La ONU se declara preocupada ante las detenciones "ilegales" en Colombia

Bogotá, 10 oct (EFE).- La ONU se declaró hoy preocupada por la continuidad de las detenciones masivas y por el uso "exagerado" de la prisión preventiva en algunas regiones de Colombia, así como por el hacinamiento y condiciones de salud en algunas cárceles.
La presidenta relatora del grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, la española Manuela Carmena Castrillo, presentó en una conferencia de prensa las consideraciones preliminares de la visita de diez días que ha hecho su equipo a Colombia para revisar los progresos del Gobierno.

Un grupo de cinco relatores de la ONU visitó cárceles, brigadas militares y estaciones de policía del departamento de Arauca (noreste), fronterizo con Venezuela, y de la ciudad de Cali, donde las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) reportaron los mayores casos de capturas múltiples y arbitrarias.
"Nos preocupa mucho porque vemos que se está produciendo lo que hemos oído hablar de ONG de detenciones masivas y que hemos podido constatar. Se están dando en muchas zonas, sobre todo en áreas rurales (...), aunque se observa un aspecto positivo en la disminución de las mismas", dijo Carmena Castrillo.

La española indicó que muchas de esas capturas múltiples se producen por las imputaciones que los desmovilizados de los grupos irregulares hacen ante las autoridades para ganar beneficios en sus condenas.

Además, indicó que al grupo de trabajo le preocupan los vacíos que existen al interior de la policía en las detenciones como parte de las funciones administrativas de esa fuerza y el uso "exagerado" de la prisión provisional.
"Nos ha preocupado el uso de la provisión provisional, vemos muchos casos en los que se acuerdan prisiones provisionales (...) y creemos que se están llevando a cabo con un nivel de frecuencia exagerado, ha habido algún centro penitenciario en el que prácticamente todas las personas privadas de la libertad eran preventivas", puntualizó.

También exhortó al Gobierno colombiano a mejorar las condiciones de algunas cárceles del país, donde hay hacinamiento, y sus sistemas de salud.

La presencia del grupo en Colombia respondió a una invitación del Gobierno del presidente Álvaro Uribe para visitar centros de reclusión en varias regiones y mantener entrevistas con altos cargos.

Las denuncias sobre detenciones arbitrarias en Colombia han crecido durante el Gobierno de Uribe, en el poder desde 2002, según estudios de ONG's tanto nacionales como internacionales.

Según datos difundidos por estas asociaciones, al menos 6.648 colombianos fueron arrestados de manera arbitraria del 7 de agosto de 2002 al 30 de junio de 2005.

Los mismos informes advierten de que, entre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de 2004, los casos de detención arbitraria en el país sumaron 5.535 y se registraron en solo "77 eventos de detención masiva".

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la Corte Constitucional ordena proteger los derechos de 18.000 niños Desplazados en Colombia

El Tiempo
Al fallar una acción de tutela, el tribunal determinó que existen graves deficiencias en la atención que está dando el Estado a los menores desarraigados y sus familias.
El alto tribunal encontró, después de analizar por meses la situación de los menores, incluso en audiencias públicas, que la respuesta del Gobierno "ha sido fragmentada y desorganizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador".
Los niños son el 54% de la población desplazada del país (mas de un millón de personas).

"La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente -considera la Corte-. Los esfuerzos han quedados cortos".

La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda. En ella también participaron los magistrados Rodrigo Escobar y Jaime Córdoba.

La Corte constató, además, que en muchas ocasiones, "la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos para menores desplazados".

El alto tribunal llama la atención de que actualmente los niños desplazados están en riesgo de ser víctimas de crímenes, de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y de ser víctimas de minas antipersona y material bélico sin explotar.

De igual manera, de ser incorporados a ser víctimas de abuso sexual y de "soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país".

Tras hacer el diagnóstico le ordenó ministerios y entidades del Estado que elaboren, en un plazo máximo de seis meses, un programa que esté dedicado solamente para atender a niños en estado de desplazamiento, con apoyo de ONG y la comunidad internacional.

