Asamblea Mundial por la Paz

Caracas, abril 10 (Redacción). La gravedad de la situación de los derechos humanos, el exterminio del sindicalismo a manos del terrorismo de estado, la escalada de la guerra interna y la lucha por el acuerdo humanitario y la paz se ha convertido en uno de los temas centrales en las deliberaciones de la asamblea mundial del Consejo Mundial de la Paz – CMP- que se desarrolla en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, desde el pasado lunes 7 de abril.

Durante las intervenciones de los representantes de los principales movimientos pacifistas de diferentes países se escuchó el clamor y la solidaridad con las luchas del pueblo colombiano por un acuerdo humanitario y por una solución política negociada a la guerra existente entre las fuerzas del estado y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC.

Carlos Lozano Guillén, dirigente del partido Comunista Colombiano y Director del periódico VOZ se expresó muy agradecido por las voces de apoyo y solidaridad y la atención que brindan los asistentes a la problemática colombiana. Afirmó que hasta ahora hemos registrado que el tema de la solidaridad con el pueblo colombiano está muy presente y eso nos estimula para seguir con esta lucha, con la confianza que hay un importante respaldo internacional.

Este es un reconocimiento del CMP y todos los delegados a las acciones de los colombianos contra el neoliberalismo y la injerencia norteamericana en los asuntos internos de nuestros países, vamos a seguir adelante con la exigencia del acuerdo humanitario y por la paz con justicia social, sumando a estos esfuerzos los respaldos de países amigos y en especial la gestión incondicional del presidente Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba, aseguró.

Sindicalistas del mundo condenan al gobierno de Uribe

Caracas, abril 10 (Redacción). Valentín Pacho Quispe, miembro de la dirección ejecutiva de la Federación Sindical Mundial –FSM- condenó el exterminio contra los sindicalistas colombianos por parte del terror estatal. El exterminio de sindicalistas en Colombia es parte de la política norteamericana de guerra contra el pueblo, esa situación continúa y se aplica porque existen gobiernos como el del señor Álvaro Uribe con mentalidad pro imperialista y que no tienen empacho en la ejecución de sus políticas anti obreras en beneficio de las empresas transnacionales> señaló.

Aseguró además, que la FSM está impulsando en el mundo la conformación de un amplio frente de las distintas organizaciones sindicales contra la política de guerra preventiva del presidente de los EE. UU. George W. Bush. Agregó que están movilizándose en todo el planeta para detener el intervencionismo imperialista que agrede a los pueblos como sucedió en Iraq, Afganistán, Palestina y en América Latina. Toda Latinoamérica está amenazada, desde hace tiempo los EE.UU. vienen creando las condiciones para agredir a pueblos hermanos como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, a los cuales les aplica una descarada intromisión en sus problemas internos> indicó.

Durante las deliberaciones de la asamblea del consejo mundial de la paz desarrolla en la sala plenaria de Parque Central en Caracas intervino su presidente, el cubano Orlando Fundora López; También lo hicieron Fermín Toro, ex diplomático venezolano y cinco voceros de organismos regionales filiales del CMP.

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Mas de 400 personas Desplazadas

Combates entre Ejército y Farc en zona rural de Ituango, Antioquia, generaron el desplazamiento de 80 familias que en estos momentos avanzan hacia el pueblo, a donde llegarán en cinco horas.


El recrudecimiento de los combates entre el frente 18 de las Farc y tropas de la Brigada Móvil 11 del Ejército en inmediaciones del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, generaron un nuevo desplazamiento de 80 familias, cerca de 400 personas, desde la región San Jorge, que en estos momentos caminan hacia el casco urbano de del pueblo.





Codhes conoció por fuentes de la región, que las familias se encontrarían a cinco horas del casco urbano de Ituango y que estarían arribando a la vereda Quebrada del Medio, vecina del municipio , a eso de las 10:00 p.m. Con este son tres los desplazamientos masivos que se presentan desde esta región del norte de Antioquia en lo que va corrido del año. El primero, de 140 personas, sucedió en enero y el segundo de 110 el pasado 21 de marzo. Sin embargo la cifra de desplazados de esa región que maneja la administración municipal de Ituango al día de hoy es de 500 personas.

Miembros de las primeras familias desplazadas partieron desde Ituango una vez recibieron la noticia para encontrarse con las familias que vienen en camino y guiarlas hacia los lugares de concentración. Mientras tanto las autoridades municipales preparan albergues y provisiones para recibirlas y los organismos de ayuda humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, Acción Social, y el Departamento Administrativo de Prevención y Atención de Desastres DAPARD, han anunciado la pronta llegada de sus representantes al lugar con ayuda humanitaria de emergencia.





El peligro al que están expuestos los habitantes de la zona rural de Ituango por cuenta de los combates entre Ejército y FARC fue advertido en un Informe de Riesgo emitido en 2006 por la Defensoría del Pueblo y actualizado en febrero pasado con una nota de seguimiento de la misma entidad en la que asegura que las Farc vienen anunciando desde hace dos años que de cualquier sitio en donde el Ejército permanezca por más de 48 horas debe salir la población civil o de lo contrario ellos no responderán por sus vidas.

