26 marzo, 2009

(ONG) de Colombia anunció hoy que propondrá a los gobernantes Americanos, sus "buenos oficios" para la Paz

Bogotá, 25 mar (EFE).- Una organización no gubernamental (ONG) de Colombia anunció hoy que propondrá a los gobernantes que se hagan presentes en la Cumbre de las Américas de Puerto España que ofrezcan sus "buenos oficios" para un diálogo de paz en este país andino.
La solicitud es iniciativa de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (APSCP) y centra un mensaje que esta ONG enviará a las embajadas de los países americanos en Bogotá antes de la cita de Trinidad y Tobago, que irá del 17 al 19 de abril próximo.

La APSCP dejó hoy en consideración pública esta carta, que espera que sea firmada por muchos colombianos, como gesto de respaldo a la gestión internacional en favor de una salida política negociada al conflicto armado de Colombia, que lleva casi medio siglo.

El mensaje está dirigido a los presidentes o primeros ministros del continente americano que deberán participar en la V Cumbre de las Américas, mecanismo de integración en el que participará por primera vez el nuevo gobernante estadounidense, Barack Obama.

El eje de la misiva es una serie de cuatro propuestas, en una de las cuales se sugiere a los gobernantes y a sus pueblos que ofrezcan "los buenos oficios de la comunidad americana para facilitar eventuales diálogos de paz o conversaciones alrededor de temas humanitarios, aun en territorio de países de la región".

Asimismo, les pide que apoyen los esfuerzos de la sociedad civil colombiana en la búsqueda y consolidación de la paz, y reafirmen la Declaración de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia firmada en la III Cumbre de las Américas, celebrada en Québec (Canadá) en 2001.

El mensaje también propone a los mismos destinatarios que insten a las partes implicadas en la confrontación a que consideren "el diálogo útil y la negociación con resultados como el camino para superar el conflicto armado y, en esa dirección, demandar acciones e paz a partir del respeto a los derechos humanos y la plena observancia del derecho internacional humanitario".

La ONG expresa que duele que la agenda del país "esté determinada en buena parte por la persistencia de un conflicto armado interno que tiende a sobrepasar las fronteras y que representa un desafío para la seguridad y un reto para la integración".

Además, advierte de que Colombia ha oscilado en las últimas décadas entre "negociaciones con éxitos parciales y ofensivas militares sin derrotas definitivas".

Mientras tanto, agrega, el conflicto sigue y se degrada, la crisis humanitaria y de derechos humanos se profundiza, y se desvían hacia el gasto militar los recursos y las energías que el país debiera invertir en la superación de la pobreza, la prosperidad y la plena vigencia del Estado social de derecho.

"Colombia necesita del apoyo de la comunidad internacional, en especial de los gobiernos y pueblos que ustedes representan (los gobernantes de América) para insertarse en la comunidad de naciones que construyen su futuro en paz y resuelven sus conflictos sociales y políticos sin violencia", considera la APSCP.

Esta ONG fue creada en 1988 como foro de formación y promoción de una solución política negociada al conflicto colombiano, y reúne a múltiples iniciativas del mismo tipo en los ámbitos local y regional.
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En Colombia se hostiga a dirigentes y miembros de la sociedad civil mediante "acusaciones sin fundamento",James P. McGovern.

AP. En Colombia se hostiga a dirigentes y miembros de la sociedad civil mediante "acusaciones sin fundamento", una situación que se ha pedido infructuosamente cesar desde hace tiempo, declaró el miércoles un legislador demócrata crítico del presidente Alvaro Uribe.
"Esas investigaciones y procesamientos judiciales se basan en acusaciones maliciosas, y alcanzan a todos los sectores sociales, incluyendo campesinos, comunidades enteras, maestros, miembros del clero, abogados, músicos, afrocolombianos, indígenas y grupos de derechos humanos", dijo James P. McGovern.

Mc Govern habló en la apertura de una vista de la llamada Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, creada en septiembre en el seno de la Cámara de Representantes luego de la muerte del legislador Lantos, judío de origen húngaro y único sobreviviente del Holocausto en el Congreso estadounidense.

A la audiencia fueron convocados Andrew Hudson, de la organización Human Rights First; el periodista colombiano Hollman Morris y Liliana Andrea Avila, de la Comisión Intereclesial Justicia y Paz de Colombia, para según McGovern proporcionar detalles de cómo se estaba dando el hostigamiento a la sociedad civil en ese país.

"Estoy preocupado de manera particular por los métodos empleados para socavar la legitimidad en Colombia", dijo McGovern, quien ha visitado el país en varias oportunidades desde 2001. "Eso pone en mayor riesgo la seguridad física de los dirigentes de la sociedad civil y sus familias y hace más difícil el ejercicio de los derechos civiles".

McGovern, copresidente de comisión, ha sido un frecuente crítico del estado de los derechos humanos en Colombia. Pero, ha tenido elogios en otras oportunidades al trabajo del presidente venezolano Hugo Chávez, quien beneficia al distrito electoral del legislador con petróleo de calefacción gratuito.

Indicó que sobre la base de la información proporcionada por los invitados "yo creo que debe hacerse necesario mirar dos veces los fondos que se entregan a Colombia" para la administración de justicia.

"En vez de hostigarlas, yo creo que el gobierno debería reconocer que estas organizaciones e individuos más bien fortalecen la democracia en Colombia", dijo McGovern, uno de los congresistas que se opone a la pronta aprobación del tratado bilateral de libre comercio con ese país.

Hollman, periodista independiente que produce documentales de televisión, volvió a denunciar que el gobierno de Uribe "continúa vinculándome públicamente" con la guerrilla de las FARC y que "no existe ningún proceso en mi contra, ni una acusación formal que me permita defenderme ante los jueces".

Dijo que en Colombia "se están desconociendo las garantías básicas al debido proceso, sobre todo a defensores de derechos humanos y periodistas".

"Desde el 2005, el presidente (Uribe) viene haciéndome señalamientos públicos de vínculos con la guerrilla de las FARC", dijo. "Eso en Colombia ha generado interceptaciones telefónicas, amenazas, persecución..."
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25 marzo, 2009

Solicitudes de asilo aumentan en el mundo

Ginebra, 24 mar (EFE).- El número de solicitantes de asilo en los países industrializados aumentó un 12 por ciento en 2008 en comparación con el año anterior, y los iraquíes fueron nuevamente el grupo más numeroso, según informó hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Las demandas de asilo crecieron en 2008 por segundo año consecutivo hasta alcanzar las 383.000 peticiones, después de que en 2006 se registrara la tasa más baja en 20 años con 307.000 solicitudes.

"Este aumento se debe en parte al mayor número de solicitudes de asilo realizada por los ciudadanos de Afganistán, Somalia y otros países que sufren conflictos o disturbios", explicó ACNUR.

A pesar de que las peticiones de asilo realizadas desde Irak descendieron un diez por ciento en 2008, es el país que más demandas realizó con 40.500 solicitudes, seguido por Somalia (21.800), Rusia (20.500), Afganistán (18.500) y China (17.400).

Por otro lado, Afganistán fue el país donde más aumentó la demanda de asilo en comparación con el año anterior (85 por ciento de incremento), seguido de Zimbabue (82 por ciento), Somalia (77 por ciento), Nigeria (71 por ciento) y Sri Lanka (24 por ciento).

Todos estos países experimentaron disturbios o conflictos en 2008.

En relación a los países de acogida, Estados Unidos fue un año más el principal destino de los refugiados en 2008, con 49.000 nuevas solicitudes de asilo, que representan el 13 por ciento del total.

Sin embargo, ACNUR señaló que en los Estados Unidos "sólo solicitó una petición por cada 1.000 habitantes, mientras que la media en los países de la Unión Europea fue de 2,4 solicitantes de asilo por cada 1.000 habitantes".

El segundo país de destino de los refugiados en 2008 fue Canadá con 36.900 refugiados, seguido por Francia (35.200), Italia (31.200) y el Reino Unido (30.500).

Los lugares de acogida de refugiados se diversificaron en 2008, "posiblemente como resultado de la introducción de políticas de asilo más estrictas en los países de destino más tradicionales", como es el caso de Suecia, donde la demanda de asilo por parte de los iraquíes descendió un 67 por ciento entre 2007 y 2008.
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21 marzo, 2009

ONG denunciaron que "varios artículos" del proyecto de Ley reguladora del Derecho al Asilo, va en contra del derecho internacional humanitario

Europa Pres- España. Varias ONG coincidieron hoy en denunciar en el Congreso de los Diputados que "varios artículos" del proyecto de Ley reguladora del Derecho al Asilo y de la Protección Subsidiaria "van en contra" de los acuerdos internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951. Por ello, pidieron a los diputados que presenten enmiendas a este documento para "corregir las deficiencias" y "respetar las obligaciones" adquiridas por España al adherirse a los instrumentos internacionales de protección de los refugiados.

La andadura de este texto comenzó oficialmente hoy, con la celebración de una Comisión de Interior monográfica en la Cámara baja sobre la reforma de la Ley en la que participaron representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la organización de atención y acogida a inmigrantes y refugiados ACCEM, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y la asociación catalana ACSAR.

Así, la representante del ACNUR en España, Maricela Daniel, afirmó que si bien valora la modificación de la actual regulación del asilo en España, "hay varios aspectos que precisan una corrección en el proyecto", en conformidad con la Unión Europea y "con miras" a mantener los estándares legislativos de garantías que tiene la actual normativa nacional.