Le ordena especialmente a Acción Social y al ICBF que elaboren tres proyectos pilotos para prevenir el reclutamiento de menores, las afectaciones por minas antipersona y combatir el control social que ejercen grupos en Medellín.

De igual manera se debe crear proyectos para la atención de niños desplazados en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia (Caquetá) y San José del Guaviare.

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Las Mujeres victimas del abuso sexual de los grupos Paramilitares

Verdad Abierta
Hay cientos, quizás miles de historias inéditas de crímenes en contra de las mujeres colombianas en el conflicto armado que jamás han sido contadas, ni mucho menos judicializadas. Son historias de cómo fueron esclavizadas, violadas, abusadas y maltratadas física y sicológicamente por los hombres armados.

Mujeres víctimas del conflicto armado.

Marlene es una mujer trigeña, de unos 23 años, que no esconde su fragilidad. Ella vivía en un caserío cercano a La Mesa, el centro de operaciones del bloque comandado por Jorge 40.


Cuando los paramilitares comenzaron a llegar a su caserío, las mujeres sintieron de inmediato los rigores de su control. Les impusieron códigos de conducta como la forma de vestirse. En otras ocasiones les invitaban (obligadas) a sus fiestas, y, cuando alguna cometía lo que para ellos era una infracción, las obligaban a todas a barrer el pueblo entero al sopor del mediodía. Nadie hacía nada, nadie se atrevía a contradecirlos o encararlos por miedo.

Recién casada y con un hijo de meses, la desgracia de Marlene comenzó cuando uno de los mandos medios de los paramilitares resolvió que se había enamorado de ella. Marlene fue violada, sometida, esclavizada al capricho de su captor. Al final el jefe paramilitar la obligó a irse a vivir con él, bajo la amenaza de asesinar a su marido, sus hermanos y familiares.

No le quedó otra. Después de varios meses de convivencia logró sacar valor y enfrentarse a su secuestrador, que la obligaba a tener relaciones sexuales y a atender a los hijos de sus otras mujeres. Cuando logró liberarse del jefe paramilitar, descubrió que su marido se había ido.

Su propio pueblo la estigmatizó. Muchos años después de ocurrida su tragedia, es la primera ocasión que se atreve a contarla, mucho menos la había denunciado a las autoridades. “No lo hacía por miedo a que mataran a mi marido y mi familia”, dice entre lágrimas.

La tragedia de la violencia sexual que sufrió Marlene, es la misma que han vivido un número no determinado de colombianas a manos del conflicto armado, en particular de los paramilitares. Pero un crimen silencioso, escondido por sus víctimas por el miedo a la vergüenza pública, a exponer la intimidad y ser estigmatizadas. Desentrañarlo es un reto enorme del Proceso de Justicia y Paz.

Según la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz muchos casos no se han podido judicializar por distintas causas como la falta de pruebas y el miedo a denunciar. También porque el interés de los fiscales e investigadores ha estado enfocado en temas como las masacres, desaparecidos y la parapolítica. “No ha sido una prioridad hasta ahora”, dice la abogada de Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), Jeimi Martínez.

El resultado de esta situación es que en los casi tres años que lleva el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares, la Fiscalía solo ha recibido menos de 100 denuncias de víctimas que se han atrevido a denunciar sus casos con la ley de Justicia y Paz. Sin embargo una investigación que hizo IMP entre 421 mujeres víctimas del conflicto encontró que 312 mujeres habían padecido algún tipo de violencia sexual por parte de los paramilitares.

La violencia sexual es un delito considerado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional como de lesa humanidad, el cual establece que “la violación y otros abusos sexuales pueden configurar crimen de lesa humanidad y crímenes de guerra, en determinadas circunstancias”.

El Estatuto incluye como crímenes contra la humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable, y reconoce que el crimen de esclavitud circunscribe el tráfico de mujeres.

