La población desplazada en Colombia por la Guerra interna, alcanzó en 2008 los 4,3 millones de personas

Nueva York, 1 may (EFE).- La población desplazada en Colombia por la violencia alcanzó en 2008 los 4,3 millones de personas, lo que consolida al país suramericano como el segundo del mundo con más refugiados internos, sólo superado por Sudán, con 4,9 millones, según un informe divulgado hoy.
El documento elaborado por el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC, por su sigla en inglés) señala que unos 300.000 colombianos se agregaron a finales del año pasado a las lista de los desplazados por la violencia que sufre el país desde hace medio siglo.

El IDMC, dependiente del Consejo Noruego de Refugiados, presentó hoy el informe en un acto en Nueva York en el que estuvieron presentes el máximo responsable de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, y el subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, John Holmes.

En el documento se recuerda que Colombia es el único país latinoamericano con un conflicto a gran escala que sigue causando un alto índice de desplazamientos internos.

De hecho, el IDMC atribuye al conflicto colombiano el aumento el año pasado de 7 por ciento en el número de refugiados internos de la región.

La cifra de 4,3 millones de desplazados que cita el informe se basa en los cálculos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES), y difiere de los cálculos del Gobierno de Bogotá, que sitúa el número de desplazados en 2,64 millones en agosto de 2008.

Los desplazados internos colombianos, que representan 9,3 por ciento de la población nacional, suelen ser residentes de áreas rurales que huyen de la violencia protagonizada por las guerrillas y las nuevas encarnaciones de los grupos paramilitares, según el IDMC.

En lugar de concentrase en campos, se dispersan en zonas urbanas pobres y reciben un apoyo institucional inicial, aunque posteriormente se ven obligados a sobrevivir sin mucha ayuda del Gobierno o de las agencias internacionales, afirma esa entidad.

A ello se agrega que en 46 por ciento de los casos, las familias colombianas desplazadas solamente cuentan con la madre, debido a que el padre ha sido asesinado o está desaparecido.

Los menores de 18 años, que representan 36 por ciento de la población desplazada, tienen mayores posibilidades de ser víctimas del reclutamiento forzoso que llevan a cabos los diferentes grupos armados.

Al mismo tiempo, entre las niñas y jóvenes desplazadas se registra un mayor índice de abusos y explotación sexual, advierte el informe.

Sus autores lamentan que el progreso que logró el país en los últimos años en la redacción de leyes de amparo a esta población desplazada no se haya traducido en medidas tangibles, que les permitan mejorar sus duras condiciones de vida.

Además de Colombia, los otros países latinoamericanos con desplazados internos son Perú (150.000), México (21.000) y Guatemala, en donde el informe no logró precisar una cifra.

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Alto Comisionado Adjunto del ACNUR, condeno a los responsables de la violencia en contra de los Indigenas Colombianos

BOGOTÁ, Colombia, 19 de febrero de 2009 (ACNUR) - El Alto Comisionado Adjunto de la ONU para los Refugiados, L. Craig Johnstone, visito este martes a un grupo de mas de 300 indígenas desplazados en el sur-oeste de Colombia y condenó a los responsables de la violencia que los obligó a abandonar sus territorios colectivos a principios de este mes.

El señor Johnstone, quien se reunió con el pueblo Awá durante su visita del martes al pueblo de El Diviso en el departamento de Nariño, también elogió la eficiente coordinación que el gobierno colombiano realizó para ofrecer albergues y entregar alimentos en el lugar.

"La respuesta de las autoridades nacionales brindando asistencia a este grupo de personas es meritoria y debe ser un modelo en todos los casos de desplazamiento forzado en Colombia", expresó el señor Johnstone a los representantes en el lugar de Acción Social, el organismo estatal responsable de coordinar las acciones nacionales de respuesta al desplazamiento forzado.

Durante su visita a El Diviso, Johnstone le ofreció sus condolencias a la comunidad Awá, quienes huyeron buscando seguridad debido al reporte del asesinato de 17 de los suyos en su territorio colectivo de Tortugaña-Telembí, a dos días de camino a pie. Este territorio se encuentra extremadamente alejado y tiene difíciles condiciones de acceso, y a pesar del esfuerzo de las autoridades para llegar al lugar, sólo dos cadáveres han sido encontrados hasta la fecha. El ACNUR reitera su llamado a una realizar una investigación a fondo sobre estos últimos asesinatos.

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Herramientas para decidir sobre la determinación del estatuto de refugiado

ACNUR - Bogotá, 27 de septiembre - Del 22 al 26 de septiembre se realizó en Bogotá el VI Curso Regional de Derecho Internacional sobre Refugiados para América Latina, en el que participaron 24 representantes de organismos gubernamentales encargados de la determinación de la condición de refugiado provenientes de 13 países de América Latina.
El propósito del curso fue compartir conceptos técnicos sobre la definición de quién es un refugiado, los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado y los desafíos futuros a la protección internacional de refugiados en América Latina. Y por supuesto, el espacio estuvo presente para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de protección de refugiados.

Esta actividad regional forma parte de las iniciativas de formación y fortalecimiento institucional previstas por el Plan de Acción de México para fortalecer la protección internacional de los refugiados en América Latina, adoptado por 20 países de la región en el año 2004. Ediciones anteriores del curso regional tuvieron lugar desde el año 2003 en Costa Rica, Guatemala, Argentina, Ecuador y Chile.

Jean Noel Wetterwald, Representante del ACNUR en Colombia, realizó la inauguración del taller en la cual recalcó el carácter técnico y apolítico que se debe tener en la atención a los refugiados. También explicó "la importancia de compartir experiencias entre los asistentes, teniendo en cuenta que los países a los que representan, enfrentan desafíos comunes en esta materia".

Uno de estos desafíos es la identificación de buenas prácticas a nivel regional que puedan ser replicadas por los participantes en el marco de los procedimientos nacionales de determinación de la condición de refugiado con miras a alcanzar un mayor nivel de armonización y coherencia en la aplicación de las normas internacionales en la materia.

El taller de Bogotá fue precedido por una fase de estudio a distancia que los participantes completaron en el transcurso de 4 meses. Esta primera fase facilitó el poder dedicar más tiempo a actividades prácticas durantes las sesiones en Bogotá, tales como el estudio de casos prácticos, las discusiones grupales, representación de roles y simulaciones.

El transcurso de la semana los participantes también conocieron el trabajo del ACNUR y otras organizaciones en relación a la atención de la situación humanitaria para los desplazados internos en Colombia.

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El Estado no está haciendo todo lo que podría para garantizar que las 125 mil personas que han sufrido por el paramilitarismo accedan a asesoría legal

(Corporación Arcoiris)
El debate que tuvo lugar en la Comisión Primera del Senado el pasado 17 de abril, planteó los puntos neurálgicos en los que está fallando la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) para garantizar lo que su artículo primero estipula “garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.

El debate no pretendió demostrar la capacidad de los paramilitares para cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por el contrario, quería mostrar que el Estado a través de las instituciones a las que la Ley de Justicia y Paz les asignó funciones, no ha cumplido de forma eficaz y diligente con sus responsabilidades para garantizar los derechos de las víctimas. La Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, y en particular la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por su expreso mandato, no les han cumplido a las víctimas o les han cumplido sólo parcialmente.

La representación judicial

Las cifras que se presentaron en el debate muestran que la representación judicial de las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo está fallando y que esa entidad no puede seguir escudando su ineficacia en la falta de presupuesto. A dos años y ocho meses de vigencia de la Ley poder aún no ha podido brindarles a las víctimas una asesoría y representación judicial idónea, sobre todo cuando las denuncias de abogados particulares que las estafan son frecuentes. La reparación integral también se juega en este punto: en garantizar un acceso eficaz a la justicia que implique la defensa técnica para las víctimas.

Entre todas las víctimas que están registradas en Justicia y Paz (125.368), solo se han acreditado el 55.06% (69.027). La Defensoría del Pueblo ofrece representación judicial a 10.716 víctimas, es decir, al 9% de las víctimas. El Ministro del Interior, Carlos Holguín afirmó en el debate al referirse a la participación de las víctimas en Justicia y Paz que “no están todos los que son ni son todos los que están”. A casi tres años de vigencia de la ley, se esperarían respuestas más contundentes.

La atención psicosocial

También es preocupante lo que está ocurriendo con el acompañamiento psicosocial. La Defensoría cuenta con un equipo de 12 psicólogos para desarrollar la estrategia de Ruta Psicojurídica que la Unidad de Justicia y Paz de dicha entidad implementó a mediados del 2007. Tan sólo 2263 víctimas han asistido a talleres de orientación psicosocial, 1997 han sido beneficiarias de orientación psicosocial individual, y 1319 han presenciado talleres psicosociales. Esto demuestra que sólo el 23% de las víctimas de todas (que hasta ahora suman 8.634) las que participaron de las versiones libres y escucharon el relato de crímenes atroces por parte de los perpetradores fueron beneficiarias de la orientación psicosocial individual.

