14 agosto, 2009

La alta comisaria de la ONU denuncia graves violaciones de derechos humanos por Israel

Ginebra, 14 ago EFE).- La alta comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, denunció hoy las graves violaciones por parte de Israel en los territorios ocupados palestinos y pidió el fin del bloqueo, y que sus responsables sean castigados.

En su informe sobre la situación en Gaza y Cisjordania, que será presentado a la Asamblea General de la ONU el 29 de septiembre y cuyo contenido se conoció hoy, Pillay relata primero los ataques sufridos por los civiles palestinos durante la ofensiva contra Gaza de diciembre y enero pasados, en la que murieron unos 1.300 palestinos (cerca de mil civiles) y 10 soldados israelíes y cuatro civiles.

Pillay señala que hay "numerosos informes" de ataques del Ejército israelí contra civiles palestinos, y sólo menciona algunos casos concretos.
"El 3 de enero, en la zona de Zeitun de la ciudad de Gaza, los soldados israelíes se acercaron a una familia y ordenaron al padre salir. Este lo hizo con las manos en alto y sus documentos de identidad a la vista. Los soldados le dispararon sin avisar y luego abrieron fuego indiscriminadamente dentro de la casa hasta que todos estuvieron en el suelo, hiriendo a la madre y a cuatro hijos, uno de los cuales murió", señala Pillay.

En otro incidente, dice que "los soldados israelíes ordenaron a unos 100 palestinos entrar a una casa en Zeitun... y unas 24 horas después bombardearon la casa repetidamente, matando a 23 personas".

Un tercer incidente reseñado es el de una familia de seis miembros a la que se ordenó salir de su casa en la zona de Jabalia. "Todos salieron con banderas blancas y les dijeron que se pusieran delante de un tanque. Después de unos cinco minutos, un soldado abrió fuego, matando a dos niños y a otros dos miembros de la familia. La casa familiar fue después demolida".
Pillay denuncia que las fuerzas armadas israelíes apuntaron y atacaron numerosas instalaciones civiles, incluidos edificios del gobierno, hospitales y escuelas.

El 5 de enero -señala- las fuerzas israelíes bombardearon desde el aire el centro médico Al- Raeiya, que estaba claramente identificado, y en total 27 hospitales fueron dañados en la ofensiva, según cifras de la OMS.

También se atacaron sedes de la ONU, como el principal edificio de ACNUR en Gaza, donde se habían refugiado unos 700 palestinos.

El informe también constata el empleo de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes en una zona tan densamente poblada como es Gaza, y revela que durante los 22 días de ofensiva, la franja, de 360 kilómetros cuadrados, y con 1,5 millones de habitantes, estuvo cerrada a cal y canto, lo que impidió a los civiles huir de los combates.

El informe también denuncia otras violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania fuera de esa ofensiva, como la violencia de los colonos judíos, la demolición de casas, y las graves restricciones al movimiento impuestas por el muro construido por Israel en Cisjordania.

Afirma que mientras israel destruyó en 2009 72 viviendas de palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, dejando sin hogar a unas 300 personas, el número de edificios en los asentamientos judíos de Cisjordania se incrementó en 2008 un 60 por ciento respecto al año anterior, según datos de la ONG israelí Paz Ahora.

Pillay denuncia también en su informe el lanzamiento de cohetes por parte de Hamas contra territorio israelí y otras violaciones cometidas por este grupo que gobierna Gaza, como "ejecuciones extrajudiciales y malos tratos contra supuestos colaboracionistas de Israel".

La alta comisaria de la ONU expresa su preocupación porque se ha ignorado el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro de Cisjordania, declarado ilegal porque coarta gravemente la libertad de movimientos de los palestinos.

Pillay recomienda, además, que cese el bloqueo contra Gaza, que califica de "castigo colectivo", y que "todas las alegaciones de violaciones del derecho internacional humanitario sean investigadas... y sus víctimas obtengan reparación".
Pide, igualmente, que Israel cese la construcción de asentamientos.