Además del trauma que acompaña el acto de violencia sexual, este tipo de abuso puede exponer a las mujeres a embarazos no deseados, al contagio de enfermedades de transmisión sexual y dolores crónicos, discapacidad física, abuso de drogas, alcohol y depresión.

Un informe de Radhika Coomaraswamy, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer señaló que 43 de cada 100 víctimas afectadas por el conflicto armado interno en Colombia han sido víctimas de violencia basadas en su género.

Como lo muestran los pocos casos documentados, la violencia contra las mujeres era utilizada por los paramilitares como estrategia de guerra para controlar territorios y comunidades. En otros casos sirvió a modo de venganza contra la guerrilla.

El informe de Coomaraswamy describe que “los actores armados emplean distintas formas de violencia física, psicológica y sexual para “lesionar al enemigo”, ya sea deshumanizando a la víctima, vulnerando su núcleo familiar y/o impartiendo terror en su comunidad, con el fin de controlar territorios y recursos.”

Además la violencia puede incluir el reclutamiento forzado de las mujeres destinadas a rendir servicios sexuales a miembros de las guerrillas o fuerzas paramilitares, como quedó en evidencia en la conversación entre el comandante paramilitar Salvatore Mancuso y la ex parlamentaria Eleonora Pineda, en la que relataba como reclutaban prostitutas que eran llevadas a Santa Fe de Ralito, en donde se adelantaron las negociaciones de paz con el gobierno Uribe.

Los medios de comunicación han denunciado la violación masiva de mujeres en La Gabarra y los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo y ‘Juancho Prada’, han reconocido que sus hombres violaban con frecuencia a las mujeres de campesinos y comunidades que arrasaban. Han prometido que entregarán más detalles a los Fiscales.

Una investigación realizada por IMP arrojó que las mujeres afectadas no necesariamente hablan de lo que les sucedió, muchas por vergüenza o culpa, por temor a verse estigmatizadas, o, incluso porque no reconocen que lo sucedido implique una violación a sus derechos humanos, entre otras razones.

Para IMP este delito continúa en la impunidad. La sociedad desconoce su existencia y la tragedia que significa para sus víctimas y por eso no existe sanción moral, ni reclamo social a los victimarios; hasta tal punto, que el mismo gobierno tampoco ha adoptado ningún tipo de medida, ni se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Según Amnístia Internacional, la violencia contra las mujeres en Colombia, en particular la violencia y la explotación sexual –llegando hasta la violación y la mutilación genital–, forma parte integral del conflicto armado y continúa siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto: “Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones: por transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual humillar al enemigo; así no sean las directas implicadas dentro de un enfrentamiento este tipo de tácticas han sido utilizadas durante centurias, en diferentes guerras, conflictos y lugares del mundo”, dice un reporte de AI.

Como señala AI, las mujeres no sólo son victimizadas con la agresión sexual sino que además si se animan a denunciarlo sufren burlas y ataques de las autoridades que con frecuencia las culpabilizan a ellas de la violación.

Algunas mujeres víctimas que son acompañadas por organizaciones, cuentan sus testimonios, pero temen hacer la denuncia porque consideran que no hay ningún beneficio al revelar una violación por hombres armados, y que por el contrario, les generaría problemas de seguridad, rechazo de sus familiares y cónyuge al conocer la verdad.

“La dificultad de trabajar en estrategias y soluciones postconflicto en un país donde la confrontación armada continúa, frustra muchas veces la intención de denunciar y decir la verdad, pues las represalias, amenazas y desplazamientos continúan”, explica la subdirectora de Sisma Mujer, Claudia Ramírez, en el cuarto informe de la Red Nacional de Mujeres.

Además de la situación de conflicto, la falta de prevención y atención de esta problemática dentro de proyectos, leyes, estatutos hace que el problema ya sea una constante en el devenir “regular” de la guerra; el mismo Estado lo tipifica dentro de las formas de reparación que ofrece a las víctimas.

