20 diciembre, 2008

Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40",la orden fue votar por Serpa, y en la segunda ronda, por Pastrana.

Bogotá, 15 dic (EFE).- Un jefe paramilitar colombiano desmovilizado confesó hoy desde Estados Unidos, adonde fue extraditado en mayo pasado, que forzó a la población a votar en las elecciones de 1998 por los candidatos a la Presidencia del país, Horacio Serpa y Andrés Pastrana, que a la postre resultó ganador.
El paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", dijo en una teleconferencia con la Corte Suprema de Justicia de su país que en la primera vuelta de esos comicios la orden fue votar por Serpa, actualmente gobernador del departamento de Santander (noreste), y en la segunda ronda, por Pastrana.
"La intención era que si Serpa llegaba a la Presidencia abriera espacios a todos los grupos armados ilegales, incluidas las AUC", las Autodefensas Unidas de Colombia, dijo Tovar Pupo, uno de los comandantes desmovilizados de esta fuerza paramilitar de ultraderecha.

Añadió que tras la primera vuelta, que ganó Serpa, el entonces máximo comandante y fundador de las AUC, el asesinado Carlos Castaño, dio la orden de votar por Pastrana.

"Jorge 40", ex jefe de una de las facciones de la ultraderecha armada más violentas de la costa norte colombiana, sostuvo además que las AUC también participaron en las elecciones generales de 2002 y de 2006.

Aunque no precisó a quién o quiénes apoyaron en esos comicios, unos 70 parlamentarios y ex congresistas, la mayoría perteneciente a partidos o movimientos de la coalición gubernamental en el Congreso, están procesados por vínculos con los paramilitares y 30 de ellos están actualmente en prisión.

El ex candidato del Partido Liberal Horacio Serpa dijo a los periodistas que "Jorge 40" es "un sinvergüenza" y negó haber tenido cualquier vínculo con paramilitares.
"Eso es un refrito; eso lo dijo el señor Mancuso hace un año. Mentiroso Mancuso y sinvergüenza 'Jorge 40'. Nunca en mi vida he tenido la más mínima relación con los paramilitares, al contrario, he sido el más pugnaz contradictor del paramilitarismo" en el país, respondió Serpa.

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70 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas registrados en Colombia en los últimos quince años permanece impune.

Miami (EE.UU.), 19 dic (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció hoy que un 70 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas registrados en Colombia en los últimos quince años permanece impune.
Una investigación realizada por la Unidad de Respuesta Rápida (URR) de la SIP en Colombia determinó, además, que "ningún autor intelectual" de los asesinatos vinculados a la profesión del periodismo "ha sido condenado y encarcelado".

Diana Calderón, periodista de investigación de la URR de Bogotá, encontró que de los 127 asesinatos cometidos entre 1993 y 2008 contra periodistas 57 de ellos estuvieron vinculados al ejercicio profesional, mientras que 49 se debieron a causas ajenas a la actividad periodística.

En 21 de esos casos aún está por establecerse el móvil del crimen, señaló la SIP en un comunicado.

Calderón investigó a fondo el proceso que ha seguido el sistema judicial colombiano respecto de los crímenes contra periodistas ocurridos desde hace 15 años.

El estudio arrojó que se han presentado sentencias absolutorias en 19,2 por ciento de los casos.

En una nota periodística que acompaña al documento sobre los procesos judiciales titulado "Radiografía del crimen contra periodistas en Colombia, 1993-2008: 15 años", se retomó, entre otros, el caso del periodista de radio, Gustavo Ruiz Cantillo.

Cantillo fue asesinado el 15 de noviembre de 2000 en supuesta represalia por sus denuncias sobre la violencia de grupos paramilitares.

El caso fue archivado en 2003 y, luego de que en 2006 la URR realizara una investigación periodística, la SIP solicitó su reactivación. Desde entonces, el caso "avanza en la justicia, lo que demuestra que es posible romper el círculo de la impunidad".
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refugiados iraquíes llegan al Líbano de forma ilegal a la espera de encontrar un tercer país que les acoja.

Beirut, 18 dic (Efe).- Huyen de la violencia en Irak y sus historias son dramas de vidas rotas, pero muchos refugiados iraquíes no pierden la esperanza y llegan al Líbano de forma ilegal a la espera de encontrar un tercer país que les acoja.
Y es que prefieren arriesgarse a entrar ilegalmente en el Líbano, que no proporciona asilo a los refugiados iraquíes, a vivir con miedo en su propio país.

En territorio libanés una ilusión alimenta su día a día: conseguir un visado para viajar a otro lugar y poder reanudar sus vidas.

Según la portavoz del Alto Comisariado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Laure Chedrawila, "en el Líbano hay unos 50.000 refugiados iraquíes, de los que el 50 por ciento son chiíes y el 25 por ciento cristianos, aunque sólo hay 10.000 registrados en nuestras oficinas".

El país árabe no proporciona asilo a los desplazados de Irak, que pueden ser condenados a penas de hasta tres años de cárcel y se enfrentan a muchas restricciones por estar en situación ilegal en el Líbano.

