Águilas Negras obstaculizan restitución de tierras a campesinos del Bajo Atrato, En el pequeño y caluroso poblado de Riosucio, a poco más de tres horas en lancha desde el municipio de Turbo, aguas arriba por el río Atrato y en tierras del departamento del Chocó, el miedo permanece entre sus habitantes y la desconfianza es un mecanismo de defensa.
Para el recién llegado y ajeno al lugar, el ambiente de calma parece al de un viernes cualquiera: lanchas de motor transitan de un lado a otro llevando mercaderías y gente; en estrechos locales, jóvenes barberos atienden a sus clientes; las tiendas de alimentos, ropa y bagatelas tienen plena actividad; la sede de la Alcaldía está agolpada de gente; y en un salón comunal se desarrolla un foro sobre el presupuesto municipal.
Águilas protectoras
Estrategias de despojo
Reclaman protección
Pero aquellos que habitan este lugar saben que esa calma es aparente, pues este pequeño puerto es un sitio de control de los grupos paramilitares que operan en el Bajo Atrato chocoano.
Quienes se atreven a hablar expresan su preocupación por la tensión que viven selva adentro 600 familias, en su mayoría afrodescendientes, que se enfrentan a grandes terratenientes y comandos armados identificados como Águilas Negras, herederos en esa región chocoana del proyecto militar y económico que dejaron las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) tras su proceso de desmovilización.
La continua coacción de palmicultores y ganaderos en los territorios colectivos ubicados en las cuencas del Cacarica, Curvaradó, La Larga, Salaquí, Truandó, Pedeguita Mancilla y Jiguamiandó tiene en grave riesgo a las comunidades allí asentadas, que se aprestan a recibir los predios arrebatados y ocupados ilegalmente desde hace poco más de hace diez años, cuando tuvieron que abandonar sus territorios de manera forzada para proteger sus vidas.
Los empresarios agroindustriales se aprovecharon de esos desplazamientos forzados generados por efecto de los bombardeos aéreos e incursiones terrestres de militares y paramilitares durante la Operación Génesis, adelantada por tropas de la XVII Brigada del Ejército, bajo el mando del entonces general Rito Alejo del Río, y grupos paramilitares que seguían órdenes de Carlos y Vicente Castaño.
Si bien la Resolución 39 de la Defensoría del Pueblo, de junio 2 de 2005, conminó a las empresas palmicultoras Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmado Ltda., Palmas S.A. Asibicon, Palmura y Palmas del Atrato y las empresas ganaderas Inversiones Fregni Ochoa y La Tuteka a suspender sus proyectos privados en predios colectivos, las denuncias evidencian que poco de eso se está cumpliendo; por el contrario, se está agudizando bajo la protección de grupos paramilitares.
Graves acusaciones
Las denuncias sobre lo que ocurre en las cuencas del Bajo Atrato revelan nuevamente prácticas de presión aplicadas en el pasado: control alimentario, amenazas de desplazamiento forzado, intimidaciones, agresiones físicas y asesinatos. El propósito es el mismo: quedarse con aquellos territorios fértiles para ampliar los cultivos de palma aceitera y hatos ganaderos, y convertir a los nativos en peones a su servicio.
“Desde hace varios meses le han prohibido a los comerciantes de Turbo y de Brisas venderle a los pobladores de la cuenca del Cacarica”, cuentan en el lugar. La prohibición se extendió a los pangueros, quienes son los encargados transportar los alimentos. No dejan pasar aceite, sal, granos y pastas. La gente ahora está comprando aquí en Riosucio, pero allí también hay controles. Constantemente se verifica qué está mercando la gente y se le pregunta para dónde llevan los víveres y quién lo autorizó.
Los controles y presiones paramilitares se extienden a los puestos de salud de los corregimientos. En ellos no se atiende a los afectados por la leishmaniasis, enfermedad propia de áreas selváticas. Quien llega con esa dolencia, sea niño o niña, joven, adulto o viejo, es rechazado con el argumento de que carecen de las medicinas adecuadas. Pero tal rechazo es un viejo recurso, pues consideran que todo aquel que llega con esa enfermedad no lo atienden porque consideran que es guerrillero, Con cierta malicia, los lugareños hacen referencia a los funcionarios de la salud como “paramédicos”.
