Por buscar la verdad, víctimas de Valledupar sufren nuevos riesgos

Justicia y Paz. que fue desaparecida por hombres de Jorge 40, ahora están siendo victimizadas otra vez con seguimientos y advertencias.
Varias víctimas reportaron amenazas en la úlitma versión libre de 'El Tigre'.

Desde hace dos años familiares de desaparecidos, ejecutados y desplazados por los paramilitares en Cesar vienen denunciando que los están intimidando por sus acciones en busca de la verdad y la justicia . María Ramírez*, esposa de un desaparecido dijo preocupada que “aunque los ‘paras’ se desmovilizaron, el peligro sigue ahí. En Valledupar se vive una tensa calma”.

El último episodio de intimidaciones se remonta a principios de septiembre de 2009 cuando Jhon Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre'; Alcides Manuel Mattos, alias ‘Samario’; Jader Luis Morales, alias ‘JJ’ y Javier Ernesto Ochoa, alias ‘Mecánico’, miembros del Bloque Norte de las AUC, rendían versión libre conjunta por la desaparición de siete miembros del CTI el 9 de marzo de 2000 en el Cesar.

Según el representante de las víctimas, en la audiencia, un altercado puso a ‘JJ’ y a ‘Mecánico’ contra Iván Otero, abogado de ‘El Tigre’ y ‘Samario’. Al principio de la diligencia ‘JJ’ y ‘Mecánico’ dijeron que Iván Otero los presionó para que sus confesiones sobre la desaparición de los siete funcionarios del CTI concordaran con las de ‘El Tigre’ y ‘Samario’. Varias personas que asistían a la diligencia de Justicia y Paz de Valledupar contaron que Iván Otero increpó a ‘Mecánico’ por cambiar de parecer y ceder a la presión de las víctimas.

Funcionarios de la Fiscalía afirmaron que en la audiencia no pasó nada raro pero confirmaron que tras la diligencia judicial, Iván Otero renunció a la defensas de ‘El Tigre’ y ‘Samario’, pues dice estar amenazado por su actividad.

Intimidaciones en Valledupar
A raíz del incidente, varios familiares de los desaparecidos del CTI fueron intimidados. Denunciaron que después de la versión libre Iván Otero, el abogado de los desmovilizados, tomó fotos con su teléfono celular a los presentes en la sala de víctimas.

Además la esposa de uno de los investigadores del CTI relató que un hombre la estuvo siguiendo mientras se dirigía a la versión de ‘El Tigre’. Contó que, a pesar de cambiarse de ropa, de volver a su casa y de coger un bus, el individuo no se despegó de ella.

Uno de los parientes expresó que tras la versión libre, dos individuos se sentaron dos días seguidos frente a su oficina, haciéndole señas, intimidándolo y amenazándolo.

Otra de las víctimas dijo que la ola de intimidaciones comenzó hace casi dos años. En la marcha contra el secuestro del 4 de febrero de 2008 dos hombres en una moto negra se acercaron a un grupo de familiares de desaparecidos del CTI y los amenazaron advirtiéndoles que si seguían yendo a las audiencias les pasaría lo mismo que a sus parientes. La víctima relató que en varias ocasiones una camioneta de vidrios polarizados se ha quedado parqueada frente a su casa.

Aunque esta vícima tiene protección especial del Ministerio del Interior, dice que no se siente tranquila pues “la desmovilización en el Cesar fue una mentira”. Declaró que su familia ya no tiene vida social, que salen sólo cuando es necesario, para ir al trabajo o a hacer compras.

"Nueve años después no sabemos nada"
El caso de los desaparecidos del CTI ya fue evocada en varias versiones libres, pero por ahora no se sabe nada sobre lo que les pasó a los siete funcionarios. Los desmovilizados que actuaban en la región para el momento de los hechos han dado versiones contradictorias.

‘El Tigre’ dijo que los cuerpos fueron enterrados en una fosa común, pero también afirmó hace poco, que los paramilitares arrojaron los siete cadáveres a orillas del río Cesar, donde una creciente puede haberse llevado los restos.

Así la Fiscalía y las víctimas han estado en cerca de 18 inhumaciones sin ningún resultado. Las víctimas ya no tienen mucha fe en las versiones libres de 'El Tigre', pero afirman que no se dejarán acobardar y seguirán pendientes hasta que aparezcan los cuerpos.

