"Yo Ayudé a elegir a Mario Uribe’ Juan Vicente Gamboa

El EspectadorViernes, 24 de Abril de 2009 El ex jefe paramilitar en Urabá Juan Vicente Gamboa, alias Pantera, confesó los horrores que perpetró en operaciones conjuntas entre miembros de las Fuerzas Armadas y las autodefensas. Oriundo de Chocó, de 34 años, hoy es testigo en el caso del ex senador Mario Uribe por sus presuntos vínculos con las Auc.
Juan Vicente Gamboa, alias ‘Pantera’, hoy recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
¿Quién es usted?

Era infante de marina. Pero entré como infiltrado al bloque Élmer Cárdenas de las Auc, porque mis comandantes en la Armada vivían obsesionados con El Alemán y querían golpearlo. Yo me infiltré por un tercero que tenía contacto con Don Mario, hermano de El Alemán. Estuve infiltrado seis meses y me reportaba a la Armada cada 15 días. Di varios resultados. Entonces me dieron 15 días para salir de la misión. Como no lo hice, me dieron la baja. Y como Don Mario me tenía confianza, me mandó a hacer curso de comandante, luego me trasladaron para el frente Héroes de los Andaquíes y al Cacique Nutibara, donde me desmovilicé en 2003.
¿Cómo lo capturaron?

Fue el 19 de octubre de ese año. Tres años atrás, en la ‘Operación Horizonte’ que hizo la Armada, por orden de mis jefes di de baja a una guerrillera cuando se había acabado el combate. Yo era el que hacía los trabajos sucios y me acusaron de homicidio. Aunque participé en otros falsos positivos.

¿Cuáles recuerda?

El que estoy pagando y otros dos que fueron de mucha trascendencia. En junio de 1999, en El Carmen de Bolívar, asesinamos a dos pastores de la iglesia Pentecostés. En una operación encontramos una caleta del Eln y nos atacó la guerrilla. No hubo guerrilleros dados de baja, pero de pronto aparecieron estos pastores. El teniente Rivera me dijo: “Mínimo son guerrilleros y se pusieron de civil”, porque ellos decían ser los dueños de la casa. El teniente me dijo: “Hagámosles la vuelta”. Y de una vez les di cajeta con mi fusil y los vestimos con uniformes de nosotros.

¿En cuántos falsos positivos participó?

En unos 15 por orden del comandante. Yo estuve en falsos positivos desde 1997 hasta 2002.

¿Conoció a alias ‘Cadena’?

En los Montes de María, el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, Cadena, surgió de la nada. Era un campesino que se iba a tirar machete y veía la ubicación de la guerrilla y se la tiraba a la tropa. Él era el guía, le poníamos uniforme y le daban fusil. Luego hizo curso de comandante y como tenía contactos con el general Rodrigo Quiñónez, Cadena, que había nacido en Macayepo (Sucre), fue tan despiadado que masacró a su mismo pueblo. Él hizo las masacres de Macayepo, Chengue y El Salado. En esta última participé yo.

¿Cómo se planeó la masacre de El Salado?

Muy fácil, a finales de 1999. Como George y yo éramos los de los trabajos sucios en la Armada, me llamó mi general Quiñónez y con el coronel Diazgranados Mantilla y el mismo Cadena nos reunimos en la Brigada. En El Salado había mucha guerrilla. Cadena dijo: “Con el apoyo del general Quiñónez yo les limpio la zona, pero me apoyan con armamento y hombres”. Y a mí me dijeron: “Va para la masacre. No vaya a implicar a ningún suboficial. Usted es un infante bueno y va con 25 hombres del Batallón de Contraguerrilla Nº 33”. Cadena me ordenó obstaculizar el paso de la Cruz Roja, mientras ellos mataban allá a machete, a garrote y a bala.

¿Tuvo contacto con el general Quiñónez durante la masacre?

Después, y me felicitó junto con el coronel Diazgranados, el jefe de operaciones de la Primera Brigada de Infantería de Marina.

¿Lo han presionado por sus delaciones?

Llamaron a mi mamá para que me retractara, pero no lo haré. A mí me trasladaron al Batallón Fluvial Nº 50, con sede en Turbo, y me recibió el coronel Ruiz y me dijo que me iban a infiltrar en las Auc. “Ya sabe, si fracasa, no nos conoce”, me dijo.