Estudios chilenos y argentinos sobre los efectos del conflicto en la salud mental concluyen que las víctimas del conflicto armado no pueden equipararse a las de los efectos de desastres naturales. Las víctimas de conflictos armados saben que su agresor sigue presente y por eso sienten más miedo, vulnerabilidad, e impotencia.

La ruta psicojurídica está teniendo un efecto de “primeros auxilios emocionales” que lo que termina haciendo es preparando a la persona para que sea funcional en el proceso jurídico, pero que no profundizan en la condición de su salud mental y no permite valorar los daños. Por eso es necesario un acompañamiento psicosocial desde el inicio de los procesos penales para que las víctimas no vuelvan a ser victimizadas y se asegure una defensa eficaz de sus derechos.

Ni qué hablar del tratamiento sicológico en comunidades que han sido víctimas de masacres. Es urgente mejorar la oferta de programas estatales y diseñar protocolos de atención para valorar el daño colectivo a las comunidades, de modo que se remita a las instituciones especializadas. Es importante considerar que las víctimas no sólo hacen duelo por los seres queridos muertos o desaparecidos sino también por su proyecto de vida, por ello esta atención al daño colectivo es fundamental para la reconstitución del tejido social de las comunidades.

Restitución de bienes

La Ley 975 de 2005 no estipula literalmente un momento expreso para la entrega de bienes a las víctimas y esta podría llegar a realizarse hasta el final del proceso jurídico, en la audiencia de verificación de cargos. Frente a esto, no se conocen acciones concretas de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para que la entrega de bienes se realice en las etapas iniciales del proceso. Si esto no ocurre los bienes pueden pasarse a terceros o deteriorarse, como se comprueba en el listado de bienes de Acción Social. Entonces, si lo que prima en la función de la CNRR es la garantía del derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, una acción diligente frente a la entrega de bienes podría garantizar que existan mejores condiciones para una reparación integral.

Si bien el Ministro Carlos Holguín reconoció que “es una vergüenza lo de bienes, es mínimo”, cosa que ya el Presidente había afirmado el día anterior, tampoco se puede aceptar que estas instancias digan que están dando los primeros pasos. Para entender la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, un procedimiento diseñado sin contar con la estructura institucional adecuada para llevarlo adelante, podría apelarse a la sabiduría campesina que recuerda que “primero hay que comprar las bestias para ensillarlas”.

Pero el Ministro también afirmó que “el esfuerzo del Estado es descomunal” y que lo que hizo fue “lo más y lo mejor”, cuando se conoce por diversas fuentes de instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que han asesinado a 15 víctimas vinculadas al proceso de Justicia y Paz y que hay 92 víctimas amenazadas. Entonces si esto ha sido “lo más y lo mejor”, cabe preguntarse ¿qué tal hubiera sido lo menos y lo peor?

El debate permitió situar en el escenario público un tema que es muy relevante en la coyuntura actual. Si como sociedad colombiana no estamos dispuestos a asumir el problema de las víctimas del conflicto armado como un problema que nos involucra a todos y todas, difícilmente alcanzaremos la verdad, la justicia y la reparación necesarias para el tránsito hacia la paz sostenible.

Texto publicado en Semana.com

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FUNAR

"Sancho si los perros ladran es porque vamos andando", Nunca antes mi país Colombia había estado tan penetrado en sus instituciones por el narcotrafico y el paramiliarismo, el proceso 8.000 le quedo pequeño. Es lamentable que sectores que se dicen querer a su país le infrinjan tanto daño a la población mas vulnerable e indefensa los pobres, y son ellos precisamente quienes han empezado a reconocer la necesidad de un cambio de estructura social y económica que permita su integración plena dentro del a sociedad colombiana con dignidad y justicia social.
los insensatos nuevamente mentirán y dirán que somos guerrilleros por no permitirles que sigan despojando al país de su riquezas y no me refiero al oro del choco que ya se lo llevaron las multinacionales estadounidenses con complicidad de una clases negociada a sus intereses, tampoco me refiero al carbón del cerrejon ni a las esmeraldas de boyaca, como tampoco al petroleo de nuestra tierra ...me refiero es a nuestra gente al pueblo digno y noble enraizado con la sangre de nuestro libertador quepor un tiempo se ha aislo de la toma de decisiones al permitirles que solo el 24% de la población apta para votar avale el peor gobierno de nuestra historia. Ese pueblo esta despertando y castigar con su voto de conciencia al gobierno nefasto de Uribe, a los corruptos, los criminales, a los que desangran a diario a nuestro país, a la guerrillea que continua manteniendo en cautiverio infrahumanos a Colombianos inocentes y necesarios como ingrid.

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Teteye denuncia total abandono del gobierno

(CODHES)

Acompañados por organizaciones defensoras de derechos humanos pero sin la presencia de entidades gubernamentales, los habitantes de Teteyé, corregimiento fronterizo de Putumayo, denunciaron abusos de los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública, desplazamientos por fumigaciones y muerte de campesinos presentados posteriormente como guerrilleros.

La cita fue el pasado lunes 21 de abril en ese célebre corregimiento Teteyé, jurisdicción de Puerto Asís, Putumayo, donde en 2005 un grupo de 129 hombres de las FARC arrasó con un puesto fronterizo del Ejército.

Las asociaciones Asamblea Permanente de comunidades indígenas, afros y campesinas del sector Puerto Vega-Teteyé-Perla Amazónica y la Corporación de Integración Campesina del Cordón Fronterizo del Putumayo citaron precisamente allí a una audiencia pública para denunciar las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de todos los actores armados que hacen presencia en su territorio, los desplazamientos masivos y la crisis alimentaria causados por las fumigaciones y la erradicación manual que arrasan con los cultivos de pancoger y la alta militarización.

Desapariciones y asesinatos de campesinos y la aparición posterior de miembros de su comunidad con uniformes de guerrilleros muertos en combate, el reclutamiento forzado de menores , el inminente riesgo de minas antipersonales en los caminos veredales, y la falta de inversión social y de alternativas de cultivo después de la fumigación y la erradicación de la coca fueron otras de las situaciones denunciadas.

Pero a la cita no asistieron delegados de ninguna de las entidades gubernamentales convocadas y los pobladores debieron hacer sus denuncias a los representantes de 14 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre ellas Codhes, y organismos de la Iglesia que adelantan una misión de verificación de la situación de derechos humanos en la zona del bajo Putumayo.

El drama de los habitantes de esta región fronteriza se evidencia precisamente en Teteyé, donde solo quedan siete de las cerca de 77 familias que lo habitaban. Las demás debieron abandonar el lugar afectadas por uno o varios de los flagelos expuestos anteriormente y hoy se encuentran en su mayoría refugiadas en Ecuador o en veredas aledañas.

En la convocatoria a la que ninguna autoridad gubernamental local ni departamental asistió la comunidad solicitó un desminado humanitario inmediato y la presencia de una misión humanitaria para verificar las condiciones en las que se encuentra para evita el desplazamiento de los pocos habitantes que quedan en el lugar.

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FUNAR

Colombia continua siendo el único país de América en que se da una mezcla compleja entre un estado opresor, el nartcotrafico, el paramilitarismo, la corrupción administrativa, guerrilla, delincuencia produciendo un clima de inestabilidad política y social como la que se vivió en los 80/y principio de los 90/, al disparase la guerra sucia hacia las defensores de los derechos humanos y las fuerzas alternativas de cambio social, precisamente motivado por el accionar criminal del para militarismo y un estado permisivo con sus practicas. 5 millones de colombianos hemos sido desplazados por la violencia de los insensatos y los que no quieren patria para nuestros hijos. FUNAR nuestra fundación se solidariza con el compañero y hermano León Valencia, Laura bonilla y la corporación arcoiris, enviándoles nuestro apoyo total y exigiendo del estado a que escuche el clamor del pueblo colombiano y del mundo que pide que garantice las vidas de los defensores delos derechos humanos,los sindicalistas los estudiantes, los campesinos, toda la población colombiano que no comparte su pensamiento y sus practicas guerreristas.

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La Desaparición Forzada es obra del Estado Colombiano

(Colombia) (Autor: TIO)

El fin de semana pasado, los 6 jueces del Tribunal Internacional de Opinión sobre desapariciones Forzadas en Colombia, condenaron al Estado colombiano y sus representantes por el incumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la protección y el respeto de los derechos y libertades fundamentales a los ciudadanos y ciudadanas, tanto por omisión, permisión y acción directa.

Así mismo fue condenado por utilizar la desaparición forzada como arma política para eliminar al contradictor incurriéndo así en actos de terrorismo de Estado.