A juicio de Daniel, este proyecto de ley presenta aspectos "por debajo" de los estándares internacionales, como las causas de exclusión, que "tienen que limitarse" a los límites de la Convención de 1951. Asimismo, criticó que el texto limita el derecho de solicitar la protección internacional y excluye a los ciudadanos comunitarios, algo que, a su entender, "es contrario" a los reglamentos internacionales "que no admiten reserva de los estados parte".

"España tiene en esta reforma la oportunidad de mostrar el tipo de sociedad que quiere ser. Creemos que lejos de apostar por una bajada de estándares, el pueblo español tiene la posibilidad de mostrar la generosidad que recibieron ciudadanos españoles por circunstancias parecidas hace no mucho tiempo", aseveró la representante del ACNUR.

PREOCUPANTE, INJUSTIFICADA Y GRAVE

El coordinador de Incidencias de CEAR, Mauricio Valiente, señaló que, partiendo de la base de que los contenidos de la actual legislación española que ha regulado el derecho de asilo en España "no han generado problemas", su organización cuestiona el cambio de redacción de estas normas, que a su juicio "supone un retroceso".

Asimismo, calificó de "preocupante, injustificada y grave" la desaparición de la posibilidad de solicitar asilo en España por vía diplomática. A esto hay que sumarle la "falta de concreción" respecto a los programas de reasentamiento de refugiados, que contempla el borrador, "que son ya de un alcance inferior al de otros países de nuestro entorno".

En la misma línea, el subdirector de ACCEM, Enrique Barbero, apuntó que lo redactado en el texto sobre el derecho de asilo por cuestiones de género y de orientación sexual, calificada por el Gobierno como una de las "principales novedades", tiene que ser "mejorado", así como el procedimiento abreviado de solicitud de asilo y la reagrupación familiar, que "pueden dar lugar a grandes confusiones".

Sobre el reasentamiento para la protección de refugiados establecidos en países limítrofes al de su origen, Barbero solicitó a los diputados que presenten enmiendas para completar esta medida, que supone un "avance" en la actual legislación. "No olvidemos que estamos hablando de dar una solución a los refugiados que en la mayoría de los casos quedan en países limítrofes, pues sólo los privilegiados llegan a Europa", alegó.
PERSEGUIDOS POR ENFERMEDADES

Médicos del Mundo, por su parte, propuso, a través de su presidenta, Concepción Colomo, la modificación de varios artículos del proyecto de ley para que se incluya a las personas que huyen de sus países de origen debido a temores a sufrir persecución por padecer una enfermedad que produzca rechazo (como el albinismo); o que se proteja a las personas que en su país de origen no pueden recibir un tratamiento o atención sanitaria adecuada a una enfermedad grave.

Amnistía Internacional advirtió sobre "menoscabo" de las directivas europeas a la Convención de Ginebra y a los Derechos Humanos. En este sentido, indicó que es "especialmente preocupante" que la reforma contemple que su objeto de aplicación sean los nacionales no comunitarios porque "presupone que en todo el contexto de la UE no se puedan dar situaciones de violación de los derechos".
Asimismo, criticó la causa de inadmisión a trámite de los solicitantes de asilo procedentes de un 'país seguro', ya que existen situaciones de "especial vulnerabilidad" dentro de la UE, como la de la comunidad romaní; o que se quite el estatuto del refugiado a una persona que su presencia pueda perjudicar las relaciones bilaterales de España con otros países. "Los derechos humanos de las personas están por encima de las relaciones políticas", concluyó.


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ONU pide a Europa que imite Alemania y admita refugiados de Irak

GINEBRA (Reuters) - Naciones Unidas elogió el viernes a Alemania por admitir a 122 refugiados iraquíes vulnerables, e instó a otros países europeos a seguir su ejemplo.

Después de volar el jueves a Hanóver desde Siria, son los primeros refugiados que se movilizan a Alemania bajo un programa de reasentamiento desde el bote de vietnamitas a comienzos de la década de 1980, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Alemania está entregando un ejemplo muy positivo que esperamos que inspire a otros países europeos para que consideren reasentar a refugiados iraquíes durante el 2009", dijo el portavoz de ACNUR, Ron Redmond, en una reunión informativa en Ginebra.

Cada familia iraquí enfrentó persecución en su país natal, incluyendo un hombre que sobrevivió a un secuestro y una joven madre cuyo esposo fue raptado y nunca más escuchó de él, dijo.

El Gobierno alemán ha ofrecido admitir a 2.500 iraquíes de Siria y Jordania siguiendo una decisión de la Unión Europea de reasentar más de 10.000 iraquíes en el bloque en el 2009, dijo ACNUR.

Alemania le está dando prioridad a las minorías perseguidas, personas con necesidades médicas específicas y a mujeres jefas de hogar cuyas familias ya se encuentran en el país, de acuerdo a la agencia.

Aproximadamente 60.000 refugiados iraquíes vulnerables que han huido de los combates y las persecuciones necesitan encontrar nuevos hogares, con la mayoría ahora en Siria y Jordania, dijo.

Unos 17.770 refugiados iraquíes fueron reasentados en tres países el año pasado, dijo Redmond. El seis por ciento se dirigió a países europeos.

"Estados Unidos ha admitido a la mayoría", dijo. "Se espera que un número mayor sea aceptado y reasentado en el mundo este año", agregó.

Gran Bretaña, Finlandia, Francia, los Países Bajos y Suecia también están considerando la propuesta de la ACNUR de reasentar iraquíes.

Estados Unidos -- después de las críticas de Europa y la ACNUR por no reasentar a muchos iraquíes luego de su invasión de 2003 -- ha admitido a 14.860 personas desde principios de 2007. Están entre los 46.255 iraquíes cuyos casos la ACNUR ha presentado a Washington.

Los iraquíes que reunen los requisitos necesarios para ser reasentados actualmente están viviendo con seguridad relativa en Siria y Jordania, dijo Redmond.

"Pero estos son los casos más vulnerables, ellos sí necesitan ser eventualmente reasentados, en nuestra opinión. Cuando sea más pronto mejor", agregó.
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Relato de dolor, resistencia y esperanza: “En Colombia la justicia existe pero en los papeles”

Consejo Noruego para los Refugiados. Víctima del desplazamiento forzado en dos ocasiones, hace parte de las miles de mujeres que han sufrido los horrores de la guerra en su propio cuerpo. Hoy, a sus 35 años, esta guajira ha reconstruido su proyecto de vida desde el liderazgo a favor de los derechos de la población en situación de desplazamiento y la reparación integral para las víctimas del conflicto en el departamento del Magdalena. Recientemente, participa como tutora comunitaria en el programa de Educación Integral para Adultos del Consejo Noruego para Refugiados en el departamento. Es María Choles y esta es su historia.

Soy María, pero todo el mundo me dice Chole. En los años 80’, en la época de la bonanza de la marihuana, asesinaron a mi abuela en la Guajira y tuvimos que desplazarnos. Llegamos al municipio de Zona Bananera, en el departamento del Magdalena. Allí trabajábamos en el campo. Pero en el año 2000, los paramilitares asesinaron a un tío y dos primos, nos amenazaron y nos tocó salir otra vez desplazados. Llegamos a Santa Marta con los trapos que traíamos puestos, mis dos hijos, mi compañero y con cuatro meses de embarazo. Tenía 27 años. Fue duro porque, cuando se trata de muertos y de violencia, la gente por más amiga, le cierra las puertas. Los primeros días, familiares de mi compañero nos dieron alojamiento. Después dijeron que se hacía mucha comida, que el gas y la luz llegaban muy caros. Buscamos una piecita y comencé a hacer dulces de coco, leche y papaya para vender. Mi compañero arreglaba pescado en el mercado por $500. Con eso comprábamos arroz y aceite para dar algo de comer a los niños.

El hijo mayor –que estaba en quinto de primaria- se atrasó porque no podíamos pagar la matrícula y en ningún colegio lo recibían. Una vecina me dijo que declarara que era desplazada para que me ayudaran. Fui a la Defensoría del Pueblo pero me dijeron que, para darme el código, los asesinados tenían que ser mis hijos, hermanos o padres. En la Personería sí me aceptaron. Pensaba que me iban a ayudar rápido. Pero comencé el calvario por el que pasan todas las familias desplazadas: ir todos los días a pedir la ayuda humanitaria de emergencia y, de ahí en adelante, exigir a la brava los beneficios a los que uno tiene derecho.

La realidad…

La población desplazada en Santa Marta vive muy mal. La mayoría está en las partes altas de los cerros y, en tiempo de lluvia, se derrumban las casas. Hay una población grande que vive a la orilla de la línea férrea y es peligroso cuando pasa el tren. Hay muchas enfermedades porque en estos sectores no hay pozos sépticos. Deben tirar el excremento o quemarlo al aire libre. Hay brotes y epidemias todo el tiempo. Y no hay acceso a salud. Porque el problema no es tener un carné que certifique que uno está en el régimen subsidiado. Es que en verdad se brinde la atención. Muchos centros de salud han sido cerrados en los barrios y los pocos que quedan no dan abasto.

A pesar de que el Alcalde sacó un decreto para que la población desplazada sólo pague 10 mil pesos por la matrícula de los niños, los directores de los colegios piden más. Los niños se están quedando sin estudio porque las mamás no tienen cómo matricularlos, no tienen para los uniformes y los libros. Los jóvenes no pueden estudiar y trabajan de manera informal, en el mercado público o vendiendo bolsas. Se está viendo la prostitución y el vandalismo.

