La Verdad de la Desaparicion forzada en Antioquia

tomado de movice

Audiencia ciudadana:

Justificación:
La práctica de la desaparición forzada es conocida en el país desde mucho antes de ser catalogada como un grave crimen contra la humanidad en la legislación nacional. Sin embargo la legislación internacional se ha ocupado del tema desde hace varias décadas, en especial desde las tristes historias de las víctimas de las dictaduras en el cono sur de nuestro continente.

1. Porque todos los días hay una nueva víctima:


2. Porque Colombia está obligada por la legislación nacional e internacional:

3. Porque no se están buscando a las víctimas de desaparición forzada

De acuerdo con la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección contra la desaparición forzada, proclamada por la Asamblea General en su Resolución 47/133 del 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento y que luego se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

En Colombia se empieza a hablar de este crimen de manera sistemática desde la década de los años ochenta cuando las organizaciones sociales denuncian como sus dirigentes y líderes sociales son detenidos por miembros de la fuerza pública o de inteligencia militar y posteriormente desparecidos sin que se vuelva a conocer su paradero. La práctica coincide con la puesta en marcha de los manuales de operación militar definidos en el decreto 1537 de 1974 conocido como estrategia de defensa y seguridad nacional y el decreto 1923 de 1978 que amplía las facultades a la fuerza pública para el Juzgamiento de civiles y le otorga poderes judiciales a la policía. En ambos decretos la población civil es tenida como objetivo de la lucha contrainsurgente ya que en ella “se fundamenta la existencia de los grupos subversivos” y por lo tanto hacia ella dirigen las operaciones de inteligencia, de guerra sicológica y de “defensa” contenidas en los referidos manuales. Es bien conocida la estrategia de clasificar a la población en listas negras, grises y blancas, a los cuales se les aplica diferentes modalidades de agresión, entre ellas la desaparición forzada. Es también la época de fortalecimiento de la estrategia paramilitar con el surgimiento del MAS (Muerte A Secuestradores) en el Magdalena Medio y que posteriormente se expande por todo el país.

En 1982 surge la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -ASFADDES-, que tiene como propósito principal la búsqueda de sus seres queridos, lo que resulta tremendamente difícil por los sofisticados mecanismos de impunidad que rodean este crimen y por las amenazas y persecuciones que desde el inicio debieron soportar los miembros de esta organización y los defensores de derechos humanos que denunciaron los casos. Pero uno de los principales obstáculos en la búsqueda de las víctimas fue por mucho tiempo la falta de tipificación de la desaparición forzada como un delito, pese a que en la legislación internacional era reconocido como un crimen de carácter internacional. Sólo hasta el año dos mil se logra que el congreso apruebe la ley 589 que reconoce la existencia del delito y establece sanciones para los responsables del mismo.

En la actualidad Colombia ha suscrito la mayoría de instrumentos internacionales sobre el tema, sin embargo la detención y desaparición forzada de personas sigue siendo sistemática, permanente y generalizada, como lo reconocen los informes de Naciones unidas, las organizaciones de derechos humanos y las propias entidades oficiales. En los últimos años se ha incrementado y extendido afectando no sólo a líderes sociales, sino a pobladores anónimos que son agredidos como forma de “disciplinamiento a sus comunidades” o simplemente por ser acusados se ser auxiliadores de los grupos insurgentes. De igual manera las cifras de los desaparecidos son inversamente proporcionales a las víctimas encontradas. Ni siquiera la exhumación de cadáveres en el marco de la supuesta desmovilización paramilitar ha garantizado que las víctimas sean encontradas o los NN identificados. Por el contrario, los familiares siguen viendo el dolor y la angustia de no saque qué paso con sus seres queridos.