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Quien esta silenciando a los paramilitares

Semana. Comer únicamente enlatados abiertos por mano propia. Esa es la regla de supervivencia por estos días entre varios paramilitares que permanecen en las cárceles del país. El temor entre los ‘paras’ se generalizó luego de que un peritaje de Medicina Legal determinara que Diego José Martínez, más conocido como ‘Daniel Tolima’, no murió en su celda a causa de un infarto sino envenenado con cianuro en la comida.

El crimen ocurrió en la cárcel La Picota de Bogotá y tuvo eco en todo el Tolima donde ‘Daniel’ comandó entre el 2000 y el 2003 un bloque paramilitar que dejó una estela de 770 víctimas según él mismo lo relató a la Fiscalía.

‘Daniel’ fue teniente retirado del Ejército e ingresó a las filas paramilitares en 1999 y se volvió en un lugarteniente y confidente de Carlos Castaño. “Él sabía grandes secretos del paramilitarismo como por ejemplo los nombres de testaferros o de quienes integraron el llamado grupo de los seis, a quienes los ‘paras’ obedecían órdenes”, sostiene un abogado que visitaba regularmente a ‘Daniel’ en prisión.

El crimen de ‘Daniel’ es sólo el más sonado de varios que se han perpetrado contra ‘paras’ postulados a Justicia y Paz o familiares cercanos de estos.

Eliécer Gustavo Guao Arias, conocido en las filas del Bloque Norte como ‘Canario’, fue estrangulado hace dos semanas en la cárcel Modelo de Barranquilla. Allí mismo murió en mayo, con síntomas de intoxicación, Roberto Luis Peinado López, alias ‘El Indio’, otro paramilitar implicado en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.
Afuera de las cárceles la situación parece ser igual de riesgosa para los paramilitares desmovilizados que quieren colaborar con la justicia y la verdad. En abril pasado fue acribillado en La Estrella, Antioquia,Francisco Villalba, el sanguinario paramilitar que participó en la masacre del Aro en 1997. La Fiscalía tiene reportados como muertos a 16 ex combatientes del Bloque Córdoba que comandaba Mancuso y aún no ha establecido cómo fue.
Una docena más de ‘paras’ murieron abaleados en distintas zonas del país entre 2006 y el 2008. Así mismo hay registro de numerosos casos en los que las víctimas son familiares de paramilitares.

Quizá el más afectado sea Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, uno de los jefes paramilitares extraditado y condenado en Estados Unidos. A Vanoy, quien ejerció poder al norte de Antioquia, en la región conocida como Bajo Cauca Antioqueño, le han asesinado un hijo, un hermano, un sobrino y una cuñada. El 23 de junio pasado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró en versión libre desde Estados Unidos que varios de sus familiares habían sido asesinados como represalia por su participación en Justicia y Paz, pero se abstuvo de precisar los nombres de las víctimas.

Y el caso más reciente ocurrió hace diez días frente a la cárcel Bellavista de Medellín. Allí fue abaleada Diana Ester Coronado, esposa de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, un jefe paramilitar recluido en esa penitenciaría.

La directora del Inpec, Teresa Moya, asegura que la institución ha brindado a los desmovilizados las garantías para que permanezcan en la cárcel con seguridad. “Existe un reglamento especial que les permite cocinar sus propios alimentos y sólo ellos pueden autorizar quién puede visitarlos”. No obstante tras el asesinato de la esposa de ‘Sancocho’ el Inpec reubicó en distintas cárceles del país a unos 70 paramilitares que estaban en esa cárcel.

La MAPP-OEA, cuyo mandato es evaluar y apoyar el desarrollo del complejo proceso de Justicia y Paz pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los desmovilizados. El panorama es turbio y efectivamente se requiere de la firmeza del Estado, primero para investigar los casos y castigar rápidamente a los culpables y disuadir así a quienes quieran seguir silenciando a los desmovilizados que quieren hablar. Lo segundo es reforzar los la seguridad en las cárceles y fuera de éstas.

De su vida depende que el país conozca la mayor cantidad de verdad sobre lo sucedido, y que además paguen debidamente sus penas por los atroces crímenes que cometieron. Ambas cosas se las debe el país a las víctimas.




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