Los desplazados sobreviven como pueden. Cada quien se busca su sustento vendiendo tinto, bolsas, dulces. Con los programas de generación de ingresos tenemos dificultades. ¿Cómo crea una persona una microempresa con $800.000 o $1’500.000? Además, deben registrarla en Cámara de Comercio y eso genera gastos. La Alcaldía y la Gobernación deberían avalar los proyectos para garantizar que realmente generen ingresos estables. Pero apoyar a una persona para vender tinto en la calle o comida en una carretilla, la misma Policía los corretea. No son proyectos para vivir con dignidad.

El subsidio que dan para vivienda tampoco sirve. Aunque es una ayuda es un martirio cuando lo otorgan porque no cubre las necesidades. Son $10’842.500 pesos, pero dónde consigue uno en Santa Marta vivienda digna -como lo exige la ley- con esa plata, si además no hay proyectos especiales de vivienda para desplazados, no hay terrenos para comprar. Aunque deberían hacer una investigación porque uno ve personas registradas como desplazadas que tienen hasta tres viviendas gracias a los subsidios. Deberían cruzar las bases de datos de instrumentos públicos, Notarías y registros. Ahora, el gobierno dice que en el Magdalena estamos en postconflicto. Pero nosotros sabemos que no. Después de las desmovilizaciones de las autodefensas, siguen los muertos y los desplazamientos. ¿No se dan cuenta que la prostitución la están ejerciendo mujeres desplazadas porque no tienen como darle un plato de comida a los hijos? El gobierno sabe lo que está sucediendo pero lo niega para no atender a la población. No sólo a la desplazada; también a la población vulnerable que ha tenido que hacerse pasar como desplazada por necesidad. A uno le dicen: “Yo le pagué a fulano de tal para ingresar al Registro”. Muchas veces son líderes asociados con funcionarios. En últimas, todos somos víctimas del abandono del Estado. Nos ponen a competir desde la necesidad y terminamos peleando entre pobres.

También es duro ver que a los victimarios ahora les pagan un sueldo. Uno piensa: ¿Qué sucede que premian a los victimarios y las víctimas están pasando hambre? ¿Será que la población desplazada tendrá que armarse con machete, pala, azadón y pico -que es lo que sabe tener en sus manos- y luego desmovilizarse y entregar esas armas para poder acceder a los beneficios?

El tesón de persistir

A pesar de tantas leyes todavía no han dicho cuándo es que le van a cumplir a la población desplazada. Cuándo es el límite de tiempo. Y entre más esperen, más desplazados habrá y será una historia de nunca acabar. Por eso un grupo de organizaciones hemos decidido hacer talleres en los barrios. Hablamos con la comunidad sobre sus derechos en educación, vivienda, salud, generación de ingresos, seguridad alimentaria. Es importante que la población conozca sus derechos. Muchas veces uno forma el escándalo en la institución y lo echan sin lograr nada. Hay que exigir desde los argumentos. Si uno sabe cuales son sus derechos, hace la petición conforme a la ley y, si no se la aceptan, acude a mecanismos como la tutela. Aunque ahora hay desacato y no pasa nada. Ya ni siquiera la tutela funciona. Muchas veces los funcionarios le dicen a uno: “A mi la ley me vale huevo”. El Magdalena ha sido uno de los departamentos más golpeados por el conflicto. Aquí la ley no existe. Los funcionarios están acostumbrados a no cumplir la ley. Además, ser líder mujer, desplazada y afro, es duro. Las puertas de las instituciones difícilmente se abren. Uno siente la discriminación: “Ya llegó la negra desplazada”, me dicen. Pero ya me acostumbré y no me lo tomo a pecho.

Por eso fue tan linda la experiencia de organizar la Audiencia de seguimiento a la T-025 con la Corte Constitucional. Me llenó de orgullo estar al lado de esos magistrados que han venido dando una pelea grande por la población desplazada. Algunas instituciones nos decían que íbamos a sapear, que los estábamos acusando. Pero lo único que uscábamos era que la Corte conociera la realidad de cómo se ha venido atendiendo a la población desplazada, cuáles han sido los beneficios reales, cuáles los derechos vulnerados. Las instituciones decían que toda la población ha sido atendida. Pero otra cosa vemos los líderes que estamos metidos en las comunidades todo el tiempo.

Fue una experiencia dura. Antes de entrar a la audiencia, pensaba: “Señor, dame fuerzas. No quiero volver a salir corriendo”. Sentí miedo. Lloré mucho. Pero me recogí las lágrimas y pensé: “Si no lo hago yo, junto a mis compañeros… ¿entonces quien?”. Fue una oportunidad para decir lo que en verdad estaba pasando y dar recomendaciones. Recuerdo las caras de los funcionarios: pálidas, largas, arrugadas. Fue un logro muy grande. Cuando la Corte Constitucional después sacó otro Auto a nivel nacional sentimos que, desde nuestro trabajo, pudimos ayudar a los desplazados de todo el país. Lástima que los magistrados se van porque no sabemos los que vienen cómo serán…

Ahora estoy participando en un proyecto del Consejo Noruego para Refugiados y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD para alfabetizar adultos desplazados y vulnerables. Es mucha la población que, en pleno siglo XXI, aún es analfabeta. Es lo que debería ver el presidente Uribe: invertir más en educación y menos en la guerra. Es un proyecto lindo porque es desde los líderes hacia la comunidad. Tengo 18 alumnos –tres hombres y 15 mujeres-. La más joven tiene 34 años y la más viejita 72.

Me divierto porque la metodología de trabajo es diferente. No es con cartillas, ni salón de clase, ni recitando tablas de multiplicar. Aprenden jugando, por ejemplo, con parqués o dominó, suman o restan. Hablamos, por ejemplo, sobre la sana convivencia y temas relacionados como violencia intrafamiliar, violencia sexual y violencia contra los niños. Les enseñamos cuales son sus derechos y cómo ejercerlos. Aprenden a leer y escribir hablando. Por ejemplo, inicio con una frase: “¿Para ustedes qué es la violencia intrafamiliar?”. Alguien responde: “Es cuando el hombre golpea a la mujer”. La palabra generadora es “golpear”. Trabajamos la letra G y buscamos palabras que empiecen con esa letra. Y así van aprendiendo. Las clases son en mi casa, de 2 a 5 de la tarde. Me dicen “seño Chole” y me da risa. Todo el tiempo aprendo de ellos. El que no sepan leer ni escribir no significa que no tengan nada que enseñar. Y uno siempre tendrá cosas por aprender…

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El Bachillerato de Paz del Consejo Noruego para Refugiados en Santa Marta: “Ser joven aquí es difícil”

Consejo Noruego para Refugiados. A los 14 años, Yerson D’Avila salióhuyendo para evitar el reclutamiento de la guerra. Hoy, junto con su compañera Shirly Cabarcas, hacen parte de los 161 jóvenes beneficiarios del Bachillerato Pacicultor, modelo educativo que el Consejo Noruego para Refugiados implementa desde el 2006 en Santa Marta para brindar a jóvenes en situación de desplazamiento y vulnerabilidad que no acceden al sistema educativo formal, una oportunidad para la vida desde la educación para la paz.
Vengo de Santa Rosa de Lima. Salí desplazado en el año 2000. Una noche mi papá me embarcó con mi hermana en un bus a escondidas porque los grupos armados se estaban llevando a dos personas de cada familia. En Santa Marta nos esperó otra hermana. Yo tenía 14 años. Nunca había venido a la ciudad. Lo que más me impresionó fue el mar. Cuando venía en el bus lo vi por primera vez. Grande y bonito… En el pueblo ordeñaba en la madrugada, estudiaba en la mañana –tercero de primaria- y en la tarde trabajaba tirando machete en una finca. Era una vida chévere. Después llegaron desplazados mis papás y mis hermanos con sus familias. La finca quedó abandonada. Se perdió todo, los chivos, los cerdos, los cultivos. Vivíamos 20 personas en una pieza. Pasábamos ratos de mucha tristeza. No estábamos acostumbrados a acostarnos sin comida ni a dormir todos amontonados.


Los primeros días fueron muy difíciles porque en Santa Marta todo es por palanca. Mis hermanos salían temprano a conseguir trabajo y regresaban en la noche sin nada. Conseguí empleo vendiendo verduras en la calle. Los primeros días me daba pena gritar para ofrecer el producto. Prefería irme de casa en casa: “A la orden doña, lleve la papa, la yuca”. Después, la gente ya me conocía y me regalaban ropa y zapatos. Había un señor que, cuando me veía cansado, me compraba toda la carretilla. En un día bueno vendía 250 mil pesos. De eso, el dueño me daba 8 mil pesos. También me daba verduras y frutas para llevar a la casa.

Aprendizaje de puertas abiertas…

Un día llegaron al barrio –Cerro Fresco- inscribiendo a los jóvenes para el Bachillerato de Paz. Nunca había escuchado nada de eso. Pensaba: “Ahora, quien sabe qué será”, porque siempre venían buscando a los desplazados para sacar beneficios. Uno se vuelve desconfiado. Pero mi mamá nos inscribió a mí y a mi compañera, Shirly. Vivimos juntos desde el año 2005. Ella tenía 14 años y yo 18. Me iba bien en ciencias naturales porque venía del campo. Pero era malo en matemáticas. Cuando me gradué de primaria me sentí feliz. No pensé que fuera a graduarme porque le había perdido amor al estudio. En el pueblo era el primero en levantarme para ir a la escuela. Pero cuando uno se acostumbra a la plata, piensa: “Para qué estudio si no me va a servía para nada. Ya estoy trabajando”.