Los abogados de las víctimas argumentan que las contradicciones de ‘El Tigre’ deberían conducir a la exclusión del ex paramilitar del Bloque Norte de Justicia y Paz pues no está comprometido con la verdad.

Sin embargo ‘El Tigre’ ha confesado también su participación en casos diferentes al del CTI y que suman 1.250 víctimas y colaboró para esclarecer la masacre de El Salado donde tuvo una activa participación. “Su contribución no ha sido nula, por eso no va a salir de Justicia y Paz”, dijo un funcionario de la Fiscalía.

Los representantes de las víctimas también afirmaron que Iván Otero puede ser inculpado por falso testimonio y fraude procesal pero hasta ahora no se ha radicado ninguna denuncia contra él.

*Nombre ficticio por razones de seguridad.

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Corte Constitucional preocupada como el gobierno trata a los refugiados

Codhes. Entre otros aspectos, la Corte Constitucional expresó su seria preocupación por las fallas detectadas en la labor de coordinación de estas políticas en el gobierno, al expresar que nada de lo que se ha presentado hasta ahora garantiza que los instrumentos

de coordinación conduzcan a la superación oportuna del Estado de Cosas
Inconstitucional.

La opinión de los magistrados de la Corte fue resumida en la jornada vespertina de la
Audiencia, en una exposición del magistrado Nilson Pinilla, presidente del alto tribunal
y cuyas declaraciones textuales fueron las siguientes:

Declaración completa del Magistrado Nilson Pinilla, presidente de la Corte
Constitucional a manera de apuntes sobre el informe presentado por Acción Social en audiencia de rendición de cuentas

"Celebramos mucho la aclaración que nos hace de que en el área de destinación presupuestal para la atención de desplazados y para Familias en Acción, que no va a haber recortes. Eso le entendí y de otra parte es muy frecuente que el señor director de Acción Social haga referencia a otras instituciones del Estado, tanto del Ejecutivo como
de la Rama Judicial; que se deben tomar medidas en este campo.

Pues sí, evidentemente como lo referiré más adelante, entendemos que son muchas las entidades que tienen que participar en esto y Acción Social no puede ser la exclusiva responsable del tema. Pero no podemos olvidar que está en un plano de coordinación y
en ese plano de coordinación y dentro de la colaboración armónica y dentro de las necesidades que tiene Acción Social, de que este Estado Inconstitucional de Cosas sea superado, le quiero hacer una acotación: Excelente que el presupuesto para desplazados
y el presupuesto para familias en Acción no tenga recortes, pero sin embargo el presupuesto para otras entidades del Estado íntimamente comprometidas en el tema parece que va a tener unas disminuciones muy sensibles, muy graves.

Ayer en la tarde (Jueves 09 de julio) se nos comunicaba por parte de la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura unas cifras verdaderamente horrorizantes que de pronto constituyen una mala noticia para usted, señor director, en la medida de que la reducción que va a tener el presupuesto de la rama judicial, está incluyendo el presupuesto de la Fiscalía y el presupuesto del Consejo Superior de la Judicatura.

…Usted mencionaba y tiene mucha razón en eso, que la garantía de no repetición se deriva en gran manera de que no haya impunidad y por supuesto si hay justicia, si se busca la verdad, si se procura y se hace real la reparación integral, pues esa es una excelente garantía de no repetición que coadyuva a esto, pero el presupuesto de la rama judicial está anunciado con un recorte del 20%; cifras que estaban contempladas en 250 mil millones de pesos, se anunciaron que van a quedar en 56 mil millones de pesos.

Con qué dinero la rama judicial va a poder proveer juzgados donde más se requiere… Según lo que usted decía, va a poder fortalecer la acción de la fiscalía, va a poder desarrollar todos los planes que tiene que avocar ahora como la oralidad, especialmente
en el procedimiento laboral en los sistemas adicionales del sistema acusatorio en el procedimiento penal, la implementación de la Ley de la Infancia y Adolescencia en el campo de la actividad judicial.

