Los colombianos estan dentro los ciudadanos extranjeros que más solicitudes han presentado para acogerse al plan de retorno voluntario de España

EFE. Los colombianos, ecuatorianos y argentinos son los ciudadanos extranjeros que más solicitudes han presentado para acogerse al plan de retorno voluntario puesto en marcha por el Gobierno español hace un mes.
Este plan, que establece el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo a los inmigrantes extranjeros que se hayan quedado sin puesto de trabajo en España y quieran regresar a sus países, entró en vigor el pasado 11 de noviembre.


Las autoridades españolas informaron que un total de 767 trabajadores extranjeros se han acogido a esta iniciativa, que les permite cobrar el subsidio de desempleo de forma anticipada y acumulada si se comprometen a no regresar a España.

De esas solicitudes, 318 corresponden a ecuatorianos, seguidos de los colombianos, 129, y de los argentinos, 105.

De las 767 peticiones, 300 han sido admitidas, y de ellas 210 han sido abonadas, precisó el ministerio español de Trabajo e Inmigración.

Según los cálculos de este departamento, la cifra de potenciales beneficiarios de la medida se eleva a 87.000, con una duración media de la prestación del desempleo de entre los seis y los dieciocho meses.

Por sectores, el 37 por ciento de las personas que han presentado solicitud estaban empleados en el sector de la construcción, que sufre la desaceleración de la economía española y que empleaba a gran número de inmigrantes.

El 31 por ciento trabajaba en actividades inmobiliarias y en el sector servicios (incluido el servicio doméstico) , mientras que el 9 por ciento se dedicaba al comercio y el 8 por ciento a la hostelería.

El programa de retorno voluntario afecta a los nacionales de los países no comunitarios con los que España tiene convenios de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Rusia, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, EE.UU, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

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Asesinan a lider de Desplazados

Bogotá, CODHES, 03/12/2008. La Coordinación Nacional de Desplazados (CND) denuncia ante la comunidad Nacional e internacional, el clima de amenazas, persecución, hostigamientos y asesinato de sus dirigentes de población desplazada.
El 29 de noviembre, El Secretario de la Asociación de Desplazados de Arauquita (ASODESA) CARLOS CABRERA fue asesinado en horas de la mañana. Nuestro Compañero de organización venía desempeñando su labor en la defensa y denuncia de la situación de los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado en este municipio.
CODHES Comunicado

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Reforma Politica atenta en contra de la Paz

Semana. En el cuarto debate del proyecto de Reforma Política, una nueva crítica se sumó a la iniciativa. Las dudas son esta vez son sobre el artículo 4, que según el texto aprobado por el pleno de la Cámara, inhabilita a quienes hicieron parte del proceso de paz de 1989, entre el gobierno y el M-19, para aspirar a cargos públicos.

Así lo denunció el Senador del Polo Gustavo Petro, este miércoles en la noche, en el pleno del Senado. El senador, quien fue militante M-19 y protagonista del acuerdo de paz firmado con el entonces Presidente Virgilio Barco, se declaró impedido para participar en el debate de la iniciativa de reforma a la Constitución, por considerar que el artículo 4 lo enfrenta a un conflicto de interés.

"El articulo cuatro de esta Reforma Política establece que quienes hicimos los acuerdos de paz de 1989 quedamos inhabilitados definitivamente para ejercer cualquier función pública en Colombia", dijo Petro en su intervención.

El texto del artículo aprobado en el tercer debate dice que “no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo,… por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales en Colombia o en el exterior” (énfasis de Semana.com).

El artículo inicial, propuesto por el gobierno, no incluía a quienes hayan sido condenados por estos delitos sino que mencionaba a quienes hayan incurrido en delitos que afecten el patrimonio del Estado. La modificación del artículo la hizo el representante Carlos Enríque Soto Jaramillo, del Partido de la U, en el debate que transcurrió en el pleno de la Cámara pero en el que los partidos de la oposición no participaron por considerar que varios congresistas estaban inhabilitados para discutir la reforma.

“Yo no he tenido ninguna intención de perturbar los procesos de paz con los ex militantes del M-19”, dijo a Semana.com, el representante Soto Jaramillo. “Mi intención con el artículo es que se castigue a quienes han incurrido en los delitos de narcotráfico y terrorismo”, dijo. Sin embargo, el artículo, tal como está redactado, no menciona explícitamente esos dos delitos que señala Soto.