¿Porque una audiencia especial sobre desaparición forzada?
1. Porque todos los días hay una nueva víctima:


Al igual de lo que sucede con el desplazamiento forzado, es difícil llegar a establecer con plena certeza el número de víctimas de desaparición forzada en el país o en el departamento, debido a que muchos de los casos no se denuncian y los mecanismos oficiales para hacerle seguimiento son precarios ya que no permiten hacerle un seguimiento diferenciando de otros delitos como el secuestro y las personas “pérdidas”. A lo anterior se suma el hecho de que por muchos años la fuerza pública y las instituciones gubernamentales rechazaron la existencia del delito y se limitaron a señalar que estas personas se habían “auto secuestrado” o eran personas que habían decidido hacer parte de la guerrilla evitando el registro de los casos. Pese a lo anterior, algunas organizaciones de derechos humanos señalan que son más de treinta mil las personas detenidas y desaparecidas forzadamente en las cuatro últimas décadas.

El número de casos se incrementó desde los años ochenta cuando los grupos paramilitares retomaron la práctica como una de las modalidades de agresión contra campesinos a quienes detenían, torturaban, asesinaban y luego desparecían como una forma de apropiarse de sus tierras y bienes o cumpliendo la orden de los generales del ejército que querían bajar las cifras, como los han denunciado los jefes paramilitares. Muchas de las víctimas terminaron en los grandes ríos del país, sin que hasta el momento se pueda establecer su paradero, sólo se cuenta con la denuncia de las familias y las comunidades que han dado a conocer los hechos, o los testimonios de las familias rivereñas que han contado como los ríos se convirtieron en cementerios que llevaban día a día los cadáveres de las víctimas, muchos de ellos enterrados posteriormente como N.N. en cualquier caserío. Esta realidad ha sido corroborada por algunos de los testimonios de los jefes y mandos medios paramilitares que sin ningún escrúpulo han contado lo que hacían con sus víctimas, las torturas a las que eran sometidas y la forma cruel como fueron desaparecidas.

Antioquia está dentro de los departamentos con mayor número personas detenidas desaparecidas, algunas cifras señalan que son más de cinco mil los casos reconocidos. Ejemplos como el de la Comuna Trece ilustran esta realidad, donde posterior a la operación Orión en octubre de 2002 se han registrado más de 80 desapariciones forzadas, algunos de esas víctimas han sido halladas en fosas comunes reconocidas por el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna. Otro caso es el del municipio de San Carlos en el oriente antioqueño donde se contabilizan alrededor de 150 personas víctimas de este crimen. La base de datos del Proyecto Colombia Nunca Más cuenta con un registro de 1643 casos de líderes sociales detenidos desaparecidos en Antioquia e Informes como el de la Comisión Colombiana de Juristas dan cuenta de un registro de 2.121 desapariciones en el período comprendido entre enero de 2002 y abril de 2007. Además organizaciones de derechos humanos de Medellín señalan que en lo que va del año 2008 ya suman más de cien las personas reportadas como desaparecidas en el Área Metropolitana y es común encontrar en paredes de la ciudad las fotos de personas que sus familiares buscan afanosamente.
2. Porque Colombia está obligada por la legislación nacional e internacional:


El Estado colombiano ha suscritos y ratificados instrumentos internacionales que además de reconocer la existencia del delito avanzan en el enunciación de los derechos de las familias de las víctimas. Algunos de ellos son los siguientes:

 La Declaración Universal de Derechos Humanos, particularmente los artículos 1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,18,19,20 y 23 # 4°.
 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia internacional americana, Bogotá, abril de 1948, particularmente los artículos I, II, IV, V, VI, VIII, IX, XVII, XVIII, XXII, XXV, XVI.

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entrada en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1976, en virtud de la Ley 74 de 1968, particularmente los artículos 6, 6.5, 7, 9, 10, 14, 16,17, 18, 19, 22, 23 y 26.

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, entrada en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978, en virtud de la Ley 16 de 1972, particularmente los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 24 y 25.
 La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entrada en vigor para Colombia el 8 de enero de 1988, en virtud de la Ley 70 de 1986.

