15 julio, 2008

Capturado Uno de los Responsable del atentado contra Wilson Borja

SEMANA
responsable del atentado contra Wilson Borja fue capturado en Cúcuta
El mayor retirado César Alonso Maldonado fue recapturado esta mañana tras haberse fugado en 2004 de la sede de la PM-13 en Bogotá. La Corte Suprema lo condenó a 27 años de cárcel por un atentado contra el congresista Borja en el 2000.
Fecha: 07/15/2008 - QUIEN ES WILSON BORJA
La Policía Nacional capturó esta mañana en Cúcuta al mayor retirado del Ejército César Alonso Maldonado, responsable del atentado que el 15 de diciembre de 2000 sufrió el entonces sindicalista Wilson Borja.

A mediados del 2007, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en el caso del atentado contra el sindicalista, al considerar correcto el fallo por el cual se condenaba al mayor Maldonado a 27 años y nueve meses de prisión. Todo indica que este oficial recibió órdenes directas del fallecido líder paramilitar, Carlos Castaño.

El pronunciamiento de la Corte fue una respuesta a un recurso de casación que interpuso la defensa del militar. Aquella figura jurídica sirve para pedir la nulidad de una sentencia cuando se considera incorrecta.

La mañana del 10 de diciembre de 2001, Borja salió a las 6 y 15 de la mañana de su casa hacia la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Oficiales, de la cual era presidente. Lo acompañaban sus dos escoltas. De repente, fueron atacados por una banda de ocho personas que viajaban en carros y motos, y que soltaron una ráfaga contra el sindicalista.

En el acto murió María del Pilar Bolaños, una vendedora de tintos que fue alcanzada por las balas de uno de los sicarios. En el cruce de disparos también murió uno de los agresores, mientras que Borja y uno de sus escoltas quedaron heridos.

En el suelo quedó el celular de uno de los sicarios y fue vital para lo que la justicia encontraría más tarde. En la memoria del aparato estaban registradas llamadas del mayor del Ejército César Alonso Maldonado, minutos antes del tiroteo. Luego se estableció que él había sido uno de los autores del atentado, obedeciendo órdenes del entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

El mayor Maldonado fue detenido. Mientras estaba en cautiverio Luis Augusto Sepúlveda, el fiscal que investigaba el caso, realizaba sus averiguaciones. “A través de una investigación exhaustiva, Sepúlveda recopiló pruebas comprometedoras, entre ellas los registros de llamadas de celular, que implicaban en el crimen a un mayor del Ejército y a sicarios profesionales a sueldo de los paramilitares”, concluye un informe de la organización Human Rights Watch.

De repente, Sepúlveda fue destituido de su cargo por su jefe Luis Camilo Osorio. El nuevo fiscal encargado del caso ordenó dejar libre a Maldonado, bajo el argumento de que había vencido el plazo para tenerlo detenido.

La presión internacional no se hizo esperar y esta hizo que el mayor fuera privado de su libertad otra vez. Lo llevaron entonces a un calabozo en el Batallón Militar No.13, lal occidente de Bogotá. El sitio de su detención era atípico, pues normalmente el lugar de cautiverio de los militares es la base de Tolemaida.

En un hecho inexplicable, Maldonado desapareció de su celda en noviembre de 2004, a pesar de que había unos 30 hombres encargados de su custodia. Nadie sabe cómo logró pasar por la guardia sin dejar ningún rastro.

De inmediato, el presidente Álvaro Uribe le ordenó al entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, removiera a todos los que tuvieron responsabilidad en la custodia de Maldonado. Al día siguiente el general Ospina ordenó la destitución de cuatro oficiales. Sin embargo, de manera sorprendente otra vez, dos de los militares de más alto rango que habían sido destituidos, aparecieron en nuevos cargos.

El coronel Jesús Vivas era el jefe de Estado mayor de la Brigada 13. Después de haber sido supuestamente retirado del Ejército, fue nombrado segundo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.

El coronel Mario Valencia era el comandante del Batallón de Policía Militar No.13. Él, que tenía toda la responsabilidad de la fuga, fue a dar a la Brigada 6, en Ibagué.

Mientras ocurría todo eso dentro del Ejército, la familia del mayor Maldonado hablaba de una desaparición de su pariente. En enérgicas declaraciones, manifestaron que la justicia del país está “contagiada de izquierda”. Señalaron al dirigente sindical y al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (que lleva el caso de Borja) de “ser guerrilleros” y los responsables de la supuesta desaparición de Maldonado, según informes de ONG.

Por esos días, el Colectivo de Abogados denunció que en algunas universidades y en la Fiscalía aparecieron unos afiches anónimos y a color. En ellos “se señala a la Corporación Colectivo de Abogados como el ‘brazo jurídico del ELN’ y se solicita solidaridad con un héroe nacional, haciendo referencia al mayor César Maldonado”, dijo en su momento esa ONG.