Chedrawila explicó a Efe que una de las principales tareas de ACNUR en el Líbano es encontrar una tierra de acogida para los iraquíes que más lo necesitan.

El número de plazas es reducido, a pesar de que su número ha aumentado este año: de 470 aceptados en otros países en 2007, el numero ha pasado a 2.000, la mayoría en EEUU.

Los refugiados salen del Líbano con un salvoconducto que les proporciona la ONU, aunque antes tienen que pagar a las autoridades libanesas 400 dólares por cada año que han permanecido en el país.

Abandonar el Líbano es la ilusión de Rana Ramzi Butros, de 30 años, una cristiana que salió de Irak con sus tres hijos -de nueve, seis y dos años-, poco después de que los insurgentes asesinarán en febrero pasado a su esposo junto al Arzobispo católico caldeo, Boulos Faray Raho.

El número de refugiados cristianos ha aumentado en los últimos tiempos, al haberse convertido en blanco de radicales vinculados con la red terrorista Al Qaeda en el norte de Irak.

"No sólo mataron a mi marido, sino que también nos amenazaban a diario por teléfono. Incluso nos denunciaron a la Policía como terroristas y cuando recibíamos el pésame por la muerte de mi esposo vino un grupo de soldados estadounidenses y registró todo en casa, incluso los pañales que llevaba puestos mi pequeña", aseguró Butros.

Cansada de vivir atemorizada, Butros decidió huir al Líbano, tras pagar 1.500 dólares por los billetes de avión y otros 500 a la persona que les facilito la entrada ilegal en el país.

Pero Butros sigue soñando: tras conseguir un salvoconducto de la ONU, su intención es viajar el próximo mes a Detroit (EEUU) para iniciar allí una nueva vida, quiere estudiar para poder trabajar y sacar adelante a su familia.

Precisamente, viajar a EEUU es también el objetivo de Hani Razuki Mansur Al Kisa, que tuvo que huir de Irak por las amenazas que sufría su hijo por trabajar con las fuerzas estadounidenses.

Y es que el mayor "pecado" de su hijo fue ser peluquero en una de las bases del Ejército de EEUU en el país árabe, motivo por el que fue secuestrado, aunque su padre consiguió su liberación, previo pago de 8.000 dólares.

En Irak, Al Kisa trabajaba como taxista y tenía un negocio de bebidas, mientras que en el Líbano, está en paro, sin dinero y a la espera de poder emigrar a EEUU, donde reside una hija suya, después de que Australia, donde viven otros dos de sus hijos, rechazara concederle asilo.

Para la asistenta social de Cáritas Rania Cheba cada vez hay más iraquíes que viajan al Líbano en busca de una vida mejor.

"Antes de octubre, recibíamos a cuatro o cinco familias por semana, hoy su número asciende a diez o quince, la mayoría cristianos por el aumento de las persecuciones contra este credo", explicó.

Sean cristianos o musulmanes, todos persiguen un fin: encontrar una tierra que los acoja, lejos de la violencia. EFE
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La crisis financiera global puede tener un impacto "terrible" en los esfuerzos humanitarios en todo el mundo

Reuters. La crisis financiera global puede tener un impacto "terrible" en los esfuerzos humanitarios en todo el mundo, dijo el viernes el responsable de la agencia para los refugiados de la ONU, a medida que muchos países donantes se centran en sus propios problemas económicos.
Antonio Guterres, el alto comisionado para los refugiados de la ONU (ACNUR), pidió a las principales naciones industrializadas que den la misma importancia a las vidas humanas que a los multimillonarios rescates bancarios.

"Me temo que esto tendrá un impacto humanitario terrible", dijo Guterres en una rueda de prensa durante una visita a Tokio cuando se le preguntó sobre los efectos que la recesión económica tendría en la ayuda humanitaria.
"Sería inconcebible que en un mundo donde se gastan cientos de miles de millones, sino billones, de dólares en rescates de bancos, no se muestre la misma determinación para salvar vidas humanas".

El ACNUR pidió en octubre a los gobiernos que no recorten la ayuda a las agencias humanitarias, pero las principales economías han caído en recesión desde entonces y la previsión económica mundial sigue siendo débil.

El mayor donante de ACNUR es Estados Unidos, que dio más de 505 millones de dólares entre enero y el 31 de octubre, seguido por la Comisión Europea con unos 130 millones de dólares y Japón con 110 millones de dólares, según datos de la página web del ACNUR. Entre otros grandes donantes están Reino Unido y Alemania.

Guterres, antiguo primer ministro de Portugal, también saludó el plan de Japón de aceptar un pequeño número de refugiados que buscan realojarse en un "tercer país" que no sea el suyo de origen ni el país al que huyeron en un primer momento.

Japón ha recibido frecuentes críticas por su actitud reacia a aceptar refugiados. Aproximadamente 40 personas consiguieron el estatus de asilo en 2007, mientras que otros países desarrollados como EEUU y Francia aceptaron más de 10.000.

Este año Japón ha recibido unas 1.500 solicitudes de asilo, la mayoría de Myanmar, gobernada por un régimen militar.
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Inmigrantes protestar en Atenas contra "el pacto europeo sobre la inmigración y el asilo".