 El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

 El Artículo 3° común a los cuatro Convenios de Ginebra.
 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que el estado colombiano firmó el 17 de septiembre del año 2007, sin que hasta la fecha la haya ratificado.

 El Estatuto de Roma de 1988, que condena la desaparición forzada como crimen contra la humanidad.

Estos instrumentos internacionales, además de prohibir el crimen de desaparición forzada, hacen énfasis en la protección de derechos que prevengan la comisión del mismo, entre ellos los siguientes derechos: libertad personal, derecho a la igualdad, a la vida, a la seguridad personal, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, al debido proceso, a la justicia, a la intimidad, a la honra, a la libre circulación, a la libertad de pensamiento, a la conciencia, a la opinión y a la expresión, a la sindicalización, a la protección legal, a la familia, a la inviolabilidad de domicilio, al trato humano y digno y el derecho al nombre.

En la legislación nacional también se prohíbe el crimen y se establecen sanciones para los que incurran en este tipo de agresión. Los instrumentos jurídicos son los siguientes:

 La Constitución Política de Colombia de 1991.
 La Ley 589 del año 2000 que creó la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.

 Artículo 165 del Código Penal Colombiano por medio de la cual se tipifica el delito de desaparición forzada.
3. Porque no se están buscando a las víctimas de desaparición forzada


La implementación de la ley 975 de 2005 y su legislación complementaria ha permitido corroborar la intencionalidad del gobierno nacional de favorecer a los victimarios y evitar que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en los crímenes cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia. El último hecho que evidencia esta estrategia ha sido la extradición de los jefes paramilitares, que además de permitirles negociar con la justicia norteamericana, garantiza la impunidad de sus delitos en Colombia y que la sociedad colombiana no pueda acceder a la verdad y las víctimas se quedan sin que se haga justicia.

En relación con el caso de desaparición forzada es poco lo que ha avanzado la Fiscalía General de la Nación, a través de su unidad especial de Justicia y Paz: la mayoría de los mandos medios y jefes paramilitares siguen rindiendo versión libre y es poca la información que han entregado en relación con la ubicación de fosas comunes y de la suerte de las víctimas. De acuerdo con informes recientes a nivel nacional se han encontrado 1568 cadáveres de personas desaparecidas y de ellas 496 han sido presuntamente identificadas y entregadas a sus familias; de ellas 182 víctimas son de Antioquia y sólo se han entregado 48 cadáveres. Es decir que en relación con el número de víctimas los hallazgos siguen siendo ínfimos, pero además la apertura de fosas comunes no ha significado un proceso científico y metódico que permita realizar las exhumaciones e inhumaciones conforme a los estándares internacionales, con la participación de las familias y con la identificación pertinente de los cuerpos.

Invitación:
Por todo lo anterior, estamos invitando a las autoridades judiciales y al Ministerio Público para que participen con las víctimas y sus organizaciones en la AUDIENCIA CIUDADANA POR LA VERDAD DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA que realizaremos en la ciudad de Medellín con el objetivo de reivindicar la memoria de las víctimas y sus derechos, además poder discutir sobre los niveles de impunidad que no permiten que haya investigación, juzgamiento y sanción, pero principalmente exigir a las autoridades competentes y al gobierno nacional el diseño de una estrategia de búsqueda de las víctimas e identificación de las mismas.

Esperamos contar con la participación de todos y todas, la desaparición forzada no puede seguir siendo un crimen acallado e impune que causa dolor a miles de familias colombianas que siguen esperando a sus seres queridos.