Los jueces le exigieron al Estado y sus representantes el cumplimiento y respeto de su mandato constitucional así como de los instrumentos jurídicos internacionales que ha suscrito y a los cuales se haya vinculado, la ratificación de manera inmediata y sin dilaciones de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada y la reforma de la ley 589 del 2000 y del articulo 165 del código penal colombiano conforme a la normativa internacional que regula y sanciona el delito de desaparición forzada.

Los casi 47 testimonios de las familias de victimas recogidos durante las sesiones del tribunal, cubren los años ochenta y noventa, pero incluyen casos recientes de los años 2000 a 2007. Lo que une estos casos es que todos son de familiares próximos a las victimas (madre, padre, hermanas, hermanos, hijos, hijas) y proceden de varias regiones como Antioquia, Santander, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena Medio, Caquetá, Meta, Tolima, Valle, Cauca, Huila- Muchos de los casos provienen de Antioquia, uno de los departamentos laboratorio según los testimonios donde las cooperativas de seguridad “convivir” fueron patrocinadas, creadas y reglamentadas por la gobernación departamental.

Previamente a esta sesión, se realizaron tres audiencias públicas regionales en las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, con el fin de preparar esta sesión del Tribunal. Igualmente se tuvieron en cuenta una serie de documentos de expertos en el tema que se convirtieron en material probatorio, algunos de los cuales se anexan a este veredicto. Los testimonios presentados fueron cometidos en muchos lugares de la geografía colombiana y representan una ínfima parte de los miles de casos que han sido documentados por las organizaciones de derechos humanos, existen 9000 desaparecidos registrados en ASFADDES desde el año 1982, la cifra registrada en los últimos 30 años llega a los 30000 y la realidad de esta cifra puede ser muy superior.

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Un General y 17 de sus Hombre responsables de masacre de jamundi

(Semana)
Otros 17 militares estarían implicados en el caso Jamundí
Entre los implicados, según pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación hay un general, por su presunta participación en el asesinato de once personas.
Fecha: 04/24/2008 -
La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos ayer contra 17 militares, entre ellos un general, por su presunta participación en el asesinato de 10 policías y un civil, el 22 de mayo de 2006 en Jamundí. En total serían 32 los miembros del Ejército Nacional que estarían involucrados en el crimen.

Entre los nuevos implicados está el Brigadier General Carlos Enrique Sánchez, Comandante de la Tercera Brigada con sede en Cali, quien habría autorizado la movilización del Batallón de Alta Montaña No. 3 hasta el lugar de la masacre. Según la Procuraduría el general habría obrado “sin los soportes de inteligencia debidos, desconociendo los parámetros para la movilización de tropa y definición de objetivos por jurisdicción, y omitiendo las competencias propias de los grupos especializados del Ejército nacional”.

También está siendo investigado por presunta coautoría el soldado Jorge Armando Vélez, quien era el conductor y escolta por esa época del coronel Byron Carvajal, jefe del batallón, quien ya fue condenado como responsable de la matanza el pasado febrero por el Juzgado Cuarto Penal Especializado de Cali, junto a 14 de sus hombres.

Los militares permanecen desde entonces recluidos en la cárcel de Villahermosa, donde esperan la condena. Estos 15 militares también fueron ya procesados por la Procuraduría, que los llamó a descargos.

La Procuraduría también pidió vincular a la investigación a 13 soldados y un cabo por coautoría impropia, es decir, por haber “ejecutado las tareas de control de acceso y vigilancia a la zona, entre tanto ocurrían los hechos, impidiendo el ingreso del personal de apoyo de la Policía Nacional que se hizo presente en el sitio y descartando cualquier acción de socorro y de auxilio a las víctimas, que al parecer, aún estarían con vida”.

Los acusados son: el Cabo Wilson Anselmo Gutiérrez Figueroa y los soldados Jesús Orlando Henao Gómez, Jhon Wilfredo Quisaboni Macias, Armando Nasayo Palencia, Alexander Peñaranda Sánchez, José Alexander Ospina Cortes, James Andrés Peñuela Garzón, Wilmer Pacheco García, Jhon Carlos Mendoza Tolosa, Isaac Peñuela Echavez, Wilson Muñoz Acevedo, Carlos Mario Quintero Flores, Leonardo Ortiz Meneses, Oscar Mosquera Palacios.

El Ministerio Público compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que formule acusación en contra de estos miembros del Ejército, si así lo considera pertinente.

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Crisis Humaninitaria en Taraza (Antioquia)

(Caracol)

Dos policias muertos y 14 heridos, ocasionaron dos hechos de orden público que se presentaron en Tarazá y San Andrés de Cuerquia en Antioquia.

El caso más delicado se presentó en Tarazá donde14 personas resultaron lesionadas, seis de ellas a bala. Además, dos carros fueron quemados y se presentó el saqueo de locales comerciales y el bloqueo total de la troncal norte hacia la costa caribe, por una protesta de campesinos que rechazan la erradicación de cultivos ilícitos.

En desarrollo de los disturbios fue atacado a bala el helicóptero en que se movilizaba el comandante regional de Policía, general Marco Antonio Pedreros, pero no logró ser impactado.

El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía en Antioquia, aseguró que detrás de la movilización campesina y de los actos violentos está el frente 18 de las FARC, que infiltró entre los manifestantes a personas con armas de largo y corto alcance.

El bloqueo de la troncal que comunica el interior del país con la costa Atlántica, ha hecho que cientos de vehículos permanezcan inmovilizados en ambos sentidos de la vía.

En la noche del domingo llegó a Tarazá un escuadrón especial de la policía anti motines enviado desde Montería y en las próximas horas se espera la llegada de otros destacamentos desde Medellín y Bogotá.

Los campesinos que participan en las protestas,unos 500, llegaron de los corregimientos La Caucana y El Guaímaro de Tarazá y Santa Rita de Ituango.

El otro hecho se presentó entre los municipios de Ituango y San Andrés de Cuerquia, cuando dos agentes de policía murieron volados por una carga explosiva en una trampa montada por guerrilleros de la Farc, en el norte de Antioquia.

Los subversivos interceptaron un bus que se movilizaba entre los municipios de Ituango y San Andrés de Cuerquia, y tras hacer descender al conductor y los pasajeros, lo atravesaron en la vía y cargaron con explosivos.

Cuando los agentes se hicieron presente en el lugar para desactivar el bus bomba, los guerrilleros detonaron una segunda carga que habían sembrado a un lado de la carretera.

A consecuencia de la explosión murieron un sub intendente del equipo investigador de la Sijín y un patrullero del grupo de antiexplosivos.

Los cadáveres de los dos agentes muertos no habían podido ser evacuados aún del sitio donde se registró el atentado dinamitero.

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Se intento Asesinar a Jorge Gamboa, presidente de la USO

Bogotá, abril 24 (El Tiempo). Habría ocurrido ayer miércoles en el caserío de Yarima, en el departamento de Santander, durante un acto de solidaridad con la huelga de un grupo de trabajadores de la industria de la palma.

Dos sicarios intentaron asesinar a Jorge Gamboa y al fallar huyeron del lugar con ayuda de la policía, según un comunicado de la USO.


Los atacantes y el arma fueron entregados a la policía, que actuó "como si no hubiese sucedido nada" y llevó a los acusados hacia una carretera "donde éstos abordan una moto particular que los esperaba", según la denuncia.

La USO responsabilizó a la policía y alertó sobre la posibilidad de nuevos ataques contra la comunidad de Yaruma.

Las denuncias sobre asesinatos y amenazas contra sindicalistas en el país mantienen en vilo la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de un tratado de libre comercio entre los dos países.

Un total de 22 sindicalistas han sido asesinados este año en Colombia según la Central Unitaria de Trabajadores.

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Detengamos el Genocidio en contra del pueblo Colombiano

FUNAR

"Asesinado un Sindicalista en Colombia, la lista aciende a 22 de lo que va del año", "Detenido primo hermano del Presidente Uribe por creacion de grupos Paramilitares", "Marchas Campesinas son reprimidas violentamente", "Crecen las amenazas en contra de los organizadores de la marcha del 6 de marzo", "Hasta hoy van mas de 6 asesinados", "La Justicia encuentra responsable a 12 militares de ser los Autores de la Masacres de 5 personas entre ellas 3 Niños","Continua el drama humano de los retendos por la guerrilla, Ingrid se encuentra gravemente enferma", y siguen mas y mas noticias lamentables de un pueblo que es victima de una política de estado permisiva, con el paramilitarismo, de estigmatizar como terrorista, como auxiliador y idiota útil de la guerrilla a todos aquellos que no se identifiquen con sus pensamientos.
todo esto ocurre en Colombia y lo insolito que es como si no pasara nada, el Presidente nuevamnete se presenta como parte de la victimas de un conflicto que se ha agudizado, presisamnte por su accionar prepotente y guerrerista. El mundo tiene que despertar y exiger a Uribe a sus mas sercanos colaboradores que concluyan los asesinato sistemático de dirigentes sindicales, activista políticos, defensores de derechos humanos, dirigentes estudiantiles, dirigentes campesinos, ect. y garantice el libre pensamiento y derecho a la protesta del los sectores democráticos, adversos a su polica de exclucion. ya escuchamos el llamado que hizo el primer ministro de inglaterra procupado por la ola de Asesinatos selectivo de personas vinculadas a sectores alternativos. No permitamos nuevamente un Genocidio como el acontecido con la Unión Patriótica en los /80. Es claro que esto tiene su ser a raiz de una recuperación de espacios de los sectores de Izquierda que apuntan por primera ves a la primera magistratura del país en el 2.010. Detengamos la barbarie de sectores violentos y apostemosle a la solución de los conflisto con inicitaivas de Paz y no con llamados a la Guerra.

