Georgia y Rusia deben proteger a la población civil de Osetia del Sur

Amnistia Internacional
Amnistía Internacional ha pedido a todos los bandos del conflicto de Osetia del Sur que respeten plenamente el derecho internacional humanitario para que la población civil quede protegida de las hostilidades.

Según los informes, en los combates que tienen lugar desde hace unos días en la disputada región de Osetia del Sur ha habido numerosas víctimas civiles. Aunque estos informes varían en cuanto a la cifra de civiles muertos y heridos, y las cifras y circunstancias son difíciles de verificar por fuentes independientes, las informaciones e imágenes de los medios de comunicación muestran que se han producido daños a bienes de carácter civil a consecuencia de los ataques militares de ambos bandos.

Por ejemplo, en Tskhinvali, capital de Osetia del Sur, al parecer los ataques de las fuerzas georgianas han destruido decenas de edificios civiles, entre los que hay edificios de viviendas, edificios oficiales, una juguetería, edificios de la universidad y el Hospital Republicano. El 9 de agosto, las bombas rusas impactaron contra una zona residencial de Gori, localidad del centro de Georgia.

Amnistía Internacional ha instado a todos los bandos del conflicto que se abstengan de atacar directamente a la población civil o los bienes de carácter civil. Las operaciones militares también deben evitar ataques no intenten distinguir entre objetivos militares y la población civil o los bienes de carácter civil, así como los ataques cuyo impacto sobre la población civil o los bienes de carácter civil sea desproporcionado.

Amnistía Internacional ha manifestado que le preocupa que algunos de los ataques puedan constituir crímenes de guerra.

Además, Georgia y Rusia deben proporcionar protección y un paso seguro a las personas que huyen del conflicto, y permitir el acceso sin trabas a la ayuda humanitaria hasta las zonas afectadas por éste.
Amnistía Internacional ha instado a que se respete escrupulosamente el derecho internacional humanitario, en particular la protección a la población civil, en hostilidades relacionadas que al parecer están estallando en el valle de Kodori (Kodori Gorge), zona de otra región disputada de Georgia, Abjasia.

Asimismo, Amnistía Internacional ha instado a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para asegurarse de que todos los bandos del conflicto respetan el derecho internacional humanitario y dan prioridad absoluta a la protección de la población civil y la solución negociada del conflicto.

Tras meses de tensión en aumento, y últimamente de hostilidades de baja intensidad, la mañana del 8 de agosto de 2008 el conflicto entre Georgia y la región secesionista de Osetia del Sur se intensificó hasta convertirse en la confrontación más grave desde la guerra civil entre ambas, que concluyó en 1992 gracias a la firma de una tregua. Este acuerdo de alto el fuego incluía la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz tripartita, formada por batallones rusos, osetios y georgianos. Las tropas georgianas lanzaron lo que parece haber sido una ofensiva militar coordinada contra la capital de Osetia del Sur, Tskhinvali, para “restablecer el orden constitucional”. La respuesta del presidente ruso, Dimitri Medvedev, fue enviar más tropas respaldadas por tanques para reforzar las ya estacionadas en Osetia del Sur como parte del alto el fuego, con el objetivo, según afirmó, de restablecer la situación anterior.

Las fuerzas georgianas y rusas se enzarzaron entonces en lo que, según los informes, fueron feroces combates en Tskhinvali y sus alrededores, y Georgia informó el 10 de agosto de que había retirado sus fuerzas de Tskhinvali y la propia Osetia del Sur a posiciones situadas al sur de las que mantenía antes del comienzo de las hostilidades. Ese mismo día se informó de que Georgia había ordenado el alto el fuego a sus fuerzas. Según los informes, el número de bajas civiles es muy elevado, pero estas cifras siguen siendo muy difíciles de verificar de forma independiente. Rusia también ha afirmado haber bombardeado el puerto georgiano del Mar Negro de Poti, y la ciudad de Gori, inmediatamente al sur de la disputada región, que alberga tres bases militares georgianas. En esta acción también ha habido víctimas civiles.

Al parecer miles de personas han huido de la zona, cruzando la frontera con la república rusa de Osetia del Norte. Tanto Rusia como Georgia han informado de muertos y heridos entre las tropas que participan en el conflicto.

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18 pueblos indígenas en Colombia,Podrían desaparecer

El Tiempo
La culpa la tiene el conflicto armado, señala un informe del organismo sobre la situación de los indígenas en el país, donde este año han sido asesinados 25.