FECHA: 9 de septiembre de 2008
HORA: 8.00 a.m. a 1.00 p.m.
LUGAR: Auditorio Luis Felipe Vélez: calle 57 No. 42 - 70

Para información adicional usted puede comunicarse con:

Adriana Arboleda
Corporación Jurídica Libertad:
231 83 55 ó 317 500 95 87
Diana Martínez
Secretaría Movice
2165697 ó 312 2654205

Cordialmente,

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Capítulo Antioquia

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El ex-zar anti corrupción del gobierno, Rodrigo Lara, acuso al asesor presidencial Jose Abdulio Gaviria de nexos con el narcotrafico

Bogotá, redacción de pacocol.- Cuánta razón tenía Pacho Santos, el flamante vicepresidente en pedir que todas las instituciones y personalidades del establecimiento ondearan la bandera blanca. Con ello trataba de evitar que se siguieran sacando los trapos al sol y no se descubrieran tantas verdades ocultas.

Pues como nadie blandió el emblema de la conciliación, comenzando por el presidente Uribe, ahora arrecia de parte y parte la pugnacidad.

Y salta ni más ni menos el hasta hace poco zar anticorrupción del gobierno, el senador Rodrigo Lara, acusando, con gran valor civil, al todopoderoso asesor presidencial, José Obdulio Gaviria, (en la foto) de tener fuertes nexos con el narcotráfico.

Las cortinas de humo del inquilio de la Casa de Nari con acusaciones al ex presidente Gaviria y al senador liberal, José Cristo, de favorecer a los narcos, para distraer la marejada por permitir tres veces la entrada a Palacio de los emisarios de la oficina de Envigado, se desvanecen en medio de estas nuevas revelaciones. Lea la nota de El Espectador de ayer jueves 4 a las 8:35 p.m. que va a desatar un nuevo escándalo sobre la corrrupción que ronda a Uribe.

La tormenta política por la que atraviesa el país durante los últimos días se hizo el jueves más intensa y a los protagonistas habituales de los últimos días, el presidente Álvaro Uribe y el Partido Liberal, se sumó el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara Restrepo —hijo del inmolado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el narcotráfico el 30 de abril de 1984—, quien acusó al asesor presidencial José Obdulio Gaviria de ser el responsable de la entrada a la casa de Nariño de Antonio López, alias Job, hombre de confianza del desmovilizado jefe paramilitar Don Berna, y de tener nexos con la mafia de Medellín.

Los duros señalamientos de Lara Restrepo se produjeron al ser interrogado por El Espectador sobre la aguda polémica surgida entre el Primer Mandatario y el ex presidente César Gaviria, director del liberalismo, en la que se vienen destapando una serie de hechos de lo que fue la guerra contra Pablo Escobar. “Tienen a José Obdulio, que el problema no es que sea primo de Pablo Escobar, lo complejo del asunto es su cercanía a Gustavo de Jesús Gaviria y a Job. Job no entró a Palacio por iniciativa del pobre secretario jurídico Del Castillo, ni por el secretario de prensa del Opus Dei. Entró por iniciativa de José Obdulio, que se los llevó a la oficina”, dijo el congresista, quien fuera zar anticorrupción del gobierno Uribe.

Pero la arremetida de Lara Restrepo contra el asesor presidencial no se quedó allí. A renglón seguido declaró: “El problema del Gobierno es que no ha querido destapar los nexos de José Obdulio con la mafia de Medellín. Yo cambie mi percepción frente a muchas cosas, cuando me di cuenta de los supuestos nexos de José Obdulio con un tenebroso mafioso del cartel de Medellín como Guillo Ángel y su hermano Juan Gonzalo, los mandamases de la Comisión Nacional de Televisión”, agregó.

En marzo de 2006, Rodrigo Lara Restrepo fue nombrado zar anticorrupción por el vicepresidente Francisco Santos y tras 21 meses de gestión, en diciembre de 2007, renunció a su cargo aduciendo “razones personales”. Sin embargo, en ese entonces se especuló que su dimisión fue producto de una publicación del diario El Nuevo Herald, de Miami, que citó una declaración hecha hace más de veinte años por Cecilia Lara Bonilla, hermana del ex ministro asesinado, en la que mencionó que un helicóptero que perteneció al empresario Alberto Uribe Sierra, padre del Jefe de Estado, fue hallado en la operación que permitió el desmantelamiento del más grande complejo cocalero hallado en la historia del país: Tranquilandia.