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COMITE COLOMBIA ASOCIACION FRANCIA AMERICA LATINA Carta Abierta al Presidente de Colombia

Lyon, Francia.

Abril 20 de 2008
Señor
Álvaro Uribe Vélez
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA
Señor Presidente:

La Asociación Francia América Latina -Capitulo Colombia-, que tiene su sede en Lyon, Francia, organización social que desarrolla actividades en el marco de la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de una salida democrática al conflicto social y armado; se dirige a usted con el fin de manifestarle nuestra profunda preocupación por la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran los derechos constitucionales de ciudadanos miembros de Organizaciones de Derechos Humanos y de Organizaciones Sociales, cívicas y populares del País.

Ya el pasado 27 de Marzo, a propósito de las declaraciones del asesor presidencial José Obdulio Gaviria en contra de los líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado que impulsaron la marcha del 6 de Marzo, 22 organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos le enviaron un importante comunicado solicitándole medidas de protección para los líderes del movimiento. Igualmente, el 16 de abril de 2008 se hizo pública una carta enviada a Ud. por parte de congresistas norteamericanos en la que le piden alejar a funcionarios del Estado de comentarios "imprecisos y peligrosos".

Constatamos como a pesar de que importantes personalidades se dirijan a Ud. solicitándole active y ponga en marcha mecanismos reales y eficaces para que cese la violación a los derechos humanos en el país, el Estado continúa no sólo apático sino que además promueve un clima de violencia que deterioran el desarrollo y ejercicio de la democracia.

Luego de las afirmaciones del asesor presidencial 4 miembros de sindicatos han sido asesinados, y todos los líderes del Movimiento de Víctimas de Estado amenazados por grupos autodenominados "Águilas Negras" que no son otra cosa que las mismas estructuras paramilitares que se dicen en proceso de desmovilización en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Lo peor de todo es que, a pesar del clamor nacional e internacional, por impedir que se sigan cometiendo Desapariciones Forzadas, Asesinatos y Torturas por parte de miembros de la Fuerza Pública y de los grupos paramilitares, los que actúan con la aquiescencia de las F.F.AA., en las regiones, delitos, además, considerados como Crímenes de Lesa Humanidad, las amenazas contra la población civil y sus organizaciones sociales se siguen repitiendo. Es el caso de las nuevas amenazas proferidas contra personas y organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos como son FEDEAGROMISBOL, SEMBRAR, EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DEL MAGDALENA MEDIO Y SACERDOTES, por parte de integrantes de estructuras paramilitares que actúan de manera libre, pública y abierta en el Sur de Bolívar.

No entendemos, señor presidente, por qué extraño mecanismo de represión, la lucha contra-insurgente que adelanta el Estado para defender su democracia requiere del asesinato de líderes de organizaciones sociales y de la eliminación de organizaciones y partidos políticos de oposición. Consideramos que toda democracia exhorta a la participación conjunta de la población, por lo que el derecho al disentimiento y la oposición se encuentran garantizados en todo Estado democrático. Dado que es una verdad pública la existencia de vínculos entre altos políticos y parlamentarios, a nivel nacional y regional, con estructuras paramilitares, consideramos que usted es el primer convocado a impedir que una nueva ola de asesinatos termine con la ya conocida estela de victimas que se olvidan con el paso del tiempo gracias a la impunidad reinante en el país.

Finalmente, unimos nuestras voces a la demanda universal de respeto por los derechos humanos solicitándole de manera respetuosa:



1. Condenar públicamente toda estigmatización contra la actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en el país así­ como contra las denuncias por violaciones a dichos derechos.

2. Que condene la nueva oleada de ataques y reafirme el apoyo de su gobierno a la protección de sindicalistas y activistas sociales.

3. Garantizar la protección a la vida y a la integridad física de las personas miembros de las organizaciones amenazadas.

4. Asegurar una investigación inmediata e imparcial frente a los nuevos casos, castigue a los responsables y tome medidas para desmantelar las estructuras bajo las que actúan los grupos paramilitares.





COMITÉ COLOMBIA

-ASOCIACIÓN FRANCIA AMÉRICA LATINA-

Lyon, Francia.

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“Todos se queman menos el Presidente"

Por Anna Karina Rosales

Berna, abril 23 (Radio Nederland). La periodista Anna Karina Rosales entrevistó a la asilada dirigente comunista Aída Avella, y el texto completo de sus declaraciones ha sido recogidas hoy en la edición de la Web del PCC.

Anna Karina Rosales - No por nada vive usted en el exilio, la Unión Patriótica, su partido, ha sido una de las opciones políticas más golpeadas de Colombia. ¿Cuánto han cambiado las cosas en los más de 10 años que se encuentra fuera?

Aida Avella.- Han cambiado para mal. El país está peor. Pienso que la situación de "política de guerra" que tiene el actual presidente ha agudizado la situación, no solamente de derechos humanos. Yo pienso que hay en este momento una verdadera intolerancia política, azuzada desde el Presidente de la República para abajo, lo que viene a complicar un poco las cosas. Cito ejemplos: en el plano de los trabajadores se sigue asesinando. Llevamos en el año 2008 por lo menos 20 trabajadores asesinados y acabo de recibir un fax en el cual me informan que un dirigente nacional judicial ha sido amenazado de la forma más cruel en la ciudad de Medellín. Continúan también las amenazas a los dirigentes de la marcha del 6 de marzo pasado. El 12 de marzo les llegó una amenaza a todos los que estuvieron en el comité organizador, entre los cuales hay muchas mujeres. La situación se ha vuelto tan intolerante que hasta han pensado hacer una reforma política para excluir a los partidos que no son ricos y que no pertenecen al gobierno. Esto ocasionaría un corte muy complejo de lo que puede ser la oposición en Colombia. A.K.R.- Está diciendo que no ha disminuido la participación de agentes del estado en la eliminación de sus opositores?

A.A.- En absolutamente nada. Al contrario nosotros creemos que hay un clima de franca impunidad, después de aprobada la Ley de Justicia y Paz, que quiere simplemente castigar a los que han realizado las grandes masacres, han descuartizado a la gente, han bebido de su sangre, han comido hasta sus carnes, las han quemado vivas, otras las han cortado con motosierra. Todas esas gentes que han hecho semejantes cosas tan espantosas, crímenes de lesa humanidad, han recibido sólo un castigo de 8 años, contando desde el momento en que supuestamente realizaron los pactos con el gobierno. Y esto nos tiene muy preocupados porque a nivel de los derechos humanos seguimos siendo uno de los países más violadores en el mundo.

A.K.R.- ¿Qué opina del proceso de purga por la Corte Suprema de Justicia, si el hecho de que ya se ha abierto investigaciones a más de 50 parlamentarios por sus supuestos vínculos con el para militarismo significa que efectivamente se está yendo por el buen camino?

A.A.- Esta es una característica que ha tenido este gobierno, que es un estado mafioso. Que se ha aliado precisamente para acceder al poder con no solamente narcotraficantes sino también con los jefes paramilitares. Algunos de ellos provienen del narcotráfico, y ha habido lucro para llegar al parlamento. Lo que se está comprobando con esto es que los mismos votos que eligieron a estos parlamentarios, que ya van como 30 en la cárcel y efectivamente van como 50 que son investigados, forman más de la tercera parte del parlamento. El problema es muy profundo pues todos los partidos de la coalición de gobierno están en este momento comprometidos y se comprueba que estos votos no fueron conseguidos de una manera democrática, por el querer de la gente, sino que estos votos fueron obligados.

A.K.R.- El presidente Uribe se ha manifestado a favor del proyecto de reforma que pide sancionar a los partidos que avalen políticos vinculados a grupos ilegales. ¿No demuestra esto su buena voluntad y vocación democrática?.

A.A.- Lo que creo es que el presidente está tratando de detener un derrumbe que se le viene encima, porque los mismos votos que eligieron a los parlamentarios son los mismos votos que eligieron al presidente. El tiene una inmensa responsabilidad y por eso plantea la famosa reforma política, diciendo que las sillas vacías serán irremplazables. A ese paso yo creo que el Congreso va a estar o a medias, o menos de medias. Es un Congreso no legítimo, un Congreso que no tiene ninguna legitimidad

A.K.R.- Nos da la impresión que el Congreso es el que pierde legitimidad pero no el ejecutivo, en otras palabras que llueve pero el presidente no se moja.

