron que sí. Mi tarea no es política, sino jurídica; básicamente seguir los procedimientos judiciales. El resto es de los colombianos.

SEMANA: ¿Cree usted que tener la CPI como espada de Damocles, esperando caer si no se hace la justicia, favorece la paz en Colombia? L.M.O.: Colombia tiene un proyecto muy ambicioso y si logra terminarlo correctamente, juzgando a quien tenga que juzgar, dando verdad a las víctimas, compensándolas, desmovilizando y que termine con la violencia, será un ejemplo para el mundo. Ha avanzado bastante. Nunca como ahora veo tanto consenso alrededor de la idea de que la violencia política es inadmisible y eso es un enorme logro de la sociedad colombiana.

SEMANA: Sì hay ese consenso, pero aún falta mucho para creer que la obediencia a la ley traerá la paz…
L.M.O.: Si alguien violó a mi hija, nadie puede obligarme a reconciliarme con el violador, pero pueden obligarme a no matarlo. Entonces yo sí creo que la ley es la herramienta de convivencia pacífica; permite convivir a personas que se odian. Por eso me parece que si la ley es respetada en Colombia, si logra demostrar que nada está por encima de la ley, que diferentes grupos, diferentes ideologías, son todos tratados igualmente, y si además las víctimas sienten que en realidad las protegen, eso daría una sólida base de paz para el futuro de Colombia. Y si nosotros pudiéramos participar de alguna manera en eso, sería muy positivo no sólo para Colombia, sino para el mundo.

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