Según la tía del senador, ese hecho demostraba la supuesta penetración que tenía entonces la mafia en la política colombiana. El artículo de El Nuevo Herald citaba también el testimonio del coronel de la Policía Jaime Ramírez Gómez, coordinador de la operación contra Tranquilandia —asesinado meses después—, quien contó que en un diálogo con el ministro Lara Bonilla, éste le había dicho que si le hacían un atentado, “iban a ser los propietarios de lo cogido. Los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes cogieron en el Yarí”. Además, Cecilia Lara Bonilla declaró que su hermano tenía muchas dudas del hoy presidente Álvaro Uribe Vélez. “Él nos las manifestó claramente”, dijo.

Tras la publicación del diario estadounidense, comenzaron a hacerse muchas conjeturas sobre la posición del entonces zar anticorrupción, Rodrigo Lara Restrepo, quien cuatro días después de la publicación presentó su renuncia e insistió ante los medios de comunicación nacionales que su decisión se debía a “razones personales” y optó por la prudencia. Mientras tanto, a través de un comunicado de prensa, el presidente Uribe desmintió a El Nuevo Herald y dijo que “en adelante deberán ser sólo los hechos de una vida dedicada por más de 30 años a servir con transparencia a la democracia colombiana, los que nieguen la calumnia. Colombia no puede trenzarse en un debate cíclico con individuos empeñados en desacreditarla e injuriar a sus autoridades legítimas”

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Caso 1: La Masacre de Trujillo (Valle)

MEMORIA HISTORICA
La Masacre de Trujillo, en el Valle del Cauca, es el primer caso de estudio abordado por Memoria Histórica. El informe, titulado "Trujillo: Una tragedia que no cesa", será entregado públicamente entre el 9 y el 16 de septiembre de 2008 en el marco de la Semana por la Memoria.
A continuación, algunos apartes de la introducción general del Informe. Muy pronto podrá descargar aquí el documento completo en versión pdf.


"Colombia ha vivido las últimas décadas en luto permanente. Masacres y otras formas de violencia colectiva con diversas magnitudes, intencionalidades y secuelas han ensangrentado la geografía nacional. Entre 1982 y 2007, el Grupo de Memoria Histórica ha establecido un registro provisional de 2.505 masacres con 14.660 víctimas. Colombia ha vivido no sólo una guerra de combates, sino también una guerra de masacres. Sin embargo, la respuesta de la sociedad no ha sido tanto el estupor o el rechazo, sino la rutinización y el olvido.

El municipio de Trujillo, en el norte del departamento del Valle, ha sido escenario de esa violencia múltiple y continuada, y también de nuestra amnesia. No sólo sus vecinos del orden regional desconocen o han olvidado lo sucedido, sino que más aún, respecto a esos eventos existe lo que pudiéramos llamar una desmemoria nacional, como en efecto lo han resentido las víctimas. Volver la mirada a Trujillo es entonces un primer ejercicio en la misión de convocar la solidaridad ciudadana y mostrarle al país que los hechos de Trujillo pertenecen al pasado nacional. Trujillo es, en más de un sentido, Colombia. Es preciso interpelar por tanto no sólo al Estado, sino también a toda la sociedad por los silencios y los olvidos que prosperaron en torno a la masacre; por haberse negado a aceptar lo que parecía inenarrable, inaceptable o imposible, pero que en verdad era muy real.