¿Quién hacía las listas para matar a quienes caían en las masacres?

Los de inteligencia de la Primera Brigada y se las daban a Cadena. En la masacre de El Salado le dieron una lista y los que aparecían de una vez a garrote, a tiro y a machete. La muerte que más me dolió fue la de una niña de 6 años a la que le pusieron en la cabeza una bolsa enjabonada. Cuando trató de respirar se le pegó a la cara y la asfixió.

¿’Cadena’ cuántas veces se reunió con oficiales de la Armada?

Cualquier cantidad. Él era un hombre más en la Brigada. Entró fue como sapo hasta que se ganó la confianza.

¿El ex senador Mario Uribe se reunió con ‘El Alemán’?

Le estoy dando dedo a Mario Uribe porque lo ayudé a elegir. Pero no me constan reuniones de él con El Alemán. Pero Don Mario, su hermano, me dijo: “Hay que ayudar a elegirlo, por encima de lo que sea, porque en 2003 viene la desmovilización y él nos sirve para unas leyes en el Congreso”. Como yo era comandante en Turbo y Necoclí, con pistola, intimidando a la gente, preguntaba por quién iba a votar. Si me lo permiten le digo esto al ex senador Uribe en la cara.

¿Qué oficiales del Ejército les ayudaban a las Auc?

Al Élmer Cárdenas los tenientes Alarcón y Liévano, que le suministraban munición a Don Mario. Toda la que se utilizó en la masacre de Bojayá salió del Batallón Fluvial Nº 50.

¿Cuántas personas mató usted?

Unas 30 en falsos positivos. Lo que se hacía era que se amarraba al campesino, se le vestía de camuflado y le disparábamos de lejos, porque si era a quemarropa venía la investigación. En cambio, si lo amarro y le doy de lejos, ¡pam, pam!, murió en combate.

¿Hacían polígono con la gente?

Desafortunadamente.

¿Qué supo usted de la temible banda ‘La Terraza’?

La fundó Don Berna, pero tuvo problemas con algunos comandantes y en 2003 los invitó a una fiesta en Valencia, Córdoba, con viejas y ron, y cuando estaban borrachos ordenó inyectarles gasolina en la venas.

¿Por qué empezó la guerra entre los bloques Nutibara y Metro?

Don Berna era el comandante del Nutibara, del Héroes de Granada y Héroes de Tolová. Cuando iniciaron las conversaciones con Uribe para la desmovilización, Doble Cero dijo que no iba a negociar. Carlos Castaño Gil y Don Berna dieron la orden de ‘recogerlo’. Buscaron a los mejores hombres de las Auc, éramos 610, y empezamos a tomarnos los municipios controlados por el bloque Metro.

¿Cómo era la relación del Cacique Nutibara con el bloque Minero?

Mucha gente del bloque Metro se pasó al Minero. El comandante de la operación para recoger al bloque Metro era El Cura, que era el segundo de H.H.. Más de uno se hizo matar, más de uno se voló y se entregó a las autoridades.

¿Aspira a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz?

No me interesan. Lo que quiero es justicia. Me obligaron a infiltrarme en el bloque Élmer Cárdenas cuando estaba enfermo y aún así di resultados, pero como no me pude salir en el tiempo estipulado de los 15 días, me dieron la baja. Hoy en día voy rumbo a la invalidez. A mí me da lo mismo salir de la cárcel que no salir. Tarde o temprano la gente de Don Berna me va a matar.

¿Por qué?

Porque di mucha información a la Fiscalía y a la organización de él la golpearon y él lo supo y ordenó atentados en mi contra. Yo salgo de la cárcel y me van a matar. Da la misma vaina salir hoy o mañana.

‘Pantera’ miente

Abogados cercanos a la familia del ex senador Mario Uribe Escobar le dijeron a El Espectador que todo cuanto ha declarado en la Fiscalía Juan Vicente Gamboa, alias ‘Pantera’, ha quedado desvirtuado en el proceso. Y que el propio ex comandante paramilitar del bloque Élmer Cárdenas, Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’, lo desmintió en todo y señaló que ni él ni su hermano ‘Don Mario’ dieron órdenes a sus hombres en Urabá para presionar votantes en favor de Mario Uribe.

Read More

EL Desenterrador de Cadáveres

Verdad Abierta. Lunes, 04 de Mayo de 2009.Gustavo Duque, fiscal de Justicia y Paz en Medellín, lleva el mayor número de exhumaciones del país en dos años. ¿Cómo cambia una persona después de 350 desentierros?