La abogada de la IMP, Jeimi Martínez, dice que para lograr que los desmovilizados hablen sobre los delitos de violencia sexual y de género, es necesario que en las versiones libres se interrogue a los paramilitares sobre estos delitos, además de la necesaria colaboración de los y las fiscales.

Para ello, dice, es necesario que se contemple en las investigaciones“tener en cuenta el Estatuto de Roma para otorgar la responsabilidad del abuso por cadena de mando cuando no haya existido control sobre el grupo o tropa implicada”.

El uso sistemático de la violación, la esclavización y otras formas de agresión sexual contra las mujeres como método de guerra en el conflicto armado es un fenómeno que hasta ahora comienza a develarse. Lograr que los fiscales pregunten por este en las audiencias de Justicia y Paz sería un gran avance, pero más lo sería que la sociedad empezara a solidarizarse con estas víctimas, que a diferencia de las otras, ni siquiera han podido empezar a contar su historia.

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FIDH y Colectivo de Abogados presentan comunicado a la Corte Penal Internacional sobre Impunidad de los Crímenes de Lesa Humanidad en Colombia

Colombia -(Autor: FIDH - ccajar)

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Colombia, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), entregaron el pasado 30 de septiembre,a la Corte Penal Internacional una comunicación sobre la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares en Colombia.

El documento pone en evidencia la inoperencia del sistema judicial frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares entre el año 2002 a julio de 2007. El comunicado afirma que se indagó por el estado procesal de dos mil cuatrocientos cuatro (2.404) casos, que involucran crímenes de competencia de esta Corte. De éstos la Fiscalía General de la Nación de Colombia facilitó información respecto de mil novecientos setenta y tres (1.973) casos, esto es de un 82.07%. Según lo proveído, de esa suma se dió inicio a un total de 1.284 investigaciones penales, y omitió hacerlo en seiscientos ochenta y nueve (689) casos. Asimismo, se concluye que de las 1284 investigaciones iniciadas sólo un 24.72% se hallan activas y apenas se profirieron 55 resoluciones de acusación o llamamientos a juicio. Además, la fiscalía ha omitido la investigación de los máximos responsables, así como la investigación de los delitos más graves. Las investigaciones no han tenido en cuenta la sistematicidad y el carácter generalizado de los crímenes, En resumen, la impunidad está favoreciendo a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior indica que el Estado colombiano no tiene la voluntad ni la capacidad para investigar, juzgar y sancionar debidamente a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad, por lo que en aplicación del principio de complementariedad, corresponde a la Corte Penal internacional abrir la correspondiente investigación con el fin de evitar la impunidad y de obtener verdad, justicia y reparación integral, derechos fundamentales de las víctimas.

Desde el año 2005, la FIDH y el CCAJAR vienen entregando comunicaciones a la CPI, en las que se demuestra la ausencia de capacidad y de voluntad del Estado colombiano para asumir investigaciones y/o iniciar procesos contra los más altos responsables en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

A finales de agosto de este año, el CCAJAR, junto con otras ONGs colombianas, entregaron al Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo durante su visita a Colombia, una comunicación sobre las extradiciones de 14 jefes paramilitares a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico ocurridas en mayo de 2008, las cuales ponen de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para investigar y juzgar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad.

Los firmantes de la comunicación reiteramos nuestra preocupación al respecto1 y recordamos que el Fiscal de la CPI cuestionó las autoridades colombianas sobre « ¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados? », especificando: « En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos ». Estos interrogantes, entre otros, fueron formulados durante la segunda visita que realizó a Colombia2 en menos de un año. Recordó, en esta misma ocasión, que su oficina « se encuentra analizando la situación colombiana, a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia ».