La masacre es una de las formas en las que se expresan la degradación de la guerra y el desprecio de los ‘guerreros' por la población civil. La violencia rompe los lazos sociales y doblega psicológicamente a las víctimas. En efecto, en Trujillo los homicidios, torturas y desapariciones forzadas produjeron el desplazamiento y desarraigo de pobladores de muchas veredas; la destrucción e incluso liquidación de núcleos familiares; la desarticulación de las organizaciones campesinas, y otras formas de acción colectiva; y hasta la muerte por diversas causas indirectas (incluso por causas emocionales, la ‘pena moral') de numerosos sobrevivientes y sus familias. En el plano sociopolítico, la masacre cumplió los múltiples objetivos de los perpetradores: bloqueo a la estrategia insurgente en la zona, neutralización de la potencial acción colectiva de los campesinos e instauración de un verdadero contrapoder que continúa vivo aún hoy día.

Frente a todo esto, ‘no se puede continuar viviendo como si no hubiera pasado nada'. Explicar y procesar los hechos traumáticos es un ejercicio indispensable para los individuos y para las sociedades.

Una nueva narrativa de los hechos es necesaria no sólo para las víctimas y sus comunidades, sino para la sociedad colombiana en general. La reconstrucción de la memoria histórica en escenarios como éste cumple una triple función: de esclarecimiento de los hechos, haciendo visibles las impunidades, las complicidades activas y los silencios; de reparación en el plano simbólico al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; y de reconocimiento del sufrimiento social y de afirmación de los límites éticos y morales que las colectividades deben imponer a la violencia.

Un importante logro para los objetivos de este trabajo sería que al cabo de éste el público lector "pudiera recordar lo que no ha vivido...porque le ha sido transmitido en el relato".Son muchas las razones para volver a Trujillo. A casi 20 años de la masacre y 10 de la aceptada responsabilidad del Estado en los hechos, la violencia en Trujillo continúa y los compromisos del Estado con la comunidad local y de víctimas siguen inconclusos.

Es preciso volver a Trujillo porque aún no se ha hecho justicia. Al día de hoy no existe ninguna condena a los perpetradores de la masacre. Hay que volver a Trujillo porque siguen registrándose numerosas víctimas y la comunidad es constreñida por viejos y nuevos actores criminales, como las conocidas bandas del norte del Valle, Los Machos y Los Rastrojos. Es también imperativo volver a Trujillo porque la memoria de las víctimas sigue siendo atropellada: cuatro atentados ha sufrido el Parque Monumento a las víctimas. El último de ellos, en enero del presente año, fue la profanación de la tumba del padre Tiberio Fernández, considerado el gran pastor y líder comunitario de la zona. La Masacre de Trujillo es una masacre continua."

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¿Qué es Memoria Histórica?

Memoria Histórica (MH) es un área de investigación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR de Colombia que tiene como misión elaborar una narrativa integradora e incluyente sobre las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como sobre las memorias que se han gestado en medio del conflicto armado, con opción preferencial por las de las víctimas y por las que han sido suprimidas o silenciadas.

En cumplimiento de la Ley 975 de 2005, la plenaria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación delegó a Memoria Histórica este mandato, y por la naturaleza del mismo le otorgó autonomía académica, metodológica y operativa.

Las labores del equipo se fundan en la convicción de que existe un vínculo indisoluble entre la reconstrucción de la memoria y el fortalecimiento democrático. Por lo tanto, MH reconoce:

* El carácter político de la memoria. * El papel fundamental de la memoria histórica en los procesos de democratización en situaciones de conflicto. * La memoria histórica como un escenario para el diálogo, la negociación y el reconocimiento de las diferencias con miras a un proyecto incluyente. * La memoria como una forma de justicia. * La memoria histórica como una forma de reparación que complementa pero no sustituye las obligaciones de reparación del Estado y la sociedad. * La memoria como un mecanismo de empoderamiento de las víctimas. * El derecho a la memoria y el reconocimiento de la verdad como derechos inalienables de las víctimas y de la sociedad.

