PCC En un informe, un millar de ONGs denuncian que al menos 13.634 personas murieron por "la violencia sociopolítica" en Colombia y subrayan particularmente la vigencia de los nexos "entre agentes estatales y (los grupos) paramilitares".
El documento de las organizaciones no gubernamentales está dirigido al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en diciembre debe examinar en forma detallada la situación en Colombia.
Citando cifras de la Policía, el estudio denuncia que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de ultraderecha siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según el gobierno- se desarmaron más de 31.000 milicianos.
Agrega que sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".
También "han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento" de campesinos, expresa el texto suscrito, entre otras, por la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
Uribe se reunió la noche del lunes, en Nueva York, con la alta comisionada Navanethem Pillay, quien debe presentar un informe propio al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, el encuentro fue "sincero y franco".
"El Presidente dialogó tranquilamente con ella. Le explicó los avances que se han logrado en esa materia y las preocupaciones también. Y ella manifestó con agrado el hecho de que el Gobierno de Colombia fuera así de franco y de sincero, de que hay avances concretos, pero también dificultades", dijo.
El gobierno colombiano ya ha elaborado una respuesta a las denuncias de las ONG, subrayando logros como la reducción a la mitad del número total de homicidios entre 2002 y 2007 (de 27.837 a 17.198) y la disminución de los secuestros (1.708 frente a 226, en el mismo lapso).
"Lo que es preocupante, e indica un retroceso, es que hay una mayor participación (en la violencia) de miembros de la fuerza pública y organismos del Estado", en las violaciones a los derechos humanos, señaló el politólogo Alvaro Villarraga, quien participó en la redacción del informe.
Para Villarraga, el amplio respaldo que Uribe recibe en las encuestas (78% en septiembre) es el resultado de una diestra estrategia del gobierno -que destina el 6% del Producto Interno Bruto al gasto militar- para promocionar la disminución de la inseguridad y la derrota de las Farc como sus mayores logros.
"El gobierno ha empleado una estrategia muy habilidosa creando un monstruo con las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que impide ver el holocausto provocado por los paramilitares: miles de fosas, miles de víctimas, millones de desplazados", puntualizó.
Villarraga también señala que no es gratuita la preocupación por la "impunidad" que vulnera los derechos de las víctimas, los ataques del gobierno a la Corte Suprema de Justicia, que investiga a decenas de legisladores oficialistas sospechosos de nexos con esos grupos, la falta de una política de paz consistente y la insistencia en negar el conflicto.
Para el director del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, "los factores estructurales que provocan la violencia y las violaciones de los derechos humanos, como la pobreza, la discriminación social, siguen presentes".