Seguramente esta semana, en un pedazo de selva perdida en Chocó, Gustavo Duque, de 32 años, llegará a su desentierro número 350 en los últimos dos años. La cifra no le interesa tanto como para recordarla. Aunque sí sabe que entre los fiscales encargados de hacer exhumaciones de cuerpos descuartizados y desaparecidos en medio de la guerra, él es quien más muertos lleva a cuestas.

Lo único que le interesa por estos días es su cursillo prematrimonial en una parroquia al sur de Medellín. Será su segundo matrimonio. "Espero que este trabajo no me lo vaya a putiar", dice mientras planea una diligencia judicial en su despacho del Edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar.

Sólo en la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay 50.000 denuncias por desaparición de personas, y se calcula que la mitad de ellas están bajo tierra. La información supera a los recursos humanos. Para cubrir todo el país, la Fiscalía cuenta con 18 fiscales, lo que significa que a cada uno le tocaría exhumar unos 1.400 cuerpos.

Gustavo y su equipo de trabajo, conformado por cinco personas (un antropólogo, un geólogo, un fotógrafo y dos investigadores del CTI), ya tienen información detallada de tantas fosas, que si programaran su trabajo desde ya, tendrían que estar en correría dos años seguidos sin descanso alguno.

Ese es el tema predilecto en las conversaciones del fiscal Duque. No habla más que de las anécdotas con las víctimas. Una de las que más repite es la de su primera diligencia de exhumación, durante la Semana Santa de 2007. En ella no sólo fue bombardeado por la guerrilla de las Farc, sino que casi la mitad de su equipo le renunció. Fue cerca del campamento donde tenían secuestrado al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de Paz, Gilberto Echeverri. Debían sacar los cadáveres de seis personas asesinadas por la guerrilla y desde el momento en que comenzaron a sobrevolar con el Ejército las montañas de Urrao, el bombardeo no les dio respiro. "Cuando iba en el helicóptero, miré a uno de los investigadores y le dije: 'hermano, de acá regresamos, pero en bolsas'", recuerda Gustavo. Al final, lograron exhumar los seis cuerpos y esa especie de 'bautizo' les sirvió para entender por qué meses antes en una inducción en Bogotá les habían advertido que en terreno no podrían aplicar ni el 1 por ciento de los protocolos que se tienen que utilizar en las exhumaciones. "Tendrán que exhumar con la guerrilla encima", fue la frase de despedida.

Y no todas son historias de combates. En San Luis, Antioquia, un ex guerrillero que servía de guía para encontrar la fosa común estalló en llanto y se arrodilló ante una pareja de ancianos que eran los padres de la víctima. Estaban a mitad del camino en las montañas del Oriente. Les imploró perdón durante algunos minutos, y el viejo, después de consultar la aprobación de su mujer, extendió el brazo derecho sobre la cabeza del muchacho, le echó la bendición y le dijo que ya lo habían perdonado. Ha sido el mayor acto de perdón que han visto en toda su vida, dijeron las personas que acompañaron a Gustavo en esa diligencia.

Un poco más hacia el sur, en el municipio de Nariño, conocieron una historia que podría ser la cara opuesta de la de San Luis. Mientras hacían la investigación para localizar el cuerpo de un muchacho del pueblo que llevaba varios años desaparecido, Gustavo se dio cuenta, por los testimonios de la hermana y la abuela del joven, de que fue la propia madre la que lo entregó a los paramilitares para que lo asesinaran. ¿La razón? Fumaba mucha marihuana en la casa.

Tras cinco o seis experiencias del mismo calibre, la sorpresa o el asombro ante la muerte dejaron de ser algo cotidiano para el fiscal. Dice que se siente con una coraza encima, que está insensible ante el sufrimiento, que después de tantas historias trágicas, ya nada lo conmueve. Lo dice lentamente, casi meditando, como si fuera la primera vez que lo piensa y lo preocupa. "Hoy tengo una felicidad rara, en el sentido de que mis momentos más felices son cuando encuentro cadáveres. Es raro porque es una mezcla en donde se te pueden poner los pelos de punta por los familiares que están viendo los restos y lloran y, por otro lado, la satisfacción de dar respuestas a las víctimas sobre los restos que están buscando".