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Al fin la Justicia Colombiana llama a juicio a los primeros Militares por crímenes de Lesa Humanidad

LIBARDO CARDONA AP

BOGOTA - Los esfuerzos de las dos últimas décadas para llevar ante la justicia a altos militares sospechosos de haber colaborado con paramilitares en la matanza de unas 10.000 personas resultaron en vano hasta ahora.

Pero la situación cambió cuando varios jefes paramilitares se desmovilizaron en un proceso de negociación con el gobierno del presidente Alvaro Uribe a partir de 2003 y, aunque a cuenta gotas, comenzaron a dar testimonios ante la justicia de sus lazos con militares en las décadas de 1980 y 1990.
Con esos testimonios y denuncias de organismos de derechos humanos esta semana fue detenido el general del ejército en retiro Rito Alejo del Río, acusado por grupos defensores de los derechos humanos de haber dejado actuar libremente al paramilitarismo en Urabá, al noroeste del país, una región donde se dio una cruenta lucha entre las guerrillas y las bandas paramilitares.
De acuerdo con la Fiscalía, 661 integrantes del ejército _ de todos los rangos y tanto activos como retirados _ son investigados actualmente por violaciones de los derechos humanos, incluyendo a Del Río.
"Si ahora se puede llevar a prisión a los políticos, ¿por qué no a los generales?", dijo a AP Lucía Luna, una fiscal que en el 2001, sin suerte, trató de encarcelar a Del Río.