Esto es alarmante, Dr. Hoyos, que de pronto no vaya a poder encontrar usted en la justicia la respuesta que esta puede dar, en el campo de un mayor cubrimiento y que la respuesta ante cualquier delito sea oportuna y que éste sea efectivamente descubierto y sancionado, porque parecería que el retroceso que va a sufrir la rama judicial en el cubrimiento de sus obligaciones por carencia de recursos económicos, significa un grave atentado a la autonomía de la rama judicial que están anunciando, si el presupuesto va a ser reducido al 20%, pues la expectativa es verdaderamente negativa.

Y en ese campo también de coordinación la información presentada en la audiencia de
las respuestas dadas por el Dr. Luis Alfonso Hoyos y esto es un compendio de los apuntes que hemos tomado los magistrados que conformamos esta sala de seguimiento
de la obediencia a las preceptivas q se han dictado tanto por la Acción de Tutela, la Sentencia T-025 como por los autos subsiguientes, vemos con una preocupación muy grande que esa labor de coordinación por parte de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la coordinación institucional no se está cumpliendo a cabalidad.

Realmente no se evidencia que esa labor de gran coordinador se esté adelantando de tal manera que haya un avance real y acelerado hacia la superación del Estado de Cosas Inconstitucional que todos nos debemos proponer y que es una obligación que la Corte Constitucional va a cumplir, con respecto a lo que mencionaba hace un momento el Dr. Rodrigo Uprimny, de que ese Estado de Cosas Inconstitucional se supere muy pronto.

Acción Social, es la opinión de todos los miembros que aquí han estado presente, sigue percibiendo su labor de coordinar como simple facilitador de informes y reuniones, pero
el hecho de que otra entidad sea la responsable directa de impulsar un tema, no releva a Acción social de permanecer informada sobre el avance de cada proceso y de buscar medidas alternativas cuando haya estancamientos o retrasos.

No informó el Dr. Hoyos sobre acciones concretas que garanticen esa labor de gran coordinador más allá de la creación de grupos de trabajo o de determinadas reuniones.

Un coordinador, reitero, sabe de manera muy amplia; debe saber en qué se está avanzando, cómo se está avanzando, porqué no se está avanzando y cuáles medidas adicionales se requieren para una respuesta armónica dirigida al goce efectivo de los derechos de los desplazados.

Hasta ahora toda la información presentada habla de propósitos futuros concentrados principalmente en la identificación de obstáculos, muchos de ellos ya diagnosticados desde el año 2004, el diseño de instrumentos, la presentación de lineamientos de manera verdaderamente vaga y la conformación de diferentes grupos de trabajo que están abordando de manera separada cada tema.

Allí hay la realización de reuniones pero no acciones concretas, que indiquen que se avanza de manera integral y armónica en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. Parecería señor director, que para lo único que se ha logrado coordinación, es para solicitar la unificación de los plazos y para presentar los informes
a la corte constitucional, pero no para superar la etapa del diagnóstico y el diseño de adoptar acciones concretas que permitan superar ese Estado de Cosas Inconstitucional.

Como un ejemplo, sr director en materia de prevención, el papel de gran coordinador de Acción Social implica que deben saber cómo se están incorporando las presunciones de vulnerabilidad extrema o de riesgos especiales para las comunidades indígenas y para
las comunidades afrocolombianas señaladas estas en los autos de enfoque diferencial y cuál es la consecuencia en materia de adopción de medidas, así como para contribuir a desarrollar un mecanismo para que esos factores sean real y efectivamente tomados en cuenta.

En materia de tierras hay más de cuatro grupos trabajando en forma simultánea, con enfoques que sin embargo presentan tal diferencia, que todavía no hay una articulación entre las agencias del ejecutivo que deben atender este Estado Inconstitucional de Cosas.

Un verdadero coordinador debería estar en capacidad de señalar este problema y proponer mecanismos para solucionar la falta de articulación. Nada de lo que se ha presentado hasta ahora y es opinión de todos nosotros y es lo que nosotros percibimos, dentro de la gran elocuencia de lo que usted ha expuesto, sin embargo nada de lo que se
ha presentado hasta ahora garantiza que los instrumentos de coordinación conduzcan a
la superación oportuna del estado de cosas inconstitucional.