Estas prácticas se comenzaron a aplicar con rigor desde finales de febrero de 1997, como efecto de la Operación Génesis y se incrementó en el año 2001, durante la etapa de consolidación paramilitar adelantada por los bloques Bananeros y Elmer Cárdenas de las Auc. Cuando se creyó que con el proceso de desmovilización era asunto del pasado, se reactivaron nuevamente a principios de este año bajo la presión de las llamadas Águilas Negras.
Esta organización armada ilegal hace presencia en aquellas zonas donde hay extensos cultivos de palma aceitera y hatos ganaderos. Según pobladores de las cuencas, está integrada por hombres que pertenecieron a los bloques Bananeros y del Elmer Cárdenas y que no se desmovilizaron, así como por desmovilizados que volvieron a las armas. Los comandos se mueven fácilmente por el Bajo Atrato y, con frecuencia, son rotados con otros que provienen de Unguía, también en el Chocó.
Cuentan aquellos que conocen la región que Caracolí, Caño Manso, Andalucía, Tetume, Cetino, Camelias y Llano Rico son, en este momento, las zonas con mayores dificultades y riesgos para las comunidades, pues en ellos se siente con fuerza la reactivación de las Águilas Negras.
“En Llano Rico es impresionante su presencia. Eso está cerca al corregimiento de Pavarandó, jurisdicción del municipio de Mutatá, donde queda la estación de policía más grande de esa zona”, explican los denunciantes. Junto a Riosucio, los caseríos Brisas de Curvaradó y Belén de Bajirá son considerados como bases de operación.
Águilas protectoras<
Los relatos sobre lo que pasa en el Bajo Atrato por momentos se ven interrumpidos por el barrullo que viene del puerto: acaba de atracar el Galaxia, un buque que transporta maderas y toda clase de carga pesada por el Atrato, lo que genera una afluencia de bulteadores que suben y bajan grandes cajas. Junto a este barco, arriba la motonave Guaicaipuro. Hasta ella también se arriman algunos cargadores.
La atención ahora la reclama la respuesta a la pregunta sobre el propósito de las Águilas Negras en aquellos territorios. “Su presencia tiene que ver con las plantaciones de palma aceitera y de los hatos ganaderos”, advierten.
De su presencia han sido testigos funcionarios de los ministerios del Interior y de Justicia, y Agricultura, así como de la Procuraduría Agraria y la Defensoría del Pueblo, quienes entre el 21 de junio y el 9 de agosto de este año adelantaron el proceso de reconocimiento físico de los predios privados legales que se encuentran ubicados en los territorios colectivos protegidos por la Ley 70 de 1993 como fase determinante para la restitución de predios a las comunidades.
Los llamados “ocupantes de mala fe” de esas tierras, entre ellas las empresas citadas en la Resolución 39 de la Defensoría del Pueblo, saben que luego de la verificación de los predios viene el desalojo, por lo tanto requieren de la ayuda de las Águilas Negras para evitar la pérdida de las tierras que ocuparon ilegalmente.
Los problemas con los ilegales comenzaron en la mañana del 20 de junio, cuando la comisión de verificación se disponía a iniciar labores desde la comunidad de Caracolí. “Hasta ese lugar llegaron siete personas, entre ellas reconocidos paramilitares, acompañados del Personero del municipio de Riosucio y dos concejales de esa localidad, quienes manifestaron la inconformidad con el proceso de verificación de predios”, cuentan testigos.
El inicio del proceso también fue obstaculizado por miembros de la familia Argote, quienes son señalados como “ocupantes de mala fe” de predios de titulación colectiva y adelantan de manera ilegal proyectos de ganadería extensiva. Una de las más radicales en obstruir el procedimiento fue Claudia Argote, quien manifestó que no iba a permitir de ninguna manera que se desarrollara el proceso “porque ella era la dueña del predio”, afirmación que va en contravía de las resoluciones estatales que prueban todo lo contrario.
“Además, en los 48 días que duró la misión, tuvimos días en los que se presentaron amenazas directas de hombres, tanto de civil como uniformados, que dijeron pertenecer a las Águilas Negras”, cuentan algunos integrantes que colaboraron con la comisión. El propósito de las amenazas era impedir la verificación de linderos de los territorios colectivos.
“Una de las primeras amenazas directas contra la comisión de verificación física se dio en la zona de Caño Claro”, cuenta un testigo. Las intimidaciones también se presentaron, días después, en la zona de Llano Rico. Desde este caserío, la comisión salía a primeras horas del día a recorrer los predios de la comunidad de El Cerrao para establecer sus límites.