Luego, comencé a estudiar el bachillerato de noche en el barrio El Pantano. Pero le cogí fastidido al colegio por la profesora que regañaba mucho. A mi me gusta que me expliquen las cosas con calma. Después llegó a estudiar un muchacho de las AUC y se la pasaba amenzándonos. Decía que le teníamos que entregar las onces en el recreo. No le tenía miedo porque en el pueblo uno se acostumbró a ver a esa gente. Ellos mismos decían: “No le demuestre miedo a ningún grupo armado porque, enseguida, creen que usted debe algo”. Un día se metió con mi hermana. Le dije: “No puede estar en este colegio o lo denuncio”. Amenazó a la profesora y se fue. No lo volvimos a ver.

El primer día de clase estaba nervioso: “Si me pasan al tablero a hacer una división, me friego”, pensaba. Fue en la Universidad del Magdalena. Nunca había ido. Me pareció bonita, todo verdecito. Me animó ver tantas personas estudiando, esmerándose por salir adelante. El primer día nos presentamos. Todos éramos desplazados. Me gustó porque nos dijeron que las clases no iban a ser en un salón sentados todo el tiempo en pupitres.

La siguiente clase fue en la playa y un profesor llevó una guitarra. Y nos dieron comida. Nunca había estado en un colegio que dieran comida. También me gustó la forma que los profes nos trataban. Ese día había un muchacho apartado del grupo y hablaron con él. Uno siempre tiene problemas guardados pero no tiene para pagar un sicólogo. Todo era muy diferente a los colegios normales. Por ejemplo, uno se hacía una pregunta y, sobre esa pregunta, investigaba, hacía un proyecto y aprendía todas las materias. Otra cosa diferente eran las tutorías de barrio. Llegábamos a compartir con la comunidad.

Comenzamos 72 alumnos pero algunos se fueron retirando. Yo animaba a los compañeros: “No te retires, ya casi coronamos”. Pero jóvenes de barrios como El Pantano, Bastidas, Timayui y El Parque dejaron de estudiar porque tenían familia y debían trabajar todo el tiempo. Shirly y yo, afortunadamente, contamos con el apoyo de mis papás. Pero muchos, si no la sudaban no comían. Finalmente, nos graduamos el 29 de agosto de 2008, junto con 23 compañeros. Sentí un nudo en la garganta. Les di las gracias a mis papás. A veces estaba desempleado y me quería retirar de estudiar. Sobre todo, cuando Shirly quedó embarazada. Me daba pena con mis papás. Pero ellos me decían: “Eso no importa, estudia”. Cuando podía trabajaba con mi papá en construcción. O arreglaba televisores, grabadoras y equipos de sonido y así aportaba plata a la casa. También tuvimos mucho apoyo de los profes para terminar los dos el proceso. Sobre todo, cuando se nos murió el bebé recién nacido, en agosto de 2007. Fue un momento muy duro.

Si papá no me saca…

Creo que la rabia la tenía guardada por haber tenido que salir del pueblo y dejar todo. Todavía me acuerdo y me duele. Aunque ya no quiero regresar. Tengo otras expectativas, quiero estudiar. Es difícil pensar que, precisamente, pude estudiar porque me desplacé. Porque allá en el pueblo los muchachos se quedan tirando machete y ordeñando. Muchos terminan vinculados a los actores armados, a las malas o porque quieren. A los jóvenes les llamaba la atención porque les pagaban 600 mil pesos mensuales y les daban permiso de salir cada dos meses. Llegaban con plata y se emborrachaban. Eran los ‘chachos’ del pueblo. Cuando entraban uno ya reconocía el ruido de la camioneta. No quedaba nadie por la calle, todo el mundo se escondía.

Mi papá tuvo que rescatar a uno de mis hamanos dos veces de las AUC. Una vez se lo llevaron porque se le marcaban las botas de caucho en la pantorrilla y las tiras del morral en la espalda, entonces decían que era guerrillero. Mi papá fue con el patrón de la finca hasta donde lo tenían. Les dijo que él se quedaba en vez de mi hermano. “El problema es con su hijo”, le respondieron. Finalmente, los convencieron de soltarlo. Mi hermano tenía 29 años.

Otro día, íbamos a ordeñar a las 4 am. Hicieron unos tiros y el caballo nos tumbó. Mi hermano salió corriendo pero lo alcanzaron. Le decían que se acostara en el suelo. “Si me van a matar, mátenme parado”, les respondió. “Acuéstese porque, o si no, le queda el alma en pena”, le decían. Fuí corriendo a avisarle a mi papá. Otra vez logró rescatarlo. El patrón puso la queja donde el jefe de las AUC. Desde ese día no volvieron a molestar. Antes de graduarme, fui a trabajar al municipio de Fundación, a armar un corral para 700 novillas. La finca quedaba a dos horas en bicicleta por un camino lleno de barro. A veces, me tocaba alzar la bicicleta para que no se enterrara. En ese trajín, se me cayó la billetera. En la finca, me avisaron que debía devolverme porque ya nos íbamos a graduar. De regreso, la guerrilla me estaba esperando en el camino. Tenían mi billetera. Me preguntaron qué estaba haciendo por allá. Sentí mucho susto porque unos primos fueron de las AUC y esa gente tiene bases de datos. Pensé que me iba a matar. No me salía la voz. Le pedí a Dios que me diera fuerzas: “Estaba trabajando. Voy a Santa Marta a graduarme del colegio. Soy del Bachillerato de Paz”, les respondí. El comandante me dijo que, si quería estudiar, me pagaban una carrera. Me ofrecieron estudiar medicina. “No, gracias. Yo veo sangre y me desmayo”, les respondí. Me ofrecieron estudiar Química, que me compraban moto y no me iba a faltar la plata. Lo más chistoso es que les dije que no quería estudiar más…

La guerrilla ya me había cogido una vez cuando estaba trabajándole al patrón en la finca. Uno de los muchachos me vio cosiéndo unas botas, fue y sapeó y en la tarde la guerrilla me llevó. Cuando llegaron, pensé que me iban a matar porque estaba acostado en una hamaca militar que me habían regalado. Se me salían las lágrimas. A la semana me soltaron. Alcancé a coser 40 pares botas y me pagaron los días de trabajo.

A otro hermano, también los cogierón una vez las AUC porque tenía “porte” para trabajar con ellos. Tenía 23 años. Cuando nos avisaron nos pusimos a llorar porque esa gente cuando se llevaba a alguien del pueblo era para matarlo. Mi papá fue con mi cuñado a buscarlo. Cuando se los encontró en el camino, venían en una camioneta Toyota de vidrios oscuros. En el platón traían tres muertos. Mi papá dice que, cuando vio el poco de sangre, sintió un frío terrible. Pero abrieron las puertas de la camioneta y el primero que salió fue mi hermano.

Por eso mi papá decidió sacarnos a todos del pueblo. Porque íbamos a terminar muertos o trabajando con los armados. También por los combates entre la guerrilla y las AUC. En la finca, a veces se metían en la terraza y desde ahí se daban bala. Uno hasta se acostumbraba. Tocaba agacharse y aguantar…
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Cerca de 2 mil indígenas huyen de amenazas y violencia en Colombia

BOGOTÁ, Colombia, 17 de marzo de 2009 (ACNUR) - En el último incidente de desplazamiento de comunidades indígenas colombianas, cerca de 2 mil indígenas embera han huído de sus hogares en el departamento del Chocó, sobre la Costa Pacífica, como resultado de amenazas y enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales.

Más de mil emberas han sido desplazados de sus territorios colectivos en los últimos días en la región chocoana del Alto Baudó, ubicada al noroeste de Colombia. 897 de ellos fueron censados la semana pasada en el pueblo de Catrú, mientras otros 114 han buscado protección en el pueblo de Nuncido durante los últimos días.

Los indígenas huyeron de 15 comunidades después de que unos 200 miembros de un grupo armado ilegal entraran a su territorio la primera semana de Marzo, los amenazaran y trataran de forzarlos a colaborar en ataques contra otro grupo ilegal.

En el Bajo Baudó, nueve comunidades donde vivían unos mil emberas se encuentran desiertas debido a los combates entre los mismos dos grupos armados ilegales. Un total de 86 personas llegaron al pueblo de Pizarro y la situación del resto de ellos es desconocida.

En el Medio Baudó, 35 Emberas de la comunidad de Indicina en el río Ancozó se encuentran ahora desplazados en el pueblo de Puerto Meluk huyendo, según ellos, de varios grupos armados ilegales que operan en su territorio.

Las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales han tenido una rápida respuesta humanitaria al desplazamiento en el Alto Baudó, donde los indígenas emberas están recibiendo comida, alojamiento, asistencia médica básica, agua y asistencia psicosocial en Catrú. En el caso del Medio y Bajo Baudó, las autoridades locales han proveído la asistencia básica a los desplazados y las autoridades nacionales están empezando a evaluar las necesidades.

Sin embargo, el ACNUR está preocupado por la protección de estas comunidades. Solo en el 2008, hubo tres desplazamientos masivos en el Alto Baudó, dos en el Medio Baudó y cinco en el Bajo Baudó. Hay reportes confiables sobre abusos que deben ser investigados, incluyendo el posible asesinato de una mujer indígena y la violación de otras dos en la comunidad de La Vaca en el Bajo Baudó.

La población indígena se encuentra bajo constante presión por parte de los grupos armados ilegales en toda la región, y enfrenta creciente restricciones en su capacidad de cazar o pescar en sus territorios tradicionales. En el Alto Baudó, uno de los grupos armados ilegales impuso un bloqueo económico a lo largo de los ríos Catrú y Dubasa.