En lo que tiene que ver con los componentes de responsabilidad directa de Acción social, también se evidencia una gran falta de capacidad organizativa y operativa y de coordinación con otras entidades del servicio nacional de atención integral a la población desplazada. Esa insuficiencia no está ocasionada por el excesivo número de solicitudes de prórroga e inclusión por los cambios en el campo normativo, o la continuidad del fenómeno del desplazamiento, sino por la falta de una verdadera capacidad armonizada para dar una respuesta operativa.

Todas las opciones planteadas hasta ahora, o siguen apenas en la etapa de diseño, o corresponden a líneas de política que no han sido totalmente adaptadas a las necesidades
de la población desplazada.

Algunos de los mecanismos resaltados como esenciales en el mejoramiento de los procesos organizativos relacionados con el registro en el proceso de entrega de ayuda humanitaria todavía no están en operación. No hay aún un instrumento operativo ágil que permita superar las falencias operativas en la entrega de la atención humanitaria de emergencia, o en la inclusión y sensibilización del programa Familias en Acción , ni en
la articulación de estas ayudas con otros programas sociales para garantizar que la atención de la población desplazada sea integral y esté orientada al goce efectivo de los derechos de la población desplazada y que tenga en cuenta el enfoque diferencial y las especificaciones de esa problemática que afecta a esa comunidad desarraigada.

Estas evidencias sugieren y este es un punto por lo menos que hasta el momento nos sigue inquietando; frente a un tema central que evidentemente preocupa mucho a las autoridades de la rama ejecutiva, todo esto está sugiriendo que la unificación de plazos solicitada no es el resultado de una tarea integrada y comprometida para avanzar en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, - lo decimos con el mismo respeto que
ha utilizado usted para atender todos los puntos en esta audiencia, sino como un mecanismo para dilatar la respuesta por parte del ejecutivo".

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Continúan las entregas de los restos de personas que estaban desaparecidas

Justicia y Paz. El día 13 de Agosto del presente año, La Subunidad de Apoyo realizará la entrega de 18 cuerpos plenamente identificados a sus familiares. Las diligencias de exhumación se realizaron en el departamento de Magdalena.

El día 31 de julio del presente año en el municipio de Acacias (Meta), la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz entregó los restos óseos de Leidy Johanna Marin y Gloria Ines Lopez. La diligencia de exhumación se realizó en la zona rural del municipio de San Martín (Meta), el 19 de julio de 2007.

El día 28 de julio del presente año en la Unidad Satélite de la ciudad de Florencia la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz, realizó la entrega a sus familiares de los restos óseos de la señora Aura Santanilla Cuellar.

El día viernes 17 de julio de 2009 en el museo de Antioquia, la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalias para la Justicia y la Paz entregó los restos óseos de 16 cuerpos a sus familiares y la entrega simbólica a 3 familiares. Personas reportadas como desaparecidas entre los años 1997 y 2005, exhumados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cordoba, Bolívar y La Guajira.

En los últimos años, la búsqueda de los desaparecidos en Colombia, ha tenido una transformación importante gracias a la información que se viene recibiendo por parte de versionados y familiares, en vigencia de la Ley de Justicia y Paz. El haber encontrado a marzo 18 de 2008, 1292 cuerpos en 1086 fosas comunes, es muestra de estar cumpliendo unos objetivos muy bien encaminados, que nos impulsan a redoblar esfuerzos aceleradamente, pues a diario se siguen reportando por parte de familiares, nuevas víctimas como consecuencia de este flagelo.

"... Te recibo quizás como nunca esperé pues siempre tuve la esperanza de tu regreso ..."

Hoy en sus mentes reposan minuto a minuto el tiempo que ha transcurrido desde el momento de los hechos, no solo por sus familiares sino también por que en la mayoría de los casos tuvieron que abandonar todo. Con su ayuda seguiremos adelante para seguir construyendo una nación en paz.

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Quien esta silenciando a los paramilitares

Semana. Comer únicamente enlatados abiertos por mano propia. Esa es la regla de supervivencia por estos días entre varios paramilitares que permanecen en las cárceles del país. El temor entre los ‘paras’ se generalizó luego de que un peritaje de Medicina Legal determinara que Diego José Martínez, más conocido como ‘Daniel Tolima’, no murió en su celda a causa de un infarto sino envenenado con cianuro en la comida.

El crimen ocurrió en la cárcel La Picota de Bogotá y tuvo eco en todo el Tolima donde ‘Daniel’ comandó entre el 2000 y el 2003 un bloque paramilitar que dejó una estela de 770 víctimas según él mismo lo relató a la Fiscalía.