AP. Los inmigrantes se disponían a manifestarse este sábado en Atenas mientras los jóvenes continuaban muy movilizados, dos semanas después del deceso de un estudiante, muerto por un balazo policial, que desencadenó manifestaciones sin precedentes y debilitó al actual Gobierno de derecha.
Las organizaciones de inmigrantes y antirracistas se reunirán el sábado de tarde ante la Universidad de Atenas, en el centro de la capital. Más de un millón de inmigrantes viven en Grecia -aproximadamente el 10% de la población- y cerca de 200.000 se encuentran en situación irregular.

El número de clandestinos, además, ha continuado aumentando en los últimos meses, con numerosas llegadas procedentes de Pakistán, Afganistán e Irak. Después de dos semanas de manifestaciones casi cotidianas los estudiantes de enseñanza secundaria y superior se reunirán para tomar decisiones sobre la continuación de su movimiento tras las vacaciones de Navidad.

Otro incidente, durante el cual un estudiante de secundaria de 16 años, hijo de un sindicalista y docente conocido, fue ligeramente herido de bala el miércoles por una persona no identificada, aumentó la cólera de los jóvenes.

Según estas fuentes, unos 700 institutos y varias universidades del país siguen ocupados. Por su parte, el ministerio de Educación aseguró que sólo un centenar de institutos están ocupados.

Este sábado está previsto un mitin de estudiantes, que ocupan la Escuela Politécnica de Atenas, donde se registraron varios incidentes violentos, que está ubicado en el céntrico barrio de Exarchia, donde un policía mató a Alexis Grigoropoulos, de 15 años, el 6 de diciembre.

Por su parte, los inmigrantes se congregarán ante la sede de la Universidad de Atenas, en el centro de la ciudad, para protestar contra "el pacto europeo sobre la inmigración y el asilo".

El viernes, un mitin convocado por los sindicatos y un concierto organizado por las coordinadoras de los estudiantes de la enseñanza secundaria y universitaria en Atenas, que duró hasta entrada la noche, se desarrollaron en calma.

La normalidad parece volver a Atenas y otras ciudades sacudidas por esta movilización, que inmediatamente tomó un cariz social, cuando los partidos de la oposición de izquierda y los sindicatos se lanzaron a las calles, criticando "la mala formación y organización de la policía".

Esta movilización tomó un cariz social mientras el Parlamento se dispone a votar el domingo el presupuesto para 2009, considerado demasiado "austero" por la izquierda y los sindicatos griegos. Sin embargo, en la Plaza Syntagma, frente al Parlamento, en pleno centro de la capital, parecía dominar el ambiente festivo de Navidad.
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Procuraduría General de Colombia, destitución e inhabilidad por 20 años a dos mayores del Ejército "que montaron al menos cinco atentados"

Bogotá, 19 dic (EFE).- El Procuraduría General de Colombia, que cumple la función del ministerio público, anunció hoy una sanción disciplinaria, que implica la destitución e inhabilidad por 20 años a dos mayores retirados del Ejército "que montaron al menos cinco atentados" para cobrar recompensas.

La sanción, de carácter retroactivo, cobija a los mayores Javier Efrén Hermida Benavides y Luis Gerardo Barrero Calderón.

Fuentes de la entidad del control administrativo y disciplinario de los funcionarios en Colombia, incluidos legisladores, militares y policías, precisaron que las falsas acciones terroristas sobre las que los militares informaron para cobrar las recompensas ocurrieron entre el 14 de julio y el 28 de agosto de 2006.

En esas fechas, antes y después de la posesión para un segundo mandato del presidente Álvaro Uribe, quien juró el cargo el 7 de agosto de ese año, las autoridades detectaron y frustraron la colocación de bombas y coche bomba en distintas zonas de Bogotá.

En el mismo lapso, sin embargo, estalló uno de los coche bomba en el barrio Gaitán, sector noroeste de la ciudad, acción en la que murió una persona y varios militares resultaron heridos.

En un fallo de primera instancia contra varios miembros de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, se concluyó que "existen suficientes pruebas para establecer la responsabilidad de los oficiales en los hechos".

Tales acciones, añade el fallo, "tenían como propósito sembrar el pánico en la ciudad y, una vez ubicado el material explosivo, demostrar su excelente desempeño como agentes de la inteligencia militar".

Una comisión especial disciplinaria señaló que con estas conductas "se incurrió en los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio, lesiones personales y daño en bien ajeno".

Además, consideró como "gravísima la actuación de los oficiales del Ejército", a quienes todavía no les han definido su situación jurídica, toda vez que siguen vinculados a la investigación penal que realiza la Fiscalía sobre los hechos.

Los dos oficiales, según las fuentes, intervinieron para que se pagara recompensa por la información a Lidia Álape Manrique y Néstor Germán Pérez.

Según La Procuraduría, Álape Manrique y Pérez eran "supuestos informantes con quienes se había establecido el acuerdo para obtener los falsos positivos, lo cual produjo un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas".

En la misma decisión se absolvió al coronel Horacio Arbeláez Sarmiento, como director de la Central de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá.
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