A.A.- Ese es uno de los factores que en Colombia han llamado el fenómeno "teflón". Es decir todo el mundo se quema menos el presidente. Pero yo creo que aquí hay una buena dosis de responsabilidad de una serie de sectores, que no pertenecen al Estado o que pertenecen indirectamente pero, que son los que manejan los principales grupos políticos y económicos. Estos son las grandes emisoras de Colombia y los grandes periódicos, empezando con El Tiempo, cuyo copropietario es familia del vicepresidente de la república el señor Santos. Estos casos son tan complejos que por ejemplo, el vicepresidente Santos ha estado reunido -según lo dijo el paramilitar Salvatore Mancuso- varias veces con él, antes de desmovilizarse. En una de las veces que el vicepresidente se reunió con él, le pidió la creación de un bloque paramilitar para la capital de la República y, en este momento, es uno de los bloques que está actuando contra los dirigentes sindicales. El bloque que ya ha asesinado a dirigentes sindicales en Bogotá y que amenaza seriamente a defensores de derechos humanos y a la sociedad civil. La prensa ignoró todo esto en la practica o cubrió el hecho muy débilmente. En Colombia desafortunadamente hay un control sobre los medios de comunicación muy sutil, como toda la perversidad que ha rodeado la política colombiana. Aquí se enaltece al señor presidente y hasta lo ponen como un Mesías . Es el único que ha podido hacer las cosas, es el más inteligente, es el más bueno, es el que tiene las carreteras con seguridad. Por otro lado ignoran lo que está pasando, el asesinato de trabajadores que en las protestas, han impedido que se firme y salga por votación el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El TLC se ahogó para Colombia, gracias en buena parte a la presión de los sindicatos por los crímenes de los trabajadores en Colombia. Desde luego que el presidente tiene que responder por donde quiera que vaya por qué su política ha estado muy a favor de los paramilitares. Pero ahí vemos que en Colombia sobretodo la radio y la televisión, que están en manos de los grandes dueños de los medios de producción y que son los dueños a su vez de los grandes medios de comunicación y de los grupos financieros, hacen que no exista una opinión pública. Lo que existe es una opinión dirigida por los grandes medios que avalan y que tapan muchas de las informaciones que debe conocer el pueblo si se tratara de una verdadera democracia.

A.K.R.- La oposición, que es contraria a la reforma, propone convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que siente las bases de una verdadera reforma electoral en Colombia. ¿Cuán decisivo considera esto, que se cambie la constitución colombiana?.

A.A.- Quienes estuvimos en la Constitución del 91 pensamos que era una constitución para mucho tiempo, pero lo que hemos visto es que en la práctica esta ha tenido tantas reformas que se ha desdibujado completamente y que la han puesto al servicio de quien maneja el gobierno. Por ejemplo, con la reelección se cambió toda una serie de criterios que había en la elección de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del consejo de la Adjudicatura, del propio Fiscal General de la nación. Antes, todas estas entidades eran elegidas o por el parlamento saliente, o por las personas que estaban en el gobierno anterior y cuando llegaba el otro gobierno, encontraba ya estas entidades completamente elegidas. Como esta vez ha habido una reelección todas estas entidades se quedan manos de quienes gobiernan, en manos del ejecutivo. A ese paso vamos a llegar a lo que hacen las dictaduras, donde una persona maneja todos los hilos del poder y esto va a hacer aún más complicada la situación en Colombia.

A.K.R.- Su partido la Unión Patriótica en su momento representó una opción. ¿Qué espacio queda para hacer política de izquierda en Colombia?.

A.A.- En este momento está el Polo Democrático que tiene una buena cantidad de parlamentarios. Se ha avanzado en algunas regiones, en consejos y en asambleas departamentales. Pero también hay mucha dificultad porque también empiezan a matar a la gente. Entonces todos nos preguntamos si la democracia colombiana permitirá algún día que se juegue en ese extraño juego de la democracia, es decir que los votos sirvan para algo. Que los votos sirvan para decir a la gente que, independientemente de su criterio político, puedan estar en las diferentes corporaciones públicas. Lo que vemos es todo lo contrario. Están haciendo todo el esfuerzo por equilibrarlo todo hacia un lado. Eso en otros términos se llama una dictadura. Pero claro, en Colombia emplean el voto, el ritual de la democracia, que son las elecciones populares. Pensamos que si se realiza una Asamblea Nacional constituyente habría que fijar normas muy claras, y habría que ver si efectivamente tenemos la necesidad imperiosa de reformar una constitución y en qué artículos.

A.K.R.- Usted acaba de participar en una mesa dedicada a la mujer y el conflicto colombiano. ¿Cuán importante es que desde este ángulo, desde esta perspectiva de género, se discuta sobre el conflicto y sus posibles soluciones?.

A.A.- Es muy interesante porque las mujeres estamos incursionando en todos los temas políticos y en todos los temas sociales. En Colombia vemos que el interés de la mujer es no solamente en la actividad política sino también en la actividad social, en la actividad empresarial, en la actividad incluso de toma de decisiones. Vemos también por ejemplo el movimiento de víctimas, el movimiento de derechos humanos. Las mujeres militan de una forma muy comprometida, de una forma bastante arriesgada. En los sindicatos las mujeres están dirigiendo muchas organizaciones y también sufren de amenazas, y en el peor de los casos de asesinato. Y desde luego que también hay otros problemas que se derivan del conflicto, y las mujeres tenemos opiniones políticas sobre lo que está pasando en Colombia. Estas discusiones en el plano internacional son necesarias para que nuestro país no se quede en el aislamiento. Colombia juega un papel en el contexto internacional y es importante que no se deje de hablar de por ejemplo proyectos como el TLC. La actividad de los sindicatos en ese sentido y su postura en contra de este proyecto no debe dejar de mencionarse pues existen organizaciones que no están de acuerdo con que se mate a la gente por sus creencias políticas o por sus creencias y militancias sociales. Escuchar audio en www.aporrea.org

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VERDAD EN MASACRE DE SAN JOSE DE APARTADÓ SE IMPONE A MENTIRA ESTATAL

(Colombia) (Autor: Juan Diego Restrepo E - IPS)

Los resultados que viene arrojando la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre la masacre de 8 personas, 5 adultos y tres niños, ocurrida el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, demuestra que, poco a poco, la verdad de las comunidades se impone a la mentira estatal, así esta última sea repetida mil veces.

En una decisión proferida el pasado 15 de abril, el ente acusador dictó medida de aseguramiento contra seis de los trece militares capturados el pasado 27 de marzo, sindicados de participar en la masacre. La medida, que consiste en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional, afecta al teniente Alejandro Jaramillo Giraldo y al subteniente (r) Jorge Humberto Milanés Vega, así como a los sargentos Henry Cuasmayán Ortega, Ángel Padilla Petro y Sabaraín Cruz Reina, y al cabo segundo Ricardo Bastidas Candia.

Todos ellos deberán responder como presuntos coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, en cuyos atroces hechos fueron asesinados a machetazos Luis Eduardo Guerra y su esposa Beyanira Aleiza, así como a Deyner Andrés, hijo de Guerra, de 11 años, cuyo cuerpo fue decapitado; Alfonso Bolívar Tuberquia, su esposa Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia, de 5 años, y Santiago, de 2 años, así como Alejandro Pérez, jornalero de oficio.

La decisión no sorprende, pues desde el mismo momento en que se conoció la cruenta incursión, los habitantes de la Comunidad de Paz denunciaron que en ella habían participado miembros de grupos paramilitares apoyados por tropas del Ejército adscritas a la Brigada XVII del Ejército con sede En Carepa, población también del Urabá antioqueño.

Lo que sí sorprende es el silencio del Gobierno nacional, del estamento militar y de los propios medios de comunicación, que, pese a las evidencias y a las decisiones judiciales, aún no responden por los graves y falsos señalamientos contra la Comunidad de Paz, que, de manera conjunta, relacionaron a sus pobladores con la guerrilla de las Farc.

Cronología de la mentira La primera mentira estatal corrió por cuenta de un “ex guerrillero” de las Farc, quien en amplias declaraciones dadas a la prensa y divulgadas en la primera semana de marzo de 2005, señaló a las Farc como responsable de la masacre porque tenía información de que algunas de las víctimas iban a abandonar la comunidad. “La guerrilla ordena cómo se hacen muchas cosas en el pueblo. Al que no le gusta lo fusilan”, dijo este supuesto insurgente, quien recibía protección del Gobierno nacional.