La situación "representa una alarmante progresión de la crisis por la supervivencia de estos pueblos", dijo Bruno Moro, representante en Colombia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

"Indiscutiblemente podríamos hablar de una emergencia humanitaria de grandes proporciones", añadió durante una conferencia de prensa en la que se presentó un panorama de la situación que viven los aborígenes en Colombia con ocasión de la celebración del día internacional de los indígenas.

Sin embargo, reconoció que en Colombia ha habido "importantes avances en cuanto a normatividad para la protección" de las comunidades indígenas, y que el presidente colombiano, Alvaro Uribe, ha hecho esfuerzos en ese sentido, dijo.

Moro exhortó a los grupos armados a respetar la autonomía de los pueblos indígenas y a no involucrarlos en el conflicto.

Entre las comunidades indígenas que corren el riesgo de desaparecer se encuentran especialmente las que habitan las selvas amazónicas, como son los Yamalero, Makaguaje, Pisamira, Tsiripu, Eduria, Wipijiwi, Nukak Maku, entre los principales.

En Colombia hay más de 84 pueblos indígenas que suman una población cercana al millón de personas.

Por su parte, la ONIC denunció que en lo que va de 2008 han sido asesinados 25 indígenas, dos más han desaparecido y otros tres han muerto al pisar minas antipersona que utiliza la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en su lucha armada contra el Estado colombiano.

De acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, el conflicto armado que padece el país también ha causado este año el desplazamiento forzado de 2.117 indígenas de sus tierras ancestrales, en tanto que once aborígenes han sufrido detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas estatales.

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Asesinado otro ex integrante de la Union Patriotica y dirigente del partido comunista

Reiciciar
La Corporación Reiniciar condena el cobarde asesinato del reconocido dirigente de la Unión Patriótica y del Partido Comunista de Colombia en los departamentos de Meta y Arauca, Luis Mayusa Prada, ocurrido hoy a pocas cuadras de su casa en el municipio de Saravena (Arauca).

Según información de su familia, Luis había salido esta mañana a acompañar a su pequeño hijo a una cita con el médico. De regreso a casa, entre las 7:30 y 8:00 am, fue asesinado, sin que hasta el momento se tenga información de los asesinos.

Luis Mayusa, 46 años, casado y padre de cuatro hijos, fue un reconocido militante y dirigente de la Unión Patriótica y el Partido Comunista en la región. Se destacó por su trabajo sindical y de dirigencia en la CUT del Meta.

Durante las décadas de los años 80 y 90, fue candidato por la UP al concejo municipal de Villavicencio y a la asamblea departamental del Meta.

Su militancia en la oposición política acarreó para él y su familia la constante persecución por parte de los organismos de inteligencia del estado, la fuerza pública y los grupos paramilitares.

Era un hombre muy amenazado. Se salvó de varios atentados en Villavicencio y Saravena. La persecución lo obligó a desplazarse en muchas ocasiones, incluso fuera del país. Su caso hace parte de la demanda internacional por el genocidio cometido contra la Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Corporación Reiniciar expresa su más sentido pésame a sus familiares y compañeros de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, y le exige al Gobierno Nacional cesar la persecución y muerte de los sobrevivientes del genocidio contra la UP , pues no es razonable que Luis Mayusa haya sido asesinado en Saravena (Arauca), municipio absolutamente controlado por la fuerza pública , sin que ésta hubiera evitado su muerte.

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670 Homicidos en los primeros 6 meses del 2.008 en Bogota

El Tiempo
El estudio destaca cuatro causas del sicariato: discrepancias entre bandas, pasionales, ajustes y mezcla de actividades legales e ilegales.

Las cárceles, los sanandresitos y un sector de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país, según las autoridades, son los sitios donde se 'cocinan' los asesinatos a sueldo.

Es allí donde también se anidan los sicarios que los cometen. Pese a que en el Distrito no hay estructuradas oficinas de cobro, como las existentes en Medellín y Antioquia, ligadas a las llamadas bandas criminales o a las organizaciones delictivas de mafiosos o ex 'paras' extraditados, aún quedan los vestigios de las manejadas por el extinto jefe paramilitar de los Llanos, Miguel Arroyave, en los sanandresitos.

Las cifras

El documento, elaborado por el Centro de Estudios de Violencia y Seguridad, considera que en el primer semestre se presentaron 108 episodios de sicariato en la ciudad, de los 670 casos de homicidio.

Sin embargo, según ese estudio, hubo 235 homicidios cometidos por pistoleros, por encargo y ajuste de cuentas. Mientras que los restantes 435 fueron muertes por intolerancia, riñas y resistencia al atraco.