“Allí estuvimos dos semanas y todos los días aparecieron hombres que se identificaban como Águilas Negras. Nos advertían que el proceso de desalojo no se iba a dar”, narran las personas consultadas, quienes agregan que otra intimidación fue expresada en Llano Rico: en esa ocasión, varios hombres de civil les advirtieron que si volvían a pasar por ahí les dispararían.
“Nos amenazan porque saben que luego de verificar linderos viene el proceso de desalojo para la entrega a las comunidades y se verán afectados palmicultores y ganaderos”, explican.
La amenaza más reciente se presentó el miércoles 3 de septiembre en el municipio de Chigorodó, Antioquia. Hombres armados retuvieron en la terminal de transporte de esa localidad a Yimmi Jansasoy, defensor de derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien acompaña a las comunidades de la cuenca del Curvaradó en proceso de retorno a sus territorios colectivos.
Por varias horas, Jansasoy fue presionado a decir nombres, teléfonos y direcciones de sus compañeros de trabajo. Al negarse, los desconocidos le dieron cuatro días para que “colaborara”, sino “ya sabía lo que le podía pasar a usted y a su familia”. El activista no tuvo más opción que abandonar la región del Urabá antioqueño.
Estrategias de despojo<
La titulación colectiva le da un carácter de tierras comunales de grupos étnicos que son inembargables, imprescriptibles y no enajenables. Para evitar que cada individuo o familia pueda disponer o transferir su dominio, su administración y manejo está a cargo del Consejo Comunitario, se calcula que los llamados “ocupantes de mala fe” tienen en su poder más de 9.000 hectáreas, concentradas en las cuencas del Jiguamiandó y de Curvaradó.
A juzgar por las acciones contra las comunidades, las Águilas Negras hacen parte de la estrategia armada ilegal adoptada al parecer por palmicultores y ganaderos para consolidar el despojo de tierras comunitarias que adelantan de manera ilegal desde 1998, valiéndose de un conjunto de mecanismos irregulares para evitar la pérdida de grandes extensiones de tierra.
Una revisión de la titulación de predios de estas cuencas demostró que los empresarios palmicultores y ganaderos se valieron de compras ficticias, falsificación de documentos y recursos normativos acomodados a sus ambiciones para quedarse con las tierras.
Para adelantar el reconocimiento jurídico de los predios, planteado por el Incora en el año 2000, se presentaron 800 títulos individuales de propiedad tan sólo para la cuenca del Curvaradó.
El estudio realizado por el Incoder establece que para esta zona sólo 96 títulos individuales son legítimos y cumplen con todos los requisitos, los demás presentaban todo tipo de irregularidades. Un ejemplo de ello es la presentación de títulos de propiedad de más de 5.000 hectáreas, cuando las condiciones de una unidad agrícola familiar no puede pasar de 60 hectáreas.
Un caso emblemático lo representa Jaime Sierra, representante legal de la Promotora Palmera del Curvaradó, quien presentó un título con compraventa, escritura y poderes, todo registrado en notaría, donde constaba que el campesino Lino Antonio Díaz le había vendido las tierras. La investigación arrojó que Díaz se había ahogado en el río en 1996 y según los documentos que presentó Sierra, apareció vendiéndole en 1998 no las 18 hectáreas que tenía adjudicadas sino 3.800 hectáreas.
El la zona de Cetino, el mismo Sierra mostró un título de propiedad del año 2000 por 5.300 hectáreas compradas al campesino Sixto Pérez, quien al momento de su muerte, en 1997, tenía adjudicadas solamente 60 hectáreas.
Otra de las estrategias fueron las ventas forzadas. En la región del Bajo Atrato se hizo popular la frase “o me vende usted o me vende su viuda”, utilizada de manera intimidante por comisionistas al servicio de palmicultores y ganaderos protegidos por paramilitares. “De esa manera, asesinaron a gente por no vender, le compraron a los hijos de manera forzada”, recuerdan allí.
Uno de los procedimientos para despojar a los campesinos de sus tierras fue la de promoción de supuestos proyectos de cultivos de pancoger para favorecer a las comunidades, el más conocido fue el de plátano baby adelantado por la firma Multifruit en la cuenca del Cacarica.