El proyecto finalmente salió de la plenaria de la Cámara sin mayor discusión y determina que quienes hayan sido condenados en cualquier momento, incluso por delitos políticos, quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Si este proyecto es aprobado tal y como está, no podrían ejercer sus cargos ex militantes de grupos guerrilleros que fueron indultados pero que desde entonces se han reintegrado a la vida civil y democrática. Por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, actual gobernador de Nariño (M-19); Otty Patiño, quien se ha desempeñado como Jefe de la Oficina del Observatorio de Culturas del Distrito de Bogotá (M-19); Carlos Franco, director del Programa de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia (EPL); y, por supuesto el actual senador Gustavo Petro (M-19), entre otros. Ninguno de ellos podría además volver a ejercer cargos públicos ni a contratar con el Estado.

Todos ellos recibieron un indulto por los delitos de sedición y rebeldía –o sea por delitos políticos-. En el acuerdo de paz que suscribieron con el gobierno de entonces, no se indultaron delitos atroces. “El indulto incluye el reconocimiento de un delito, y uno de los efectos de esta figura es que pasa por alto la condena que merece una persona. Se diferencia de la amnistía en que esta no reconoce el delito”, según explicó a Semana.com el analista político Armando Novoa, director de del Centro de Estudios Constitucionales (Plural) y ex constituyente de 1991.

Durante los procesos de paz e indulto de los años 90, además del M-19, fueron beneficiados militantes de grupos como el EPL, Quintín Lame y PRT. Posteriormente en 1993, también se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, CRS. Hoy en día cieNtos de ex militantes de estso grupos ocupan cargos públicos y de elección popular, en concejos municipales, alcaldías y gobernaciones, entre otros.

Novoa dijo que la aprobación de este artículo como fue redactado “sería una venganza contra el proceso de paz”.

El senador Petro, del Polo Democrático, en su vehemente declaración recordó que la Constitución de 1991 fue el acuerdo de paz en el que se expresó la voluntad popular y se derogó la constitución de 1886. Petro dijo que el Presidente "no quiere, ni respeta, ni reconoce, ni dignifica, ni honra el Pacto de Paz del 89".
También se refirió a la bancada del gobierno a la que le dijo que: “no es para suplicarles a ustedes que nos salven, ni imploramos eso. Con nosotros se habla de igual a igual, pero de rodillas jamás porque no hubiera tenido sentido la paz de 1989 y la Constitución de 1991".

El proyecto de Reforma Política que cursa su cuarto debate surgió con el propósito de depurar los partidos políticos de la influencia mafiosa, tras el escándalo de la parapolítica en el que más de la cuarta parte del Congreso ha resultado salpicado. Sin embargo, analistas y sectores de oposición han denunciado que la iniciativa no se enfoca en este propósito. Aunque el proyecto menciona que se sancionará a los partidos que avalen candidatos que se alíen con grupos ilegales, no especifica de qué manera lo hará.

Además las sanciones se aplicarían para los legisladores de otro Congreso y no para los del actual, el cual se ha visto enlodado por los vínculos de muchos congresistas con grupos paramilitares.

A lo largo de su trámite al proyecto se le han “colgado” artículos que poco tienen que ver con su propósito. Por ejemplo, en las primeras discusiones los congresistas se centraron en un artículo que permitía al presidente Uribe volver a aspirar a la Presidencia, en 2014. El artículo, no obstante, fue sepultado por el pleno de la Cámara.

Igualmente, al final del articulado aprobado en la Plenaria de la Cámara en su último debate, el proyecto incluyó un artículo transitorio que crea un régimen especial en lo económico, lo político y lo social, para varias regiones del país. Todas son zonas afectadas por el conflicto, en las que eventualmente grupos ilegales tienen un ávido interés. Este artículo no ha sido debatido lo suficiente y no tiene ninguna relación con la Reforma Política que necesita el país.