A pesar de su juventud, de su aspecto informal y de su forma chabacana al hablar, muy propia de los muchachos de los barrios populares, el fiscal parece consciente de que su oficio funesto también está labrando su forma de ser: "Ya hasta en mi casa me reclaman porque no lloro", dice este abogado de la Universidad Bolivariana. Pero, a la vez, dice que ha aprendido a valorar la vida y a valorar la muerte por igual. Que este trabajo le ha servido como ningún otro para darse cuenta de que "la ciudad es un solo brochazo de la realidad", que hay que salir al campo para darse cuenta de que el Estado tiene buena culpa de lo que hoy sucede "y lo realmente valeroso, lo que me mantiene aquí después de tantas excavaciones, es saber que ese mismo Estado está resarciendo sus culpas no con cara de ogro, sino con palas y picos ayudando a los más olvidados".

Le gusta que las víctimas lo llamen al celular, disfruta que lo dejen dormir en sus casas cuando llega a los pueblos, y goza montar en chiva, en tractor, en canoa y hasta en burro, para llegar hasta donde han enterrado los muertos. Aunque es pesimista sobre el futuro del país, dice que hay que trabajar para que el león -que es Colombia- no se despierte.

A pocos días de su matrimonio, lo único que lo trasnocha es pensar que su oficio de "desenterrador", su permanente contacto con la muerte, con historias de huesos y cadáveres, haya logrado afectar su vida. En el libro El enterrador, el ensayista Thomas Lynch escribió que su padre -quien trabajó toda su vida como "director funerario"- sabía cómo había influido su oficio sobre él, le había dado forma, lo había hecho el esposo, el padre y el hombre que era. Y aunque Gustavo Duque sólo lleva dos años desenterrando por todo Antioquia y por todo Chocó, sabe que su tarea apenas está comenzando: "Yo sé que estas 350 exhumaciones son sólo el desayuno, vamos a ver que será de mí cuando lleve 1.500".

Read More

Verdad Abierta. Lunes, 04 de Mayo de 2009.Gustavo Duque, fiscal de Justicia y Paz en Medellín, lleva el mayor número de exhumaciones del país en dos años. ¿Cómo cambia una persona después de 350 desentierros?

Seguramente esta semana, en un pedazo de selva perdida en Chocó, Gustavo Duque, de 32 años, llegará a su desentierro número 350 en los últimos dos años. La cifra no le interesa tanto como para recordarla. Aunque sí sabe que entre los fiscales encargados de hacer exhumaciones de cuerpos descuartizados y desaparecidos en medio de la guerra, él es quien más muertos lleva a cuestas.

Lo único que le interesa por estos días es su cursillo prematrimonial en una parroquia al sur de Medellín. Será su segundo matrimonio. "Espero que este trabajo no me lo vaya a putiar", dice mientras planea una diligencia judicial en su despacho del Edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar.

Sólo en la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay 50.000 denuncias por desaparición de personas, y se calcula que la mitad de ellas están bajo tierra. La información supera a los recursos humanos. Para cubrir todo el país, la Fiscalía cuenta con 18 fiscales, lo que significa que a cada uno le tocaría exhumar unos 1.400 cuerpos.

Gustavo y su equipo de trabajo, conformado por cinco personas (un antropólogo, un geólogo, un fotógrafo y dos investigadores del CTI), ya tienen información detallada de tantas fosas, que si programaran su trabajo desde ya, tendrían que estar en correría dos años seguidos sin descanso alguno.

Ese es el tema predilecto en las conversaciones del fiscal Duque. No habla más que de las anécdotas con las víctimas. Una de las que más repite es la de su primera diligencia de exhumación, durante la Semana Santa de 2007. En ella no sólo fue bombardeado por la guerrilla de las Farc, sino que casi la mitad de su equipo le renunció. Fue cerca del campamento donde tenían secuestrado al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de Paz, Gilberto Echeverri. Debían sacar los cadáveres de seis personas asesinadas por la guerrilla y desde el momento en que comenzaron a sobrevolar con el Ejército las montañas de Urrao, el bombardeo no les dio respiro. "Cuando iba en el helicóptero, miré a uno de los investigadores y le dije: 'hermano, de acá regresamos, pero en bolsas'", recuerda Gustavo. Al final, lograron exhumar los seis cuerpos y esa especie de 'bautizo' les sirvió para entender por qué meses antes en una inducción en Bogotá les habían advertido que en terreno no podrían aplicar ni el 1 por ciento de los protocolos que se tienen que utilizar en las exhumaciones. "Tendrán que exhumar con la guerrilla encima", fue la frase de despedida.