"Estamos recibiendo amenazas de todos los grupos ilegales" dijo un líder indígena de la zona al ACNUR. "Ellos también quieren reclutar nuestros niños y niñas. Es por eso que es preocupante que no todos los desplazamientos hayan sido registrados por el gobierno en el pasado"

El Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Jean-Noël Wetterwald, resaltó la necesidad de esfuerzos integrales para proteger a los indígenas "Hace algunas semanas fuimos testigos del asesinato de un grupo Awá en Nariño. Ahora vemos un desplazamiento masivo de emberas en Chocó. La respuesta humanitaria para estas situaciones tiene que ser complementada por esfuerzos crecientes para la protección de las comunidades indígenas" afirmó Wetterwald, y añadió que "nosotros queremos reafirmar que los civiles en Colombia también están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, y que el desplazamiento forzado es un crimen contra la humanidad"

Al menos 27 grupos indígenas se encuentran en peligro de extinción en Colombia, en gran parte como resultado del conflicto armado y del desplazamiento forzado. Su supervivencia depende enormemente de su capacidad de permanecer en sus tierras tradicionales. Desafortunadamente, muchos han huido de dichas tierras y se han dispersado a la largo del país, algunas veces, en centros urbanos lejanos.

El ACNUR, con 12 oficinas en Colombia, tiene varios programas que apuntan a la protección de la población indígena, incluyendo el monitoreo regular y el apoyo para afrontar las amenazas y los desplazamiento masivos; apoyo a las organizaciones indígenas dirigido al mantenimiento de la unidad entre las comunidades desplazadas; capacitación en sus derechos, y apoyo a las autoridades nacionales y locales responsables de proteger y ayudar a los pueblos indígenas.
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16 marzo, 2009

La Masacre de Barrancabermeja

Verdad Abierta. Buscando acumular poder sembrando el miedo al azar, ‘Camilo Morantes’ ordenó el secuestro y posterior asesinato de 25 personas en Barrancabermeja en mayo de 1998. La historia va quedando clara, a medida que los culpables confiesan cómo fue y cómo ninguna autoridad hizo el menor esfuerzo para salvar a las víctimas.

Veinte días después de la incursión paramilitar, los familiares de las víctimas realizaron un funeral simbólico en protesta, luego de confirmarse la muerte de los 25 desaparecidos.
El ex jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, dijo en junio de 2007 que la masacre de Barrancabermeja fue un error. En medio de una borrachera, alias ‘Camilo Morantes’ dio la orden de matar a 25 de los 32 barranqueños secuestrados el 16 de mayo de 1998, a sabiendas de era inocentes, según lo atestiguó Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’, paramilitar que había desertado de las Farc, en versión libre en abril de 2008. Le constaba porque fue él quién comandó esa carnicería.


Un fortín por ganar

Los informantes

En 40 minutos

Muerte lenta

En el paseo de la muerte que hicieron los paramilitares ese día fueron asesinados los mellizos Diego Fernando y Ana María Ochoa de 20 años, unos jóvenes alegres que participaban en bazar de su barrio.

Con las confesiones de ‘Bolívar’ y de ‘Panadero’, la madre de los mellizos, Luz Marina López, pudo por fin demostrar desde que ocurrió el crimen, en mayo de 1998, que sus hijos no eran guerrilleros. La verdad que conoció de boca del ‘Panadero’ fue demoledora. Dijo que los jóvenes hermanos fueron los últimos que ejecutaron tras 22 días de secuestro; que Ana María, la única mujer del grupo, fue violada, y que las fosas donde los enterraron fueron movidas por informantes en busca de recompensas. Se cree que un hueso que dejaron es de uno de sus hijos pero aún no ha sido identificado.
Esto último se supo luego que Hermes Anaya Gutiérrez, alias ‘Chicalá’ o ‘Junior’, desmovilizado del Bloque Norte, recorrió en mayo de 2008 con un fiscal de exhumaciones de Justicia y Paz una extensa zona rural de Sabana de Torres y la parte baja de Rionegro, municipios cercanos a Barrancabermeja, donde supuestamente están las fosas de 25 desaparecidos, de los 32 muertos.

Los otros siete fueron asesinados el mismo 16 de mayo porque se resistieron al secuestro o porque intentaron huir.

‘Chicalá’, un desmovilizado que después de la masacre reforzó la seguridad de las Autodefensas, fue encargado por el mismo ‘Camilo Morantes’ asegurarse de que las fosas estuvieran “bien ocultas”.

Sin embargo, ahora, diez años después, cuando las autoridades han ido a buscarlas encontraron que los restos de los mellizos y de otras cuatro personas habían sido movidos de sitio.

Hasta al momento sólo se han identificado los restos óseos de cinco de los desaparecidos, todos menores de 30 años, que fueron entregados por la Fiscalía a sus familiares el pasado 22 de enero, luego de 16 meses de investigación.

Ese día, durante la misa que se celebró en la plaza principal de Bucaramanga, encima de uno de los pequeños ataúdes sobresalía la foto de Ricky Nelson García, cuya hija menor tiene los mismos años que su papá duró desaparecido. Su esposa, Luz Almanza, tenía cuatro meses de embarazo cuando los paramilitares se lo llevaron.


Un fortín por ganar

Luz Marina López es la mamá de los mellizos de 20 años, Diego Fernando y Ana María Ochoa, la única mujer que desapareció el 16 de mayo de 1998. Ella trabajaba y estudiaba. Dejó un hijo de dos años. Diego Fernando también trabajaba y tenía una hija. Foto Cortesía Vanguardia Liberal

Cuando ocurrió la masacre, las Autodefensas Unidas de Santander y sur de Cesar, Ausac, cuyo jefe en Santander era alias ‘Camilo Morantes’ y en el sur de Cesar era alias ‘Juancho Prada’, veían a Barrancabermeja como un fortín de las guerrillas y por eso la señalaron como su principal objetivo militar.

Desde 1996, las Ausac comenzaron su campaña de terror en el puerto petrolero de Barrancabermeja matando líderes sociales y pobladores que condenaban, sin fórmula de juicio, como supuestos simpatizantes de la guerrilla.

Los homicidios eran ejecutados por hombres al mando de ‘Panadero’, quien había sido miliciano del frente 24 de las Farc hasta 1993 y desde 1996 se pasó a las autodefensas. Se ganó la confianza de ‘Camilo’ porque conocía como pocos los barrios del Puerto.

Las Ausac, creadas en 1993 por ‘Camilo,’ tenían por entonces unos 100 hombres regados en grupos de diez por el Magdalena Medio santandereano que asesinaban principalmente en áreas rurales, según contó el ‘Panadero’. Tampoco tenían un campamento. No había necesidad porque en San Rafael de Lebrija vivían y actuaban a sus anchas. Incluso, dijo, a sólo diez minutos de éste corregimiento funcionó una base de entrenamiento en una finca del ganadero y diputado liberal Celestino Mojica Santos, asesinado en Bucaramanga en 1998, cuatro meses antes de la masacre. Precisamente allí, a una casa abandonada de esa base, fueron llevados los 25 retenidos la noche del 16 de mayo, en medio de un aguacero monumental que no paró hasta el día siguiente.

A la vista de todos y en pleno día, ‘Camilo’ y sus hombres, vestidos de camuflado y con fusiles, pistolas y granadas, se reunían en el parque de San Rafael de Lebrija, a 90 kilómetros de Barrancabermeja y a sólo tres de la Troncal del Magdalena Medio. No había policía desde que el Eln atacó el puesto que había en 1986. Y sólo

hasta 2005, seis años después de que desaparecieron las Ausac, no hubo presencia alguna de la fuerza pública.

‘Camilo’ actuaba por cuenta propia y no hizo parte del paraguas que cobijó a gran parte del paramilitarismo en Colombia llamado Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, creado por los hermanos Castaño en 1997. Siguió su arremetida en forma independiente hasta después de la masacre de 1998, cuando Carlos Castaño no lo toleró más y ordenó al Bloque Central Bolívar asesinarlo en noviembre de 1999.

‘Panadero’ dijo que ‘Camilo’ buscaba que la masacre le diera mayor poder. “Él sabía que se volvía más fuerte y más grande en la zona, iba a manejar más ingreso de dinero, entre otras cosas por el robo de gasolina (a Ecopetrol)”. Contaban con la complicidad de la fuerza pública, dice el ex paramilitar, que les daba media hora para entrar a la ciudad “pescar al que reconociéramos como guerrillero” y salir a refugiarse en San Rafael de Lebrija.

Pero ese 16 de mayo de 1998, su incursión duró 40 minutos, diez más de lo autorizado por miembros de la Fuerza Pública, cuyas identidades aún no han sido reveladas por los ex paramilitares en sus confesiones. Los paramilitares salieron del Puerto a la vista de todo el mundo después de haber masacrado a siete personas, armados y con 25 secuestrados, en dos camionetas sin que ninguna autoridad hiciera algo para evitarlo.

‘Panadero’ sólo ha vinculado al cabo primero Luis Alfonso Salcedo, quien murió baleado un año después de la masacre, en un atentado de la guerrilla. Salcedo fue quien el día de la masacre advirtió a los hombres de las autodefensas que “no dejaran muertos que recoger”. Sin embargo, hubo siete.

Esa es una de las razones por las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) admitió el 27 de octubre de 2003, una denuncia contra el Estado colombiano presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en la cual se alegaba que miembros de grupos paramilitares con la aprobación y participación de agentes de la Fuerza Pública, hicieron posible la masacre.

Hasta hoy ningún miembro de la Fuerza Pública ha sido judicializado por los hechos del 16 de mayo de 1998.