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Fiscal trasladó procesos contra Rito Alejo del Río, Carlos A. Ospina, Iván Ramírez y Julio Charry a fiscales ordinarios

El Tiempo. Fiscal trasladó procesos contra Rito Alejo del Río, Carlos A. Ospina, Iván Ramírez y Julio Charry a fiscales ordinarios: "El comportamiento imputado no guarda relación con el servicio".
El capítulo judicial sobre la expansión del paramilitarismo en Colombia, con la supuesta anuencia de cuatro generales de la República -hoy en retiro- acaba de salir del despacho del fiscal general, Mario Iguarán.

El propio funcionario conceptuó que los hechos que se les imputan a los generales (r) Rito Alejo del Río, Carlos Alberto Ospina (ex comandante de las Fuerzas Militares); Iván Ramírez y Julio Charry Solano, no están relacionados con las funciones que desempeñaron en el Ejército.

En consecuencia, los cuatro deberán ser investigados como cualquier ciudadano y juzgados por tribunales ordinarios y no por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión les fue comunicada a las partes casi un año después de que el despacho del Fiscal General inició la investigación preliminar con base en tres declaraciones del ex paramilitar Salvatore Mancuso y en una de Francisco Villalba, controvertido miembro de las Auc quien asegura haber participado en la masacre de El Aro (Antioquia) en octubre de 1997.

Reuniones con Castaño

Mancuso fue el primero en enredar a los generales.

El ex 'para' -hoy preso en E.U. y a punto de sellar un arreglo por colaboración- asegura que entre 1996 y 1997, Rito Alejo del Río, entonces comandante de la Brigada 17, se reunió con Carlos Castaño en la localidad de El Diamante (Córdoba) y "trataron temas como la expansión de las autodefensas y la toma de territorios en los que el Ejército había perdido el control".

Mancuso dice que los oficiales también le suministaron ubicación de tropas para evitar enfrentamientos, información de inteligencia sobre la guerrilla y hasta órdenes de batalla.

Reuniones similares se habrían registrado con Freddy Rendón, alias 'El Alemán', y con el propio Mancuso en la finca conocida como La 21 con Iván Ramírez.

"También conocí a Julio Charry y tuve muchas reuniones con él", le aseguró Mancuso a la Fiscalía en una declaración del 17 de mayo del 2007.

Y agregó que hay otro general involucrado que usaba como emisario a un hombre identificado como Edwin Tirado Morales.

El caso Villalba

Los señalamientos contra el ex comandante de las Fuerzas Militares, general retirado Carlos Alberto Ospina Ovalle, provienen de un controvertido paramilitar identificado como Francisco Villalba Hernández.

El 'para' asegura que miembros de la Cuarta Brigada, comandada en ese entonces por Ospina, le colaboraron a hombres de Mancuso para ejecutar la masacre de El Aro, en donde fueron asesinados 19 campesinos.

Y aunque algunas versionas suministradas por Villalba han sido desestimadas por las autoridades, esta coincide con una posterior declaración del propio Salvatore Mancuso.

"Yo fui a El Aro cuando las tropas estaban sin munición, a sacar heridos y muertos (...) el entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Ospina, colaboró para el desarrollo de la acción", dijo el otrora poderoso paramilitar.

Consecuencias de la decisión

Los cuatro oficiales en retiro han negado insistente y tajantemente las sindicaciones.

Y aunque aún no se sabe si interpondrán recursos para seguir bajo la tutela investigativa del Fiscal General, para algunos especialistas la decisión de quitarles el fuero, aunque tenga una connotación negativa, registra ventajas de defensa.

Si el Fiscal los investiga, solo tiene una instancia de juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia.
Mientras que ahora tendrán tres posibilidades de apelar un eventual

fallo en su contra. Además, continuarían con las prerrogativas de ser detenidos en una guarnición militar -en caso de que esa situación se presente- con un régimen distinto al de los presos comunes.

Rito Alejo del Río, por ejemplo, está detenido en la Escuela de Infantería, en Bogotá, dentro de una investigación paralela por homicidio y paramilitarismo.