También aseguraron que en el afiche se hacía un llamado para que la gente se solidarizara con el militar y le hiciera un reconocimiento como héroe nacional “ante la guerra sucia que han desarrollado el líder sindical Wilson Borja y su Colectivo de Abogados”.

Como pocas veces ocurre en Colombia, hubo un culpable de un atentado que estuvo tras las rejas por el delito que cometió. Pero Maldonado estuvo rodeado de sospechosas garantías para quedar en libertad. Incluso se llegó a decir que Maldonado había sido asesinado tras advertir que publicaría un libro con los vínculos que había entre soldados y paramilitares.

El mayor César Maldonado, quien tiene nueve órdenes de captura, deberá responder a la Fiscalía por varios delitos como homicidio y fuga de presos.
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EL PRESIDENTE DE SUDAN FUE ACUSADO POR GENOCIDIO POR LA C.P.I.

14 de julio de 2008, 10:07 AM

La Haya, 14 jul (EFE).- El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, pidió hoy una orden de detención contra el presidente de Sudán, Omar al Bachir, por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto.
DARFUR


Aunque otros jefes de Estado (el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor) ya fueron inculpados por Tribunales internacionales, es la primera vez que una Corte de carácter permanente acusa a un mandatario en funciones.

Milosevic, que falleció en su celda por un ataque cardíaco antes de que acabara su juicio, fue inculpado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) y Taylor ha sido perseguido desde marzo de 2003 por el Tribunal Especial de Sierra Leona.

La fiscalía de la CPI sostiene que Al Bachir "creó y aplicó un plan para destruir una parte sustancial de las etnias fur, masalit y zaghawau", las cuales, según Moreno Ocampo, constituyen una población de unos 2,5 millones de personas, sobre los 4,5 millones de habitantes de Darfur.

La acusación contempla diez cargos: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.

Para Moreno Ocampo, las etnias fur, masalit y zaghawau "constituían una amenaza contra el poder" de Al Bachir quien "tenía intención de cometer genocidio", aunque la motivación de sus actos fuese el "control de su poder".

"Está claro que cada gobierno tiene derecho a controlar su territorio, pero ningún gobierno tiene derecho a cometer genocidio para controlarlo", dijo Moreno Ocampo en rueda de prensa.

El fiscal explicó que "el miedo, el hambre y la violación de mujeres y niñas son las armas más eficientes para cometer genocidio", un crimen que "todavía sigue produciéndose" en Darfur.

Centrándose especialmente en el crimen de violación, Moreno Ocampo denunció que es utilizado "para matar el espíritu de un grupo".

Según el fiscal, "lo que ha pasado en Darfur es consecuencia de la voluntad de Al-Bachir (..) que tiene control absoluto en Sudán".

Bajo las órdenes de Al Bachir, al que acusó de haber instaurado la milicia "Yanyahuid" en el país, se atacó primero las tierras de esas tres etnias, en ataques "cuya selección está absolutamente centrada en la etnicidad".

Luego, según el fiscal, se les continuó atacando en los campos de detención, donde, a través del también inculpado por la CPI, el secretario de Estado de Asuntos Humanitarios, Ahmad Mohamed Harun, se les privó "de medios y de condiciones".

Moreno Ocampo puntualizó que aunque el número de muertos en Darfur se estima entre 180.000 y 300.000 personas, "las víctimas de genocidio son 2,5 millones".

El fiscal afirmó que las autoridades judiciales sudanesas "no realizan ninguna investigación sobre estos crímenes", lo cual es una norma para que un caso sea elevado a una Corte internacional.

Moreno Ocampo presentó hoy a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur, pero según las normas de funcionamiento de la Corte, consagradas en el Estatuto de Roma, la decisión de emitir una orden de arresto está ahora en manos de los jueces.

Los magistrados de la sala preliminar de la CPI analizarán si las pruebas mostradas constituyen una base razonable para hacer efectiva la orden de arresto contra el presidente de Sudán solicitada por la fiscalía.

El fiscal de la CPI puntualizó que los jueces "pueden aceptar, pedir modificaciones o rechazar" su solicitud.

Este procedimiento, añadió, "suele durar entre dos y tres meses" pero puntualizó que "este caso es complicado" y que los jueces no tienen límite de tiempo para pronunciarse.

La CPI anunció el pasado mayo que había emitido órdenes de detención contra el ex viceministro del Interior sudanés, Ahmad Mohamed Harun, y el líder de la milicia "Yanyauid", Ali Kushayb.

Tras conocerse la acusación en La Haya, la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en la región (UNAMID), que cuenta con unos 9.000 efectivos en la zona, ha anunciado la "suspensión indefinida" de sus actividades como prevención ante un posible brote de la violencia.

El gobierno de Sudán ya ha rechazado la acusación y ha mantenido no reconocer las competencias de la CPI.

La petición del fiscal de la CPI de que los jueces emitan una orden de arresto contra Al Bachir fue recibida con entusiasmo por diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre ellas la Federación Internacional de las ligas de Derechos Humanos (FIDH) o Human Rights Watch.

Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socio-económicas, acentuadas por las luchas para apropiarse las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.
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