Lo grave de esta falsa versión es que comenzó a ser reproducida por el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Así quedó demostrado el domingo 20 de marzo de 2005. Ese día, al finalizar un consejo de seguridad realizado en Apartadó, el Presidente leyó un comunicado en el cual afirmó que “en esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados, por personas que han residido allí, de auxiliar a las Farc y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista”.

El entonces Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, le salió al paso a los señalamientos que desde Europa hacían diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos y explicó en una carta, fechada el 18 de marzo, que “en ocasiones estas agrupaciones han utilizado dichas comunidades como refugio para sus actividades delictivas. La Comunidad de San José de Apartado no ha sido la excepción”.

La estigmatización de la Comunidad de Paz continuó por parte del Ejército Nacional, institución que a través de un comunicado calificó de “coincidencias sospechosas” algunos detalles de la masacre, entre ellas que Luis Eduardo Guerra “había expresado su intención de retirarse de la comunidad”. Sobre Alejandro Pérez, a quien definió como “cabecilla de milicias de la región La Cristalina”, dijo que también habría expresado su deseo de acogerse a programas de reinserción e iniciado gestiones para tal fin; y de Alfonso Bolívar Tuberquia afirmó que “estaba siendo acusado por las Farc de haber servido como informante de las tropas en un caso en el cual fue dado de baja un peligroso bandido, cabecilla del V Frente de las Farc”.

En la construcción de la mentira también se involucró la Fiscalía Regional de Antioquia, que a través del director regional en esa época, Francisco Galvis Ramos, declaró que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó “era un veraniadero de las Farc”.

A todos ellos le hicieron eco los medios de comunicación que, sin dudar de las versiones estatales, reprodujeron sus sindicaciones y editorializaron sobre ello, estigmatizando aún más a los habitantes de la Comunidad de Paz. La propaganda estatal logró entonces capitalizar todos los ámbitos para cerrarle espacios a las víctimas, una práctica reiterada a lo largo de estos años de guerra en Colombia.

Los pasos de la verdad Las versiones de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que operaron en el Urabá antioqueño, chocoano y cordobés le vienen rompiendo la falsa versión al Gobierno nacional, acusando a varios miembros del Ejército de haber perpetrado esta masacre en asocio con grupos paramilitares, lo que complementa lo dicho a gritos por la Comunidad de Paz días después de la masacre, sin que fuera escuchada por las autoridades.

Un abanderado de este proceso ha sido el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien acompaña esta iniciativa de paz desde el mismo momento de su constitución, el 23 de marzo de 1997. Su voz nunca ha vacilado para señalar la persecución estatal y paramilitar a la que ha sido sometida la Comunidad de Paz por defender el concepto de neutralidad y no aceptar a los actores armados, sean legales e ilegales en su territorio.

El padre Giraldo siempre ha sido claro al resaltar la complicidad del Estado en el crimen de los 8 pobladores de la Comunidad de Paz. Sus propias indagaciones y las que viene arrojando el proceso en la Fiscalía permiten concluir que este crimen fue perpetrado de manera conjunta por tropas del Ejército y grupos paramilitares.

Uno de los aspectos de los autores de la masacre aún no ha sido dimensionado en sus justas proporciones. De acuerdo con las versiones de los excombatientes de las Auc, el bloque paramilitar que participó en la incursión fue el Héroes de Tolová, estructura que estaba al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, quien para esa época hacía parte del Estado Mayor de las Auc y cuyos compromisos de desmovilización incluían el cese de operaciones.

De acuerdo con las indagaciones del padre Giraldo, que obran en los expedientes del proceso que adelanta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que miembros del Ejército llamaron a los comandantes de este bloque de las Auc para perpetrar la incursión de manera conjunta, acción que revela la relación sistemática de los paramilitares con las fuerzas armadas constitucionales, la cual venía de tiempo atrás, cuando el grupo armado ilegal estableció su base de operaciones en el poblado Nueva Antioquia, en Turbo, y permaneció allí por más de una década.

Los resultados de la investigación sobre estos atroces hechos permite establecer que las autoridades, desde el más alto nivel, mintieron de manera premeditada y construyeron una mentira a conciencia. Las falsas versiones, tanto de la Presidencia de la República como las del Ministerio de Defensa, la Comandancia del Ejército y de la Fiscalía Regional de Antioquia, divulgadas ampliamente por los medios de comunicación, reclaman, además de una retractación pública, la acción de la justicia, pues tal manipulación de la verdad lo único que refleja es complicidad.

(*) Editor Agencia de Prensa IPC Medellín, Colombia (57 4) 284 90 35 www.ipc.org.co

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Gobierno de Costa Rica rechazó por "improcedente" solicitud de asilo presentada por Mario Uribe

Abril 22 de 2008

Un caso atípico de asilo es el de Mario Uribe, asegura Rodrigo Pardo, director de Cambio

La decisión fue comunicada esta noche por la Cancillería de ese país. Representantes de víctimas y expertos habían solicitado al presidente costarricense, Óscar Arias, que no concediera el beneficio.

Una carta enviada por la Fiscalía General de la Nación al ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica fue determinante para que el gobierno de este país centroamericano tomara la determinación de negar la solicitud de asilo político al ex senador Mario Uribe.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado debida nota de la comunicación remitida por parte de la Fiscalía de la Nación, de Colombia, en que se da cuenta que se ha dictado una orden de captura contra el señor Uribe Escobar 'por el delito de concierto para delinquir consistente en concertarse para promover grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares)' y de la preocupación de que el señor Uribe 'no evada los requerimientos de la justicia colombiana', afirmó en un comunicado la Cancillería costarricense.

"En conocimiento de los antecedentes del caso, provenientes, en particular, de la Fiscalía de Colombia; amparado en los principios y normas del derecho de asilo, y con base en la información disponible, considera improcedente dicha solicitud", agrega la Cancillería de Costa Rica.

Y agrega que esa cartera tomó atenta nota de la información suministrada por la Fiscalía con relación a la orden de captura contra Uribe por el delito de concierto para delinquir por la conformación de "grupos armados al margen de la ley (autodefensas o paramilitares".

El ministerio de Relaciones Exteriores también da a conocer la preocupación de la Fiscalía de que Uribe "evada los requerimientos de la justicia colombiana".

Carta para presionar el no al asilo

En una carta entregada esta tarde en la sede diplomática por la politóloga Claudia López, representantes de la academia habían señalado que el concierto para delinquir agravado no puede ser considerado un delito político.

La misiva fue firmada por el ex presidente de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes; la directora de la Fundación Congreso Visible, Elizabeth Ungar, y Armando Novoa, ex presidente de la Comisión Legislativa, entre otros.

"Al igual que todos los ciudadanos colombianos, el senador Uribe tiene el deber constitucional de presentarse ante la administración de justicia cuando ella así lo requiere. Por eso, nos permitimos solicitarle que se sirva negar la solicitud de asilo que le fuera elevada por el senador Uribe", afirma la comunicación.

Mario Uribe llegó a la sede de la embajada antes de las 10 de la mañana, la misma hora era esperado por la Fiscalía para su entrega.

El primo del Presidente llegó al lugar en completo sigilo, acompañado de su abogado José de Carmen Ortega.

Su presencia interrumpió la normalidad de los funcionarios que a esa hora despachaba a algunos colombianos que hacían trámites para viajar al país centroamericano.

"Ajeno a la voluntad del consulado y del Gobierno de Costa Rica, no se entregarán documentos el día de hoy", se leía en el letrero que colgaron sobre la pared azul de la barda que rodea la embajada.

Horas más tarde, los miembros del movimiento de víctimas instalaron frente a la Embajada un ataúd de un 1,80 centímetros de alto, una motosierra y partes de un cuerpo hechas en en icopor. Además, le dieron una serenata a Uribe como forma de protesta contra su petición.

Una decena de jóvenes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, vestidos con camisetas naranja y la frase "Sin olvido" en la espalda, comenzaron a colgar de las rejas de un edificio aledaño a la misión diplomática, decenas de fotos de víctimas como Jaime Pardo Leal, Jaime Garzón y miembros de la Unión Patriótica, entre otros.

"En este caso no procede el derecho de asilo (...) A él (Mario Uribe) no lo está persiguiendo el Estado. Él es primo del Presidente de la República y ha sido presidente del Congreso. Él ha tenido todas las garantías. Aquí lo que hay es un intento de huir de la justicia", exclamó Jairo Ramírez, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Unos 30 periodistas de medios colombianos y extranjeros permanecen atentos a lo que ocurra en la sede diplomática.



Recuento de lo Acontecido


"...MARIO URIBE ESCOBAR, se desempeñó como político en Antioquia, por el Partido Colombia Democrática, es primo hermano del Presidente de Colombia ALVARO URIBE VÉLEZ, fundador y vocero de su partido, y ex presidente del Senado, y en la actualidad se encuentra vinculado a investigación por el delito de Concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con organizaciones paramilitares; presuntas reuniones con estas estructuras ilegales; presunto apoyo paramilitar en su campaña electoral.