Y no todas son historias de combates. En San Luis, Antioquia, un ex guerrillero que servía de guía para encontrar la fosa común estalló en llanto y se arrodilló ante una pareja de ancianos que eran los padres de la víctima. Estaban a mitad del camino en las montañas del Oriente. Les imploró perdón durante algunos minutos, y el viejo, después de consultar la aprobación de su mujer, extendió el brazo derecho sobre la cabeza del muchacho, le echó la bendición y le dijo que ya lo habían perdonado. Ha sido el mayor acto de perdón que han visto en toda su vida, dijeron las personas que acompañaron a Gustavo en esa diligencia.

Un poco más hacia el sur, en el municipio de Nariño, conocieron una historia que podría ser la cara opuesta de la de San Luis. Mientras hacían la investigación para localizar el cuerpo de un muchacho del pueblo que llevaba varios años desaparecido, Gustavo se dio cuenta, por los testimonios de la hermana y la abuela del joven, de que fue la propia madre la que lo entregó a los paramilitares para que lo asesinaran. ¿La razón? Fumaba mucha marihuana en la casa.

Tras cinco o seis experiencias del mismo calibre, la sorpresa o el asombro ante la muerte dejaron de ser algo cotidiano para el fiscal. Dice que se siente con una coraza encima, que está insensible ante el sufrimiento, que después de tantas historias trágicas, ya nada lo conmueve. Lo dice lentamente, casi meditando, como si fuera la primera vez que lo piensa y lo preocupa. "Hoy tengo una felicidad rara, en el sentido de que mis momentos más felices son cuando encuentro cadáveres. Es raro porque es una mezcla en donde se te pueden poner los pelos de punta por los familiares que están viendo los restos y lloran y, por otro lado, la satisfacción de dar respuestas a las víctimas sobre los restos que están buscando".

A pesar de su juventud, de su aspecto informal y de su forma chabacana al hablar, muy propia de los muchachos de los barrios populares, el fiscal parece consciente de que su oficio funesto también está labrando su forma de ser: "Ya hasta en mi casa me reclaman porque no lloro", dice este abogado de la Universidad Bolivariana. Pero, a la vez, dice que ha aprendido a valorar la vida y a valorar la muerte por igual. Que este trabajo le ha servido como ningún otro para darse cuenta de que "la ciudad es un solo brochazo de la realidad", que hay que salir al campo para darse cuenta de que el Estado tiene buena culpa de lo que hoy sucede "y lo realmente valeroso, lo que me mantiene aquí después de tantas excavaciones, es saber que ese mismo Estado está resarciendo sus culpas no con cara de ogro, sino con palas y picos ayudando a los más olvidados".

Le gusta que las víctimas lo llamen al celular, disfruta que lo dejen dormir en sus casas cuando llega a los pueblos, y goza montar en chiva, en tractor, en canoa y hasta en burro, para llegar hasta donde han enterrado los muertos. Aunque es pesimista sobre el futuro del país, dice que hay que trabajar para que el león -que es Colombia- no se despierte.

A pocos días de su matrimonio, lo único que lo trasnocha es pensar que su oficio de "desenterrador", su permanente contacto con la muerte, con historias de huesos y cadáveres, haya logrado afectar su vida. En el libro El enterrador, el ensayista Thomas Lynch escribió que su padre -quien trabajó toda su vida como "director funerario"- sabía cómo había influido su oficio sobre él, le había dado forma, lo había hecho el esposo, el padre y el hombre que era. Y aunque Gustavo Duque sólo lleva dos años desenterrando por todo Antioquia y por todo Chocó, sabe que su tarea apenas está comenzando: "Yo sé que estas 350 exhumaciones son sólo el desayuno, vamos a ver que será de mí cuando lleve 1.500".

Read More

Verdad Abierta. Lunes, 04 de Mayo de 2009.Gustavo Duque, fiscal de Justicia y Paz en Medellín, lleva el mayor número de exhumaciones del país en dos años. ¿Cómo cambia una persona después de 350 desentierros?