El año pasado, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de Corpourabá visitaron el proyecto y detectaron que se habían sembrado 3.000 hectáreas de tierras colectivas. Al ser cuestionados los empresarios, admitieron que no era un cultivo de pancoger y le entregó las tierras a la comunidad, pero sin semillas, sin capacitación y sin infraestructura.
En voz baja cuentan allí que “la gente no quiere utilizar esas tierras hasta que no se haga la exhumación de cuerpos porque se dice que los cultivos se hicieron para ocultar fosas que dejaron los paramilitares”.
Como si fuera poco, en los últimos meses han ingresado a los territorios colectivos personas ajenas a ellos provenientes del departamento de Córdoba, patrocinados por la organización no gubernamental Límites sin Fronteras que lidera Sor Teresa Gómez Álvarez, conocida en la década del 90 como la directora de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), desde donde se apoyaba a las Auc.
“El repoblamiento ilegal está sucediendo en La Larga, Caño Manso y Playa Roja. Ubican a los campesinos en tierras amplias, les dan de a cinco a diez hectáreas y les imponen lo que va a cultivar; las trabajan por doce años y, al final de ese tiempo, se lo deben devolver a esa Ong. El propósito es romper los territorios colectivos”, ratifican aquí en Riosucio.
Ello tendría relación con la violación a la orden de suspender los cultivos de palma dada por la Defensoría del Pueblo en junio de 2005. Una inspección realizada hace dos meses por la Defensoría del Pueblo estableció que Urapalma aún tiene viveros en territorio colectivo en los que se calcula que tiene por lo menos 200 mil palmas en proceso de crecimiento y se evidenció la deforestación y adecuación de terrenos hacia la parte de Las Menas, en límites entre los consejos comunitarios de Curvaradó y Jimiaguandó.
Reclaman protección
Las maneras irregulares de adquisición de tierras, más las presiones del Ejército y los paramilitares, llevaron a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz a interponer una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde 1999, las familias del Jiguamiandó y Curvaradó tienen medidas provisionales de proyección y las familias del Cacarica medidas cautelares.
La situación de las comunidades protegidas por estas medidas será revisada en próximas semanas por parte de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para analizar su evolución, se realizó en Bogota el pasado jueves 28 de agosto una reunión en la sede de la Cancillería. El propósito fue enterarse de todos los problemas que se viven en las cuencas chocoanas y evaluar las situaciones de riesgo que enfrentan en el proceso de restitución física de las tierras colectivas.
A esa reunión asistieron representantes de los ministerios de Medio Ambiente, del Interior y de Justicia, Agricultura y Defensa, así como el Gerente Social para el tema del Curvaradó y Jimiaguandó, adscrito al Ministerio del Interior y de Justicia, la Defensoría del Pueblo y voceros de las comunidades de las cuencas del Bajo Atrato.
“Si no se implementan garantías sólidas para el proceso de restitución de tierras de manera urgente, se van a generar nuevas situaciones de riesgo para las comunidades, habrá nuevos desplazamientos forzados y los liderazgos comunitarios continuarán en riesgo”, aseguran fuentes oficiales.
Pero las estrategias de aquellos que insisten en quedarse con amplios territorios adquiridos de manera ilegal no se detienen en la intimidación y la amenaza. Desde hace varios meses están aplicando una estrategia más sutil: utilizar a miembros de las comunidades nativas que viven por fuera de los territorios colectivos, para que obtengan representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y promocionen la idea de que en las cuencas ya no hay ningún nivel de riesgo para los pobladores.
“Si esas medidas de protección se retiran, se afectará el proceso de restitución material del territorio y la seguridad de las comunidades. La gente quiere resistir en el territorio y espera que la Comisión Interamericana exija garantías para el proceso”, dicen de manera enfática algunos pobladores.
Al caer la tarde y con el río Atrato de fondo, los pobladores que se atrevieron a hablar insistieron en un mensaje: “desde aquí desde Riosucio, Chocó, le hacemos un llamado al Gobierno nacional y a la comunidad internacional para que nos ayuden en el proceso de restitución de nuestros territorios colectivos”.
El propósito es evitar que los intereses de las empresas palmicultoras y ganaderas se sigan expandiendo de manera ilegal en aquellas tierras ancestrales, dejen a los campesinos sin tierra y los conviertan, por la fuerza de las circunstancias, en peones, cuando la historia y las leyes han demostrado que son sus dueños naturales, sin discusión alguna.