Los informantes

Las dos semanas siguientes a la masacre, Barrancabermeja se paralizó con un paro cívico que buscó presionar la entrega de los 25 secuestrados. Sólo se diluyó cuando el jefe paramilitar ‘Camilo Morantes’ aceptó que a todos los habían masacrado. Foto Cortesía Vanguardia Liberal
Sólo unos días antes del 16 de mayo, ‘Camilo’ citó en San Rafael de Lebrija a los hombres del ‘Panadero’ para ordenar la masacre. A cargo dejó al jefe militar de las Ausac, Elías Estrada, conocido como ‘William’ o ‘Tatareto’, un alumno sobresaliente de Yair Klein.

‘Chicalá’, un escolta que ‘William’ reclutó desde los inicios de las Ausac, explicó que la primera reunión se hizo tres días antes en la cancha de bolo criollo ‘El Campeón’ y que al grupo se unió Miller Bolaños, alias ‘Michael’, un desertor de las Farc que trabajaba como informante del Batallón Nueva Granada con sede en Barrancabermeja.

El 14 de mayo se realizó otra reunión donde ‘William’ le ordenó a ‘Chicalá’ buscar munición para pistolas 9 milímetros en una caleta entre Papayal y La Muzanda, veredas de San Rafael de Lebrija, que luego entregaría a Javier Cristancho, el sobrino mimado de ‘Camilo’ que todos llamaban ‘Baby’.
“La decisión se tomó de forma tan discreta que sólo el mismo día los del grupo urbano recibimos la orden de actuar”, dice ‘Panadero’.

‘Camilo’ tenía esa costumbre y con sólo tres horas de anticipación, sobre las 5:00 de la tarde de ese sábado, los 20 hombres que realizaron la matazón recibieron los fusiles y la munición.

Pero había otro informante, alias ‘Freddy’, que junto a ‘Michael’ fue sacado del Batallón Nueva Granada por ‘Panadero’, para llevarlo a San Rafael de Lebrija.
Eligieron el barrio El Campín porque ‘Michael’ supuestamente sabía que los guerrilleros se reunían allí los sábados a tomar cerveza en un billar frente a la cancha de fútbol del sector.

Los paramilitares han dicho que le creyeron y que sólo después se dieron cuenta de que muy pocos de los retenidos tenían vínculos con la guerrilla.

El 16 de mayo los victimarios entraron a Barrancabermeja en dos camionetas. Una la robaron en un retén que improvisaron cuando salieron de San Rafael de Lebrija. La mayoría iba con un poncho con el que ocultaban sus rostros y otros vestidos de camuflado.

El grupo lo conformaban 14 patrulleros urbanos y 6 hombres de la escuadra de alias ‘Danilo’, comandante de Puerto Cayumba, una vereda de Puerto Wilches, donde también operaban las Ausac. Su función era apoyar la seguridad de los urbanos. Al frente iba ‘Panadero’.


En 40 minutos


El alcalde de Barrancabermeja de la época, Élkin David Bueno Altahona, decretó un día de duelo y tres días de ley seca en honor a los 7 muertos que fueron sepultados en el cementerio Jardines del Silencio, en medio de una multitudinaria despedida.
No había nada planeado. Los paramilitares sólo siguieron las instrucciones de ‘Michael’. Primero entraron al bar La Tora, después al barrio El Campestre y luego al billar del barrio El Campín. En su recorrido fueron secuestrando gente que les indicaban sus informantes.
En el barrio El Campestre, los hombres del ‘Panadero’ obligaron a subir en una de las camionetas a Libardo Londoño Avendaño, un ‘caletero’ que les entregó material explosivo. Lo mismo ocurrió en diferentes calles, bares y billares, de donde sacaron a al fuerza a Ricky Nelson García, Wilson Pacheco, Daniel Campos, Luis Jesús Argüello, Diomidio Hernández, Carlos Enrique Escobar, Melquisedec Salamanca Quintero, Carlos Alaix Prada, Neir Enrique Guzmán, Eliécer Javier Quintero Orozco y a Germán León Quintero. Este último intentó escapar y lo asesinaron en plena vía.

En El Campín la comunidad había organizado un bazar para recolectar fondos para un grupo de danza infantil en la cancha de fútbol. Los paramilitares que llegaron al billar que queda enfrente de la cancha a las 9:30 de la noche y se encontraron con la multitud que festejaba.

Ahí estaban los mellizos Ochoa. Cuando estacionaron las dos camionetas frente al billar -que estaba casi vacío-, “no íbamos a desaprovechar el bazar”, dijo ‘Panadero’. Fue él quien tomó la decisión de obligar a un centenar de participantes a tirarse al suelo, boca abajo, mientras los hombres de ‘Danilo’ rodeaban la cancha.

Los paramilitares aseguran que fueron atacados a tiros desde el lugar donde se amplificaba la música, en uno de los extremos de la cancha, lo que desató la furia que finalmente arrasó con las 32 personas. En su contra también estaba el tiempo, que ya casi terminaba según lo pactado con la Fuerza Pública para su libre movilización.

Entonces, en medio de los gritos, ‘Panadero’ atravesó corriendo la cancha, mandó apagar la música y con la gente boca abajo, alias ‘Michael’ empezó su infame tarea de señalar a los presuntos guerrilleros. Las víctimas afirman que les gritaban “guerrilleros”, “hijos de puta”, “prostitutas” y “aquí viene la guerra”, mientras los pateaban y agarraban de los cabellos.

Fue ahí cuando ‘Baby’, el más sanguinario de los hombres de ‘Camilo’, degolló a la primera persona. Lo hizo porque se negó a tirarse al suelo y luego se resistió cuando lo intentaban subir a una de las camionetas. Su nombre era Pedro Julio Rondón Hernández y estaba de fiesta en el bazar.

En medio del terror, un vecino llegó a la casa de Luz Marina Ochoa a decirle que se llevaban a sus mellizos. Ella corrió hacia la cancha porque pensó que se los había llevado el Ejército y su hijo tenía la costumbre de dejar olvidada su billetera con los papeles encima de la nevera. La iba a necesitar, pensó.

Cuando llegó a la cancha y preguntó por qué Ana María iba en el grupo, le dijeron que se la habían llevado por no dejar solo a su hermano.

Aurora Solano, la mamá de Robert Wells Gordillo, alcanzó a llegar a 300 metros de la camioneta en la que se llevaron a su hijo de 22 años. Se detuvo cuando un hombre armado le apuntó y le ordenó tajante que se fuera para su casa. “Esto ya no es ley, es otra cosa”, pensó.

Como la señora Solano, fueron muchas las mujeres que corrieron a la estación de Policía y al DAS pero no hubo ninguna reacción. “Fue como si me hubiera estrellado contra una pared. En el DAS había gente bebiendo, de fiesta. En la Policía había sólo dos agentes”, recuerda.

Y mientras el terror se extendía por Barrancabermeja sin ninguna reacción de las autoridades, los paramilitares en su huida llegaban a la altura de la vereda Patio Bonito a las afueras de Barrancabermeja, donde ‘Panadero’ tomó la decisión de asesinar a cinco de los retenidos para reducir el peso de una de las camionetas que estaba a punto de voltearse.

Mataron a los que sobresalían del tumulto, apilados como iban, unos sobre otros.
Los paramilitares salieron de Barranca por el sitio conocido como la “Y” o “El Retén”, donde esa mañana el Ejército había situado un retén con vehículos y unidades de infantería. Sin embargo, en la investigación se estableció que el retén fue levantado a las 9:30 p.m., la misma hora en que inició la incursión paramilitar. Por no haber evitado la masacre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" señalaron como responsable al coronel del ejército Óscar Diego Sánchez Vélez.

Una hora después, en la vía que conduce a la vereda La Muzanda cerca de San Rafael de Lebrija, ‘Chicalá’ vio como pasó un camión cargado que conducía Octavio Camelo González alias ‘Cuca’, encargado del cartel de la gasolina de las Ausac, al donde habían trasbordado a los 25 secuestrados.

Las dos camionetas llegaron hasta donde las esperaba el camión y luego los hombres abandonaron la camioneta robada. El recorrido terminó a la 1 de la madrugada del 17 de mayo cuando ‘William’, el jefe militar, recibió a los secuestrados.

El camión no entró a San Rafael de Lebrija sino que continuó vía a Papayal, otra vereda a sólo 15 minutos del corregimiento, donde retendrían a todos los secuestrados por cuatro días. A esa hora, mientras Barrancabermeja se preguntaba por la suerte de los desaparecidos, ‘Baby’ y ‘Panadero’ llegaron a dormir. No muy lejos, alias ‘William’ empezaba con su parte en esta masacre.


Muerte lenta



Mario Jaimes Peña, alias ‘Panadero’ está actualmente recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón Santander. Tiene 42 años y nació en Barrancabermeja. Desertó de las Farc y luego ingresó a las Autodefensas.
‘Camilo Morantes’ llegó a San Rafael de Lebrija seis días después del secuestro y asesinato de los 35 barranqueños. La orden era mantener vivos a los secuestrados hasta que él decidiera su suerte.

Pero llegó a emborracharse como si se tratara de una celebración, Barrancabermeja, desesperada, realizaba un paro cívico para presionar la entrega de los secuestrados.
El 17 de mayo, al otro día de la incursión, ‘Chicalá’ se enteró que ‘William’ y un grupo de contraguerrilla comandado por alias Ronald, recibieron el camión en la vieja base de entrenamiento de las Ausac, al borde de la ciénaga Pato, a solo diez minutos de San Rafael, en el noroccidente de Santander.

Los paramilitares esperaban que la Fuerza Pública se presentara en la zona pero nada sucedió. Por eso, sin prisa, ‘William’ reunió a ‘Panadero’ y a algunos de sus hombres en el parque de San Rafael para que lo acompañaran a la casa donde permanecían todos los secuestrados. En los interrogatorios, la mayoría se resistía a aceptar alguna relación con la guerrilla.