Los testimonios de los ex jefes paramilitares llevaron a una vasta investigación que tiene ante los estrados judiciales _ ya sea en prisión o investigados _ a por lo menos 70 legisladores, de un congreso de 268 miembros.Pero las declaraciones de los encarcelados jefes paramilitares también dieron nuevas pistas sobre algunos oficiales, lo que llevó a que la Fiscalía dispusiera el 4 de septiembre la detención de Del Río.
Se le señala en la Fiscalía de ser coautor del homicidio del campesino Marino López Mena, asesinado el 27 de febrero de 1997 en una zona rural del departamento de Chocó, a unos 460 kilómetros al noroeste de Bogotá, explicó Sandra Castro, jefa de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía.
Castro ha dicho que el oficial sería responsable porque en el momento del crimen comandaba un operativo militar en la zona en que se registró el crimen a manos de paramilitares.
Conocido como "El Pacificador", Del Río fue el comandante entre 1995 y 1997 de la XVII Brigada del ejército, que opera en la zona del noroeste colombiano, otrora un bastión de la agrupación guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A sangre y fuego, grupos armados por hacendados y traficantes les declararon la guerra y hacían el "trabajo sucio": matanza de civiles a los que acusaban de ser simpatizantes de los rebeldes. Esa guerra fue expandiéndose a otras zonas del país.
El expediente contra Del Río lo nutren declaraciones de ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, extraditado en mayo a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, así como por testimonios de Hebert Veloza, quien fue capturado en abril de 2007 y también espera ser extraditado para encarar procesos por tráfico de drogas en Estados Unidos.
"No estoy de acuerdo con que a mí me digan 'el monstruo de Urabá' y al general Rito Alejo del Río lo llamen 'El Pacificador'. ¿Dónde está 'El Pacificador' que nos permitía movernos libremente por su jurisdicción? ¿Dónde está el que nos pasaba información a nosotros para que hiciéramos el trabajo sucio? Dónde está el que enviaba a sus tropas a patrullar con nosotros y que nos abría las puertas de los cuarteles?", dijo Veloza, o alias HH, en un testimonio judicial en octubre del año pasado.
Del Río es un viejo amigo del presidente Uribe, quien antes de asumir la jefatura de estado encabezó en abril de 1999 un acto en Bogotá de "desagravio" al oficial y al también general Fernando Millán.
Ambos oficiales habían sido retirados aquel mes del servicio activo por orden del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y ante presiones de Washington para que se investigase y castigase a militares sospechosos de tener vínculos con el paramilitarismo.
Las investigaciones entorno a Del Río en aquel año no prosperaron.
"Estoy segura de que había la prueba suficiente no sólo para detener, sino para condenar al general" Del Río, comentó la ex fiscal Luna, quien después de fracasar en su intento por poner tras las rejas a Del Río, tuvo que dejar Colombia y vivir exiliada en Canadá y España por lo que dijo eran amenazas contra su vida desde sectores que no identificó. Hace pocos meses regresó al país.
La tarea de ahondar en la supuesta responsabilidad de Del Río en esos asesinatos la tiene ahora el fiscal Luis Alberto Reyes, quien desde hace más de un mes no ha hecho otra cosa que releer cuanto papel hay sobre el general en la Fiscalía.
Del Río rechazó comentar el caso a la AP en varios intentos para entrevistarlo antes de su detención.
Pero no sólo Del Río es investigado por la justicia.
Recientemente la Fiscalía llamó a un interrogatorio al también general retirado Farouk Yanine, ex comandante de la XIV Brigada del ejército, con jurisdicción en regiones al norte de Bogotá.
En enero de 1989, los paramilitares asesinaron a 12 integrantes de una comisión judicial que investigaba la masacre de 19 comerciantes ocurrida dos años antes en la zona del Magdalena Medio.
Ambas matanzas ocurrieron en territorios bajo jurisdicción de Yanine.
En declaraciones a la justicia, Alonso de Jesús Baquero, alias 'Vladimir', un temido jefe paramilitar de los años 80 y actualmente encarcelado, señaló como responsables de la matanza de la comisión judicial a cinco generales, entre ellos a Yanine, el único sobre el que pesan acciones judiciales por ese caso.
El ex fiscal Virgilio Hernández, hijo de uno de los funcionarios judiciales asesinados, dijo a la AP que en su testimonio a las autoridades Vladimir dio cuenta de una reunión de varias autoridades regionales "para planear la conformación del paramilitarismo en la zona donde asesinaron a mi padre".
Otro caso involucra a un general del ejército activo, Héctor Jaime Fandiño, ex comandante de la Brigada XVII, la misma que ocupó Del Río en los 90, y actualmente jefe del Batallón de Sanidad del ejército.
En febrero de 2005 se produjo la matanza de ocho personas _ entre ellos tres menones de edad _ en la comunidad San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, bajo el control de la Brigada XVII.
La Fiscalía investiga si Fandiño, que comandaba aquel año la Brigada, pudo tener responsabilidades en la matanza, pero por ahora no ha formulado cargos al oficial, quien fue implicado en el caso por un capitán retirado.
"La realidad es que las investigaciones contra los generales no han empezado", dijo en entrevista telefónica Alirio Uribe, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear, organismo no gubernamental que impulsa las investigaciones cuando los autores de los crímenes son agentes del estado.
"Casi todos los jefes paramilitares han hablado de generales o retirados o muertos. Pero no se han atrevido a hablar de los generales activos que han cohonestado con ellos", agregó.
En febrero de 2002, Mónica Gaitán, una fiscal que ordenó investigar al general de la Armada Rodrigo Quiñones, y que pretendía procesar a ocho coroneles de esa fuerza que habrían permitido que en enero de 2001 los paramilitares masacraran a 27 campesinos en el caserío de Chengue, departamento de Sucre, al norte del país, dijo que tuvo que dejar abruptamente su cargo por presión de sus superiores y más tarde abandonar el país ante amenazas cuyo origen no reveló.
"Llevar a los generales a la cárcel es complicado por varios motivos", dijo Gaitán en diálogo telefónico.
Primero porque "nuestro poder judicial no funciona como debe ser: con justicia; segundo, porque los hilos del poder a esos niveles son tentáculos de corrupción e impunidad; y tercero, porque son decisiones políticas", expresó Gaitán desde su exilio, en Estados Unidos

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