La Defensoría le recomienda al Gobierno fortalecer los programas para evitar el embarazo adolescente, que está en el 31 por ciento.
La mayoría de mujeres víctimas de estos abusos no denuncia por miedo o por vergüenza y Encuentran falencias en atención, agrega la investigación, que será revelada hoy.
Fueron dos años de investigación en Cali, Medellín, Cúcuta y Pasto en los que se consultó y atendió a 2.200 mujeres desplazadas.
Informe de la Defensoria del Pueblo
El 14 por ciento de las mujeres que huyó por este crimen dijo haber sido víctima directa de ese tipo de prácticas por los diferentes actores armados.
"La violencia sexual como arma de guerra para control territorial o amedrantar a poblaciones enteras ha estado invisibilizada y ha quedado impune en el país", dice María Cristina Hurtado, defensora delegada para la infancia y la mujer.
En la investigación -conocida en su totalidad por EL TIEMPO- la Defensoría advierte que tanto la guerrilla como las llamadas nuevas bandas (en las que hay paramilitares que no se desmovilizaron y reinsertados que volvieron a las armas) siguen violentando a las mujeres en sus zonas de influencia.
De hecho, en un año casi se duplicó el número de informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que se refiere a ese tema. Mientras entre enero y junio del 2007, el 37 por ciento de las alertas incluyó el riesgo de que mujeres y niñas fueran víctimas de explotación sexual y acceso carnal violento por grupos al margen de la ley, en lo que va corrido de este año esa advertencia se hizo en el 69 por ciento de las alertas.
65 municipios han sido advertidos por riesgos de este tipo de hechos. En los últimos meses, la Defensoría ha alertado sobre explotación sexual de niñas desplazadas en Soledad, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Sabanalarga, en Atlántico.
La Defensoría dice que hay desmovilizados que agredieron a mujeres y que después de la reinserción han seguido victimizándolas, incluso a través de la prostitución y otras formas de explotación sexual.
Para evitar la impunidad, la entidad le pidió formalmente a la Fiscalía que en el proceso de Justicia y Paz se indague a los jefes 'paras' sobre crímenes sexuales. Hasta ahora, cuando esa jurisdicción completa tres años, solo se han enunciado (no confesado formalmente) 11 casos de violencia sexual.
"Algunos desmovilizados han contado que cuando los jefes 'paras' sabían de que había una violación ordenaban ajusticiar al responsable", señaló un investigador.
Sin embargo, se sabe de masacres en varias zonas del país donde los 'paras', en medio de la matanza, tuvieron plena libertad para abusar de las esposas e hijas de sus víctimas. Eso pasó, según relatos de pobladores, en El Salado (Bolívar).
Lo cierto es que se trata de un crimen silenciado. Ocho de cada 10 mujeres víctimas afirmaron que no han acudido a ninguna autoridad para denunciar la violación por miedo o vergüenza.
En algunos casos, incluso, le han pedido a la Fiscalía que no permita que los 'paras' que están declarando en Justicia y Paz hablen de esos temas frente a sus compañeros o hijos, según ellas, para evitar las venganzas.
El drama sigue en las ciudades
La Defensoría también encontró que la situación de indefensión de las mujeres víctimas del desplazamiento se mantiene casi invariable en los sitios de llegada.
Según la encuesta de la entidad, el 70 por ciento de las mujeres no ha recibido información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El 58 por ciento de ellas dijo que no está utilizando ningún tipo de anticonceptivo.
Se comprobó que en un hecho de desplazamiento se aumenta exponencialmente el riesgo de ser víctima de una violación o de violencia física. El estudio concluyó que 3 de cada 10 mujeres desplazadas sufrieron una golpiza durante el desarraigo.
Otro dato revelador es que el 32 por ciento de las mujeres que tuvo un aborto durante el desplazamiento nunca recibieron atención médica.
Y siete de cada 10 no tuvieron ningún control en su embarazo. Se detectó un alto número de adolescentes embarazadas: el 31 por ciento entre 12 y 17 años.