El ex senador MARIO URIBE ESCOBAR, fue vinculado al proceso por las informaciones suministradas por el ex paramilitar JAIRO CASTILLO PERALTA, recaudadas desde hace ocho años, en virtud de las cuales se estableció que URIBE ESCOBAR asistió a varias reuniones en Antioquia, Córdoba y Sucre, para presuntamente obtener tierras con organizaciones paramilitares en Antioquia y Sucre, lo que le valió ser propietario de grandes extensiones de tierra. Según el mismo Castillo, "la estrategia era la de intimidar a los finqueros para comprarles barato sus predios"..."
Bogotá D.C., 22 de Abril de 2008


Excelentísimo Embajador(a)

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA EN COLOMBIA.

Atte.

E.S.D.




NELSON PARRA

Redactor de EL TIEMPO
"Queremos pedir que se entregue el ex senador Mario Uribe. Hay una orden de captura en su contra y creemos que debe ser acatada en este momento, porque no puede ser que pesonas que están siendo buscadas por los organismos judiciales recurran a una figura como la del asilo político para cubrir crímenes que deben ser investigados y sancionados por la justicia colombiana", dijo Ivan Cepeda. Hasta la embajada de ese país, norte de Bogotá, también llegó Iván Cepeda, defensor de los derechos humanos, quien dijo que las víctimas de 'paras' presionarán para que no se le brinde el refugio.
José del Carmen Ortega, uno de sus abogados, confirmó que en este momento el ex senador está en la sede de la embajada de ese país redactando los terminos de su solicitud.

La primera intención de Uribe Escobar es permanecer en ese recinto diplomático mientras consigue garantías para salir del país, según fuentes cercanas al caso.

Aunque aún está redactando la carta solicitando el asilo, se conoció extraoficialmente que argumentará una supuesta falta de garantías para un proceso penal en Colombia. La Cancillería costarricense dice que aún no se ha hecho oficial la petición de asilo.

El antecedente más directo es el caso del ex ministro Álvaro Leyva, quien fue investigado a finales de los 90 por supuesto enriquecimiento ilícito con plata del narcotráfico. Leyva se refugió en Costa Rica, que se negó a extraditarlo, y finalmente su caso se cayó en la Fiscalía y pudo regresar al país.

La decisión fue tan sorpresiva que incluso otro de sus abogados desconocía la intención de Uribe Escobar.

Personal de CTI está afuera de la embajada, esperando para capturar a Uribe Escobar.

Al primo del presidente Álvaro Uribe y presidente del partido Colombia Democrática se le dictó medida de aseguramiento por concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley.

Hay pruebas de dos reuniones en las que supuestamente Uribe Escobar acordó una estrategia para beneficiarse políticamente de los paramilitares, una de ellas con Mancuso en el 2002, y la otra a principios del 1998 con 'paras' de Sucre y Córdoba, según la Fiscalía.

La decisión fue tomada por el fiscal delegado ante la Corte, Ramiro Marín, seis meses después de que Uribe renunciara a su fuero.

Con él son 33 los congresistas detenidos por 'parapolítica'.

Las evidencias en su contra

Jairo Castillo Peralta, 'Pitirri', testigo estrella de la Corte en el expediente parapolítico, dice que el ex senador se reunió con los 'paras' de Sucre para echar a andar una estrategia que le permitiera apoderarse de haciendas en la zona rural de Caucasia(Antioquia), en Sucre y Bolívar, área conocida como La Mojana.

Agrega que estuvo en dos encuentros con Uribe Escobar en 1998, para hablar del tema, y que estas reuniones se hicieron en la casa de Olegario Otero, un ganadero que apoyaba con plata a los 'paras'.

Uribe Escobar también tuvo negocios de tierras con Juan Carlos Sierra, 'El Tuso', un narco que terminó colado en Ralito como jefe 'para'. El político ha dicho que fue una relación "accidental y transitoria" y que en ese entonces Sierra no tenía antecedentes.

El ex congresista niega las acusaciones e invita que cualquiera revise sus propiedades.

Reuniones con 'paras'

Por su parte el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo ante la Fiscalía que en el 2002 se reunió dos veces con el senador Mario Uribe para acordar apoyos y alianzas con miras a ganar las elecciones en Córdoba y que lo hizo a través de Eleonora Pineda: "Le dimos votos", aseguró. Sin embargo luego se retractó

La ex representante Pineda, expulsada por Mario Uribe de su partido en el 2006, ratifica todo lo dicho por Salvatore Mancuso. Entre otras, afirma, que ella fue quien lo llevó a la primera reunión con los paramilitares.

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Otro Sindicalista Asesinado

Bogotá, abril 22 (Sindesena). Un sindicalista fue asesinado en el norte de Colombia elevándose a 22 los dirigentes obreros ultimados en lo que va del año, un asunto que tiene en vilo la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, informaron este lunes las autoridades.
Jesús Caballero, directivo del Sindicato del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, estatal), fue hallado este lunes sin vida y con huellas de tortura en el municipio Sabanalarga (1.000 km al norte de Bogotá, en el departamento de Atlántico), según el gobierno y agremiaciones sindicales.

Caballero "fue secuestrado el 16 de abril y encontrado con impresionantes señales de tortura que evidencian la sevicia con la que fue asesinado", sostuvo Carlos Rodríguez, presidente de la mayor unión obrera del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Rodríguez evocó que el dirigente era "instructor de derechos humanos", y subrayó que con él son 22 los sindicalistas asesinados este año en Colombia.

Caballero habría recibido amenazas de paramilitares de ultraderecha, según fuentes sindicales, que indicaron que el activista fue uno de los promotores de una marcha el 6 de marzo contra esos grupos y los crímenes de Estado.

"El incremento de los asesinatos frente al primer trimestre de 2007 llega al 77%, lo que ligado a las múltiples amenazas de que venimos siendo objeto ameritan el respaldo internacional", apuntó Rodríguez.

El presidente Álvaro Uribe ofreció unos 52.000 dólares por información que conduzca a los criminales, y señaló que el interés de éstos pareciera ser decirle al Congreso estadounidense que "Colombia es el país más peligroso" para los sindicalistas, con el fin de que "no aprueben el TLC".

"Parece que su interés, más allá del asesinato, es desacreditar al país ante la comunidad internacional", afirmó.

La oposición demócrata norteamericana rechaza avalar el acuerdo con el argumento de que Bogotá debe hacer más para proteger a los líderes obreros, que según varias ONG son víctimas frecuentes de ataques o asesinados por luchar por sus derechos.

La CUT asegura que desde su creación, en 1986, han sido ultimados 2.597 sindicalistas y el 97% de los homicidios está en la impunidad.

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El pueblo Colombiano evita con una acción de tutela la extradicion de "macaco"

El Tiempo

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca determinó que Carlos Mario Jiménez no puede irse del país hasta que sea juzgado y repare a las víctimas. Gobierno apelará.

Esto puede hacerse ante el Consejo Superior de la Judicatura y en última instancia en la Corte Constitucional.

"El Gobierno no puede extraditar al señor mientras él no responda por sus delitos de lesa humanidad en Colombia y no repare a las víctimas", explicó Martha Inés Montaña, magistrada que tomó la decisión.

Esta se basó en una reciente providencia de la Corte Suprema que, por primera vez desde la restitución de la extradición de colombianos en 1997, condicionó la aplicación de esa figura a los derechos de las víctimas.

La decisión tiene 108 páginas y solo admitió el reclamo que hizo el ciudadano Fabio Augusto Gómez Sierra, quien acreditó ser víctima del jefe paramilitar.

Le ordena al Gobierno modificar la resolución por la que autorizó la extradición de 'Macaco' el pasado 3 de abril en este sentido:

"Mantener la concesión de la extradición, pero la entrega se hará de forma diferida hasta tanto ('Macaco') sea investigado y juzgado por sus graves delitos cometidos en el territorio combiano y hasta que cumpla las condenas impuestas en su contra y repare a las víctimas en forma integral".

Unas tres mil personas se han registrado oficialmente como afectadas por los crímenes de los grupos dirigidos por 'Macaco'.

En este momento 'Macaco' está siendo trasladado en un helicóptero desde la cárcel de Cómbita a Bogotá, pues tiene una audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Allí se definirá si lo sacan de Justicia y Paz, como lo pidieron el Gobierno y la Fiscalía.

El jefe 'para' ha seguido asociado a las bandas del narcotráfico y que es considerado como uno de los cerebros de las 'Águilas Negras'.

La tutela

El Movimiento Nacional de Víctimas del Paramilitarismo y Crímenes de Estado había presentado este recurso para evitar que 'Macaco' fuera extraditado a Estados Unidos para responder por narcotráfico.

"Los graves crímenes cometidos por él son crímenes de lesa humanidad, más graves que el de narcotrafico y deben ser juzgados en Colombia", dijo Fabio Augusto Gómez, quien presentó la demanda.