La diferencia de las cifras se debe a que mientras el Centro de Estudios considera como sicariato los asesinatos donde está de por medio el cobro de millonarias deudas o grandes ajustes de cuentas entre narcos, para la gente del común un caso de sicariato es un homicidio cometido por un tercero.

El estudio del organismo distrital discrimina cuatro niveles: 108 muertes por discrepancias entre miembros de organizaciones delincuenciales; 41 por tránsito de legalidad a la ilegalidad; 13 se refieren a asesinatos pasionales por encargo; y 73 representan ajustes de cuentas entre jíbaros.

Detalles de los niveles

Los 108 casos de sicariato, según el estudio, están en el primer nivel y se debieron a ajuste de cuentas entre bandas; 31 de ellos son del llamado sicariato tradicional.

En el segundo nivel están las desavenencias en la banda criminal. Por ejemplo, un botín mal repartido (41 casos).

En el tercero, el crimen pasional por encargo (el asesinato a manos de un sicario de la terapeuta respiratoria Leiser Forero Sastoque, cuyo ex novio fue condenado), que fueron 13 casos; y los ajustes de cuentas entre jíbaros (el crimen de 'Calao' en La Gaitana, en Suba, en abril por dañarles el negocio a 'Arley' y 'Pegaso'), en los que hubo 73 episodios, la mayoría en Suba, Mártires y Santa Fe.

Los asesinatos de un transportador y su escolta, en la calle 128 con avenida Suba, y de dos universitarios en el parque El Virrey, fueron episodios de sicariato tradicional, el cuatro nivel, dice el estudio.

Un caso similar fue el del ganadero Félix Fajardo Luque, de 55 años, en un restaurante de Fontibón, el 29 de enero pasado. Su homicida había abandonado la prisión hacía una semana.

Fuentes que manejan el tema le contaron a EL TIEMPO que en estos sectores, generalmente con una tarifa que puede llegar al 30 por ciento sobre el valor de 'la deuda a cobrar', se engrana todo el plan de sicariato. Ese alguien, según el estudio, es una persona que se mueve en algún grado dentro de la ilegalidad.

Clara López Obregón, secretaria de Gobierno del Distrito, lo explica así: "Comprar lotes de esmeraldas no tiene nada de ilegal, pero si este es cancelado con dinero falso, sí".

'Oficinas' y 'comisionistas', modalidades para cobrar deudas

Las autoridades han identificado tres maneras para cobrar deudas en Bogotá.

La primera es la que realiza una persona que goza de contactos que le permiten establecer un historial de la víctima: qué propiedades tiene, números telefónicos, dónde trabajan o estudian sus parientes e hijos.

En términos generales, le pone al deudor por delante a la familia e incluso le cobra con documentos en mano. Es poco común.

La segunda son las oficinas que le pagan la deuda al cliente y le dicen que le haga saber al 'deudor' que ellos le van a cobrar.

Luego, exigen un mayor valor de la deuda o lo obligan a la entrega de propiedades a cambio de la vida.

Según fuentes, esta modalidad era empleada por Gilmer Humberto Quintero, alias 'el Cabezón', socio de Wílber Varela, alias 'Jabón', quien al parecer se suicidó en mayo en un baño de la estación de Policía de Fusagasugá.

La tercera es la del comisionista, quien recibe la comisión del mejor postor. Si ésta es cancelada por el deudor -que igual tiene que cumplir-, no recurre al crimen, pero si es el cliente el que paga, la suerte está echada para el deudor.

El crimen en Hacienda Santa Bárbara, una muestra

La mañana del 17 de febrero del año pasado, un sicario, que recibió 10 millones de pesos, asesinó al abogado Darío Alejandro Melo García, ex miembro del CTI de la Fiscalía, y quien manejaba una casa de cambio en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara.

El crimen se planeó dos semanas antes de ser asesinado. Quien recibió la orden contactó a un tercero, que manejaba varios sicarios en el barrio Arborizadora (Ciudad Bolívar), sur de Bogotá.

Éste, a su vez, conformó un grupo de ocho personas que no se conocían entre sí. Se llamaban por nombres o apodos, nunca hubo apellidos.

La instrucción para siete de ellos fue la de acompañamiento en tres aspectos: vigilancia del blanco, recepción del armamento y transporte, además de las rutas del objetivo, sus horarios de salida y llegada, la compañía, y cuáles eran los puntos de seguridad. Usaron tres vehículos: dos motocicletas y un taxi; éste sirvió para guardar las armas hasta último momento.

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