Ramírez, por su parte, continúa detenido en el Batallón de Ingenieros, por las desapariciones durante la retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

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Se fundieron 27.000 armas entre fusiles, ametralladoras y pistolas, que durante años utilizaron la guerrilla , paramilitares, y delincuentes comunes

Reuters.- Colombia fundió el viernes más de 27.000 armas entre fusiles, ametralladoras y pistolas, que durante años utilizaron la guerrilla izquierdista, grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico y delincuentes comunes, informó el Gobierno.
La ceremonia de destrucción de las armas se cumplió en la sede de la Siderúrgica Nacional, ubicada en esta ciudad del departamento de Boyacá, 180 kilómetros al noreste de Bogotá.


"Estas armas, que no dirigirán más sus cañones contra la población colombiana ni dispararán más odios y muertes, serán fundidas en material que no cause daño, que no siembre destrucción", dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León.

El metal que se obtuvo con las armas fundidas, algunas compradas en países de Centroamérica como Nicaragua y El Salvador después de concluidos sus conflictos internos, se utilizarán para obras de arte, dijo el sacerdote Alirio López.

Colombia afronta un conflicto interno de más de cuatro décadas que cobra miles de vidas y en medio del que las Fuerzas Armadas enfrentan a la guerrilla y a grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

Pese a que los escuadrones paramilitares depusieron las armas y se desmovilizaron, grupos de derechos humanos han denunciado la aparición de nuevas estructuras criminales vinculadas con el narcotráfico y conformadas, en algunos casos, por antiguos combatientes de los grupos de ultraderecha.

Los grupos al margen de la ley acuden al tráfico ilegal de armas, de acuerdo con las autoridades colombianas.

La mayoría de armas fundidas fueron confiscadas a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), los dos principales grupos rebeldes del país.

"Las armas que son fundidas representan muchísimos delitos de terrorismo, homicidio y lesiones personales que dejaron de ser perpetrados", aseguró Padilla de León.

Desde que asumió el poder el presidente Alvaro Uribe han sido fundidas más de 131.000 armas, un récord en la lucha contra las organizaciones criminales, según el oficial.

Uribe, con el apoyo de Estados Unidos, lidera una ofensiva militar contra la guerrilla y los grupos armados ilegales que ha permitido reducir los asesinatos, las masacres, los secuestros y los ataques contra la infraestructura económica del país.

"Cada una de estas armas representaba un riesgo contra la seguridad ciudadana. Un riesgo que fue neutralizado por la eficiencia de los entes comprometidos con el desarme de los ciudadanos y por la acción enérgica de los miembros de las Fuerzas Armadas contra las organizaciones al margen de la ley", concluyó el comandante de las Fuerzas Militares.

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detenido seis militares implicados en el homicidio de dos menores de edad y un adulto en un supuesto combate con tropas del ejército

Bogotá, 12 dic (EFE).- Un fiscal de derechos humanos de Colombia ordenó hoy detener a seis militares implicados en el homicidio de dos menores de edad y un adulto en un supuesto combate con tropas del ejército, informaron en Bogotá fuentes judiciales.

Los procesados son dos oficiales, un suboficial y tres soldados profesionales que presentaron a las víctimas como muertos en combate, precisó la Fiscalía General, e indicó que los hechos se registraron el 15 de julio de 2005 en la zona rural de Dabeiba, localidad en el noroeste del país.


Los militares reportaron como abatidos en la confrontación a Diofanor Guisao Ríos, María Zenaida Areiza e Isodoro de Jesús Cardona, los dos primeros menores de edad, agregó la entidad.

En un comunicado, la Fiscalía explicó que "de acuerdo con las versiones entregadas a los investigadores por familiares de las víctimas, estas fueron sacadas a la fuerza de distintos lugares y en diferentes momentos por hombres armados".

La investigación de este nuevo caso de ejecución extrajudicial fue asumida por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General.

El investigador ordenó la detención, sin derecho a fianza, del teniente coronel David Herley Guzmán Ramírez, el teniente Manuel Antonio Quintero Flórez y el suboficial Carlos Andrés Carabalí.

Los otros tres implicados son los soldados profesionales Fidel Iván Ochoa Blanco, Oswaldo Manuel Arrieta y Ricardo Manuel Buelvas Lozano, los dos últimos ya retirados del ejército, agregó la Fiscalía.

La fuente indicó que los seis fueron procesados "por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio en persona protegida (por el Derecho Internacional Humanitario)".

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