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El ACNUR firma convenio con Ministerio de Agricultura para facilitar el acceso a tierras para las personas desplazadas

BOGOTA- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) firmará mañana un convenio con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para identificar vacíos en la política y apoyar iniciativas que impulsen el acceso a tierras de las personas desplazadas, incluso mediante la asesoría jurídica, de manera que se tengan en cuenta sus derechos como víctimas.

“Hay una diferencia muy grande entre la magnitud de las tierras que estudios serios calculan se han arrebatado a la población desplazada –entre 4 y 6 millones de hectáreas- y las tierras que las autoridades, haciendo grandes esfuerzos, han adjudicado en los últimos años a las personas desplazadas - unas 22 mil hectáreas a través del Incoder, entre 2002 y septiembre de 2006. El objetivo es ayudar a cerrar esa brecha, entre otras formas restituyendo a las personas desplazadas las mismas tierras que les quitaron y mejorando las políticas de reubicación” dijo el Representante en Colombia del ACNUR, Jean Noël Wetterwald, al referirse a la firma.

“Vemos esto como el comienzo de un proceso que debe tener resultados medibles. El papel del Ministerio de Agricultura es central en este tema, y por eso es muy importante para nosotros la relación que comienza hoy”, agregó Wetterwald.

Un hogar típico en un barrio típico de población desplazada en Colombia. © ACNUR/M.-H.Verney

El acceso a tierras, junto con el acceso a vivienda y la generación de ingresos de las personas desplazadas son tres áreas en las que el Gobierno colombiano ha reconocido sistemáticamente en los últimos años la necesidad de mayores avances.

“Es importante recordar también que el acceso a tierras no es sólo un tema de generación de ingresos, sino de restitución de bienes en el caso de las personas desplazadas. El elemento de restitución es central” agregó Wetterwald.

El ACNUR considera que para garantizar realmente el impacto de la política de atención al desplazamiento, es importante avanzar en el cierre del ciclo de la protección empezando con la prevención del desplazamiento y de la usurpación de las tierras, continuando con la protección jurídica de las mismas si las personas se ven forzadas a dejarlas atrás, y terminando con su restitución.


Muchas personas desplazadas, como esta familia en San José del Guaviare, viven en la periferia de las grandes ciudades sin acceso a servicios básicos como agua corriente. © ACNUR/M.-H.Verney

Dentro de su labor de apoyar al Estado y a la sociedad colombiana para mejorar su respuesta frente al desplazamiento, el ACNUR participa en diversas iniciativas locales y nacionales para promover la protección de las tierras de las personas desplazadas. Varias de esas iniciativas, como el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Agencia Presidencial para la Acción Social, son complementarias a los esfuerzos que está promoviendo el Ministerio de Agricultura. Unas dos millones de hectáreas han sido protegidas jurídicamente, para prevenir su usurpación, como resultado de este proyecto.

Según un estudio publicado por la Comisión de la Sociedad Civil para el Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, el 78 por ciento de las personas desplazadas procede de zonas rurales, el 70 por ciento dejó tierras abandonas, y el 82 por ciento no ha tenido acceso a programas de generación de ingresos.

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La ONU inicia Evaluacion de Derechos Humanos de sus Paises miembros

Todos los Estados miembros de la ONU se enfrentan a un riguroso examen de su historial en materia de derechos humanos. El lunes 7 de abril inició sus sesiones el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se encarga del Examen Periódico Universal.

En virtud del Examen Periódico Universal, nuevo mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se examinarán con regularidad, a lo largo de los próximos cuatros años, las obligaciones y los compromisos de los 192 Estados miembros de la organización. Los propios gobiernos serán los que lleven a cabo este examen periódico y sistemático.

Con el nuevo procedimiento se tratará de poner a fin a las críticas recibidas por el órgano predecesor del Consejo, la Comisión de Derechos Humanos, acusado de examinar sólo un número reducido de países y de evitar a menudo las situaciones de presión por motivos políticos.

Hasta el 18 de abril, el Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal analizará el historial de derechos humanos de 16 países: Argelia, Argentina, Bahréin, Brasil, Ecuador, Finlandia, Filipinas, India, Indonesia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica y Túnez.

A este primer periodo de sesiones le seguirán otros dos en 2008, de modo que, al concluir el año, se habrá sometido a examen a 48 países elegidos por sorteo.

El hecho de que esté previsto que los gobiernos de los países objeto de examen lleven a cabo un amplio proceso de consultas con la sociedad civil es un importante aspecto del nuevo procedimiento. Amnistía Internacional ha trabajado con ahínco para garantizar que se escuche a todas las voces pertinentes.

La organización ha presentado información sobre 14 de los 16 países mencionados y sus miembros y simpatizantes están colaborando con la sociedad civil de estos países para sensibilizar a la población sobre el nuevo mecanismo.

En una declaración publicada el lunes 7 de abril, Amnistía Internacional dijo que este primer periodo de sesiones del Grupo de Trabajo encargado del Examen Periódico Universal será clave en el establecimiento de criterios para futuros exámenes, tanto en términos de procedimiento como de fundamento.

"Tanto los países examinados como los encargados del examen van a desempeñar una importante función. Amnistía Internacional confía en que todos los Estados miembros contribuyan a presentar el Examen Periódico Universal como un mecanismo de derechos humanos efectivo", manifestó Martin Macpherson, Director del Programa de Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la organización.

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