1 Para más información, por favor ver comunicado FIDH: Gobierno colombiano consolida la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, 14 de mayo de 2008,

2 Para más información, por favor ver comunicado FIDH: Deuxième visite du Procureur de la Cour pénale

internationale en Colombie : L’administration de la justice colombienne sous surveillance, 27 de agosto de 2008,


(disponible únicamente en francés)

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Herramientas para decidir sobre la determinación del estatuto de refugiado

ACNUR - Bogotá, 27 de septiembre - Del 22 al 26 de septiembre se realizó en Bogotá el VI Curso Regional de Derecho Internacional sobre Refugiados para América Latina, en el que participaron 24 representantes de organismos gubernamentales encargados de la determinación de la condición de refugiado provenientes de 13 países de América Latina.
El propósito del curso fue compartir conceptos técnicos sobre la definición de quién es un refugiado, los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado y los desafíos futuros a la protección internacional de refugiados en América Latina. Y por supuesto, el espacio estuvo presente para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de protección de refugiados.

Esta actividad regional forma parte de las iniciativas de formación y fortalecimiento institucional previstas por el Plan de Acción de México para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina, adoptado por 20 países de la región en el año 2004. Ediciones anteriores del curso regional tuvieron lugar desde el año 2003 en Costa Rica, Guatemala, Argentina, Ecuador y Chile.

Jean Noel Wetterwald, Representante del ACNUR en Colombia, realizó la inauguración del taller en la cual recalcó el carácter técnico y apolítico que se debe tener en la atención a los refugiados. También explicó "la importancia de compartir experiencias entre los asistentes, teniendo en cuenta que los países a los que representan, enfrentan desafíos comunes en esta materia".

Uno de estos desafíos es la identificación de buenas prácticas a nivel regional que puedan ser replicadas por los participantes en el marco de los procedimientos nacionales de determinación de la condición de refugiado con miras a alcanzar un mayor nivel de armonización y coherencia en la aplicación de las normas internacionales en la materia.

El taller de Bogotá fue precedido por una fase de estudio a distancia que los participantes completaron en el transcurso de 4 meses. Esta primera fase facilitó el poder dedicar más tiempo a actividades prácticas durantes las sesiones en Bogotá, tales como el estudio de casos prácticos, las discusiones grupales, representación de roles y simulaciones.

El transcurso de la semana los participantes también conocieron el trabajo del ACNUR y otras organizaciones en relación a la atención de la situación humanitaria para los desplazados internos en Colombia.

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"El azaroso olvido de la condición humana"

La Fundacion Ayuda al Refugiado (FUNAR), Nos sumamos al reconocimiento por su invaluable actividad en defensa de los derechos humanos y sus profundas investigaciones en el campo de periodismo, al premio otorgado al Compañero León Valencia, presidente de la Organización Nuevo Arcoiris.

León Valencia participó con varios artículos de opinión, entre los cuales fue escogido: "El azaroso olvido de la condición humana", publicado en el diario El Tiempo en su columna habitual de los sábados. y la cual nosotros hemos publicado para conocimiento de la gente.

"El azaroso olvido de la condición humana"



Me negué siempre a creer que en los momentos más agudos la guerra pierde toda apariencia política y se extravía en los meandros de las vendettas personales, de las traiciones ominosas, del azaroso olvido de la condición humana, de la negación inmisericorde de la ética. Que el horror se muestra sin vergüenza alguna. Que aparece el interés morboso de que las cosas más horrendas se conozcan. Pero en estos días me he rendido a la evidencia.

Sentí que estábamos en esa triste estación de nuestro conflicto mientras hablaba con Nicolás Rodríguez Bautista, comandante general del Eln, en noviembre pasado, en una entrevista en Caracas. Decía con apremio que sus fuerzas y las del Gobierno estaban peleando palmo a palmo en múltiples regiones del país con una saña que nunca se había visto.

Él, que ha estado 44 de sus 57 años de vida en la guerra y le ha visto la cara a la muerte mil veces, decía que no hay campo para la piedad, que los umbrales del respeto a la especie se han derrumbado.