Los paramilitares se desgastaron montando un anillo de seguridad a un kilómetro de la casa abandonada. Pero nadie apareció.

Según ‘Panadero’, ‘Michael’ tuvo que señalar a las personas que había montado en las camionetas y las razones para hacerlo. “Sí, las careó y llegamos a la conclusión que a quienes montó ‘Freddy’, el otro informante, eran inocentes. Por el error ‘William’ ordenó asesinarlo”, recuerda 'Panadero'.


Lo que sucedió allí lo supo ‘Chicalá’ a los tres días de la incursión por boca de alias ‘William’, quien le contó que de los 25 retenidos, 5 o 6 confesaron que eran guerrilleros.

Por radio también se enteró que los cuidaban 15 hombres comandados por ‘Ronald’ y ‘Jorge’ y que los mantuvieron juntos durante los primeros 4 días. Al quinto, separaron a un grupo de 11 que repartieron en tres escuadras ubicadas cerca de la vereda Mata de Plátano de Sabana de Torres. Estas personas, aun sin identificar, fueron las primeras que masacraron por orden de ‘William’.

“A esos 11 los movieron más adelante de la carretera central y los llevaron al fondo de dos fincas. ‘William’ mismo los repartió, iban amarrados en el platón de su camioneta. Los sacó y les dio la vuelta por la vereda San Luis de Magará para evitar pasar por San Rafael (más poblado) y por esa vía llegó a Mata de Plátano, a 40 minutos de San Rafael. Esa misma noche los mataron”.

Al sexto día, cuando finalmente apareció ‘Camilo Morantes’, ‘Panadero’ informó que en el grupo de los secuestrados había gente inocente. Fue en ese momento, borracho y sin inmutarse, que el máximo jefe de las Ausac dio la orden de matarlos a todos. Sólo argumentó que si los dejaban vivos “el día de mañana iban a ‘sapear’”.

Nadie le refutó a pesar de su estado. Ni siquiera ‘William’, su hombre de confianza. Todos sabían que de negarse, él mismo mataría a sus propios hombres. En los días siguientes fueron sacando, por grupos, a los 14 restantes. Tanto ‘Panadero’ como ‘Chicalá’ afirman que los últimos masacrados fueron los mellizos, a los 22 o 23 días.

Ellos fueron los únicos que permanecieron todo el tiempo en la vieja base de las autodefensas y antes de matarlos, los arrastraron cerca de un kilómetro para ejecutarlos en la cima de una montaña.

Durante su agonía, Ana María Ochoa fue violada por uno de sus carceleros, apodado ‘Pantera’, que meses después fue juzgado y luego ejecutado por el mismo ‘Chicalá’.

A otro grupo de cuatro secuestrados lo ejecutaron en el caño Bejuco, muy cerca de la vereda San Luis de Magará y a dos personas más al lado de una pequeña muralla de contención que se encuentra a una margen del río Lebrija, en los límites entre Rionegro y Sabana de Torres.

El 27 de mayo de 1998, Carlos Castaño le hizo saber a la Defensoría del Pueblo que los hechos ocurridos en Barrancabermeja fueron obra de las “Autodefensas que operan en Santander” y que ‘Camilo Morantes’ tenía en su poder a los secuestrados. Incluso pidió al gobierno nacional que brindara al accionar de las Ausac un tratamiento político similar al que se le daba a los grupos guerrilleros.

Y aunque al día siguiente, ‘Camilo’ negó enfáticamente cualquier participación en la masacre, desmintiendo al máximo jefe de las Auc, la esperanza se apoderó de los barranqueños que continuaron exigiendo su liberación en un paro que se prolongó por dos semanas: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

‘Panadero’ afirma que mientras esto ocurría, Castaño le ordenó a ‘Camilo’ atribuirse los hechos y afirmar que los desaparecidos habían sido incinerados para quitarse la presión de los medios de comunicación. Así lo hizo veinte días después de perpetrar una de las más masacres más masivas y crueles que han ocurrido en el país.

Con la misma frialdad que lo caracterizaba y sin inmutarse, fue capaz de contestarle a las madres y esposas de los desaparecidos con una escueta frase: “los matamos”.
No dio ninguna pista sobre dónde los enterraron. Sus hombres también se quedaron callados durante una década, aunque la mayoría, fueron asesinados por el Bloque Central Bolívar, entre ellos ‘William’ y ‘Baby’

'Chicalá’ desmintió las versiones que aseguran que a los desaparecidos los tiraron a los caimanes. En la última versión que rindió en Bucaramanga en noviembre de 2008, aseguró que todos fueron asesinados y enterrados. Contó que ‘Camilo’ si tenía un caimán que mantenía en una finca muy cerca de San Rafael de Lebrija, pero que su tamaño no superaba un metro.

“Nunca vi que le echaran cadáveres, ni personas vivas. Él tenía la costumbre de decir, cuando uno la embarraba, “lo voy a echar a los caimanes” y las víctimas piensan que eso es verdad”.

‘Chicalá’ ha suministrado información a la Fiscalía de la ubicación de las fosas en las que aún permanecen 14 de los desaparecidos. Sin embargo, ningún desmovilizado o paramilitar que participó en la masacre ha dado información sobre las otras seis personas que también fueron secuestradas y asesinadas sin que se conozca donde se encuentran sus restos.

Hoy, Luz Marina, la mamá de los mellizos Ochoa, se enfrenta a un nuevo dolor. Según ‘Chicalá’ las fosas de sus hijos y cuatro personas fueron movidas por un desmovilizado y dos paramilitares que participaron en la masacre y se encuentran libres.

Estos hombres, que el postulado identifica con los alias de ‘Honorio’, ‘Chino Niño’ y ‘Alicate’, ofrecieron al DAS mostrarle dónde estaban las fosas a cambio de una recompensa, pero con la puesta en marcha de la Ley de Justicia su plan se frustró. Fueron ellos mismos quienes cavaron las fosas y refundieron los restos.

Ahora Luz Marina espera que el único hueso que dejaron a allí tirado los caza-recompensas sea el de uno de los hijos. Todos los que perdieron a a sus hijos y parientes en esos días esperan que paramilitares y sus cómplices en la fuerza pública enfrenten la justicia.
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Togo solicitó a la (ACNUR) asistencia para identificar a sus ciudadanos que viven como refugiados en Europa y América.

Lomé, 12 mar (EFE).- Togo solicitó hoy la asistencia de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para identificar a sus ciudadanos que viven como refugiados en Europa y América.
"Sólo queremos las estadísticas, no pedimos los nombres" de quienes viven en el extranjero, aclaró Kokou Tchar, el Alto Comisionado para los Repatriados y Acción Humanitaria (HCRAH), una institución creada por el Gobierno de Togo para ocuparse de la repatriación de los refugiados togoleses

Tchar añadió que es difícil hacer estimaciones y estadísticas para distinguir entre los togoleses que viven como refugiados y los que han emigrado por la vía oficial a países occidentales.



"No tenemos las cifras exactas de los refugiados togoleses en Europa y América y no sabemos cómo reconocer quién es un refugiado y quién es un inmigrante", admitió Tchar.

Según el funcionario togolés, miles de sus conciudadanos viven en el extranjero pero la mayoría no informa de su exacta situación legal.

"Para nosotros, un refugiado es aquel que ha abandonado el país por razones políticas, religiosas o raciales, persecuciones y temores por su seguridad personal, mientras que un emigrante es quien se traslada al extranjero en busca de unas mejores condiciones económicas y sociales", añadió.

Reconoció que en la misma situación se encuentran también los togoleses que viven en países africanos, especialmente en Benin y Ghana, cuyos territorios son contiguos al de Togo, y que han recibido a miles de togoleses que huyeron a causa de la violencia que caracterizó las elecciones presidenciales togolesas de 2005.

ACNUR registró e identificó a más de 40.000 togoleses que huyeron a Benin y Ghana tras aquellos comicios, que causaron asimismo entre 500 y 900 muertos, según varias fuentes.

Un acuerdo firmado entre Togo, Benin y Ghana con la mediación de la ACNUR permitió el retorno de la mayoría de esos refugiados, pero aun quedan alrededor de 6.000 togoleses en estos últimos dos países de África occidental.

"Actualmente hay 4.683 refugiados togoleses en Benin, mientras que en Ghana permanecen entre 2.000 y 2.500", señaló Tchar, quien puntualizó que "algunos tienen miedo de regresar, mientras otros dicen que esperarán a que pasen las elecciones (togolesas) de 2010 para hacerlo".

Tchar añadió que muchos de los expatriados son refugiados económicos y "han encontrado mejores oportunidades de empleo que en Togo, mientras que otros intentan buscar esas oportunidades fuera de África".

El directivo de HCRAH concluyó diciendo que el organismo está preparando una evaluación de la situación de los refugiados, con vistas a su repatriación, y que "las autoridades nacionales (togolesas) han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los repatriados".
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12 marzo, 2009

Día de la Mujer 2009. El trabajo del ACNUR con las mujeres y niñas desplazadas en Colombia

ACNUR. En todo conflicto armado, las mujeres están expuestas a mayores riesgos de violencia sexual y de género. En Colombia, donde la violencia y explotación sexual son algunas de las causas más frecuentes del desplazamiento forzado, el ACNUR está trabajando con autoridades del Estado y con las personas desplazadas para ayudar a las víctimas a tratar algunas de las raíces del problema.

IBAGUÉ, Colombia 5 de marzo de 2009 (ACNUR) - Las mujeres y niñas conforman más de dos tercios de la población desplazada en Colombia, una de las más grandes en el mundo con más de 2.8 millones de casos registrados. Su género no es una coincidencia. En medio del conflicto, muchas han sufrido de violencia directa relacionada con el hecho de ser mujeres.