Seguramente esta semana, en un pedazo de selva perdida en Chocó, Gustavo Duque, de 32 años, llegará a su desentierro número 350 en los últimos dos años. La cifra no le interesa tanto como para recordarla. Aunque sí sabe que entre los fiscales encargados de hacer exhumaciones de cuerpos descuartizados y desaparecidos en medio de la guerra, él es quien más muertos lleva a cuestas.

Lo único que le interesa por estos días es su cursillo prematrimonial en una parroquia al sur de Medellín. Será su segundo matrimonio. "Espero que este trabajo no me lo vaya a putiar", dice mientras planea una diligencia judicial en su despacho del Edificio Mónaco, antigua residencia del narcotraficante Pablo Escobar.

Sólo en la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía hay 50.000 denuncias por desaparición de personas, y se calcula que la mitad de ellas están bajo tierra. La información supera a los recursos humanos. Para cubrir todo el país, la Fiscalía cuenta con 18 fiscales, lo que significa que a cada uno le tocaría exhumar unos 1.400 cuerpos.

Gustavo y su equipo de trabajo, conformado por cinco personas (un antropólogo, un geólogo, un fotógrafo y dos investigadores del CTI), ya tienen información detallada de tantas fosas, que si programaran su trabajo desde ya, tendrían que estar en correría dos años seguidos sin descanso alguno.

Ese es el tema predilecto en las conversaciones del fiscal Duque. No habla más que de las anécdotas con las víctimas. Una de las que más repite es la de su primera diligencia de exhumación, durante la Semana Santa de 2007. En ella no sólo fue bombardeado por la guerrilla de las Farc, sino que casi la mitad de su equipo le renunció. Fue cerca del campamento donde tenían secuestrado al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de Paz, Gilberto Echeverri. Debían sacar los cadáveres de seis personas asesinadas por la guerrilla y desde el momento en que comenzaron a sobrevolar con el Ejército las montañas de Urrao, el bombardeo no les dio respiro. "Cuando iba en el helicóptero, miré a uno de los investigadores y le dije: 'hermano, de acá regresamos, pero en bolsas'", recuerda Gustavo. Al final, lograron exhumar los seis cuerpos y esa especie de 'bautizo' les sirvió para entender por qué meses antes en una inducción en Bogotá les habían advertido que en terreno no podrían aplicar ni el 1 por ciento de los protocolos que se tienen que utilizar en las exhumaciones. "Tendrán que exhumar con la guerrilla encima", fue la frase de despedida.

Y no todas son historias de combates. En San Luis, Antioquia, un ex guerrillero que servía de guía para encontrar la fosa común estalló en llanto y se arrodilló ante una pareja de ancianos que eran los padres de la víctima. Estaban a mitad del camino en las montañas del Oriente. Les imploró perdón durante algunos minutos, y el viejo, después de consultar la aprobación de su mujer, extendió el brazo derecho sobre la cabeza del muchacho, le echó la bendición y le dijo que ya lo habían perdonado. Ha sido el mayor acto de perdón que han visto en toda su vida, dijeron las personas que acompañaron a Gustavo en esa diligencia.

Un poco más hacia el sur, en el municipio de Nariño, conocieron una historia que podría ser la cara opuesta de la de San Luis. Mientras hacían la investigación para localizar el cuerpo de un muchacho del pueblo que llevaba varios años desaparecido, Gustavo se dio cuenta, por los testimonios de la hermana y la abuela del joven, de que fue la propia madre la que lo entregó a los paramilitares para que lo asesinaran. ¿La razón? Fumaba mucha marihuana en la casa.

Tras cinco o seis experiencias del mismo calibre, la sorpresa o el asombro ante la muerte dejaron de ser algo cotidiano para el fiscal. Dice que se siente con una coraza encima, que está insensible ante el sufrimiento, que después de tantas historias trágicas, ya nada lo conmueve. Lo dice lentamente, casi meditando, como si fuera la primera vez que lo piensa y lo preocupa. "Hoy tengo una felicidad rara, en el sentido de que mis momentos más felices son cuando encuentro cadáveres. Es raro porque es una mezcla en donde se te pueden poner los pelos de punta por los familiares que están viendo los restos y lloran y, por otro lado, la satisfacción de dar respuestas a las víctimas sobre los restos que están buscando".