‘Daniel’ fue teniente retirado del Ejército e ingresó a las filas paramilitares en 1999 y se volvió en un lugarteniente y confidente de Carlos Castaño. “Él sabía grandes secretos del paramilitarismo como por ejemplo los nombres de testaferros o de quienes integraron el llamado grupo de los seis, a quienes los ‘paras’ obedecían órdenes”, sostiene un abogado que visitaba regularmente a ‘Daniel’ en prisión.

El crimen de ‘Daniel’ es sólo el más sonado de varios que se han perpetrado contra ‘paras’ postulados a Justicia y Paz o familiares cercanos de estos.

Eliécer Gustavo Guao Arias, conocido en las filas del Bloque Norte como ‘Canario’, fue estrangulado hace dos semanas en la cárcel Modelo de Barranquilla. Allí mismo murió en mayo, con síntomas de intoxicación, Roberto Luis Peinado López, alias ‘El Indio’, otro paramilitar implicado en el homicidio del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.
Afuera de las cárceles la situación parece ser igual de riesgosa para los paramilitares desmovilizados que quieren colaborar con la justicia y la verdad. En abril pasado fue acribillado en La Estrella, Antioquia,Francisco Villalba, el sanguinario paramilitar que participó en la masacre del Aro en 1997. La Fiscalía tiene reportados como muertos a 16 ex combatientes del Bloque Córdoba que comandaba Mancuso y aún no ha establecido cómo fue.
Una docena más de ‘paras’ murieron abaleados en distintas zonas del país entre 2006 y el 2008. Así mismo hay registro de numerosos casos en los que las víctimas son familiares de paramilitares.

Quizá el más afectado sea Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, uno de los jefes paramilitares extraditado y condenado en Estados Unidos. A Vanoy, quien ejerció poder al norte de Antioquia, en la región conocida como Bajo Cauca Antioqueño, le han asesinado un hijo, un hermano, un sobrino y una cuñada. El 23 de junio pasado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró en versión libre desde Estados Unidos que varios de sus familiares habían sido asesinados como represalia por su participación en Justicia y Paz, pero se abstuvo de precisar los nombres de las víctimas.

Y el caso más reciente ocurrió hace diez días frente a la cárcel Bellavista de Medellín. Allí fue abaleada Diana Ester Coronado, esposa de Jesús Pérez Jiménez, alias ‘Sancocho’, un jefe paramilitar recluido en esa penitenciaría.

La directora del Inpec, Teresa Moya, asegura que la institución ha brindado a los desmovilizados las garantías para que permanezcan en la cárcel con seguridad. “Existe un reglamento especial que les permite cocinar sus propios alimentos y sólo ellos pueden autorizar quién puede visitarlos”. No obstante tras el asesinato de la esposa de ‘Sancocho’ el Inpec reubicó en distintas cárceles del país a unos 70 paramilitares que estaban en esa cárcel.

La MAPP-OEA, cuyo mandato es evaluar y apoyar el desarrollo del complejo proceso de Justicia y Paz pidió a las autoridades garantizar la seguridad de los desmovilizados. El panorama es turbio y efectivamente se requiere de la firmeza del Estado, primero para investigar los casos y castigar rápidamente a los culpables y disuadir así a quienes quieran seguir silenciando a los desmovilizados que quieren hablar. Lo segundo es reforzar los la seguridad en las cárceles y fuera de éstas.

De su vida depende que el país conozca la mayor cantidad de verdad sobre lo sucedido, y que además paguen debidamente sus penas por los atroces crímenes que cometieron. Ambas cosas se las debe el país a las víctimas.

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Sepultado por uribista del Senado El proyecto de Ley de Víctimas

Semana.El proyecto de Ley de Víctimas que buscaba la reparación integral de quienes han padecido por el conflicto armado fue sepultado este jueves por la mayoría de la bancada uribista del Senado. Desde el Ministerio del Interior, el gobierno convocó a los parlamentarios para pedirles que en la votación del informe hundieran la iniciativa. Argumentó que era demasiado costoso y que costaba 75 billones de pesos. Además la Presidencia emitió un comunicado para pedirle al Congreso que no votara la iniciativa y explicó sus razones.
(Vea le comunicado)
Sin embargo, para muchos observadores, la verdadera razón de pedir que la hundieran fue que el gobierno no podía aceptar la Ley como la había aprobado este miércoles la comisión de conciliación que adoptó el texto del proyecto original del Senado. Éste incluía en el universo de víctimas a las que han sido vulneradas por policías y militares y otro agentes del Estado, como los jóvenes desaparecidos y posteriormente ejecutados de Soacha.