Lo he visto con estupor en las pruebas de supervivencia de los secuestrados que han estado enviando las Farc en estos meses. No hay el menor recato para mostrar a estos seres macilentos y tristes, lacerados en sus cuerpos y vejados en su espíritu, con el pálpito infamante de que están más cerca del hielo de la muerte que de la gracia de la liberación.





Lo vi de nuevo en estos días cuando 'Raúl Reyes' fue dado de baja en un campamento, en el lado ecuatoriano, y los militares colombianos lo trajeron al país para mostrarlo con sus vísceras reventadas y el torrente de sangre cubriendo su cuerpo destrozado. Lo mantuvieron varios días en Medicina Legal y luego lo enterraron sigilosamente fuera del alcance de la madre de sus hijos, que había venido desde lejos a reclamar su cadáver.




O cuando 'Rojas', el guerrillero de las Farc, se apareció con una mano cercenada de su compañero de armas, Iván Ríos, ante la fuerza pública, para reclamar la recompensa por haberlo asesinado a traición, quizás mientras estaba durmiendo con su pareja, en una oscura montaña.




Las guerrillas sienten la urgencia de llamar la atención del mundo confirmando que no se van a detener ante nada. Que han pasado por encima de la distinción entre militares y civiles y atacarán por igual a políticos y a combatientes. Que el cuerpo de personas inermes es el principal lugar de la guerra demencial.

Las fuerzas del Estado saltan las fronteras y vulneran la soberanía de un país vecino para llevar a la muerte a uno de los principales jefes guerrilleros sin reparar en los acompañantes civiles. Luego, acometen con diligencia la tarea de armar un expediente contra el presidente del territorio hermano para tratar de atenuar los airados reclamos de los ofendidos.

Anuncian también que pagarán a 'Rojas' la recompensa de cinco mil millones de pesos por el asesinato de Ríos reconociendo en la acción macabra del guerrillero una actuación legítima a favor del Estado.

Todo esto es, desde luego, un terrible juego político. Con los rehenes subyugados en su profunda humanidad, las Farc logran capturar la agenda exterior colombiana y obligan a un diálogo al mundo entero.




Con la exhibición del cadáver de 'Reyes' y la "mano cercenada" de 'Ríos', el Estado reclama una victoria y anuncia que está a un paso de la derrota total de las Farc. Con el pago de la recompensa aseguran que la traición en las filas enemigas continuará.

La perversidad absoluta, el olvido de la condición humana, parece despojar a estas acciones de su naturaleza política, pero en realidad los hechos son brutalmente políticos. Unos y otros han entrado en la fase más siniestra del conflicto. Y lo más grave: la sevicia no se detendrá hasta que la guerra termine, porque cada acto brutal de un contendiente es una autorización para que el otro proceda de la misma manera.



lvalencia@nuevoarcoiris.org.co León Valencia

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Condenados Ex paramilitares Ramiro Vanoy Ramírez, alias "Cuco Vanoy", y Javier Lindo, "Gordolindo", a 24 años y cuatro meses y a 21 años y ocho meses

Miami (EE.UU.), 9 oct (EFE).- Un juez estadounidense condenó hoy a los ex paramilitares colombianos Ramiro Vanoy Ramírez, alias "Cuco Vanoy", y Javier Lindo, "Gordolindo", a 24 años y cuatro meses y a 21 años y ocho meses de cárcel, respectivamente, por un cargo de conspiración para importar cocaína
Ambos ex paramilitares, acusados en su país de varios delitos incluyendo homicidio, recibieron condenas mayores a las recomendadas por los fiscales federales y al menos Vanoy analizará la posibilidad de no continuar colaborando con el proceso de justicia y paz de Colombia.

Leif Fernández, uno de los abogados de los ex paramilitares, declaró al terminar la audiencia que "hasta ayer él (Vanoy) continuaba expresando su deseo de colaborar con la Ley de Justicia y Paz, pero después de esa sentencia, está revaluando si sigue".

