El Tiempo. Con carteles y fotografías que recordaban a sus seres queridos, se presentaron algunas víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes durante el cuarto debate del proyecto de Ley que busca regular la reparación a quienes han padecido por el conflicto.
Las víctimas, además, radicaron más de 6 mil cartas en las que pidieron al Congreso que hundiera el proyecto de Ley que está en discusión. La razón: según las organizaciones de víctimas, como fue aprobado el proyecto en su debate anterior, no cumple con los cánones para la reparación.
La sesión terminó este martes pasadas las diez de la noche. Durante varias horas los representantes escucharon a los ponentes: el representante liberal Guillermo Rivera, y el representante conservador Humberto Mantilla.
El primero defendió los principios que incluyó el proyecto al momento de ser concebido: que la reparación tiene que ser integral, que no se puede limitar a lo establecido por el gobierno en el decreto 1290, que se debe incluir dentro de las víctimas a aquellas que lo han sido por los agentes del Estado (soldados, policías, etc.), que el Estado debe reparar porque es su responsabilidad, y que la restitución a las víctimas no debe incluir solamente sus tierras sino sus bienes e inmuebles. El representante Rivera pidió al gobierno que derogara el decreto 1290 por no estar ajustado a lo que dice la Ley y recordó que varias sentencias de la Corte Constitucional han dado la razón a las víctimas del conflicto que han demandado que el Estado no los ha reparado integralmente.
Mantilla expuso la ponencia mayoritaria del gobierno, en la que se establece que el Estado repara por “solidaridad”; excluye las víctimas de agentes de Estado de la reparación administrativa; fija los montos de reparación según los topes definidos en el decreto 1290; y exige una prueba para que la víctima pueda considerarse como tal. La coalición de gobierno fue más lejos y aseguró que los fallos de tutelas, en los que la Corte Constitucional le han dado la razón a las víctimas, no se deben vincular en la creación del proyecto de Ley.
El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, intervino para defender la actuación del gobierno en el tema de la reparación. Dijo que el gobierno repararía por vía administrativa, en los próximos días, a 10 mil víctimas.
También dijo que el gobierno no toleraba la violación de los derechos humanos “sea quien sea el victimario”. No obstante, advirtió que no se debía aprobar un proyecto de Ley que no cuenta con los recursos. Y reiteró que las víctimas de agentes de Estado debían vencer en juicio a sus victimarios para acceder a la reparación. En respuesta a la petición de Rivera de derogar el decreto 1290, dijo que era "indignante" su insinuación.
Para Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, excluir del universo de víctimas a las de agentes del Estado es ir contra postulados internacionales de reparación.
Por esta razón, desde ya las organizaciones sociales planean sendas demandas ante la Corte Constitucional, una vez sea probado el proyecto. Otras prefieren que el proyecto, como fue aprobado por la mayoría del gobierno en su tránsito por la Comisión I de la Cámara, no se apruebe.
Las víctimas, además, radicaron más de 6 mil cartas en las que pidieron al Congreso que hundiera el proyecto de Ley que está en discusión. La razón: según las organizaciones de víctimas, como fue aprobado el proyecto en su debate anterior, no cumple con los cánones para la reparación.
La sesión terminó este martes pasadas las diez de la noche. Durante varias horas los representantes escucharon a los ponentes: el representante liberal Guillermo Rivera, y el representante conservador Humberto Mantilla.
El primero defendió los principios que incluyó el proyecto al momento de ser concebido: que la reparación tiene que ser integral, que no se puede limitar a lo establecido por el gobierno en el decreto 1290, que se debe incluir dentro de las víctimas a aquellas que lo han sido por los agentes del Estado (soldados, policías, etc.), que el Estado debe reparar porque es su responsabilidad, y que la restitución a las víctimas no debe incluir solamente sus tierras sino sus bienes e inmuebles. El representante Rivera pidió al gobierno que derogara el decreto 1290 por no estar ajustado a lo que dice la Ley y recordó que varias sentencias de la Corte Constitucional han dado la razón a las víctimas del conflicto que han demandado que el Estado no los ha reparado integralmente.
Mantilla expuso la ponencia mayoritaria del gobierno, en la que se establece que el Estado repara por “solidaridad”; excluye las víctimas de agentes de Estado de la reparación administrativa; fija los montos de reparación según los topes definidos en el decreto 1290; y exige una prueba para que la víctima pueda considerarse como tal. La coalición de gobierno fue más lejos y aseguró que los fallos de tutelas, en los que la Corte Constitucional le han dado la razón a las víctimas, no se deben vincular en la creación del proyecto de Ley.
El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, intervino para defender la actuación del gobierno en el tema de la reparación. Dijo que el gobierno repararía por vía administrativa, en los próximos días, a 10 mil víctimas.
También dijo que el gobierno no toleraba la violación de los derechos humanos “sea quien sea el victimario”. No obstante, advirtió que no se debía aprobar un proyecto de Ley que no cuenta con los recursos. Y reiteró que las víctimas de agentes de Estado debían vencer en juicio a sus victimarios para acceder a la reparación. En respuesta a la petición de Rivera de derogar el decreto 1290, dijo que era "indignante" su insinuación.
Para Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, excluir del universo de víctimas a las de agentes del Estado es ir contra postulados internacionales de reparación.
Por esta razón, desde ya las organizaciones sociales planean sendas demandas ante la Corte Constitucional, una vez sea probado el proyecto. Otras prefieren que el proyecto, como fue aprobado por la mayoría del gobierno en su tránsito por la Comisión I de la Cámara, no se apruebe.