A pesar de su juventud, de su aspecto informal y de su forma chabacana al hablar, muy propia de los muchachos de los barrios populares, el fiscal parece consciente de que su oficio funesto también está labrando su forma de ser: "Ya hasta en mi casa me reclaman porque no lloro", dice este abogado de la Universidad Bolivariana. Pero, a la vez, dice que ha aprendido a valorar la vida y a valorar la muerte por igual. Que este trabajo le ha servido como ningún otro para darse cuenta de que "la ciudad es un solo brochazo de la realidad", que hay que salir al campo para darse cuenta de que el Estado tiene buena culpa de lo que hoy sucede "y lo realmente valeroso, lo que me mantiene aquí después de tantas excavaciones, es saber que ese mismo Estado está resarciendo sus culpas no con cara de ogro, sino con palas y picos ayudando a los más olvidados".

Le gusta que las víctimas lo llamen al celular, disfruta que lo dejen dormir en sus casas cuando llega a los pueblos, y goza montar en chiva, en tractor, en canoa y hasta en burro, para llegar hasta donde han enterrado los muertos. Aunque es pesimista sobre el futuro del país, dice que hay que trabajar para que el león -que es Colombia- no se despierte.

A pocos días de su matrimonio, lo único que lo trasnocha es pensar que su oficio de "desenterrador", su permanente contacto con la muerte, con historias de huesos y cadáveres, haya logrado afectar su vida. En el libro El enterrador, el ensayista Thomas Lynch escribió que su padre -quien trabajó toda su vida como "director funerario"- sabía cómo había influido su oficio sobre él, le había dado forma, lo había hecho el esposo, el padre y el hombre que era. Y aunque Gustavo Duque sólo lleva dos años desenterrando por todo Antioquia y por todo Chocó, sabe que su tarea apenas está comenzando: "Yo sé que estas 350 exhumaciones son sólo el desayuno, vamos a ver que será de mí cuando lleve 1.500".

Read More

las víctimas de los paramilitares en Colombia están desprotegidas.

Justicia y Paz. Un informe presentado por Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, pone sobre el tapete que las víctimas de los paramilitares en Colombia están desprotegidas.
El informe de IMP revela los riesgos que enfrentan las víctimas, en especial mujeres, a la hora de denunciar delitos cometidos en su contra.
La organización Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, IMP, criticó en un estudio reciente la forma como se ha implementado la ley de Justicia y Paz, en particular, los problemas de seguridad y las dificultades que tienen las víctimas para denunciar los hechos delictivos.

En el informe titulado Justicia y seguridad para las víctimas del conflicto armado uno de los temas centrales es la garantía de protección y seguridad para las víctimas que denuncian hechos delictivos.

Muchas de las víctimas, señala el documento, no denuncian por el miedo a las represalias. IMP cita una encuesta realizada por Fundación Social en la que un alto porcentaje de las víctimas señalan que no denuncian por temor.

IMP menciona el caso de Yolanda Izquierdo, una lider comunitaria del departamento de Córdoba que fue asesinada en febrero de 2007 por reclamar la devolución de las tierras a 700 familias desplazadas por paramilitares. La Ong también cita los asesinatos de Carmen Cecilia Santana, Osiris Amaya Beltrán y Judith Vergara Correa, líderes comunitarias, cuyos crímenes que IMP asocia con las reclamaciones de los despojados.

El estudio además establece que otro de los obstáculos que enfrentan las víctimas es que el gobierno no ha implementado un sistema de información que las ayude a denunciar los crímenes que cometieron en su contra. IMP denuncia lo que llaman 'el paseo', que hace referencia a la cantidad de trámites y dependencias a las cuales tiene que acudir una víctima para validar su denuncia. Por eso recomiendan mejorar la calidad de atención y darle más agilidad en los procesos.

También que el escaso número de defensores públicos hace que buena parte de las víctimas no sean atendidas. Citan el caso de Medellín en donde por cada 700 víctimas hay un defensor de oficio, mientras que en Bogotá por cada 105 víctimas hay uno, y en Barranquilla, uno por cada 350.

El temor que expresa IMP es que muchas víctimas del conflicto armado sean desatendidas. Además menciona que es necesaria una atención psicosocial a las personas afectadas, en especial, a las mujeres que han sido violadas o ultrajadas sexualmente.



Demoras en versión libre

El informe también crítica que después de cuatro años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz sólo una tercera parte de los 3.711 postulados haya finalizado las versiones libres. Esto equivale a 1.205 postulados de los cuales sólo 5 personas han ratificado su sometimiento a la ley.