Vea el artículo Un Luz para la Ley de Víctimas

Desde el comienzo de las discusiones, el gobierno mostró su desacuerdo con la iniciativa e intentó pasar un proyecto que excluía a las víctimas de agentes de Estado y no reconocía la responsabilidad de este por no haber garantizado la protección de sus derechos. Decía que si reparaba a las víctimas era por solidaridad, no por haber incumplido su promesa de protegerlas como reza la Constitución.

Durante la discusión de la votación de este proyecto el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, dijo que el proyecto no era viable fiscalmente y pidió su votación negativa.
Según él la iniciativa costaría tres veces más de lo que estaba presupuestado en la Ley propuesta por el gobierno, pero que fue derrotada en la conciliación. Es decir, 50 billones de pesos más.

Horas antes de que se negara la iniciativa, el presidente Álvaro Uribe pronunció estas palabras, durante un seminario de pobreza en Bogotá: "Aquella (ley) que no podemos aprobar costaría 80 billones, y además les daría el mismo tratamiento a las víctimas derivadas de funcionarios del Estado y a las víctimas de grupos terroristas". En el mismo discurso defendió la necesidad de hacer sostenible la política de seguridad democrática a través de un nuevo impuesto. (Lea el discurso completo aquí)

No obstante, el argumento del costo de la Ley no convenció del todo a la bancada uribista. El senador Samuel Arrieta, de Convergencia Ciudadana, por ejemplo dijo que esta cifra nunca fue mencionada en los debates. El senador de La U, Armando Benedetti quien fue uno de los firmantes del informe de conciliación también se mostró descontento porque el gobierno no quiso apoyar la reparación de las víctimas, sin discriminación en razón de quien fue el agresor.

En el mismo sentido el senador Liberal, Juan Fernando Cristo, quien fue el impulsor del proyecto desde el principio, dijo que al gobierno le interesaban más los victimarios que las víctimas y lo calificó de discriminatorio.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, dijo que el gobierno se comprometería a incluir un nuevo proyecto en la próxima legislatura, pero que fuera viable fiscalmente. Agregó que "no se pueden poner en igualdad de condiciones a los criminales con los agentes del Estado".

La posición del gobierno ha sido contraria a lo que han expresado organismos internacionales. Esta mañana durante la rueda de prensa que ofreció Philip Alston, relator para las Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, había advertido que era “imperativo que al llevar adelante el proyecto de ley de víctimas tanto de actores estatales, como no estatales sigan siendo tratadas con igualdad”.

No obstante, no valieron los aportes de las organizaciones de víctimas, ni recomendaciones de la oficina de derechos humanos de la ONU, ni las declaraciones de Alston para aprobar el proyecto.

En el fondo quedó la sensación de que toda la discusión del proyecto se trató de una pelea por imponer una visión ideológica sobre el conflicto colombiano, que según el gobierno, no es un conflicto armado, sino una “una amenaza terrorista” o un problema de delincuencia.

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Dadivas para los victimarios y corona de espinas para las victimas

Movice. Jueves 18 de junio de 2009, El pasado martes 16 de junio, la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate el proyecto de ley denominado “Estatuto de las víctimas”. Iniciativa legislativa que tal y como fue aprobada por el Congreso, entra a engrosar el conjunto de normas que desconocen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de las víctimas de violaciones de DDHH e infracciones al DIH en Colombia.

El proyecto de ley fue aprobado por un congreso, que adolece de una profunda crisis de ilegitimidad, en un ambiente que negó las más mínimas garantías para el debate y la deliberación, desconociendo frontalmente el querer de las victimas y de sus organizaciones, así como los estándares internacionales en materia de DDHH. Algunos de los gravísimos problemas del texto aprobado son:

1.Desconoce la existencia de victimas de crímenes de Estado, con lo cual, no solo vulnera el principio de igualdad y no discriminación frente a ellas sino que las victimiza nuevamente porque además de padecer injustamente el accionar criminal del Estado deben enfrentarse a nuevas trabas e impedimentos para reclamar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Conforme al texto aprobado las victimas de agentes estatales tendrían que ser reconocidas en una sentencia judicial para acceder de las distintas medidas de asistencia, ayuda humanitaria y reparación establecidas en la ley.