Las víctimas adjuntaron copias de dos informes entregados el 29 de junio del 2006 al Fiscal General con tres mil casos entre de crímenes contra la humanidad y genocidio, que consideran fueron cometidos por los miembros del grupo del ex jefe paramilitar.

El gobierno excluyó a Jiménez de los beneficios de Justicia y Paz en agosto del 2007, al recibir la nota verbal del gobierno estadounidense en la que solicitaba su extradición, considerando que el ex jefe paramilitar continuaba delinquiendo desde la cárcel.

El 3 de marzo, la Corte Suprema emitió concepto favorable a su extradición y al día siguiente el presidente Álvaro Uribe la autorizó.

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LOS PUEBLOS QUE NO LUCHAN TIENDEN A DESAPARECER: AUDIENCIA PRELIMINAR INDIGENA EN ARAUCA!!!!

DECLARACIÓN PÚBLICA:

Nosotros los pueblos indígenas U’was y Sikuani de los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare y Santander, junto con otros pueblos indígenas de Colombia y Venezuela, acompañados de los sectores sociales del oriente, la comunidad nacional e internacional; nos reunimos en el marco de la Audiencia Indígena que desarrollaremos en la Sierra Nevada y la gran Audiencia final en Bogotá, del Tribunal Permanente de los Pueblos, y haciendo uso de nuestra autonomía, gobierno propio y el derecho absoluto que tienen los pueblos originarios, cumplir con nuestra audiencia preliminar y en ella discutir y determinar sobre la problemática que hoy afectan a nuestras comunidades, respecto a la intervención del Estado y de las empresas Trasnacionales y sus proyectos económicos en nuestros territorios.
Considerando que hemos sido víctimas permanentes de la sociedad mayoritaria, por la persecución política, cultural, económica, por el robo y saqueo constante de nuestro territorio y recursos naturales, acciones inhumanas que solo destruyen la vida, nuestra cultura… nuestra vida. Realidad que ha llevado a la perdida de nuestra identidad; al desplazamiento forzado; a la perdida nuestra autoridad y gobierno; a la afectación a nuestros derechos sociales económicos y culturales…

Hoy nuevamente, los pueblos indígenas nos hemos reunido reivindicando nuestros propios procesos de lucha, en nuestros propios espacios y desde este evento, hemos fortalecido nuestros lazos de unidad entre el pueblo Sikuani y el pueblo U’wa; hemos hecho la causa de uno la causa de todos, y como pueblos que se unen en la lucha por la vida, por la soberanía y la permanencia, DECLARAMOS a la OPINIÓN PÚBLICA REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL:

1. MANTENER NUESTRA LUCHA POR LA AUTONOMÍA, GOBIERNO PROPIO Y EL DERECHO ABSOLUTO QUE TIENEN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, Y EL RECONOCIMIENTO

o Del Territorio: Somos una sola unidad hombre y naturaleza, pueblo y naturaleza, por ello, el rescate a territorios ancestrales expropiados a nuestras comunidades y la defensa por mantener los que hoy están determinados, se vuelve una acción fundamental, por lo que es urgente impedir la presencia de empresas Trasnacionales, Nacionales o Regionales que bajo el apoyo del Estado y los gobiernos de turno y como hecho violatorio irrumpen para despojarnos de él y saquear nuestros recursos.

o De nuestro Derecho Mayor y la Unidad: Mantener, reconstruir y rescatar nuestras normas, las que históricamente hemos conservado como leyes de origen, que nos han permitido mantener relaciones recíprocas entre nosotros, nuestro entorno y con los pueblos hermanos. Y a partir de nuestro fundamento jurídico y nuestra concepción de mundo, interlocutar con otras formas de sociedad y de gobierno, en donde predomine el respeto y la autodeterminación.

o De nuestra Cosmovisión: Mantener nuestras tradiciones, lengua, cultura, ceremonias, saberes que milenariamente hemos tenido y que nos unen e identifican.

o De nuestra Economía: En donde un requisito fundamental ha sido nuestro territorio, con el que hemos podido bajo la orientación del saber cultural trasmitido por nuestros ancianos, derivar milenariamente nuestra supervivencia y mantener nuestra resistencia.

2. MANTENER NUESTRA LUCHA POR LA UNIDAD

Como pueblos indígenas U’was y Sikuanis trabajamos por la unidad. Los U’was, somos un solo pueblo que habitamos un territorio histórico sin divisiones, inmerso dentro de un estado hegemónico, que funciona bajo parámetros políticos territoriales diferentes a los nuestros, procurándonos divisiones “políticas”, con las que se proponen garantizar su hegemonía y control territorial. Igualmente, los Sikuani, hemos sido sometidos bajo este sistema, sufriendo más despiadadamente este encuentro cultural llevándonos casi al extermino como pueblo.

Esta unidad debe trascender al hermanamiento de todos los pueblos indígenas y demás movimientos sociales y populares de Colombia y América, como elemento integrador de la autoridad indígena bajo el respeto de las particularidades culturales.

Como pueblos indígenas del oriente, asumiremos nuestra cotidianidad alrededor de fortalecer el gobierno autónomo y la justicia tradicional.

3. MANTENER LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, HUMANOS Y LA PAZ

El respeto a los Derechos Humanos, que nos han sido vulnerados a través del genocidio, ecocidio y etnocidio propiciado por los intereses de las trasnacionales, el Estado, los gobiernos nacionales y regionales, igualmente, por los atropellos de las organizaciones insurgentes. Nos lleva a adelantar acciones continuas dirigidas a garantizar una respuesta adecuada a estas violaciones.

Como pueblos originarios en el marco de nuestra autonomía y gobierno propio, ratificamos la determinación del séptimo congreso de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena - ONIC, en donde se adopta desde lo propio la declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo.

POR LO TANTO EXIGIMOS AL ESTADO COLOMBIANO

o Respetar y aplicar los derechos consagrados en nuestra declaración.
o Garantizar el cumplimiento de los derechos logrados en el marco del convenio 169 de la OIT, ratificado mediante ley 21 de 1991.
o El respeto por la vida, el territorio, los Derechos Humanos, la libre expresión, opinión y asociación.
o A los organismos de control, acciones oportunas para el esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación integral colectivas.

INVITAMOS:

• A la solidaridad nacional e internacional a aunar esfuerzos al rededor de nuestra causa. Hacer de la lucha contra las trasnacionales y las políticas del mundo imperial y el Estado colombiano, un eje central y prioritario en todos los planes de acción y escenarios, como derroteros de nuestro quehacer político diario.

• A fortalecer los espacios de encuentro regionales, nacionales e internacionales, que procuran mantener viva la unidad, la armonía y la interrelación entre los pueblos y sectores sociales, que actúan por la construcción de un mundo mejor.


!!!LOS PUEBLOS QUE NO LUCHAN TIENDEN A DESAPARECER!!!

!!!POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO!!!

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDIGENA - ONIC
ASCATIDAR
ASO’UWA
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA
Colombia, Departamento de Arauca, Saravena, 18 y 19 de Abril de 2008

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Los Organismos de Seguridad del Estado y sus Instituciones están infiltrada por el Paramilitarismo

Bogotá, abril 20 (Reuters) - Antiguos escuadrones paramilitares de ultraderecha infiltraron ministerios y organismos estatales colombianos, denunció el viernes un encarcelado ex funcionario al pedir que, además del Congreso, sean investigadas otras entidades por supuestos nexos con esos grupos ilegales.

Rafael García, el antiguo jefe de informática de la Central de Inteligencia de Colombia, hizo su acusación ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso criminal contra el senador Luis Eduardo Vives, por supuestos nexos con los paramilitares.

Esas denuncias podrían extender la grave crisis que vive el Congreso por la encarcelación de decenas de legisladores a otras esferas del Estado.

"Le quiero pedir a la Fiscalía que llegue hasta el fondo e investigue porque el Congreso no es la única institución penetrada por los paramilitares," afirmó.

García, quien está preso por borrar antecedentes criminales de narcotraficantes y paramilitares, mencionó como instituciones infiltradas a los ministerios del Interior, Comunicaciones, Agricultura, Relaciones Exteriores, de Transportes y del Medio Ambiente.

También nombró al Consejo Superior de la Judicatura, a una empresa de seguridad social, a una entidad ambiental, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Armada, a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, a la Industria Militar y a la Procuraduría.

García fue quien denunció los vínculos de congresistas con paramilitares, lo que desató una investigación criminal conocida como la "parapolítica" que mantiene en la cárcel a 29 legisladores, mientras que otros 32 son investigados y podrían terminar en prisión, según fuentes judiciales.

La mayoría de legisladores investigados y en la cárcel son aliados del presidente Alvaro Uribe, quien pese al escándalo y a la crisis, descartó la posibilidad de revocar el Congreso y convocar a nuevas elecciones.

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