Explicó que la condena implica para Vanoy, de 60 años, casi una cadena perpetua por su edad, por lo tanto no tendría sentido seguir colaborando con el proceso colombiano.

Los ex paramilitares también fueron sentenciados a cinco años de libertad condicional.

Vanoy se desmovilizó el 20 de enero de 2006 con 2.790 de sus hombres cuando el Gobierno colombiano puso en vigor la Ley de Justicia y Paz.

Lindo, de 38 años, es, según las autoridades colombianas, uno de los narcotraficantes que pagó a los jefes de las AUC para que lo dejaran pasar como paramilitar y beneficiarse de los acuerdos de paz en Colombia.

La Ley de Justicia y Paz permitió la desmovilización paramilitar a cambio de que los involucrados confesaran los asesinatos y masacres cometidas, y establece sentencias de cinco a ocho años de prisión para quienes cometieron delitos de lesa humanidad, entre otros aspectos jurídicos.

Vanoy y Lindo, ex integrantes de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), escucharon la sentencia, dictada por el juez Michael Moore, en un tribunal de Miami, con el uniforme de prisioneros y cadenas en los tobillos.

"Su señoría le quiero expresar a la corte, al Gobierno de los Estados Unidos de América y a mi familia, mi arrepentimiento y remordimiento por mi conducta delictiva. Me declaré culpable y estoy aquí para aceptar mi responsabilidad por mis acciones", dijo Vanoy momentos antes de que el magistrado dictara su sentencia.

Lindo solo expresó:"Su señoría acepto con humildad la sentencia que usted disponga".

Ambos se declararon culpables en julio pasado tras aceptar un acuerdo con la Fiscalía Federal de EE.UU. a cambio de recibir condenas menos severas, pero Moore ordenó más años de cárcel que los recomendados por el Gobierno.

Los fiscales encargados del caso habían sugerido al juez una sentencia de 19 años para "Cuco Vanoy" y de 17 años para "Gordolindo".

Los dos colombianos fueron acusados tras la llamada "Operación milenio" de tres cargos de conspiración, tráfico de drogas y lavado de dinero por intentar introducir cocaína en EE.UU. desde Colombia, a través de México y Bahamas, entre el 17 de diciembre de 1997 y el 30 de septiembre de 1999.

Con el acuerdo, las autoridades estadounidenses desestimaron dos de esos cargos.

Colombia extraditó a "Cuco Vanoy" y "Gordolindo" a EE.UU. en mayo pasado junto a otros doce ex jefes paramilitares entre los que está el antiguo líder máximo de las AUC, Salvatore Mancuso, y Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", antiguo inspector general de esa organización.

Luis González, representante de la Fiscalía de Colombia que estuvo presente en la audiencia de condena, declaró a periodistas que los dos ex paramilitares habían manifestado que continuarán colaborando desde EE.UU. en ese proceso.

"Los abogados van a seguir trabajando para que puedan testificar vía teleconferencia", precisó el funcionario.

"Se les seguirá juzgando allá (en Colombia) simultáneamente mientras cumplen sus condenas acá", aseguró.

"Cuco Vanoy", era el jefe del llamado "Bloque Mineros" de las AUC que fueron creadas en la década de 1980 para combatir a las guerrillas, pero luego se transformaron en "escuadrones de la muerte".

González dijo que Vanoy ha confesado "varios centenares de delitos y entre esos, homicidio".

"Cuco Vanoy" y "Gordolindo" se confesaron culpables en EE.UU. de haber conspirado para participar en dos operaciones de narcotráfico.

La primera consistía en el envío de 8.600 kilos de cocaína a México, para lo que "Gordolindo" habría suministrado un barco al narcotraficante colombiano Alejandro Bernal Madrigal.

En la segunda se preparaba el traslado de 10.000 kilos de cocaína también a México y la organización de Bernal Madrigal recibió un adelanto de 14 millones de dólares, aunque la operación finalmente no se llevó a cabo y los acusados tampoco percibieron dinero.

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