2. Ignora la prevalencia de la restitución como medida de reparación ante el despojo de las tierras y el patrimonio de las víctimas. La ley excluye la posibilidad de que exista restitución de bienes inmuebles, y favorece la indemización y otras formas de reparación ante el despojo de las tierras, con lo que desconoce los derechos de los de 3 millones de desplazados y reafirma la consolidación de un modelo económico basado en el despojo violento de las tierras a campesinos, indígenas y afrocolombianos. El Congreso legisla, de esta manera, a favor de los propietarios de empresas nacionales y trasnacionales, beneficiarios económicos, del desplazamiento y el despojo violento promovido por los grupos paramilitares. Con ello, garantiza la consolidación de un modelo social, político y económicamente excluyente dominado por el paramilitarismo.

3. Apela al principio de solidaridad y no reconoce su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos. De esta manera el Estado no se hace responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto de garantía de los derechos humanos y pretende escudar su responsabilidad en la solidaridad, convirtiendo los derechos de las victimas en simples favores y negando su participación directa y decidida en la comisión de cientos de crímenes de lesa humanidad cometidos a través de sus agentes estatales o paraestatales.

El Estado pretende negar su responsabilidad en la creación y la consolidación de la estrategia paramilitar, argumento cada vez más insostenible si se escuchan las versiones libres de jefes paramilitares quienes reconocen en esta estrategia una política de Estado.

4. Desconoce las diferencias entre los servicios sociales del Estado, las medidas de reparación y las medidas de asistencia humanitaria. Las medidas de reparación son una consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad estatal por el incumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, las medidas de asistencia humanitaria son simples ayudas, dadivas y servicios que debe ofrecer cualquier Estado frente a una calamidad o una emergencia no necesariamente, propiciada ni auspiciada por el mismo y los servicios sociales buscan superar exclusiones sociales y pobrezas de determinados sectores sociales en la búsqueda por alcanzar una igualdad material

Igualar estos tres conceptos constituye una ofensa para las victimas porque con ello se desconoce su condición de sujetos políticos y de derecho y además se niega la responsabilidad de Estado en materia de reparación. Además al contemplar las indemnizaciones en tablas que no pueden exceder los 40 salarios mínimos desconoce que la entidad de los daños y perjuicios causados por las violaciones a derechos humanos deben ser analizados con las particularidades de cada caso en concreto. La Ley aprobada también retoma lo establecido en el decreto 1290, (Reparación Administrativa) y establece que las indemnizaciones sean pagadas en sumas periódicas y durante 10 años. Ello desconoce la esencia de lo que debe ser una reparación, y sin duda será utilizado por el gobierno Nacional en su campaña por la segunda reelección.

Dadivas para los victimarios: la apuesta es por la impunidad

En esta misma dirección, el día anterior a la aprobación de éste proyecto de ley de víctimas, la Cámara de representantes aprobó la modificación del Código de Procedimiento Penal sobre principio de oportunidad.

Este principio, pensado para delitos de “bagatela”, puede ser ahora aplicado para garantizar la impunidad de crímenes de lesa humanidad, pues en adelante, podrá ser utilizado para favorecer a los paramilitares a quienes no se les pudo aplicar el indulto y los beneficios equivalentes contemplados en el decreto 128 de 2003 y la ley 782 de 2002, luego de una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de julio de 2007, en la que reconoció que la participación en grupos paramilitares no podría ser considerado un delito político de sedición y luego de la cual, la Fiscalía debió asegurar la captura, investigación y sanción de estos paramilitares en lugar de promover y apoyar iniciativas legislativas para garantizar la impunidad a través del principio de oportunidad, legislando para los victimarios y a favor de los responsables de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

La solución no fue entonces la implementación de medidas que garanticen la aplicación de una justicia ejemplarizante y responsabilizante para los perpetradores y beneficiarios de los crímenes permitidos y agenciados por el Estado, no se optó por la garantía de los derechos de las victimas a la verdad y a la justicia; por el contrario, la apuesta fue por la impunidad.