El informe denuncia que existieron problemas desde la primera elaboración de la lista de postulados, ya que la gran mayoría de desmovilizados no tenía ni siquiera una investigación preliminar. Incluso, hoy en día se desconoce el paradero de más del 80 por ciento de los postulados.

Según IMP, faltarían por lo menos seis años para terminar con todas las diligencias de versión libre. "Unicamente el 2,5 por ciento de los postulados pasaría a la formulación de imputación de cargos. De corroborarse esta hipótesis, podría ser que la ley de justicia y paz se hubiese definitivamente establecido para el juzgamiento de no más de 120 jefes y miembros vinculados con las organizaciones paramilitares".

En últimas, para IMP a pesar del bajo número de paramilitares juzgados, esto prodría significar un gran aporte al conocimiento de los crímenes.


Las mujeres en el conflicto

El documento advierte que las mujeres sobrevivientes siguen siendo vulnerables por la inatención que reciben.

La preocupación se debe a que muchas de ellas son madres cabeza de familia y viven en una situación de pobreza. A pesar de esto, un estudio del Comité Interinstitucional de Justicia y Paz también citado en este informe, revela que el 70 por ciento de las personas que denuncian son mujeres.

Las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. Llama la atención que el bajo número de denuncias y también de confesiones de los paramilitares relacionadas con crímene sexuales. Por ejemplo. Según el estudio, hasta junio de 2008 existían apenas habían 110 denuncias, mientras que los paramilitares sólo han confesado en Justicia y Paz 29 casos de violencia sexual. Esta cifra no alcanza a ser ni el uno por ciento de los casi 30 mil hechos confesados por los 'paras'.

IMP cuestiona el bajo nivel de denuncias de estos crímenes, y más cuando se ha documentado que los paramilitares abusaron de las mujeres como arma de guerra. El informe retoma información presentada por la Corte Constitucional en la que se confirma que en nueve masacres violaron y abusaron de las mujeres.

Además aclara que cuando se habla del delito de violencia sexual no sólo hace referencia a la violación como tal, sino que existen otras formas como es la prostitución forzada, el aborto forzado, el manoseo al cuerpo y el sometimiento.


La reparación

El informe del IMP también revela dificultades en la entrega de bienes destinados a la reparación de víctimas.

Este problema, según el documento, se debe a la imprevisión e incumplimiento de la Ley desde el inicio, que establecía para ser postulado en Justicia y Paz los desmovilizados deben entregar los bienes. Del mismo modo, resalta la apatía de ciertas instituciones públicas para agilizar la reparación.

El informe asegura que sólo 25 postulados han entregado bienes a Acción Social. Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo que tienen cerca de 10.000 millones de pesos en efectivo y en especie, y que aún faltan al menos 100.000 millones más en propiedades que están en proceso de extinción de dominio. Sin embargo, para IMP estas cifras son insuficientes para las 138.000 víctimas que aparecen registradas oficialmente, muchas de las cuales fueron despojadas de sus tierras.

En cuanto a la restitución de tierras, el informe califica de imposible una solución en el contexto colombiano, ya que de los siete millones de hectáreas que deberían ser entregadas a los desplazados, sólo se han devuelto 60 mil. Además, aún no hay una cifra exacta de hectáreas robadas ya que en algunos informes se habla de 10 millones mientras otros dicen que son sólo tres millones de hectáreas.


Ley contra las víctimas

Por último, el documento critica el proyecto de Ley de Víctimas que cursa en el Congreso porque en teoría no garantizaría la reparación de las víctimas. IMP asegura que de ser aprobada la ley, negaría derechos como el principio de favorabilidad y buena fe para acreditar la condición de víctimas.

Otra de las críticas es el trato discriminatorio de la ley porque excluye a las víctimas de crímenes de Estado. Mientras los afectados por grupos armados pueden acceder a la reparación únicamente con una prueba que los acredite como tales, sin requerir una sentencia judicial previa, las víctimas de agentes del Estado tendrán que denunciar formalmente los hechos y esperar que la justicia los reconozca como víctimas.

Para IMP, la Comisión Primera de la Cámara dejó en manos del gobierno el establecimiento de los requisitos que deben presentar las víctimas para ser incluidos dentro del sistema de reparación, lo que podría dilatar el proceso ya que las víctimas tendrían que presentar muchas pruebas para acreditar su condición.

Read More