'Impunidad es muy alta': Acnur
Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados (Acnur) la tasa de impunidad por el delito de desplazamiento interno en general es muy alta, a pesar de que la Fiscalía creó una unidad para el tema. "Entre el 2004 y el 2006 hubo 619.000 personas desplazadas registradas por el Gobierno, pero sólo 13 condenas por este delito".
Acnur está de acuerdo con las conclusiones del estudio de la Defensoría sobre las razones de la invisibilización de la violencia sexual como factor de desplazamiento.
Entre ellas, no es común que en los sistemas de información en las entidades incluyan la categoría de mujeres desplazadas y víctimas de abuso sexual.
Así mismo, como lo advirtió la Defensoría, la agencia de las Naciones Unidas asegura que "hace falta una coordinación entre la política pública en salud sexual y reproductiva y política de atención al desplazamiento".
La Corte Constitucional también se pronunció recientemente sobre la relación entre violencia sexual y desplazamiento. De hecho, amparó a 600 mujeres desarraigadas.
"La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano", señaló el tribunal.
Historias de mujeres desplazadas y víctimas de violencia sexual
Violada dos veces
La vida le cambió a Alicia en febrero del 2006, cuando un grupo de 'paras' entró a pleno mediodía a su finca en Policarpa (Nariño) y los acusó a ella y a su familia de auxiliar a la guerrilla.
Ella corrió y se escondió en una de las piezas, pero tres hombres tumbaron la puerta y la violaron. En el lugar había otras tres mujeres de su familia: "Se escuchaban los gritos de las otras...
Fue horrible", cuenta Alicia, que hoy tiene 20 años.
Quedó embarazada. Y en septiembre, cuando tenía siete meses de gestación, los 'paras' volvieron. Su suegra les rogó que no le hicieran nada porque estaba esperando un hijo, pero de nada valió. Fue violada por segunda vez.
Hoy, mientras la mujer pide limosna en las calles de Pasto con su hijo de la mano, la violencia sexual contra las mujeres como instrumento de guerra aún sigue siendo una pesadilla para cientos de familias desarraigadas.
"Tenía 15 años. En enero de 1997 la guerrilla me violó a mí y a otras 15 mujeres. Una noche llegaron al pueblo (Vega de Cáchira, N. de Santander) pidiendo comida. Después de que les cocinamos, mataron a los esposos y nos violaron una a una".
Mujer de 25 años, soltera y sin hijos. Cultiva café y cría ganado.
"En Chocó, desde el inicio del 2007 las Farc estaban buscando a mi esposo porque él era motorista de una lancha. Iban a buscarlo, pero como no lo encontraron me pegaron y sin piedad abusaron de mí. Mientras uno me agarraba otro me tapaba la boca".
Mujer de 31 años de edad. En unión libre y de comunidad afro.
"El 22 de noviembre del 2006 en Ricaurte (Nariño) mi familia y yo fuimos retenidos por un grupo paramilitar en nuestra casa. Mi esposo fue asesinado frente a nosotros y yo fui violada. Nos pedía información de un jefe guerrillero. Estaban sin uniforme".
Mujer de 29 años, con un hijo. Se desplazó por denunciar.
"Vivíamos en La Gabarra en el 2002. Cerca de la casa unos guerrilleros mataron a unos Auc. Ellos después cogieron y dijeron que éramos informantes de la guerrilla. A mi esposo lo golpearon y a mí me violaron. Gracias a Dios no puedo tener hijos".
Mujer de 56 años, casada y crió 5 hijos de su esposo.
La Corporación Reiniciar alerta a la comunidad nacional e internacional y defensores de derechos humanos sobre la grave situación de seguridad que enfrenta en estos momentos la Misión de Acompañamiento al Alto Ariari que se encuentra en el municipio de El Castillo, Meta, ante la presencia y patrullaje de hombres fuertemente armados en la vereda La Esmeralda a pocos minutos del casco urbano de El Castillo.