Este nuevo mecanismo de impunidad hace parte de un marco jurídico, encabezado por ley 975 de 2005, que establece un procedimiento de aparente y simulada justicia para impedir que los crímenes sean juzgados por la Corte Penal Internacional o por otros tribunales internacionales.

Este marco jurídico y las nuevas leyes fueron aprobados por un Congreso viciado por la ilegitimidad, que se hace evidente con la existencia de más de 80 congresistas procesados judicialmente por nexos con grupos paramilitares. Ante estos hechos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, manifiesta su profunda indignación y rechazo a las decisiones tomadas por el Congreso de la República. El MOVICE ha rechazado estas iniciativas desde sus inicios y presenta una vez más su constancia histórica frente a lo que considera otra burla a las víctimas y sus organizaciones, un desconocimiento de su querer y un silenciamiento de su voz.

Por último el MOVICE reafirma su decisión de seguir trabajando por la realización de los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, como elementos esenciales en un verdadero Estado democrático y de derecho; y hace un llamado a la Corte constitucional, para reconozca que estas leyes son contrarias al orden constitucional colombiano, y en consecuencia declare su inexequibilidad.

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"Que se hunda la ley de justicia y paz si no se ajusta"

El Tiempo. Con carteles y fotografías que recordaban a sus seres queridos, se presentaron algunas víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes durante el cuarto debate del proyecto de Ley que busca regular la reparación a quienes han padecido por el conflicto.
Las víctimas, además, radicaron más de 6 mil cartas en las que pidieron al Congreso que hundiera el proyecto de Ley que está en discusión. La razón: según las organizaciones de víctimas, como fue aprobado el proyecto en su debate anterior, no cumple con los cánones para la reparación.
La sesión terminó este martes pasadas las diez de la noche. Durante varias horas los representantes escucharon a los ponentes: el representante liberal Guillermo Rivera, y el representante conservador Humberto Mantilla.

El primero defendió los principios que incluyó el proyecto al momento de ser concebido: que la reparación tiene que ser integral, que no se puede limitar a lo establecido por el gobierno en el decreto 1290, que se debe incluir dentro de las víctimas a aquellas que lo han sido por los agentes del Estado (soldados, policías, etc.), que el Estado debe reparar porque es su responsabilidad, y que la restitución a las víctimas no debe incluir solamente sus tierras sino sus bienes e inmuebles. El representante Rivera pidió al gobierno que derogara el decreto 1290 por no estar ajustado a lo que dice la Ley y recordó que varias sentencias de la Corte Constitucional han dado la razón a las víctimas del conflicto que han demandado que el Estado no los ha reparado integralmente.

Mantilla expuso la ponencia mayoritaria del gobierno, en la que se establece que el Estado repara por “solidaridad”; excluye las víctimas de agentes de Estado de la reparación administrativa; fija los montos de reparación según los topes definidos en el decreto 1290; y exige una prueba para que la víctima pueda considerarse como tal. La coalición de gobierno fue más lejos y aseguró que los fallos de tutelas, en los que la Corte Constitucional le han dado la razón a las víctimas, no se deben vincular en la creación del proyecto de Ley.

El Ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, intervino para defender la actuación del gobierno en el tema de la reparación. Dijo que el gobierno repararía por vía administrativa, en los próximos días, a 10 mil víctimas.

También dijo que el gobierno no toleraba la violación de los derechos humanos “sea quien sea el victimario”. No obstante, advirtió que no se debía aprobar un proyecto de Ley que no cuenta con los recursos. Y reiteró que las víctimas de agentes de Estado debían vencer en juicio a sus victimarios para acceder a la reparación. En respuesta a la petición de Rivera de derogar el decreto 1290, dijo que era "indignante" su insinuación.

Para Iván Cepeda, presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, excluir del universo de víctimas a las de agentes del Estado es ir contra postulados internacionales de reparación.

Por esta razón, desde ya las organizaciones sociales planean sendas demandas ante la Corte Constitucional, una vez sea probado el proyecto. Otras prefieren que el proyecto, como fue aprobado por la mayoría del gobierno en su tránsito por la Comisión I de la Cámara, no se apruebe.

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