Elvira* llegó en Diciembre pasado con sus dos hijas de 18 y 15 años a la ciudad de Ibagué, ubicada en el centro de Colombia. Su familia solía vivir en una finca, en una zona rural con fuerte presencia de grupos armados irregulares. Con el paso del tiempo, mientras las niñas iban creciendo, Elvira se sentía más nerviosa, como todos en la región sabía de muchas jóvenes que habían sido reclutadas por el grupo irregular como combatientes o para prestar servicios sexuales.

"Mi marido no quería dejar la finca y discutimos acerca de eso. Él me pegaba; de donde vengo esto es lo que los hombres hacen". Elvira explica que estaba preocupada de irse a la ciudad sola con las niñas, sin medios económicos para sobrevivir. Pero ella finalmente huyó después de que su sobrina de 15 años, quien vivía en una finca cercana fue reclutada. "Mi marido no nos dejó llevarnos la mula, entonces caminamos por dos días", agrega.

Primero llegaron a un pequeño pueblo donde las tropas de las fuerzas armadas estaban instaladas. Elvira pensó que esto le daría en cierta medida seguridad a su familia. Pronto, su hija mayor empezó una relación sentimental con uno de los soldados. Al poco tiempo de que el batallón se hubiera ido, la familia recibió amenazas de muerte y fue declarada "objetivo militar" por un grupo armado irregular, quienes miraron la relación de la niña con un soldado como "colaboración con el enemigo".













La estigmatización y persecución como una retaliación de una real o percibida relación con actores armados y miembros de la Fuerza Pública es uno de los factores de riesgo identificados por la Corte Constitucional colombiana en el Auto 092 del 2008 por la protección de los derechos de las mujeres desplazadas. Otros riesgos incluyen la violencia sexual y el abuso como consecuencia del conflicto, riesgo de explotación sexual y esclavitud, reclutamiento forzado, persecución de líderes de organizaciones de mujeres, entre otros.

"La violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales enfrentados, y en algunos casos aislados, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública" indicó la Corte en el mismo Auto 092 de 2008.

















En efecto, la violencia en contra de las mujeres es una de las causas que encabezan el desplazamiento forzado en Colombia; la mitad de todas las mujeres desplazadas reportan algún tipo de violencia de género. Pocos mecanismos de prevención se están poniendo en práctica, en parte porque muchas víctimas vienen de lugares marginales y conflictivos del país con poca presencia civil del Estado.
"La falta de la presencia civil del Estado puede tener un impacto negativo especialmente en las mujeres: falta de acceso a la educación y la salud, por ejemplo, son conocidos por ser factores de riesgo serios y existen muy pocos mecanismos en zonas rurales para denunciar abusos y violaciones", dijo Jean-Noël Wetterwald, Representante del ACNUR en Colombia, quien añadió que la Agencia se está enfocando este año en hacer esfuerzos de prevención en zonas priorizadas alrededor del país.

El año pasado, el ACNUR condujo diagnósticos participativos con casi 300 mujeres en Colombia, en un esfuerzo para identificar los retos específicos que ellas afrontan antes y durante el desplazamiento y sus necesidades resultantes. Las estadísticas son especialmente difíciles de reunir dados los lugares remotos afectados y la sensibilidad del tema, pero lo poco que se sabe conlleva a una situación crítica.

















De acuerdo con los cálculos, el 30% de las mujeres desplazadas no tienen acceso a cuidado prenatal, el embarazo en adolescentes se estima en un 37% y más de la mitad de las mujeres desplazadas reportan maltrato de su esposo o su pareja. Alrededor de la mitad de las familias desplazadas tienen como cabeza de hogar a las mujeres, sin fuentes para su sostenimiento económico. Las mujeres raramente poseen títulos de sus tierras o propiedades y, en particular, las indígenas y afrocolombianas no tienen documentos de identidad. La mayoría de las mujeres que han sufrido de violencia no saben a dónde acudir por protección o denunciar un abuso.

El ACNUR se está enfocando en la intervención de actividades de prevención en áreas de alto riesgo, por ejemplo, con la organización de campañas de documentación con la Registraduría Nacional para proporcionar documentos de identidad a las mujeres en zonas de conflicto. A lo largo del territorio nacional, el ACNUR apoya la creación y la capacitación de grupos de derechos de mujeres y entrena funcionarios locales en cómo tratar casos de violencia de género. Así mismo, apoya la construcción de albergues e internados en zonas de conflicto para permitir a las jóvenes que estudien en condiciones de seguridad.

*Nombre cambiado por razones de protección

Por Marie-Hélène Verney
en Ibagué, Colombia
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La CIDH condena el asesinato de un defensor de derechos humanos en Colombia

Washington, 12 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy el asesinato en Colombia de Álvaro Miguel Rivera Linares, defensor de los derechos del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) y de las personas con VIH/sida.
En un comunicado, la CIDH instó al Estado colombiano a que efectúe una investigación exhaustiva y sancione a los responsables de este asesinato.

Según la CIDH, el pasado 6 de marzo Álvaro Miguel Rivera Linares fue hallado muerto en su apartamento en Cali (suroeste), amordazado y maniatado, con los dientes rotos y golpes en el cuerpo y la cabeza.

Este activista había llegado a Cali escapando de las amenazas y del hostigamiento que sufría en Villavicencio (centro), también como resultado de su activismo por los derechos de la comunidad LGBT, denunció la comisión.

La CIDH señaló que ha recibido información sobre la situación de inseguridad de las personas que trabajan en defensa de los derechos de la población LGBT en Colombia, en particular en la ciudad de Cali.

En este sentido, reiteró que la labor de defensores "es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera".

Estas personas tienen además un papel de protagonistas en el proceso "para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia", afirmó la CIDH.
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los desplazados Colombianos aprenden con el teatro a defender sus derechos

Bogotá, 12 mar (EFE).- El drama de los desplazados internos de Colombia por el conflicto armado ha encontrado en el teatro una plataforma para que sus víctimas, desde el escenario, aprendan de forma espontánea cuáles son sus derechos.
Así se demuestra en "Horacios y Curacios", obra adaptada del alemán Bertold Brecht, que forma parte de una estrategia pedagógica para las víctimas diseñada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

Con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta obra de humor negro demuestra que en cuestiones de violencia el ser humano no ha progresado y que pervive la impotencia del hombre frente a los horrores de la guerra.



El retorno a su pueblo de Gertrudis y su hijo, desplazados por la guerra colombiana, centra la trama de "Horacios y Curacios", en la que su director, Daniel Rocha, quien toma como referencia a Hamlet, de William Shakespeare, ahonda en el profundo dolor físico y sicológico.

Rocha genera así una reflexión sobre el restablecimiento del derecho que tiene cada persona a existir con dignidad.

Es por esto que el público se ve obligado a asumir una actitud participativa en la obra, que ya ha recorrido nueve ciudades y pueblos colombianos y este miércoles fue presentada en Bogotá.

Gertrudis y su hijo, en este caso representados por actores que interpretan el papel de una familia obligada a desplazarse tras padecer daños físicos y emocionales, se encuentran a su regreso con una pareja de vecinos.

Todos ellos cometen una serie de errores cuando se disponen a reclamar sus derechos, debido a que no saben cómo hacerlo.

A continuación, se cambian los papeles y las víctimas que forman parte del público se suben al escenario para dar un giro al argumento y evitar que los actores sigan cometiendo los mismos errores.

La idea, según el director, es que las víctimas asuman el rol y se conviertan en los protagonistas.

"Esta obra va ser escrita por ustedes en la medida en que lo que nosotros queremos es que esa realidad que nosotros vamos a presentar aquí debe conducirnos a alguna otra cosa", explica Rocha a su público formado por víctimas.

Para Rocha, esta pieza teatral es un "antimodelo" de lo que deberían ser víctimas bien informadas y documentadas, que creen en el Estado social de derecho y tienen confianza.

La propuesta es un "teatro de transformación", en el que los asistentes, las víctimas de la guerra, se cuestionen: "¿Cómo hago para que la realidad de esta obra cambie?", y por consiguiente sus propias vidas.

Lo fundamental es la interacción de actores y víctimas, el manejo del miedo, la ruptura de lazos y redes sociales, y la salud mental.

También tiene por objetivo comprender las dimensiones de la reparación material y simbólica, la restitución de tierras y bienes y el buen nombre, el papel del Estado y los abogados, así como la garantía de no repetición.

"Horacios y Curacios" forma parte de una estrategia que contempla una construcción de redes de acompañamiento social y que se basa en una "caja de herramientas", compuesta por documentos de la CNRR, cuya finalidad es formar a las víctimas.

Ahora, estas 500 "cajas de herramientas" serán enviadas a distintos rincones de Colombia para educar en la apropiación de los derechos de la mano de la OIM y la AECID.
El coordinador general en Colombia de esa agencia española, Miguel González Gullón, adelantó que esta organización seguirá ayudando de manera eficaz a las instituciones del Estado colombiano y a los afectados por la guerra.

Se hará desarrollando "herramientas comunicativas, jurídicas y culturales que realmente ayuden de manera eficaz a facilitar una implementación real de todo el proceso de reparación", indicó.

La propuesta teatral de la CNRR busca así proyectar las emociones y generar espacios a las comunidades para fortalecer actitudes y prácticas en favor al respeto a la diferencia y la generación de confianza.

La idea central es que, una vez concluida la obra, el público haya asumido el mensaje de que "es el tiempo de las víctimas".
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